POLITICA
Se acordó en Diputados un pedido de informes sobre las muertes por fentanilo adulterado
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), aprobó hoy un dictamen unificado con 26 preguntas al Poder Ejecutivo para esclarecer el caso del fentanilo contaminado que ya dejó al menos 87 víctimas. El despacho, firmado por legisladores de todo el arco político, apunta a determinar responsabilidades, fallas de control y medidas adoptadas por las autoridades.
Al abrir el debate, Yedlin apeló a la voluntad de los miembros para dictaminar en el día y avanzar con los proyectos pendientes. Entre ellos, un texto consensuado que unificó cinco iniciativas presentadas por Esteban Paulón y Mónica Fein (Socialismo), Manuel Aguirre (UCR), Silvana Giudici (Pro), Victoria Tolosa Paz (UP) y el propio Yedlin. “Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa desde que existe la ANMAT”, sostuvo el presidente de la comisión, que pidió al organismo explicar “cuáles fueron los signos de alarma, si hubo pedidos previos al laboratorio, cuándo se supo que este lote estaba contaminado, cuándo se dio el aviso y cuándo se dejó de usar”.
El pedido de informes -que se girará directamente al Poder Ejecutivo, sin necesidad de que pase por el recinto– abarca un amplio abanico de puntos: desde la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos y el número total de fallecimientos, hasta la cronología de detección del brote, la identificación de medicamentos y lotes contaminados y la existencia de otros bajo investigación. También solicita información sobre las acciones de la ANMAT desde los primeros casos, el estado de habilitación y cumplimiento de buenas prácticas de manufactura por parte de HLB Pharma y Ramallo S.A., y las medidas para garantizar el retiro efectivo de los lotes.
Alejandro, hermano de Leonel, Clarisa Álvarez, hija de Ramón Oscar Álvarez, Ezequiel Ayala, hermano de Leonel, Luis Ayala, padre de Leonel y David ayala, otro hermano de la víctima.
Adriana Francesse, Sol Francesse mamá de Renato Nicolini, Sandra Altamirano, madre de Daniel Oviedo, Giselle Oviedo hermana de Daniel Oviedo, Liliana Peralta, madre de Leonel Ayala
Asimismo, el texto requiere la descripción del sistema de trazabilidad y las fallas detectadas, los protocolos de vigilancia activa, los expedientes e inspecciones contra los laboratorios involucrados, antecedentes societarios, denuncias previas, contratos con el Estado y posibles desvíos de opioides hacia el mercado ilegal. Incluye, además, consultas sobre la actuación de la Dirección General de Aduanas, el robo denunciado por HLB Pharma el 11 de mayo de 2025, la asistencia a víctimas y familias, las acciones legales impulsadas por el Estado y eventuales reformas para fortalecer la farmacovigilancia y el control de laboratorios.
Durante la reunión, el radical Pablo Juliano (Democracia) advirtió que “este caso supera a la tragedia de Once y al atentado de la AMIA” y reclamó frenar los intentos de desregulación: “Si seguimos mirando para el costado o eliminando controles, estamos aceptando un riesgo enorme. Celebro que nos pongamos de acuerdo para firmar este pedido. No sabemos cuántos casos más van a seguir apareciendo”.
La socialista Mónica Fein recordó que el laboratorio involucrado “ya tuvo un antecedente grave en mi ciudad, con el caso Apolo, que explotó y dejó cinco heridos. Tras esa explosión, se mudaron a otra provincia y esas mismas personas pusieron otro laboratorio”. Y agregó: “Le debemos a las familias una acción seria para evaluar si los mecanismos estatales para actuar rápidamente han sido correctos. Me preocupa que, cuando surgen deficiencias, aparezca la idea de que el Estado no debe participar”.
En la misma línea, su compañero de bloque Esteban Paulón pidió “pensar en mejores controles” y cuestionó declaraciones del ministro Federico Sturzenegger: “Escuché decir que uno no puede pensar en la mala fe de los empresarios. Mire, mejor pensemos en una mejora institucional y salgamos de la pereza intelectual a la que nos tiene acostumbrados este gobierno, que cuando algo no funciona como le gusta, lo cierra”.
Silvana Giudici, impulsora de una comisión investigadora, fue enfática: “Para mí se trata de fentanilo adulterado y cada vez hay más víctimas. Es importante que todos demos una señal de madurez política y firmemos este pedido juntos. El manejo de esta droga es muy controlado: es un precursor químico que también se utiliza en el narcotráfico. En Estados Unidos hay una crisis por el fentanilo; esperemos que en la Argentina podamos actuar a tiempo”.
Giudici reveló que familiares le informaron que “el fentanilo de estos lotes no tenía la firma del responsable técnico del laboratorio” y reclamó medidas urgentes: “Hay 25 personas inhibidas, pero no sé por qué no hay pedidos de indagatoria, imputaciones o alguna prisión preventiva. ¿Cómo salió ese fentanilo de ahí? Esta es la mayor crisis sanitaria causada por medicamentos en la Argentina”.
Por su parte, Tolosa Paz destacó el rol del Instituto Malbrán en la investigación: “Está haciendo el peritaje para determinar en qué momento se contaminó la ampolla. Celebramos este trabajo, que es clave para identificar las fallas y saber cuáles fueron los mecanismos de la ANMAT que no funcionaron, para así fortalecerla en lugar de desmantelarla”.
El debate en la comisión estuvo precedido por una fuerte presión de los familiares de las víctimas, que ayer se acercaron al Congreso para visibilizar su reclamo y exigir justicia. “Va a decir que esto es un sabotaje, es un desastre, es un asesino. Necesita pagar por lo que hizo. Hay encubrimiento total”, afirmó Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, presunta víctima del fentanilo adulterado, en alusión a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma. “Acá hay un interés político, un interés del narcotráfico y de personas que no quieren que hablemos. Nos quieren callar. No nos vamos a callar: vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
Ayala llegó acompañado por otros familiares que, se presume, perdieron a sus seres queridos tras recibir fentanilo contaminado en unidades de terapia intensiva. La causa, que tramita el juez federal Ernesto Kreplak en La Plata, investiga 87 muertes ocurridas en centros de salud de distintas provincias.
El expediente se inició cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron varios cuadros de neumonía grave con evolución rápida en pacientes internados, todos ellos vinculados a la administración de fentanilo del lote N° 31.202, elaborado en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo para HLB Pharma, y sospechado de estar contaminado con bacterias.
En una entrevista exclusiva con , García Furfaro ofreció su propia versión: “El único lote que tiene este problema es el 31.202, que dicen que algunas ampollas están contaminadas y otras no. Es rarísimo, porque hicieron todos los lotes juntos”. Y sumó: “Si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien la puso”.
dejó al menos 87 víctimas,uerte presión de los familiares de las víctimas,@CarlaCarrizoAR,pic.twitter.com/t6LZAgxLlV,August 13, 2025,entrevista exclusiva,Delfina Celichini,Conforme a,,»Hay encubrimiento total». Familias de víctimas del fentanilo adulterado llevaron su reclamo de justicia al Congreso,,Caso $LIBRA. La oposición aprobó un nuevo dictamen para resucitar la comisión investigadora en Diputados,,Al filo del plazo. Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes: “Toda mi evolución patrimonial es legítima”
POLITICA
El soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado por una banda que operaba en una app de citas
Rodrigo Gómez murió el 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos mientras custodiaba al presidente Javier Milei.
Ese día, se informó oficialmente que este soldado del ejército que cumplía tareas de vigilancia en la casa de la principal autoridad política del país se había quitado la vida. La Justicia ahora pudo confirmar esa hipótesis, pero había algo más.
Según informó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en una inédita conferencia de prensa junto a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y otras autoridades políticas y castrenses, Gómez fue víctima de una extorsión que muy probablemente actualmente también esté afectando a otros ciudadanos argentinos.
La maniobra, que tuvo un trágico desenlace fatal, se orquestó a través de una aplicación de citas, y tuvo su epílogo esta madrugada con la detención de siete personas, operativos y allanamientos que continúan aún realizándose.
Las alarmas de las autoridades se activaron a partir de una carta que dejó la víctima y la necesidad de determinar qué pasó con una persona que se quitó la vida a metros de donde estaba durmiendo el Presidente.
“La otra finalidad que tiene esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”, precisó Arroyo Salgado este mediodía en un encuentro con periodistas del que también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti y el jefe del Ejército, Oscar Zarich.
La extorsión se inicia con la creación de un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta “madre alterada” y el “audio del terror”, donde se intima a la víctima -en este caso Rodrigo Gómez- y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.
El próximo eslabón incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.
Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.
Noticia en desarrollo
Adorni,Monteoliva,Arroyo Salgado,Pyme del Delito
POLITICA
El Gobierno vuelve a enviar a Diputados la reforma penal juvenil y subsana una omisión clave: el costo
El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto para su implementación.
El texto, que ingresó esta mañana por la Cámara de Diputados, fija un costo total de $23.739 millones y detalla cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.
El proyecto mantiene, sin embargo, su núcleo más resistido: la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, aun cuando el consenso parlamentario mayoritario se inclina por fijarla en 14.
Actualmente, un menor de edad puede ser juzgado y condenado a partir de los 16 años.
En la versión presentada en 2024, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se atenderían con los recursos previstos en las leyes de presupuesto y mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. No se precisaban montos ni fuentes específicas de financiamiento.
Ese esquema es similar al utilizado en otras leyes votadas por el Congreso y luego frenadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, cuya aplicación fue suspendida por el presidente Javier Milei bajo el argumento de que no definían con claridad la fuente de los recursos necesarios.
En el nuevo proyecto, en cambio, el Poder Ejecutivo fija un costo total de $23.739.155.303,08 para la implementación de la reforma. De ese total, $3.131.996.784,28 corresponden al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 a la Defensoría General de la Nación.
El Gobierno vuelve a insistir con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, pese a que la propuesta no consiguió respaldo ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR. En el dictamen que logró avanzar el año pasado -y que servirá de base para el debate de este año- el piso se fijó en 14 años. Esa alternativa fue acompañada tanto por aliados del Gobierno como por legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador.
El texto original, además, preveía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.
También se incorporaron criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios u otros hechos de violencia grave. El dictamen, además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.
El proyecto será tratado este miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, y el jueves llegará al recinto de Diputados. Está firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
el proyecto de reforma del régimen penal juvenil,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Opinión. Barrotes por hogar: una pobre respuesta,,Corrupción en Discapacidad. Procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos,,Análisis. El estreno de la hegemonía mileísta,Cámara de Diputados,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos,,Qué dice el texto. Victoria Villarruel convocó a la sesión para la reforma laboral,,Reforma laboral. El PJ trabaja en un texto común y buscará postergar la sanción definitiva de la reforma
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil, con el eje puesto en la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, y con la intención de acelerar su tratamiento parlamentario para que sea debatido en comisiones y, de ser posible, votado en el recinto de la Cámara de Diputados esta semana.
La iniciativa es idéntica a la que el Poder Ejecutivo había girado el año pasado y vuelve a colocar en el centro de la discusión uno de los temas más sensibles de la agenda penal: la responsabilidad de los adolescentes frente a delitos graves. El texto propone reducir de 16 a 13 años la edad mínima para que una persona pueda ser imputada penalmente, aunque en el oficialismo admiten que ese punto difícilmente prospere sin modificaciones.
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En los bloques de la oposición dialoguista ya dejaron en claro que el consenso político hoy se ubica un escalón más arriba. Referentes del PRO y de la UCR anticiparon que el acuerdo posible es fijar el umbral en los 14 años, tal como se había consensuado en el dictamen trabajado durante el año pasado. En ese escenario, se espera que el proyecto sea modificado cuando se firme el despacho de comisión, previsto para el próximo miércoles.
Otro de los aspectos que generaba resistencia y que comenzó a despejarse en las últimas horas es el financiamiento. Durante una reunión entre los presidentes de bloque y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el oficialismo aclaró que, a diferencia del texto original, esta vez sí habrá partidas presupuestarias específicas para implementar el nuevo régimen.
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Esa definición quedó plasmada en el artículo 51 del proyecto, bajo el título “Asignación Presupuestaria”. Allí se establece un monto total de $23.739.155.303,08 para el año 2026, con un detalle de los fondos que corresponderán al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. La ausencia de recursos había sido uno de los principales argumentos de la oposición para frenar el avance de la iniciativa en 2025.
Según el cronograma difundido por la presidencia de la Cámara baja, la intención de La Libertad Avanza es dictaminar el miércoles en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, para llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de febrero.
Baja de imputabilidad: las claves del proyecto de reforma penal
En cuanto al contenido de fondo, el proyecto mantiene la propuesta de habilitar la imputabilidad desde los 13 años para delitos considerados graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros. Al mismo tiempo, define un régimen penal juvenil diferenciado del sistema de adultos, con límites específicos a las penas. En su versión original, el texto contempla condenas de hasta 20 años de prisión, aunque excluye expresamente la prisión perpetua, incluso en casos de concurso de delitos.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca dar una respuesta a hechos de inseguridad protagonizados por adolescentes y evitar que organizaciones criminales se valgan de menores inimputables para cometer delitos. La lógica del proyecto apunta a combinar sanción penal con mecanismos de reinserción social, especialmente en los tramos más bajos de edad.
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En materia procesal, se establece que para los menores de hasta 15 años el juez podrá disponer medidas de privación de la libertad únicamente en casos graves, priorizando siempre alternativas orientadas a la resocialización. Para delitos de menor entidad, el proyecto prevé sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias, reglas de conducta y mecanismos de reparación del daño causado.
Uno de los puntos que podría volver a modificarse durante el debate legislativo es el tope de las penas. En el dictamen consensuado el año pasado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas se había fijado una pena máxima de 15 años de encierro para delitos especialmente graves, mientras que para conductas con escalas de hasta tres años se priorizaban sanciones alternativas. En ese esquema, la privación de la libertad quedaba reservada como último recurso.
El régimen penal juvenil también incluye la creación de institutos específicos para el alojamiento de adolescentes condenados, con la obligación de garantizar el acceso a la educación, atención médica integral y tratamiento para adicciones. El personal de esos centros deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se prohíbe de manera taxativa cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores de edad.
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El proyecto incorpora, además, un sistema de derechos reforzados para los adolescentes sometidos a proceso penal: patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y el derecho a ser informados y escuchados durante todo el trámite judicial. Este punto fue uno de los que concentró el debate sobre los costos de implementación, ahora contemplados mediante la posibilidad de acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de partidas destinadas a infraestructura.
En paralelo, el texto también refuerza los derechos de las víctimas, garantizando acceso a asistencia legal y acompañamiento psicológico, así como su participación en el proceso y el derecho a recibir información sobre el avance de las causas.
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