POLITICA
Se profundiza el conflicto por una paritaria clave: el gesto del Gobierno que pondrá en pie de guerra a la UOM
El conflicto entre el Gobierno y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya estaba declarado desde que el Ministerio de Economía decidió no homologar la última paritaria metalúrgica por haber superado el tope oficial, pero en las próximas horas puede profundizarse: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no recibirá a Abel Furlán, el líder del gremio, para analizar el tema y así podrían iniciarse en breve medidas de fuerza.
La amenaza de protestas justamente la hizo Furlán durante una movilización de la UOM ante la Secretaría de Trabajo, realizada el miércoles pasado, para exigir la homologación del acuerdo salarial del 7,6% para el período abril-agosto, en cinco tramos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%), además de cinco sumas fijas no remunerativas de $30 mil para abril y de $25 mil para cada uno de los meses restantes.
El líder metalúrgico fue recibido por la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, ante la ausencia de Cordero, y pidió una audiencia con este funcionario para esta semana con el fin de reclamar la homologación.
Furlán pidió a los presentes “un poquito más de paciencia” ya que “hasta la semana que viene vamos a estar esperando que salga la homologación y, si no, vamos a iniciar medidas de acción directa y la responsable de esta acción sindical va a ser pura y exclusivamente la Secretaría de Trabajo».
Sin embargo, en el entorno de Cordero advirtieron a Infobae que el titular de la UOM “ya fue recibido por la autoridad que corresponde” y que “no hay ninguna audiencia pendiente” con el gremio por este punto.
“Cordero dejó el tema en manos de los equipos técnicos”, destacó la fuente consultada, que, además, enfatizó que el conflicto por la no homologación “no responde a un tema político sino técnico”.
En la Secretaría de Trabajo niegan también que exista un problema personal con Furlán, pese a que el sindicalista, en el acto de la semana pasada, acusó a Cordero de impulsar «una estrategia, respondiendo al Grupo Techint, para dilatar y no homologar el acuerdo».
En el mismo sentido, aseguró que es “el responsable directo de la falta de homologación del acuerdo”.
En el Gobierno consideran que la paritaria firmada por Furlán contempla un 3,3% de aumento para abril que está por encima de la pauta oficial del 1% mensual y atribuyen la inclusión de esa cifra a “una provocación del kirchnerismo”, en alusión al alineamiento del líder metalúrgico con Cristina Kirchner y La Cámpora.
Incluso afirman que la misma intención de la UOM es compartida por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), a la que la Casa Rosada también vincula con el kirchnerismo.
La explicación que le dio Testa a Furlán para justificar la no homologación de la paritaria es que existe una “observación” a lo firmado por parte de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), que agrupa a las pymes del sector.
Esta cámara, presidida por José Luis Ammaturo, no firmó la paritaria porque consideró que “hace peligrar en forma real y cierta la economía de las pymes ante la recesión del sector, poniendo además en situación de peligro las fuentes de trabajo”.
En la movilización de la semana pasada, Furlán dijo a los manifestantes: “Las explicaciones que nos dieron (en Trabajo) no han cubierto las expectativas-dijo-. Argumentan que hay una de las cámaras (por CAMIMA) que ha observado el acuerdo que hemos firmado. Nosotros nos acabamos de enterar recién de que hay una observación por parte de una de las cámaras. Pero esa cámara es totalmente minoritaria en el ámbito de la discusión paritaria y hay cinco cámaras ,las más representativas, que firmaron el acuerdo y que no han hecho ninguna observación sobre el mismo».
Tras esas declaraciones, CAMIMA difundió un comunicado de prensa en el que aclaró que «no objetó el acuerdo salarial», que “todas las partes fueron informadas del proceso” y que «no es una cámara minoritaria” sino que «representa a la mayoría de las pymes metalúrgicas del país (unas 22.000 empresas)“.
La cámara que lidera Ammaturo resaltó que “la decisión de no suscribir el acuerdo salarial tiene como fundamento la imposibilidad material de nuestras empresas pymes de asumir nuevos aumentos en las actuales condiciones económicas, sin comprometer la sostenibilidad de las fuentes de trabajo”.
“CAMIMA no desconoce la necesidad de mejoras salariales para los trabajadores, las considera necesarias y deseables -agregó-, pero sostiene que deben ser viables y estar acompañadas por un aumento de la productividad, una disminución de la litigiosidad laboral y una reducción de la carga impositiva que pesa sobre el sector. Estos principios guiaron la postura de nuestra cámara durante la negociación y la seguirán guiando en el futuro».
¿Qué hará Furlán ante la negativa de Cordero en recibirlo para hablar de la paritaria? Si cumple la advertencia que hizo ante los manifestantes, debería comenzar en breve con medidas de fuerza. Sin embargo, CAMIMA sostuvo que las demoras en homologar el acuerdo mencionadas por Furlán “no se condicen con la realidad” porque “los plazos legales se están cumpliendo”.
Según señaló esta cámara, “el acuerdo paritario fue firmado el 4 de junio y la Secretaría de Trabajo, al dar traslado de la consulta a CAMIMA el 2 de julio, informó que aún no comenzaba a correr el plazo previsto en la Ley 23.546, que establece que la homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibida la solicitud y que transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada”.
“Actualmente, la autoridad laboral se encuentra dentro del plazo legal vigente para homologar el acuerdo, por lo que es incorrecto afirmar que exista un retraso ilegal o una falta de homologación por vencimiento de plazos”, dijo la cámara que agrupa a las pymes metalúrgicas.
POLITICA
Con Espert en el público, Milei presenta en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal que endurece penas
El presidente Javier Milei presenta esta tarde junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cárcel de Ezeiza, el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que incluye castigos más severos al accionar delictivo.
El candidato bonaerense José Luis Espert, que se encuentra en medio de la polémica por los supuestos aportes de campaña en 2019 por parte de un empresario acusado de narco, se ubica en la segunda fila del público, en una nueva muestra de respaldo presidencial.
La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones. La presentación está a cargo del presidente Milei y de Bullrich, mientras que también lo acompaña el ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero debajo del palco central.
El nuevo proyecto de Código Penal viene a reemplazar el actual texto vigente desde 1921, -más de 100 años- que tuvo cientos de parches, por lo que se pretende con la norma depurar las viejas conductas ya no penadas, penar nuevas y hacer congruentes las penas.
Milei fue el que eligió el lugar para presentar el nuevo Código Penal, la cárcel de Ezeiza, como mensaje simbólico de que “el que las hace las paga”, uno de las consignas del Gobierno, que suele repetir la ministra Bullrich.
A un lado del escenario donde se sentaron Milei y Bullrich se desplegaron unos 100 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, algunos de ellos con los cascos y escudos antimotines.
Noticia en desarrollo
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades
En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.
En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
El otro temario
Para el convite de las próximas horas también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso.
El salteño suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final de la sesión, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos, tal como ocurrió en la última ocasión en el recinto.
Durante la jornada de ayer, llamó la atención la baja del ímpetu que agitaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), sobre distintos pedidos para interrogar a funcionarios libertarios. Esto no significa que no pretenda plantear algo hoy.
El problema es que un sector de la oposición senatorial busca diferenciarse de las órdenes que Cristina Kirchner envía hacia dicho interbloque -ya hay ruido interno por posturas divergentes en algunas leyes-, a través de las cuales intenta manejarlo por control remoto desde su prisión domiciliaria. Mismo caso para la declaración de interés público y estratégico la cuestión nuclear. Los dos puntos requerirían dos tercios para ser habilitados. No obstante, en esta Cámara alta, nunca hay que descartar sorpresas.
Health / Medicine,South America / Central America,Civil Unrest,BUENOS AIRES
José Bonacci, presidente del partido Unite, se pronunció este miércoles sobre las declaraciones del candidato José Luis Espert. El postulante de La Libertad Avanza responsabilizó al sello partidario por el presunto apoyo logístico de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019. Sin embargo, Bonacci negó de forma categórica la versión del diputado nacional durante una intervención telefónica en un programa del canal A24.
El titular de Unite intervino en el mismo programa televisivo minutos después de la participación de Espert para refutar sus afirmaciones. Ante la consulta sobre si los aportes logísticos de una camioneta Grand Cherokee blindada y viajes en avión de Fred Machado se destinaron al partido o al candidato, Bonacci fue contundente. “Al sello partidario tengo que decirte rotundamente que no”, afirmó.
El dirigente partidario diferenció el destino de la ayuda logística. “A Espert evidentemente sí, hay 30 viajes”, agregó. Además, Bonacci negó conocer a Machado antes de esa contienda electoral: acusó directamente al economista por sus declaraciones previas. “Lo respeto profundamente, lo quiero pero, en este caso, está mintiendo. No fue el sello partidario quien le proveyó los medios de locomoción”, sostuvo.
Minutos antes, José Luis Espert se desvinculó de la responsabilidad en el manejo de los fondos para su campaña de 2019. El ahora candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente a la estructura que lo impulsó. “Quien maneja los recursos de los candidatos no es el candidato sino el sello”, explicó.
Sobre la presunta ayuda de Machado, el economista insistió en su postura. “Que él nos haya querido ayudar en 2019 es un tema del sello partidario con el cual yo competí“, sentenció.
Ricardo Pristupluk
Espert se negó a responder en repetidas ocasiones si recibió o no la suma de US$200.000 por parte de Machado. Admitió que viajó en un avión privado del empresario durante la campaña y que utilizó una camioneta Grand Cherokee blindada. Aclaró que en ese momento “desconocía” que el vehículo pertenecía a Machado.
El diputado argumentó su falta de control sobre la logística con su inexperiencia en la política en aquel momento. “En campaña, el partido te da el traslado, hacía lo que me decía el partido. En ese momento yo vivía en una nube de pedos, recién entraba en política”, explicó. Para reforzar su defensa, Espert repitió un concepto central: “Un candidato no maneja fondos de campaña”.
Las dudas sobre el financiamiento de la campaña de Espert resurgieron a partir de una denuncia que presentó el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois. El candidato de La Libertad Avanza calificó la acción judicial como una “causa refritada” que data del año 2021.
Anunció que responderá en la justicia. “A Grabois le voy a contestar donde radicó la demanda y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”, señaló. Además, afirmó: “No le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de la campaña”.
Fred Machado es un empresario argentino que fue detenido en Neuquén por orden de Estados Unidos, acusado de lavar dinero de narcotraficantes. Actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma. Espert reconoció que conoció a Machado a principios de 2019, meses antes de su postulación a presidente por el partido Unite en las elecciones de agosto de ese año.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
responsabilizó al sello partidario por el presunto apoyo logístico de Fred Machado,minutos después de la participación de Espert,Audiencia,José Luis Espert,Foco,,Campaña accidentada. Qué se sabe del vínculo de Espert con Fred Machado y la reacción del Gobierno,,»La confesión más obscena». La reacción de Grabois luego de que Espert se negara a confirmar si recibió o no US$200.000 de Fred Machado,,»Tiene que contestar claro». Bullrich insistió en su reclamo a Espert y pidió: «Hay que salvar al Presidente»,Audiencia,,Buscan a tres prófugos. Triple crimen: qué se sabe del traslado del ladero de Pequeño J y cómo avanza la investigación este jueves 2 de octubre,,»No son profesionales». Triple crimen: una perfiladora criminal aseguró que “Pequeño J. es igual de descartable que sus víctimas»,,“Es un ritual antes del sacrificio”. Un investigador del narcotráfico peruano explicó el modus operandi de las bandas y qué pasó con las chicas asesinadas
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