Diego Santilli suma reuniones con gobernadores en su nuevo despacho. También acumula kilómetros, porque visita algunas provincias. Y avisa, además, que es necesario que Luis Caputo ocupe una silla frente a la mesa de negociaciones. El Presupuesto 2026 asoma como primer objetivo: sería la base para avanzar con las anunciadas “reformas estructurales”, conocidas hasta ahora por los títulos y, cada tanto, por trascendidos que sugieren tanteos o ensayos. El ministro del Interior se tiene que mover en velocidad porque Olivos apuesta a un éxito legislativo antes de las fiestas de fin de año. Precisa entonces afirmarse en el juego interno y dar seguridad en las tratativas con los jefes provinciales. Es casi lo mismo.

El ministro había comenzado con los contactos informales antes de asumir y para este sábado tiene anotada la décima reunión con gobernadores. En otras palabras: la mitad de los jefes de distrito que fueron invitados, en clima de celebración violeta, para la foto poselectoral con Javier Milei. Aquella imagen resultó también la última postal aportada por Guillermo Francos, horas antes de su forzada salida del gabinete. Un dato con varias lecturas.

Al menos una de esas lecturas fue generalizada entre socios y dialoguistas, incluidos los referentes provinciales. La caída del jefe de Gabinete fue lamentada entonces como un gesto negativo, porque se alejaba el funcionario de mayor recorrido político y, de inmediato, era designado Manuel Adorni. El reemplazo en el ministerio del Interior reactivó expectativas sobre la voluntad negociadora de Olivos, en sintonía con el reclamo de consenso que llegó y es sostenido desde Washington.

Con todo, el paso de Francos no dejó sólo esas señales. Es llamativo el intento que se registra en pliegues del oficialismo para facturarle ahora problemas de gestión que lo trascendieron. Entre esos costos, el primero tiene que ver con las internas. Fue esmerilado por Santiago Caputo, ahora más bien relegado, y terminó también en la mira de Karina Milei como reacción a sus puntos de vista críticos sobre el armado violeta en cada provincia.

Al margen de esa tendencia a las internas en continuado -que tampoco es original-, desde las filas de los gobernadores se anotaba malestar a pesar de las consideraciones referidas. Y el principal motivo se resumía en el cuestionamiento a su peso real como interlocutor. Pesaban el efecto de las vías paralelas de negociaciones y las operaciones cruzadas en sus provincias, de modo tal que se apuntaba directamente al “triángulo de hierro”. En otras palabras: resultaba desacreditado por las gestiones informales y por la imposibilidad de generar acuerdos de respeto recíproco entre el Gobierno y los gobernadores.

No sólo ese registro hace a las prevenciones de estas horas. El punto quizás central fue que varios acuerdos con provincias “amigas” fueron quedando en vía muerta al no lograr el aval de Economía. El tema de los compromisos incumplidos habría aparecido en las conversaciones de Santilli con algunos gobernadores.

La nueva negociación encarada por Jorge Macri con Luis Caputo, después de meses de frío en las relaciones de la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires, expuso al menos dos elementos a considerar políticamente: el primero, que cada distrito tiene sus reclamos específicos -además de los planteos generales, como ATN y freno de la obra pública- y el segundo, que la llave la tiene Economía. Eso, por supuesto, es un camino de negociación a recorrer si hay voluntad política.

Un dato práctico más: las garantías de los acuerdos tendrían que proyectarse sobre el texto del Presupuesto. Eso, como se verá en el recorrido imaginado por el Gobierno para la vuelta a la actividad legislativa, está a la vista en esta etapa. Lo expuso la negociación entre la Ciudad y Economía, y lo sugieren contactos con las provincias.

Santilli necesita entonces afirmarse como principal interlocutor político con las provincias y eso remite en primer lugar al plano doméstico. Por supuesto, gravitarán sus propias condiciones personales. Pareció un ejercicio pragmático, realista, su declaración expresa sobre el papel del ministro de Economía en esta negociación. Dijo que debe sumarse a las tratativas con los gobernadores.

Visto así, el resultado no dependería sólo de su muñeca, sino de la actitud real de Olivos. Paz interna, al menos en lo que lo involucra personalmente, y compromiso efectivo con las jefes provinciales. De manera llamativa, el frente interno produjo otras novedades, que se podrían suponer inesperadas o al menos lejanas al foco sobre el poder fortalecido de Karina Miley y, por carácter transitivo, sus interlocutores. La tensión tuvo como protagonista a Patricia Bullrich.

La ministro y senadora electa se viene moviendo en todos los planos con lógica de poder y a mediano plazo. La pulseada con el ministerio del Interior por el Renaper expuso un foco de tensión nuevo en el equipo presidencial, esta vez en la franja de origen amarillo. Y el juego de compensaciones aparentes o efectivas en el Gobierno añadió otro ingrediente: el manejo de la relación con el Congreso, además del canal con los jefes provinciales.

El cuadro que asoma en el Congreso es complejo, con bloques violetas más nutridos, pero con ineludibles negociaciones para coronar mayorías, además de contener internas viejas y nuevas. El impacto del resultado electoral es visible. En Diputados, oxigenó a Martín Menem, de estrecha relación con Karina Milei y ratificado públicamente por el Presidente. Y en el Senado, ya se muestra Patricia Bullrich con manejos de jefa política.

El Gobierno se ha impuesto la necesidad de acelerar la negociación sobre el Presupuesto. Está claro que deberá contar con un acuerdo político sólido si realmente busca aprobar el proyecto entre el 10 de diciembre y la Navidad. Pesa el correr de los días para todos, no sólo para Santilli.

“El pliego de la licitación está casi listo”, indicó una fuente inobjetable de la Casa Rosada a Infobae. El Gobierno publicará en diciembre en el Boletín Oficial las condiciones para las cuales se dispondrá la privatización del Belgrano Cargas y Logística, la compañía encargada del transporte ferroviario de cargas y que ostenta con más de 7.600 kilómetros de vías distribuidas en 17 provincias.

“El objetivo es salir antes de fin de año. Están todas las áreas comprometidas con ese objetivo”, indicó un funcionario que está inmerso en el procedimiento de la licitación. Por estos días se está atravesando la etapa más compleja de todo el proceso: la de valuar cada uno de los activos de la compañía.

No será un único pliego, sino varios diferentes que se publicarán en un mismo momento. El modelo de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. aprobado por el Decreto 67/2025, establece una privatización total de la empresa mediante un proceso de desintegración vertical.

Esto implica separar y vender por partes los distintos activos y actividades: el material rodante (locomotoras y vagones) será vendido a través de remate público; las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública; y los talleres ferroviarios también serán concesionados para su uso a través de licitaciones. El producido de la venta del material rodante se destinará a un fideicomiso para financiar obras sobre las vías concesionadas.

“No queremos un esquema monopólico privado como se hizo en los 90 ni que el Estado tenga el monopolio del negocio como funcionó ahora. Este esquema de privatizaciones fragmentadas genera incentivos para mejorar el sistema y que no haya monopolio. Hay empresas especializadas en metalmecánica y otras en infraestructura ferroviaria. Todas van a aplicar y participar por lo que más se sientan capaces”, explica una importante voz oficial.

Además, el esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, es decir, que el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías. Las tierras y las vías continúan siendo de propiedad del Estado nacional.

El Gobierno cree que la compulsa durará hasta finales del primer trimestre del 2026, cuando finalice el período de consultas y se produzcan las ofertas finales. En principio, hay tres grandes grupos empresarios que están interesados en aplicar en los segmentos más importantes del manejo de la Línea Belgrano y la San Martín.

Hay dos de ellos que desde hace meses que estaban sondeando la operación. El primero es un pool de compañías cerealeras que está liderada por Aceitera General Deheza (AGD) y acompañan ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus. La segunda es la compañía minera de origen británico Río Tinto, que vendría a representar el interés de las compañías mineras por el trazado ferroviario de cargas.

En el último tiempo se sumó un tercer actor. Se trata del Grupo México Transportes, que en Argentina se presentará como Grupo GMXT. Opera los ferrocarriles más grandes de México y de Florida. Buscan promocionarse como la única de los tres oferentes capaces con experiencia en el rubro ferroviario. Estiman desembolsar una inversión de 3.000 millones de dólares en el país.

Aunque las condiciones del pliego no son conocidas, se descuenta que el ganador tendrá el manejo de las operaciones por varias décadas. La privatización entraña un asunto de especial sensibilidad en términos estratégicos, ya que se trata del manejo de uno de los principales recursos de infraestructura de la Argentina.

“Por las cosas que están en juego, es una licitación que importa como la Hidrovía, porque te define cómo se prioriza estas obras de infraestructura de acá a los próximos años”, indica un consultor del sector a Infobae.

El sector minero ubicado mayoritariamente en las provincias cuyanas y del noroeste argentino están interesadas en incrementar el caudal de transporte. Para las cerealeras, la ruta de la Línea Belgrano es ideal para impulsar el desarrollo logístico de los centros productivos. Estas buscan que los trenes puedan llegar directamente a sus establecimientos para abaratar el proceso de carga.

La compañía ferroviaria no tiene trazos que acompañen al crecimiento que Vaca Muerta tuvo en los últimos años. Uno de los insumos clave que se requieren en el sector es el transporte de arena de fractura y las rutas viales (que además sufren de un deterioro significativo) suponen un límite estructural para la demanda que requerirá el sector hacia adelante.

Se concibe que esta privatización forme parte de una primera etapa de una masterplan que se está cocinando para más adelante y que podría traer cambios en los otros dos ferrocarriles de carga que tiene Argentina: Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano. Estas podrían ser vías que ayuden a pensar una ramificación hacia Vaca Muerta en unos años. O al menos así lo están pensando técnicos del Gobierno.

El antecedente de la primera gran licitación que se hizo en la gestión Milei -la Vía Navegable Troncal– no es bueno, ya que debió declarar nulo el proceso luego de acusar a una empresa de haber actuado de manera ilegal en la presentación de las ofertas. El área que se encarga del manejo de estos asuntos es la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo de Diego Chaher, que decidió no responder a las consultas de este medio.

La privatización del Belgrano Cargas y Logística fue anunciada hace más de un año y es la que más avanzada está. No hay previsiones para que en el largo plazo logre concretarse la de Trenes Argentinos Operaciones (SOF S.A.), que tiene la operación de los servicios de líneas urbanas (como el Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento), regionales y de larga distancia.

Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión y venta, se procederá a la disolución y liquidación de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Ministerio de Economía, asistido por la ATEP, será la autoridad encargada de llevar adelante todo el proceso, dictando las normas operativas y complementarias necesarias. La letra chica del pliego está siendo diseñada por Chaher y el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, un hombre ligado al asesor presidencial, Santiago Caputo.

En los últimos cuatro meses, el Gobierno decidió desembolsar inversiones de capital por 4.000 millones de pesos mensuales. Las transferencias de fondos desde la administración pública a la compañía creció un 8,8% en la variación real al respecto al año pasado, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La compañía tiene un total de 4.233 empleados.

Inesperadamente, la pelea interna en el Sindicato de Camioneros está repercutiendo en el gobierno porteño y en las empresas de recolección de residuos de CABA: Hugo Moyano reflotó el reclamo de indemnizaciones para los empleados del sector para tratar de incidir en el enfrentamiento con Marcelo “Feúcho” Aparicio, el número 3 del gremio, más cercano a Pablo Moyano.

El líder de Camioneros firmó en octubre pasado un acuerdo con la administración de Jorge Macri por el cual desistió de que se aplique la llamada “Ley Moyano”, una “norma” de ninguna legalidad por la cual el sindicato venía logrando desde 1998, gracias a su poder de fuego, que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

En este caso, tal como advirtió públicamente su hijo Pablo, Hugo Moyano interpretaba que en octubre de 2024 vencían los contratos de recolección de residuos de CABA y que a los 6.000 trabajadores del sector afiliados a Camioneros les correspondía una indemnización que alcanzaba un total de 200 millones de dólares.

En el gobierno de porteño rechazaron el reclamo porque la prórroga de los contratos vencía recién en 2028 y hasta entonces regía el mismo contrato existente, con la misma cantidad de empleados, con las mismas empresas y en las mismas condiciones de trabajo.

Ante la firmeza de Jorge Macri, se pactó no pagar indemnizaciones, pero sí otorgar beneficios al personal que se jubilaba y dar una serie de adicionales para mejorar los sueldos de los trabajadores.

Todos ganaron: hubo paz social, Moyano exhibió las compensaciones para los trabajadores y Jorge Macri se mostró como el jefe de Gobierno que le dijo que no a Camioneros y rompió esa tradición fuera de la ley que inició Mauricio Macri y siguió Horacio Rodríguez Larreta.

Pero no salió todo como se esperaba: un mes después de firmado el acuerdo, los trabajadores de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires hicieron asambleas durante dos días en algunas empresas, sin el aval de los delegados, para protestar a los gritos y entre insultos porque lo que se pactó no incluía las indemnizaciones.

Incluso circularon videos de asambleas en la empresa Cliba con ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, decía un trabajador mirando a la cámara) y agitadas discusiones entre delegados y empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, afirmó uno de ellos en referencia al reclamo de que se paguen indemnizaciones.

Ahora, la feroz interna entre Hugo y Pablo se instaló en la decisiva rama de recolección de residuos, donde, por un lado, está el fiel “hugomoyanista” José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, y, por el otro, los delegados que responden a Aparicio, que vienen promoviendo asambleas para que surjan expresiones de respaldo a ese dirigente, al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes bajo sospecha.

Por eso, a principios de octubre, Hugo Moyano desplazó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, tras una denuncia judicial de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, que dio lugar a una investigación que lleva adelante el fiscal marplatense Carlos David Bruna.

Después de esos despidos, se produjo otro episodio que reveló la tensión interna: se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un mensaje contra Aparicio, otro dirigente en la mira de Hugo Moyano. “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”, decía en los papeles arrojados desde una moto y en alusión a la denuncia presentada en Mar del Plata.

Lo que sucedió ahora, deslizan en el sindicato, fue que Garnica desempolvó la “Ley Moyano” para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura y, a la vez, debilitar a quienes responden a Aparicio. Por eso fue quien habría convencido al líder de Camioneros de que debía reflotar la exigencia de las indemnizaciones: “Queremos que le den a la gente un anticipo de lo que pagarán en 2028”, fue el insólito pedido de Moyano.

Hugo Moyano se lo planteó al gobierno porteño, pero le dijeron que no y por eso decidió hablar con las empresas. A comienzos de esta semana, el jefe de Camioneros se reunió con representantes de las 6 concesionarias del servicio de recolección de residuos, que le advirtieron que de ninguna manera podían pagar lo que exigía.

Aun así, se abrió un cuarto intermedio en el que hay negociaciones extraoficiales con Moyano, sobre todo luego de que mostró voluntad de llegar a un acuerdo que no implique el pago del 100% de las indemnizaciones.

¿Qué es lo que está en juego en este escenario tan complejo? “Están tensionando entre ellos e intimidando a los demás para ver quién tiene el poder”, interpretó a Infobae alguien que conoce de cerca este conflicto.

En el gobierno de CABA se mantienen firmes. Jorge Macri fue el primero que empezó a poner orden en la relación de la administración porteña con el gremio. Por ejemplo, en el tema de las grúas y en un mayor control del servicio de recolección de residuos, aplicando multas.

Se teme que en las próximas semanas comiencen algunas medidas de fuerza que afectarán la recolección de residuos y que se harán con otra excusa, pero con la clara intención de presionar por el pago del anticipo de lo que Moyano imagina que se cobrará en 2028.

Mientras, se mantiene la batalla declarada en las asambleas de la rama de recolección de residuos: así como los aliados de Aparicio alentaron los apoyos a su líder interno y quedó filmado alguien que amenazaba con que “los traidores se tendrán que hacer cargo y pagarán su culpa”, “Teta” Garnica encabezó reuniones de trabajadores para afianzar las lealtades moyanistas y, de paso, salir al cruce de las acusaciones en contra de él: “Dicen que soy traidor, pero si ser traidor es defender a Hugo Moyano, voy a ser traidor toda la vida”, señaló, como se pudo ver en un video que circula en las redes.

La interna camionera está al rojo no sólo por este insóiito reclamo de que se aplique la “Ley Moyano” -ya “derogada” hace un año- para ayudar a que se defina el enfrentamiento entre “huguistas” y “pablistas”.

En estos últimos días aparecieron pintadas con la leyenda “Pablo Moyano volvé, los trabajadores te necesitan” en paredes del oeste del conurbano bonaerense. Y el propio Pablo Moyano reapareció el martes pasado con un video en el que se involucra de nuevo en reclamos gremiales concretos. Junto con representantes de la rama de Aguas Gaseosas del gremio, dijo que “no permitirá atropellos contra los trabajadores” y advirtió: “Desde la Secretaría Adjunta nos vamos a poner al frente para recuperar todos los puestos de trabajo que se perdieron este año”.

El fin de semana pasado hubo una batalla campal entre las facciones que responden a ambos líderes durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos, con una pelea que incluyó patadas en la cabeza y golpes de puño.

No fue el primer episodio de violencia: manifestantes que responden a Hugo Moyano y su hijo Pablo se enfrentaron en la calle durante la marcha por el Hospital Garrahan del 17 de julio pasado, donde trascendió que hubo un apuñalado y que luego dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores de Camioneros.

Para colmo, la crisis financiera que sufre la obra social de Camioneros escaló esta semana con protestas de trabajadores de los sanatorios del gremio en Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y Caballito por la falta de pago de salarios, con carteles que apuntaron contra Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, en su condición de dueña de Iarai, la empresa que se encarga del gerenciamiento de la entidad de salud.

El hilo conductor de todos estos episodios es la disputa que se produjo a fines de 2021 cuando Pablo Moyano le recriminó a Hugo el papel de su esposa en la profunda crisis financiera de la obra social camionera.

Luego vino la renuncia de Pablo a la CGT por la falta de apoyo de su padre, su alejamiento del sindicato, al que directamente dejó de ir, y la dedicación casi exclusiva a la presidencia del Club Deportivo Camioneros. Mientras, Hugo designó en la CGT a un dirigente de extrema confianza como Octavio Argüello, privilegió a otros de sus hijos (“Huguito”, el abogado y diputado electo, y Jerónimo, el menor de la familia) y se alió al sector sindical dialoguista mientras firmó acuerdos salariales alineados con la pauta que fija el Gobierno.

¿Cuál será el próximo capítulo de esta crisis del Sindicato de Camioneros que parece interminable? Nadie sabe cuál será, pero hay algo seguro: habrá muchísimos más.

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