POLITICA
Salta, Tucumán y Jujuy se unieron para denunciar la falta de inversión nacional en infraestructura eléctrica

CÓRDOBA.- Un capítulo más se inscribe en la pelea que los gobernadores vienen dando con la Nación por la falta de atención a la infraestructura. Esta vez fue el turno de los mandatarios de Tucumán, Salta y Jujuy, que denunciaron administrativamente a la empresa transportadora de energía Transnoa por “negligencia y falta de inversión” tras los masivos apagones que afectaron a más de 900.000 usuarios en la región.
Los gobiernos de las provincias norteñas exigieron a las autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que se dispongan “auditorías y sanciones para garantizar el servicio eléctrico eficiente” en la región.
La presentación fue coordinada por los entes reguladores de las tres provincias, que son administradas por distintos signos políticos, ante el mismo ente a nivel nacional, por las “reiteradas fallas en el sistema de alta tensión” que dejaron sin luz a unos 900.000 usuarios durante los últimos tres días.
La acción lleva la firma de Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y de José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán.
Plantearon que el sistema eléctrico regional atraviesa una situación crítica, “producto de la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una deficiente supervisión por parte del Estado Nacional».
Para los funcionarios, los cortes registrados “no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural” en la operación de Transnoa. Entre los principales puntos del reclamo se cuentan “la falta de inversión y mantenimiento de la red, el incumplimiento de normativas vigentes y una política empresarial que prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio”.
A Néstor Lamboglia, interventor del ENRE, le reclamaron que requiera a Trasnoa los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas; que se obligue a la empresa transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera y que se la intime a detallar la infraestructura disponible en las tres provincias.
También le pidieron que informe las multas que le aplicó entre 2019 y 2025. Transnoa es una empresa privada de capitales argentinos que opera el transporte de energía eléctrica en el noroeste desde 1994. En 2013, el Grupo Desarrollo, integrado por ingenieros y técnicos del sector, adquirió la mayoría a Elecnor.
Los cortes de luz, añaden en la presentación, impactaron sobre otros servicios como el sanitario y el agua. Es que la provisión de agua potable, debido a que los pozos de captación subterránea dependen de la energía eléctrica para su funcionamiento.
El documento detalla que entre el 22 y el 23 de este mes, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en Salta; en Jujuy, quedaron sin luz entre el 23 y el 24 las localidades de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito (unos 750.000 usuarios) y en Tucumán, el 23 la Estación Transformadora Aguilares quedó fuera de servicio y dejó sin electricidad a 60.000 usuarios.
Los titulares de los entes reguladores provinciales actuaron, por supuesto, con el consentimiento de sus gobernadores. El salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo tienen diálogo con la Casa Rosada pero no dejan de insistir en la necesidad de obras públicas, mientras que el jujeño Carlos Sadir integra Provincias Unidas.
falta de atención a la infraestructura,Gabriela Origlia,Energía,Salta,Tucumán,Conforme a,,En Paraná. Un juez federal habilitó la feria para tratar una cautelar contra el DNU de Milei que reconfiguró la SIDE,,Reforma laboral. La CGT activa en redes sociales una campaña contra 20 senadores,,Recursos. El Gobierno transferirá $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios para afrontar los incendios en la Patagonia,Energía,,»Corregir ineficiencias operativas». El Gobierno prorrogó hasta 2027 la emergencia del sector energético,,Tarifas y subsidios. El Gobierno hizo cambios en el precio del gas para evitar saltos en la factura durante el invierno,,“No es una energía woke”. El boom del sol y del viento creó un fenómeno millonario en la Argentina
POLITICA
En su semana más difícil, Federico Sturzenegger recibió el respaldo de los hermanos Milei ante las críticas internas y denuncias

Hace una semana, la difusión del contrato entre la Cancillería y la Asociación Cultural Inglesa para dar cursos de inglés a diplomáticos, que involucraba a su esposa y directora de esa asociación, Josefina Rouillet, comenzaba a impactar en la escena mediática y generaba las primeras y duras críticas desde el kirchnerismo. Fue entonces cuando Federico Sturzenegger consiguió la comunicación que buscaba: una hora de charla con el presidente Javier Milei, quien según cuentan voces informadas le transmitió total respaldo a sus explicaciones, refrendadas poco después en las redes sociales por el canciller Pablo Quirno.
“Lo recontra bancó”, dicen cerca del arquitecto de la Ley Bases e impulsor de la reforma laboral desde el Consejo de Mayo.
Con el escudo presidencial como principal herramienta de defensa ante propios y ajenos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado atravesó una de las semanas más negras desde que decidió saltar desde el macrismo y engrosar las filas libertarias para convertirse en cruzado y cara visible de las reformas y el inédito ajuste en las cuentas del Estado.
Los repetidos aunque discretos reproches internos por su férrea defensa (¿y autoría?) del artículo 44 de la reforma laboral, que reducía el salario del empleado licenciado incluso con enfermedades terminales, y una denuncia por el costo del alquiler de las oficinas del ministerio, en Diagonal Norte al 700, se sumaron a la polémica por los cursos, que derivó en una denuncia penal presentada el viernes ante la Justicia por la senadora cristinista Juliana Di Tullio.
“Todo forma parte de una operación, no sabemos de dónde viene y tampoco cuándo termina”, expresaban cerca del ministro, en el final de una semana que llegó con algo de alivio desde el Congreso. Quitado el polémico artículo 44, la modernización laboral fue aprobada por amplia mayoría, y podría convertirse en ley a fines de esta semana, en el Senado.
“La reforma tiene muchos enemigos, y con la Ley Bases y las reformas también tocamos muchos intereses y kioscos”, se defiende uno de los leales al ministro, que decidió hablar solo a través de sus posteos en redes sociales.
Los laboratorios, los industriales y la “casta corporativa” forman parte de la lista de eventuales “promotores” de esa supuesta ofensiva, aunque por lo bajo cerca de Sturzenegger califican de “furcio” y “error” las declaraciones a radio Mitre en las que el ministro descartó el pago total de una licencia “si te rompés la pierna jugando al futbol” y defendió los recortes en los salarios de los eventuales afectados.
¿Fuego amigo? “Sería una locura, es tirarnos tiros en los pies a nosotros mismos. ¿Le vas a querer hacer daño a alguien que es recontra bancado por el Presidente?”, descarta un funcionario cercano a Sturzenegger, quien se refugió en sus funcionarios de confianza (Maximiliano Fariña, Cecilia Domínguez y el exdiputado radical Alejandro Cacace) para “no perder el eje y seguir a full” en su función ministerial.
Más allá de la diplomacia y el silencio público, las críticas internas apuntaron a los modos del ministro. “Elefante en un bazar” o “mono con navaja” fueron las metáforas animales que usaron dos fastidiados funcionarios para referirse a las declaraciones y actitudes de Sturzenegger, a quien culpan de haber “empiojado” el debate por la reforma, pero al que de todos modos le reconocen su “solvencia profesional”.
“Darle un contrato a la esposa está mal, aunque todo sea legal”, criticaron desde otra terminal libertaria, lejos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien ordenó defender a Sturzenegger y a Quirno, en el caso del contrato por $114 millones por nueve meses de cursos de inglés para empleados de Cancillería y diplomáticos.
Antiguos roces de Sturzenegger con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartieron gestión en el gobierno de Cambiemos, e iniciales choques subterráneos con el asesor presidencial Santiago Caputo, “que nunca se lo tragó”, fueron recordados por un informado exlibertario como antecedentes.
Desde el Palacio San Martín también puntualizaron el encono que Sturzenegger recolectó en la Cancillería por los fuertes y sucesivos recortes en esa área, y desde el sindicato ATE recuerdan que entre las primeras reuniones que Quirno tuvo como canciller −asumió a principios de noviembre− estuvo una charla con “el coloso”, como lo denomina Milei, un elogio que irrita a varios de los celestiales.
Conocedores de esos y otros rumores, cerca de Sturzenegger defienden a su jefe. ¿El contrato de los cursos? “El primero es de 2018, se discontinuó durante la gestión de [Gerardo] Werthein y se volvió a acordar. Autorizaron la Sigen y la Oficina Anticorrupción”, dicen voceros del ministerio, aunque Di Tullio cree que podría haber “presunto tráfico de influencias” de Sturzenegger en la adjudicación de ese contrato, denuncia que incluyó a Quirno, la subsecretaria Cristina Dellepiane y Rouillet, y recayó en el juzgado criminal y correccional número 1.
¿Y los alquileres? “Estamos ahí desde 2024, es un edificio preparado para la función pública, ahí estaba el Ministerio de Modernización durante el gobierno de Cambiemos. Y pagamos menos que lo que otros inquilinos abonan por otros pisos”, retrucan en relación al contrato, revelado por la agencia de noticias NA al igual que el de los cursos de inglés, un total de $720 millones anuales por cuatro pisos y 22 cocheras.
Afectado por la andanada −trascendió que estaría dolido con medios de prensa no kirchneristas por haber “amplificado” las denuncias− Sturzenegger no se mueve un centímetro de su reformismo militante.
“La aprobación de la ley de modernización laboral esta madrugada es el golpe más trascendental al sistema de castas en décadas”, escribió en su cuenta de X, el viernes. Felicitaciones a Caputo por la “gran desregulación del mercado de capitales”, retuiteos a posteos de la senadora Patricia Bullrich (para quien trabajó antes de sumarse al Gobierno) y, sobre todo, adhesiones a fervorosos tuits del Presidente conformaron el combo de sus tomas de posición pública, en la semana de los cuestionamientos, y también del respaldo presidencial.
difusión del contrato,el polémico,https://t.co/J08YweCrAm,February 20, 2026,Jaime Rosemberg,Federico Sturzenegger,Conforme a,Federico Sturzenegger,,La reforma laboral de Milei. El claro ganador de un juego de roles,,Reforma laboral. Milei y la maratón de “la Piba”, que no termina,,Inglés para diplomáticos. La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger
POLITICA
El Gobierno afirma tener indicios sobre Nahuel Gallo en Venezuela y mantiene cautela por la amnistía chavista

El Gobierno asegura que sigue de cerca la situación de Nahuel Gallo y mantiene cautela ante la Ley de Amnistía impulsada por el chavismo en Venezuela. En el Ejecutivo remarcan que no existen garantías concretas de que el gendarme sea liberado en el corto plazo y califican el proceso de excarcelaciones como “lento”.
En la Casa Rosada mantienen la información de que el argentino se encuentra detenido en el penal de El Rodeo, un establecimiento que adjudican al control político de Diosdado Cabello. Si bien no está en malas condiciones de salud, el gendarme inició ahora una huelga de hambre que preocupa al Gobierno y a su familia.
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La mesa chica de Javier Milei sigue de cerca la aplicación de la norma promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, pero cree que el texto no abarca el caso del gendarme argentino. En Nación señalan que el alcance temporal y las exclusiones previstas dejan afuera situaciones que no encuadran estrictamente en los hechos políticos definidos por la Asamblea Nacional.
Según el texto oficial, la amnistía alcanza delitos cometidos “en el marco de los hechos” expresamente enumerados, como protestas, procesos electorales o conflictos políticos entre 1999 y 2025. La acusación contra Gallo, en cambio, fue presentada por el régimen como un caso de espionaje y sabotaje en favor de un Estado extranjero, una figura que no aparece entre los supuestos listados.
La ley excluye de manera explícita a quienes hayan “promovido, instigado o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía” con intervención de Estados o personas extranjeras. En el Gobierno interpretan que, bajo esa redacción, su imputación queda comprendida dentro de las exclusiones y no dentro de los hechos amnistiables.
“En el marco de lo que ellos le imputan, es poco probable que lo liberen en el corto plazo”, agregan. La acusación fue impulsada públicamente en enero de 2025 por Nicolás Maduro, que habló de un supuesto plan para atentar contra Delcy Rodríguez. El exmandatario sostuvo que Gallo formaba parte de una operación “desde el sur de América” y vinculó indirectamente al gobierno argentino con maniobras desestabilizadoras, sin presentar pruebas.
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En la Casa Rosada mantienen la postura de que el gendarme no viajó para realizar tareas de inteligencia y reconocen que la liberación se puede acelerar sólo con un pedido directo de los Estados Unidos. En Balcarce 50 argumentan que hay un conflicto interno en la gestión venezolana entre Rodríguez y Cabello que “dificulta el proceso de transición”.
Es por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene previsto por el momento abrir canales institucionales con Caracas para avanzar con la vuelta a la Argentina de los detenidos. La cautela oficial se da en paralelo a la orden de la Justicia venezolana de liberar a 379 presos políticos tras la aprobación de la ley.
Gobierno, Venezuela
POLITICA
En medio del paro de la CGT, Martín Yeza defendió la reforma laboral y pidió habilitar las billeteras virtuales como cuenta sueldo

En medio de un contexto marcado por un paro general de 24 horas, convocado por la CGT, la Cámara de Diputados tratará este jueves la reforma laboral. Martín Yeza, diputado nacional del PRO, visitó los estudios de Infobae en Vivo y defendió algunos de los puntos de la medida. El funcionario se situó en el centro del debate al defender la habilitación de las billeteras virtuales como opción para el pago de salarios.
En una entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve, Yeza advirtió sobre el riesgo de convertir la discusión pública en una disputa de slogans o posiciones extremas: “El 81% de los argentinos tiene billetera virtual; no se puede borrar de un plumazo una realidad sociológica”, manifestó.
El legislador cuestionó la tendencia a los debates polarizados que, según indicó, distorsionan la conversación sobre el futuro del empleo en Argentina y la digitalización financiera. “Estamos en una época en que todos se mueven bajo grandes premisas fundamentalistas y las cosas parecen blanco o negro”, expresó Yeza, al comparar la discusión sobre la reforma laboral con otros debates como la baja de imputabilidad penal.
El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.
“De un lado te dicen esto es una revolución, vamos a crear empleo con una ley; del otro lado te dicen que perjudica a los trabajadores. La verdad es que ninguna ley en particular te va a cambiar la vida dramáticamente”, afirmó el diputado.
El dirigente subrayó que si bien en Argentina existe “un sistema robusto de derechos y garantías para el trabajador, de los mejores en el mundo”, la mitad de los asalariados queda afuera por no estar registrada. Al mismo tiempo advirtió sobre la magnitud de los litigios laborales: “La litigiosidad judicial en Argentina multiplica por veinte a países de similares características como Chile o España”. Yeza consideró que la clave de la reforma es “resolver esto y adaptar ciertas modalidades laborales a los tiempos actuales”.
Respecto a la introducción de cambios en licencias por enfermedad, reconoció: “Haber incorporado a medianoche de una manera desprolija el tema de licencias por enfermedad, con un mal articulado, fue claramente un error”. Esta admisión marcó un punto autocrítico sobre la praxis legislativa.

Acerca de la disputa entre bancos y empresas fintech, Yeza se mostró a favor de que las billeteras virtuales sean consideradas como cuenta sueldo: “Originalmente era un proyecto del oficialismo, pero en la negociación, los bancos y los gobernadores lograron sacar la cláusula. Yo lo que te estoy diciendo es: no me los borres de un plumazo”.
Destacó el impacto social de la digitalización financiera en el país: “En Argentina hubo una revolución financiera, se amplió dramáticamente la cantidad de millones de argentinos que ahora tienen aunque sea un sistema más o menos regulado, controlado por el Banco Central, que son las billeteras virtuales”. Apoyándose en datos actuales, agregó: “El 81% de los argentinos tiene billetera virtual, el 64% hizo una incorporación”.
Sobre los desafíos en la regulación fintech, el diputado consideró: “El Banco Central tiene muchas herramientas para equilibrar la cancha en términos regulatorios. El objetivo número uno de cualquier regulación debe ser que, si se habilitan las billeteras, quede todo bien cuidado”.
En cuanto a la carga laboral y la competitividad, Yeza explicó que la reforma plantea bajar la carga “del 34% al 27%”, aunque admitió la diferencia con países desarrollados: “Todavía estaríamos un 4% o 5% por encima del estándar de la OCDE”. Detalló: “El estándar de los países de la OCDE tiene una carga laboral económica del 22%; hay países europeos que están en el dieciséis, diecisiete”.
Sobre la indemnización laboral, Yeza precisó: “Lo que veo es que pasa a ser un hecho no traumático. Vos de alguna manera lo que necesitás es acotar y dar certidumbre al empleado y al empleador. Ni esta ley ni ninguna ley de trabajo puede crear trabajo. Lo único que te va a beneficiar de verdad es que en algún momento crezca la economía”.

El diputado hizo especial hincapié en la situación de los trabajadores no registrados: “En el caso de los no registrados, es pasar a tener derechos. Probablemente al registrado no le traiga soluciones que le cambien la vida, pero para el que está fuera del sistema, sí”.
Al referirse a Pinamar, ciudad donde vive y fue intendente, Yeza ilustró las diferencias con el resto del país: “Pinamar es una ciudad con problemas positivos de trabajo: tenés mucho crecimiento económico, demanda laboral y problemas con la vivienda. Pero no es la realidad de la Argentina”. Añadió que, pese al flujo turístico, “el consumo masivo bajó un quince por ciento respecto al año pasado, con igual o más gente”.
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