La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de protesta para este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado.

La medida incluye una concentración a las 12 en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, desde donde las columnas marcharán hacia el Congreso.

El titular del gremio de estatales, Rodolfo Aguiar, instó a un cese de actividades incluso si la Confederación General del Trabajo (CGT) decide no plegarse, al tiempo que advirtió que aquellos mandatarios provinciales que respalden la iniciativa oficial estarán “firmando su propia sentencia de muerte”.

“Yo digo que la crítica no puede ser a la CGT. Uno puede evaluar la decisión de los dirigentes. No convocar a un paro frente a una ley que aniquila los derechos es una oportunidad perdida para recuperar la confianza que habíamos perdido”, afirmó en declaraciones a Radio 750.

Y agregó: “El pueblo reclama que cada una de las instituciones cumpla su rol, y en nuestro caso es defender a los trabajadores. Yo digo, hay que parar igual, aunque la CGT no convoque. Porque hay aval legal. Porque las otras centrales obreras tienen personería y han convocado al paro”.

Aguiar también compartió un video en X en el que apuntó contra los dirigentes del interior: “Los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte y la sentencia muerte de sus provincias».

Y argumentó: “Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse. Es un error grave prohibirle mañana que movilicen al Congreso, que ejerzan el derecho de huelga los trabajadores, es una oportunidad perdida no convocar al paro”.

Más allá de la declaración de Aguiar, la la CGT (Confederación General del Trabajo) se movilizará este miércoles. La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15.

Se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.

Asimismo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el mismo día que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneos.

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a una serie de empresas de seguros acusadas de haberse beneficiado con contratos irregulares con el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, que desde el año pasado está procesado también en esta causa.

En el mismo fallo, Casanello procesó además a Daniel Rodríguez, que era el intendente de la Quinta de Olivos y estaba vinculado a Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers contra los que también avanzó el año pasado la causa.

Rodríguez fue nombrado intendente de la residencia presidencial por Alberto Fernández, pero hacía trabajos para él desde antes de que asumiera como presidente. Esas tareas las pagaba Martínez Sosa, que tenía una vieja relación de confianza con Fernández.

Casanello procesó a Rodríguez como “partícipe secundario” de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario.

Entre otros motivos, porque colaboró para los encuentros entre Martínez Sosa y Alberto Fernández; por ejemplo, habilitando la entrada del broker a la Quinta de Olivos sin dejar registro.

En cuanto a las empresas, hoy fueron procesadas Héctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, Bri Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

Los representantes de estas compañías -y quienes actuaron para beneficiarlas- ya habían sido procesados, pero el juez avanzó ahora contra las empresas basado en la ley 27.401, vigente desde el 1° de diciembre de 2017, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

A la Justicia le corresponde actuar contra una compañía cuando constata que tuvo “una organización defectuosa, que en lugar de prevenir los riesgos inherentes de la actividad, los aceptó y dio plausibilidad a la comisión de delitos en su beneficio”, explicó Casanello en su fallo.

El juez marcó una diferencia entre San Cristóbal y el resto de las sociedades. Dijo que esta empresa sí contó con un sistema de normas y procedimientos dictados con anterioridad a los hechos del proceso para “regular la conducta ética de sus dependientes en la mayoría de los procesos de la compañía”, pero que “falló en su debida implementación”.

Es decir que, si bien “por sobre el resto esta compañía hizo esfuerzos concretos para mejorar su política de integridad”, eso “no la exime de responsabilidad”. De todas formas, en caso de ser condenada, podría recibir un castigo menor.

Casanello no fue el primer juez de esta causa: la recibió de Julián Ercolini después de las primeras indagatorias. Casanello interviene en este expediente como subrogante a cargo del juzgado federal 11, que no tiene juez titular desde la muerte de Claudio Bonadio, en 2020. Su suplencia se termina este jueves.

La Cámara Federal sorteará este miércoles, a las 11, al magistrado que se hará cargo del juzgado y de todas las causas que se tramitan en él. Entre ellas, el caso de la corrupción en la Agencia de Discapacidad, en el que ayer fue procesado Diego Spagnuolo, exdirector de ese organismo que fue además abogado personal de Javier Milei.

Cuatro jueces participarán del sorteo: María Servini, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti y Marcelo Martínez de Giorgi, informaron fuentes de la Cámara Federal. Eso, siempre y cuando ninguno de ellos se excuse antes de las 11. En otras oportunidades, Servini pidió quedar fuera de la lista porque ella tiene a su cargo, además, el juzgado electoral. Los jueces que no entran en el bolillero son los que piden eso o los que ya tienen otra subrogancia.

En esta causa se investigan irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, que llegó a la Presidencia con mucha experiencia en esta materia porque años antes había sido Superintendente de Seguros (durante el gobierno de Carlos Menem).

De los presuntos hechos de corrupción investigados en este caso habrían sacado provecho las firmas procesadas por Casanello, sin haber puesto en marcha procedimientos para prevenir que eso sucediera.

El procesamiento del año pasado del expresidente, confirmado por la Cámara Federal, fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.

Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor». Entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista.

De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró como su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.

Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números.

Sus comisiones, durante el gobierno de Fernández, fueron de $2252 millones y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros.

Ese monto fue mucho más que lo que cobró la empresa que quedó en el segundo lugar, la firma del broker Torres García, que se hizo del 17% de las comisiones.

Junto con los procesamientos, Casanello ordenó embargos sobre las compañías de seguros. El más alto, contra Bachellier SA, fue de $9.669.697.257,25. Esta firma, que es una de las vinculadas a Martínez Sosa, tuvo contratos con Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.