POLITICA
Se firmó nueva paritaria en el Congreso y la dieta de la mitad de los senadores llegará a $10 millones en noviembre
Los gremios con representación en el Congreso cerraron este jueves con las autoridades de ambas cámaras legislativas la negociación salarial paritaria por un plazo de seis meses que concluirá, a fines de noviembre, con una mejora del 7,52% acumulado.
El aumento salarial impactará de lleno en las dietas de al menos la mitad de los senadores, que pasarán a percibir un ingreso total de $10.216.000, que incluye dieta, gastos de representación y desarraigo, cuando reciban sus recibos de diciembre.
El principal beneficiado será el bloque kirchnerista de Unión por la Patria, que conduce José Mayans (Formosa), ya que la mayoría de sus 34 senadores rechazó la propuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en junio último emitió una resolución que le permite a los legisladores renunciar a los aumentos automáticos de sus ingresos provocado por los acuerdos salariales de los trabajadores del Congreso.
Solo dos senadores kirchneristas no recibirán el aumento: Alicia Kirchner (Santa Cruz), que cuando asumió la banca renunció a cobrar dieta y percibe sólo su jubilación; y el riojano Fernando Rejal, que fue el único miembro de la bancada de Unión por la Patria que aceptó la propuesta de la presidenta de la Cámara alta.
Según la información suministrada por el Senado, hasta junio último habían renunciado a percibir los aumentos la totalidad de los bloques de La Libertad Avanza, de la UCR y de Pro y del interbloque de Las Provincias Unidas. A ellos deben sumarse los provinciales de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y el santacruceño José María Carambia.
Los que si verán mejoradas sus dietas en los próximos meses serán 32 de los 34 senadores de Unión por la Patria, a quienes debe sumarse a la neuquiina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas).
La dieta de los senadores pasó a convertirse en eje de una polémica en abril del año pasado, cuando un grupo de legisladores impulsó y consiguió la aprobación del cuerpo de una resolución que enganchó sus dietas con los sueldos del personal legislativo.
Lo hizo al establecer el valor de sus ingresos en 4000 módulos, que es la unidad de medida que se usa para el cálculo de los salarios legislativos. Así, cada vez que hay un acuerdo paritaria, en la que se discute y se actualiza el valor del módulo, los senadores veían incrementado sus ingreso.
La última vez que se activó la polémica por las dietas en el Senado fue a finales de mayo, cuando se conoció el anterior acuerdo paritario en el Congreso, en el que se les concedió un aumento retroactivo del 3,9% para los empleados legislativos.
Aquella mejora había llevado 9,5 millones de pesos brutos el ingreso de los miembros de la Cámara alta. Fue tras la polémica generada por ese aumento que Villarruel decidió habilitar la posibilidad de que quienes así lo quisieran, puedan renunciar a percibir esos incrementos, presentando una nota ante la presidencia de la Cámara alta.
La propuesta generó malestar entre varios legisladores, que acusaron a Villarruel de hacer política con el tema tratando de diferenciarse de los senadores.
Desde el entorno de la vicepresidenta se defendieron argumentando que estaban cansados de que Villarruel terminara como blanco de las críticas, sobre todo en redes sociales, por una decisión en la que no tuvo participación, ya que no es senadora.
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POLITICA
Axel Kicillof y otros gobernadores le solicitaron una reunión al Gobierno para debatir la reforma laboral
Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego solicitaron formalmente este jueves al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT).
El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca establecer una sesión presencial y exclusiva para analizar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las autoridades laborales de estos distritos sostienen que el debate no debe agotarse en el Congreso, debido al impacto fiscal y en el esquema de inspección que la normativa tendría en cada jurisdicción.
En el documento presentado, los firmantes recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, plazo que consideran imperativo ante la magnitud de los cambios propuestos.
Los ministros provinciales enfatizaron que sus territorios son protagonistas en la gestión de la conflictividad laboral diaria y que sus posiciones deben ser incorporadas. Según expresaron en la nota enviada a la Secretaría de Trabajo: “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, cuyos senadores votaron en contra de la reforma.
Sin embargo, el reclamo también incluye a Misiones, provincia que aportó dos votos clave para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta a través de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A pesar de estas diferencias políticas, las seis jurisdicciones coincidieron en que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional y que sus realidades regionales deben ser escuchadas.
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POLITICA
Principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria
El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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POLITICA
El Gobierno extenderá las extraordinarias hasta el 28 de febrero y sumará al temario una nueva ley de Financiamiento Universitario
Tras apelar la medida cautelar que obliga la aplicación la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional suma al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la medida que le permita compensar fondos a universidades, según confirmó una fuente inobjetable a Infobae. Se trata de una determinación que será incorporada por decreto y que persigue la intención de dar respuesta al sector que reclama una actualización presupuestaria para el funcionamiento de las altas casas de estudio.
Tras la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar un último proyecto al temario para intentan apaciguar las demandas de las autoridades universitarias con el debate de una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal que pregonta la administración libertaria.
La tarea involucró al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron en los últimos días con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, para conversar sobre el tema. Como contó este medio, los planes apuntaban a dar curso a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas que solicita el sector.
“Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, contó ante este medio una fuente calificada.
La determinación se da luego de que el Ejecutivo presentara un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, y solicitara que la apelación que obliga a implementar la ley votada en 2024 sea concedida con efecto suspensivo. “El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir pero hay otras que requieren análisis de la cámara”, argumntó un funcionario en tema.
Ante la ambición del Ejecutivo, en Balcarce 50 se muestran optimistas con los objetivos trazados para el receso de verano, y pese a que el reglamento establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, existen antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por decreto y sin la necesidad de acuerdos parlamentarios formales de aceptación.
Más allá del reclamo de las autoridades universitarias, el conflicto por el financiamiento escaló notablemente entre 2024 y 2025, y registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Luego de la determinación del mandatario de vetar la ley sancionada, hubo una segunda protesta federal en septiembre de 2025.
Luego de que un sector de la mesa política planteara la necesidad de evitar una escalada legal, en el oficialismo intentarán pasar una ley que modifique el esquema financiero actual y que permita alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.
Asimismo, el decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas también incluirá la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, es decir, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.
La determinación apuesta a ordenar el ajustado calendario legislativo, además de dar cumplimiento a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.
El objetivo del presidente Javier Milei es sancionar la reforma laboral durante el periódo contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso en el que establece la hoja de ruta anual.
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