Lilita Carrió habló sobre Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en medio de las investigaciones de la Justicia por presuntas irregularidades en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). “Terminarán todos presos”, dijo en diálogo con ¿La Ves?

Las declaraciones de la dirigente de la Coalición Cívica se dan luego del hallazgo en la AFA de documentos que prueban pagos por $300 millones a Real Central SRL, la empresa que figura como dueña de la mansión ubicada Villa Rosa, Pilar, y que está en la mira de la Justicia. La documentación fue encontrada durante un allanamiento que ordenó el juez Luis Armella y quedó incorporada a las investigaciones en curso.

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En ese sentido, Carrió festejó que la Justicia y el ARCA estén investigando el caso, aunque agregó: “Con Toviggino no se meten. Toviggino (tesorero de la AFA) es Santiago del Estero, es Gerardo Zamora, y tiene dos senadores y cinco diputados”.

Sus dichos fueron en referencia a la necesidad del oficialismo de mantener aliados en el Congreso para poder tener quorum y avanzar con las reformas planteadas por Javier Milei para este 2026.

El vínculo de Tapia con Toviggino

Las críticas de Lilita Carrió se dieron en medio de la alianza política del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Claudio Tapia.

“Me parece mal que el gobernador de Buenos Aires se enchastre con todo esto”, dijo Carrió. Esto fue así porque el titular de la AFA estableció domicilio en la Provincia para escapar de la Inspección General de Justicia, que tienen en la mira los balances de los últimos años de la entidad por “deficiencia” en la rendición de cuentas.

Si efectivamente lograra establecerse en Pilar, dejaría de ser inspeccionado por la IGJ y pasaría a ser “controlado” por la PBA.

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En este contexto surge una incógnita sobre quién se hará cargo de la causa. De hecho, el juez de Campana Adrián González Charvay reclamó el expediente y la Cámara Federal de San Martín le concedió la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, que es atribuida a Pablo Toviggino.

Ahora la Cámara de Casación debe definir si la causa sigue en manos de González Charvay, como quieren en la AFA, o vuelve a Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico radicado en CABA.

Lilita Carrió, AFA, Chiqui Tapia

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Una fuerte polémica estalló en la Sociedad Rural Argentina (SRA) tras la circulación de una carta firmada por casi 100 socios que rechaza una eventual nueva reelección de su presidente, Nicolás Pino.

El texto denuncia un “retroceso institucional” y una “violación del estatuto”, argumentando que la alternancia es una garantía de salud democrática. Los firmantes sostuvieron que “la conducción actual fijó un límite de tres mandatos, ignorarlo hoy por conveniencia personal carece de integridad”, y advirtieron que los dirigentes no deben preocuparse más por “aferrarse a un sillón” que por promover nuevas voces.

Desde la conducción actual calificaron el contenido de la misiva como “erróneo” y aclararon que aún no se definió si Pino será candidato en las elecciones del 9 de septiembre. El propio presidente explicó que en 2023 se modificó el estatuto para limitar las reelecciones a tres períodos consecutivos y que la IGJ dictaminó que el cambio “empezaba a regir en ese entonces, a partir de la inscripción de la reforma”.

Bajo esta interpretación técnica, si Pino se postulara, este nuevo período se contabilizaría como el tercero y no como el cuarto, ya que la norma entró en vigencia durante su segundo mandato.

El enfrentamiento interno ocurre en un contexto donde otros dirigentes le reprochan a Pino su cercanía con el Gobierno y exigen un liderazgo más firme ante temas sensibles como las retenciones.

Al respecto, el presidente de la SRA desmintió rumores sobre una quita inmediata de los derechos de exportación tras consultar a Javier Milei y Luis Caputo, quienes le respondieron: “No, Nicolás, lamentablemente no podemos”. Pino señaló que el Ejecutivo ha “recalculado un montón de gastos” para no poner en riesgo el equilibrio fiscal tras los cambios en las reformas laboral, universitaria y de salud.

Finalmente, el Gobierno sostiene que no están dadas las condiciones para eliminar las retenciones debido al impacto en la recaudación y el cumplimiento de metas fiscales. Según el Iaraf, la quita definitiva para el complejo oleaginoso y cerealero tendría un costo de entre USD 1.460 millones y USd 1.600 millones, lo que equivale al 0,25% del PBI.

Mientras tanto, la conducción de la SRA deberá enfrentar desafíos como la alta carga impositiva y las oportunidades que abren los acuerdos comerciales con la Unión Europea-Mercosur y Estados Unidos.

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