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San Salvador de Jujuy tendrá su propia bandera: Se lanza un concurso para diseñar el nuevo símbolo

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En una sesión ordinaria marcada por decisiones simbólicas y debates políticos, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó este miércoles una ordenanza para la creación de una bandera que represente a la ciudad. La iniciativa contempla el lanzamiento de un concurso público para que artistas, diseñadores y vecinos propongan el diseño del nuevo emblema oficial.

“El objetivo es tener un símbolo que nos identifique como ciudad, que represente nuestra cultura, historia y valores. Vamos a convocar a la ciudadanía a participar activamente en el diseño de esta bandera”, sostuvo el concejal Leandro Giubergia, uno de los impulsores del proyecto.

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La medida busca fortalecer el sentido de pertenencia y visibilizar la identidad local en actos oficiales, eventos institucionales y celebraciones populares. Desde el cuerpo legislativo adelantaron que se establecerán bases y condiciones para que la selección del diseño sea abierta, democrática y transparente.

Silencio ante el reclamo de trabajadores municipales

Sin embargo, la jornada legislativa también dejó en evidencia otras tensiones. Mientras afuera del recinto se expresaban trabajadores del sistema de estacionamiento medido Vía Parking por demoras salariales y falta de reconocimiento laboral, desde el oficialismo se mostraron ajenos a la protesta.

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Consultado por la prensa sobre el conflicto, Giubergia afirmó desconocer la situación. “No vino nadie a presentar quejas formales. Me estoy enterando ahora. Si llegan a venir, los vamos a escuchar”, aseguró, aunque deslindó responsabilidades en la negociación salarial, señalando que “es el gobierno provincial quien fija la pauta”.

Fuerte crítica a Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte

La sesión también tuvo su costado político nacional. El edil oficialista aprovechó el micrófono para referirse al reciente fallo de la Corte Suprema que ratifica la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Giubergia consideró que el fallo debe ejecutarse rápidamente y remarcó que el proceso judicial “demuestra que no puede haber impunidad ni amparo por haber hecho obras”. Comparó el caso con el de Milagro Sala y recordó precedentes como el del expresidente Carlos Menem. “Es fundamental que la sociedad reflexione sobre quiénes son los representantes que elige, porque no solo se condenó a una expresidenta, sino también a quienes manejaban la obra pública en Santa Cruz con cifras multimillonarias”, expresó.

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POLITICA

“No vamos a pagar más caro los caños”: el Gobierno no evalúa tomar una medida antidumping como pidió Techint

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La adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro puso sobre la agenda el debate por las políticas productivas, debido a que es la primera vez en décadas que una compañía extranjera ganó una contratación en ese rubro a una compañía argentina.

La empresa india Welspun ofertó un precio 40% inferior al presentado por el Grupo Techint. Esta diferencia de costos podría desembocar en una acusación formal de dumping por parte de la firma argentina, que denuncia competencia desleal y alerta sobre el impacto a largo plazo en el tejido industrial del país.

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Dada la forma en la que trascendió este episodio, Infobae consultó a altísimas fuentes de la Casa Rosada por si evalúan futuras medidas vinculadas al caso. “No vamos a pagar más caros los caños”, marcó una fuente inobjetable, dando a entender que la posición oficial es por la negativa.

Horas antes, el presidente Javier Milei asentó postura en su cuenta oficial de X en la que defendió el resultado de la contratación. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”, publicó.

Al preguntar sobre este caso en particular, un alto funcionario del Gobierno profundizó: “No podés entre dos productos iguales comprar el más caro. Si en tal caso, si el costo de los caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el tema es que el costo lo pagan ellos. ¿Por qué lo tenemos que pagar nosotros? El precio nos conviene, porque el costo del subsidio no lo pagamos nosotros”.

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En el pasado, diferentes funcionarios del Gobierno han marcado objeciones a la política antidumping.

Uno de los principales impulsores de esta postura es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que durante una eliminación de aranceles antidumping a la importación de termos realizada el año pasado, marcó: “¿Tiene lógica esta política? Ninguna. Por un lado, porque la protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección».

Eficientizar tiene un costo en pérdida de protección que un empresario racional internalizará. Pero tampoco tiene lógica, porque decir ‘protejámonos de los chinos porque si desaparece Lumilagro después nos van a cobrar cualquier cosa’ es un sinsentido que solo podría tener asidero, si la producción de termos a nivel mundial fuera monopólica, lo que es imposible de sostener”, agregó oportunamente.

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El oficialismo apunta al 11 de febrero para la aprobación de la reforma laboral en el Senado: todos los detalles

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El oficialismo en el Senado intensifica sus gestiones para llevar al recinto la reforma laboral el próximo 11 de febrero. Los encuentros técnicos continuarán esta semana.

Las reuniones son muy productivas. Cada institución nos transmite sus preocupaciones y analizamos qué podemos incluir en la ley”, señaló un integrante del equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich.

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El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría; cualquier ajuste se incorporará directamente en el recinto. Unión por la Patria, en cambio, presentó un dictamen de minoría en rechazo.

Representantes de la Cámara Argentina de Comercio, CAME y ADIMRA participaron de las conversaciones. Ricardo Diab, presidente de CAME, destacó: “Fue la primera vez que fuimos escuchados. Sentimos que estamos en una mesa de diálogo donde podemos intercambiar ideas y hacer propuestas. Quedamos en generar alternativas que no pierdan el espíritu de fondo que tiene esta pretendida reforma laboral”.

El oficialismo reimpulsó en el Senado la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Mario Natalio Grinman, presidente de la CAC, agregó que la iniciativa busca “adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo”.

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La CGT, sin embargo, advirtió que mantiene distancia del proyecto y aseguró: “Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno por la reforma laboral” y afirmó que se defenderá “el derecho y la dignidad del trabajador” incluso “en la Justicia o en la calle”.

En paralelo, el ministro Diego Santilli recorre provincias para consolidar apoyos políticos. Las gestiones buscan garantizar los votos necesarios para alcanzar el quórum y asegurar la aprobación del proyecto, que según el oficialismo permitirá “incorporar a más trabajadores a la economía formal y facilitar la creación de puestos de trabajo”.

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“Récord histórico”: el Gobierno anunció que aumentó el número de extranjeros rechazados en las fronteras

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El Gobierno intensificó los controles migratorios en las fronteras y registró un fuerte aumento ciudadanos extranjeros inadmitidos o expulsados del país durante los últimos dos meses.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero cerca de 5000 personas fueron rechazadas en los pasos fronterizos o removidas del territorio argentino.

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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó el incremento al endurecimiento de los controles en aeropuertos, puertos y corredores terrestres. Según detalló, solo en diciembre se contabilizaron 2400 casos y en lo que va de enero otros 2300, lo que calificó como un récord histórico.

“Los extranjeros con antecedentes penales, que hayan cometido delitos o que intenten ingresar de manera ilegal no pueden entrar al país”, sostuvo.

A su vez, la Policía Federal Argentina realizó un operativo en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza, donde detectó a 16 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

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El procedimiento fue solicitado por la Dirección Nacional de Migraciones y permitió identificar a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras, mediante controles biométricos y consultas a bases de datos oficiales. Como resultado, se labraron actas migratorias y se iniciaron actuaciones contra responsables de comercios que empleaban trabajadores sin residencia regular.

Además, cuatro ciudadanos bolivianos fueron detenidos por su presunta vinculación con una feria clandestina, donde se secuestraron teléfonos celulares denunciados como robados y mercadería con marcas falsificadas. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°3 de Morón.

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