La Ciudad de Buenos Aires consolidó en 2025 una política alimentaria sin intermediarios y basada en la trazabilidad total: un sistema que, por primera vez, permitió fiscalizar más de 500 comedores y detectar irregularidades en 40 de ellos, que fueron cerrados de inmediato.

Las inspecciones revelaron que la mayoría de esos espacios inexistentes estaban vinculados a la organización La Dignidad, enrolada en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y que más de 5.000 raciones diarias se enviaban a lugares que no funcionaban, lo que significaba un desvío de 20 millones de pesos por día, según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA a cargo de Gabriel Mraida.

La fiscalización integral —apoyada en tecnología, controles diarios y una app de registro nominal de beneficiarios— confirmó la existencia de comedores que no entregaban comida, no permitían el ingreso de inspectores o directamente no existían en la dirección declarada.

Los documentos de la auditoría y fotos a las que accedió Infobae detallan casos como “Los Amigos” en White 21, “Pekes” en Bonorino 1851 o “Bajo Flores” en Av. Varela, donde los vecinos confirmaron que jamás funcionó un comedor comunitario.

Para el gobierno porteño, en cabeza de Jorge Macri, “este modelo, que combina control, digitalización y condicionalidades claras, permitió por primera vez una fiscalización completa de más de 500 comedores de la Ciudad, con controles diarios tanto a los espacios como a las empresas proveedoras. La implementación de una nueva App para registrar beneficiarios, identificar necesidades específicas y reportar irregularidades en tiempo real marcó un cambio profundo: cada ración queda trazada, cada persona queda identificada y cada peso puede seguirse en todo el proceso”, explicó.

“Nadie sin su plato de comida”

Consultado por este medio, Jorge Macri, opinó que “que el objetivo central es garantizar asistencia real sin permitir el retorno de mecanismos de intermediación política”. En sus palabras esto es:

– “Mejoramos el sistema porque nadie que lo necesite se va a quedar sin su plato de comida”.

– “Trabajamos para que nadie viva en la calle y para que todos estén atendidos, acompañamos a cada uno que lo necesite”.

– “Ningún movimiento social volverá a usar esa necesidad para hacer sus negocios”.

-La gran mayoría de los comedores, más de cien, siguen adelante junto a las familias y los apoyamos porque su trabajo es muy valioso”.

Según la evaluación oficial, esos más de 100 comedores comunitarios siguen asistiendo a sus comunidades con normalidad, incorporando el sistema digital de registro diario que será obligatorio desde enero de 2026.

La Ciudad asiste todos los días a más de 250.000 personas, entre comedores comunitarios, centros de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle y el programa Ciudadanía Porteña.

De ese total, 130.000 reciben su comida a través de comedores, y 100.000 son beneficiarios de la transferencia directa Ciudadanía Porteña.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se explicó que, en el sistema de ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad, pasó a ser mucho más eficiente porque se modernizó la operatoria. Esto es: una modernización que combina inscripción 100% digital, billetera virtual Buepp, ampliación de rubros de compra, una app para nominalizar beneficiarios y un tablero de gestión para monitorear raciones en tiempo real.

Según el informe, el programa Buepp ya superó las 5.000 descargas, BOTI recibió más de 20.000 consultas desde julio y la red de comercios habilitados ya supera los 2.100 puntos de venta.

En diálogo con Infobae, el ministro Mraida, remarcó la dimensión social del cambio. “En años de fragilidad social y económica no solo sostuvimos, sino que ampliamos la cobertura alimentaria manteniendo la calidad nutricional. Todos los días acceden más de 250.000 personas”.

Además, subrayó la importancia de un modelo que ponga a la persona en el centro. “Los problemas que atraviesan los vecinos y vecinas de la Ciudad son multidimensionales: nadie en situación vulnerable tiene solo un déficit alimentario. Conocer a las personas y conectarlas con lo que necesitan es acompañarlas en serio”.

El funcionario de Jorge Macri también reforzó el mensaje de la desintermediación: “En la Ciudad, la comida dejó de ser un factor de negociación política. Hay un control estricto y riguroso, apoyado en tecnología. Ningún plato de comida puede terminar en un destinatario que no corresponde, y mucho menos en la política. Una Ciudad más justa es la que sabe exactamente a quién está ayudando”.

Cómo operaban los “comedores fantasmas”

El operativo de validación de comedores comunitarios y populares incluyó inspecciones reiteradas, entrevistas con vecinos y seguimiento presencial durante varios días. Los equipos constataron diferentes situaciones:

-Espacios totalmente inexistentes, como “Pekes”, “Bajo Flores” o “La 29”;

-Domicilios donde nadie conocía actividad vinculada a un comedor.

-Espacios que impedían el ingreso del personal de la Ciudad.

-Comedores declarados que no registraban retiro de viandas en ningún momento de la semana.

El cierre de estos espacios, que alcanzó a 40 “comedores fantasmas” estaban distribuidos principalmente en los barrios porteños de Flores, Soldati, Mataderos y Lugano, muchos de ellos ligados a estructuras barriales identificadas con el movimiento La Dignidad.

La suspensión inmediata de 5.000 raciones no justificadas permitió redireccionar recursos hacia los beneficiarios reales.

Según explicaron desde la calle Bolívar, la digitalización del sistema generó:

-Trazabilidad completa de cada ración.

-Registro nominal de cada beneficiario.

-Eliminación de la intermediación política.

-Planificación más precisa de compras y distribución.

-Fiscalización diaria tanto de comedores como de proveedores.

Al ser consultado para esta nota, el ministro del área explicó que “el 2026 es tener un sistema cien por cien digital, justo y verificable”. Esto se logrará, según su visión: “Con el uso obligatorio de la app de registro diario desde enero de 2026.” Este hecho apunta a un modelo donde “cada plato esté auditado, cada beneficiario identificado y cada peso público rastreado”.

Desde el Ministerio resume el objetivo de estas medidas como “una política alimentaria justa, directa y seria, que cuide los recursos de todos y acompañe de verdad a cada familia”.

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El nuevo borrador de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, publicado ayer por Infobae, volvió a generar la reacción del mundo sindical. Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales del triunvirato que conduce la CGT (Confederación General del Trabajo), se mostró contundente en sus críticas: “El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con el sindicalismo y el empresariado”. Para el dirigente, la falta de diálogo real termina imposibilitando acuerdos que favorezcan tanto la generación de empleo como el crecimiento productivo. “Los cambios deben pensarse entre todos los actores, pero hasta ahora el Gobierno ha ignorado cualquier propuesta sindical y avanza por imposición”, sostuvo Jerónimo en una entrevista exclusiva tras la publicación del nuevo proyecto de reforma laboral.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que contó con la conducción de María Eugenia Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Florencia Barragán. El eje de la entrevista fue la difusión, la noche anterior, del nuevo borrador de reforma laboral publicado por Infobae, en el que el oficialismo introduce modificaciones que impactan en puntos sensibles como vacaciones, indemnizaciones y la conformación de bancos de horas laborales. En este contexto, Jerónimo insistió en la necesidad urgente de abrir una mesa de negociación amplia, tanto con representantes empresariales como sindicales, que brinde previsibilidad al modelo productivo argentino.

Desde el comienzo, Jerónimo dejó en claro que el sindicalismo desconoce los detalles finales del borrador oficial. “Ustedes tienen más información que nosotros, porque todavía no conocemos el proyecto completo. Lo único que hemos visto hasta el momento son trascendidos y versiones que circulan por el Senado, pero ningún texto concreto se nos hizo llegar”, ironizó. Para el secretario general, esta metodología es una señal de que el Gobierno no está dispuesto a construir consensos genuinos: “Ayer circulaba un proyecto que era todo lo que rechazamos, porque carece de propuestas que generen trabajo o mejores condiciones para los trabajadores”.

El sindicalista recordó antecedentes recientes donde, según su postura, quedó de manifiesto que el Ejecutivo desperdició oportunidades de diálogo: “Se demostró que no existió la voluntad de convocar a una mesa con las partes legítimamente involucradas. Ni el sector empresario ni el sindical fuimos escuchados. El ejemplo del Consejo de Mayo es clarísimo: fue solo consultivo”.

Consultado sobre la participación de la CGT en el Consejo de Mayo, el dirigente fue categórico: “Gerardo Martínez participó en representación de la central porque así lo discutimos internamente. Se llevaron muchas propuestas de la CGT, ninguna fue tenida en cuenta. El ministro Federico Sturzenegger presentaba planteos a libro cerrado. No hubo un verdadero interés por negociar de buena fe”, remarcó Jerónimo.

Durante la entrevista en Infobae en Vivo, Jerónimo subrayó que los únicos acuerdos sectoriales exitosos se dieron “cuando tanto empresarios como sindicalistas supieron adaptarse a las necesidades particulares, como fue con petroleros y automotrices”. Para el referente gremial, “es falso que todos los convenios colectivos son de 1975. Han funcionado, y cuando se han necesitado actualizar, hubo diálogo sectorial. La clave siempre es la negociación entre partes interesadas, no la imposición unilateral”.

El referente de la CGT enfatizó la necesidad de espacios de encuentro institucional: “El Gobierno tiene la responsabilidad de generar ámbitos reales de negociación. Si el objetivo es mejorar la matriz productiva, hay que hacerlo con reglas claras que aporten previsibilidad. Hoy la Argentina está sumida en una recesión profunda, sin consumo, y con empresas que requieren seguridad para invertir”.

En relación a las negociaciones políticas, destacó que el gremio mantiene diálogo con todos los espacios parlamentarios: “Hablamos con todos los bloques, no solo con Unión por la Patria. Estuvimos con los gobernadores de Provincias Unidas, nos reunimos hace poco con Miguel Ángel Pichetto, dialogamos también con diputados del PRO y con la izquierda. No tenemos problemas para exponer nuestras preocupaciones ante todos los sectores. Pero quedó claro que cuando el Gobierno avanzó unilateralmente con la ley bases o la ampliación del período de prueba y el fondo de cese laboral, no se creó ningún empleo. Al contrario, se perdieron trabajos y cerraron más pymes”, analizó.

En ese plano, Jerónimo se refirió a los trascendidos sobre la posibilidad de excluir del proyecto temas sensibles como indemnizaciones o puntos impulsados por Sturzenegger acerca de la vida sindical. “Lo que queremos es una discusión real, con el proyecto arriba de la mesa y todos los actores leyendo lo mismo. Si cada semana sale una nueva versión y nosotros no accedemos al texto, sentimos que no es serio. Si de verdad queremos previsibilidad, es hora de transparentar el proceso. Nos conformaríamos con una invitación formal: queremos ser tratados como la institución que somos”, sentenció.

El sindicalista reiteró su escepticismo ante los borradores filtrados: “No podemos respaldar ni rechazar nada solo por trascendidos. Queremos discutir sobre documentos concretos. Hay empresas que cierran cada año y trabajadores en la informalidad. ¿Cómo va a haber inversión y empleo con tanta incertidumbre?”, cuestionó.

En otro pasaje de la entrevista en Infobae en Vivo, Jerónimo fue interpelado sobre las posiciones de la CGT respecto a puntos estructurales del debate. Frente a preguntas específicas sobre la postura ante la reforma de indemnizaciones, los convenios por empresa o la llamada “industria del juicio”, remarcó: “Nosotros no promovemos la industria del juicio, ni queremos que las empresas cierren. Pero hay derechos que deben cumplirse, y los juicios laborales, en la mayoría de los casos, derivan de la informalidad. Estamos abiertos a discutir fórmulas para dar previsibilidad y favorecer la competitividad, siempre y cuando haya real voluntad de negociar”.

Según el dirigente, el camino es el diálogo multisectorial: “Para incorporar a los trabajadores informales al circuito formal, hace falta un proyecto acordado por sindicatos, empresarios y legisladores. Todos podemos aportar a la mejor ley para que el país y las empresas crezcan. Si existe una mesa seria, la CGT no va a eludir el debate”.

Sobre los próximos pasos políticos, el secretario general advirtió que la discusión está abierta y será definitoria en el Congreso. “La instancia de discusión final será la Cámara de Diputados y ahí vamos a presentar los aportes que creemos justos. Pero antes necesitamos claridad de parte del Gobierno: no pueden surgir proyectos nuevos cada semana, porque eso sólo profundiza el desconcierto”.

Al ser consultado sobre la actitud de la CGT, Jerónimo negó cualquier postura intransigente y señaló que el sindicalismo siempre estuvo dispuesto a sentarse a negociar, citando el mandato y participación de Martínez en el Consejo de Mayo como prueba de esa vocación dialoguista: “Lo decidimos colectivamente, no fue una acción individual”.

También hubo momentos de autocrítica y reflexión hacia el futuro. Jerónimo admitió que el sindicalismo debe aportar soluciones concretas para enfrentar los desafíos del empleo en la economía actual, especialmente pensando en la informalidad y la transformación del mundo laboral. “Estamos dispuestos a discutir todo lo que sirva para que las empresas sean competitivas, produzcan y se desarrollen en un país con reglas transparentes”, recalcó.

El líder gremial remarcó además que la falta de previsibilidad política atenta contra eventuales inversiones extranjeras: “¿Qué inversor va a traer su capital a un país con tanta inestabilidad? Si Argentina quiere atraer inversión, debe mostrar reglas del juego que no cambien de la noche a la mañana”.

Hacia el final del intercambio, Jerónimo fue consultado sobre los pasos a seguir si finalmente el proyecto del Gobierno ingresa al Congreso en los próximos días. Reafirmó el compromiso de la central obrera con el debate democrático, al tiempo que alertó sobre el impacto que puede tener la exclusión del sindicalismo: “Vamos a estar en todos los ámbitos posibles presentando nuestros argumentos y defendiendo los derechos de los trabajadores. Pero la construcción de una reforma laboral sólida solo es posible con diálogo social y consensos amplios”.

La entrevista completa, en la que Cristian Jerónimo pudo desarrollar en profundidad la mirada de la CGT sobre la reforma laboral y la coyuntura política, será pieza de consulta obligada en las próximas semanas: mientras se discute el futuro del empleo, el sindicalismo busca visibilidad y protagonismo en una pulseada decisiva con el Gobierno.

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