El jefe de gobierno, Jorge Macri, encabeza esta mañana la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. En su discurso, el jefe de gobierno buscó ratificar el rumbo que adoptó en las últimas semanas de mayor control del espacio público, alivio fiscal y orden de las cuentas públicas para resistir el avance de la La Libertad Avanza (LLA).

Además de los legisladores porteños y funcionarios del gobierno de la ciudad, también se presentó a la apertura de sesiones el diputado nacional Cristian Ritondo, que preside el bloque de Pro en la Cámara de Diputados y conduce la filial bonaerense el partido.

“Vine a dar discusiones incómodas porque gobernar es decidir”, aseguró Macri. “Decidimos terminar con los piquetes y acampes para que los porteños y los que vienen todos los días puedan circular, ir a estudiar, trabajar o pasear libremente”, señaló el jefe de gobierno.

Macri también reivindicó el trabajo de la policía y la Justicia para avanzar con los desalojos de propiedades usurpadas en la ciudad -el sábado habría avanzado con la recuperación número 600- y celebró los avances del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para terminar con la intermerdiación de la asistencia social.

Así, el jefe de gobierno ratificó el perfil de “mano dura” que buscó profundizar a principios de año para hacer frente a los embates del oficialismo nacional, que ostenta la segunda minoría en el recinto y promete presionar por derecha a Pro en su tradicional bastión. La semana pasada, Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en el distrito, se reunió con el jefe de Gabinete nacional Manuel Adorni, para acordar 66 propuestas que llevarán a la Legislatura local.

“Orden es progreso. A la Ciudad de Buenos Aires no se viene a delinquir ni hacer destrozos”, sostuvo el jefe de gobierno, que volvió a celebrar la baja del 30% en el nivel de delitos en la ciudad.

El jefe de gobierno también se refirió a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Ciudad y, aunque no apuntó directamente contra Javier Milei, confirmó que, pese a las sucesivas negociaciones, aún no se han normalizado los pagos.

“Con la deuda que dejó Alberto Fernández, podríamos hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambus, la refacción integral de 800 escuelas, seguir actualizando el equipamiento de todos los hospitales y CESACs de la ciudad”, aseguró.

Es un reclamos para la administración libertaria, pero también un mensaje para el electorado que comparte con el sello violeta y al que deberá conquistar para ir por una relección en 2027, como planifica. Es que, además de los ejes de seguridad y orden, el alcalde buscó darle relieve a su perfil gestor y su inversión en obra pública, uno de los ejes sobre los que suele recibir críticas LLA.

“Estamos transformando la Dellepiane en la primera ”autopista parque» de la Ciudad. Ya avanzamos con el 50% de esta megaobra que va a reducir casi a la mitad el tiempo de viaje en hora pico y va a reconfigurar 160.000 m2 de espacio verde para los vecinos de Lugano, Flores y Parque Avellaneda», ejemplificó.

El jefe de gobierno apuesta a desmentir las acusaciones de la oposición, que durante el debate por el presupuesto 2026, cuestionó la falta de inversión y atención por los barrios del sur del distrito.

Noticia en desarrollo

El viernes pasado, el Senado aprobó en revisión la reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei y ahora sólo resta que el Presidente la promulgue y el texto se publique para que entre en vigencia.

Las leyes empiezan a regir luego de que el Poder Ejecutivo la promulga y se publica en el Boletín Oficial, para lo cual tiene 10 días hábiles.

La Constitución Nacional dice: “Aprobado por ambas [cámaras del Congreso], pasa [el proyecto] al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley”. Y precisa: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles”.

En cuanto a la publicación, la regla es que “las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”.

A partir de ese momento, las relaciones laborales se regirán con la nueva normativa. Milei ya adelantó su intención de firmar cuanto antes la promulgación.

Un interrogante es a qué relaciones laborales se aplicará: ¿rige solo para los contratos de trabajo que se celebren a partir de su entrada en vigencia o también a los que ya existen? En principio, se aplica a todos porque la ley no dice lo contrario -el kirchnerismo había pedido limitarla expresamente a las nuevas relaciones laborales-. Pero hay voces, como la del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que advierten que se trata de una reforma que reduce la protección legal de los trabajadores, que no pueden quedar sometidos a una aplicación retroactiva de la una ley regresiva. Esta lectura se basa en el principio constitucional de progresividad y no regresividad, que impide que un estado retroceda en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Según esta lectura, para casos, por ejemplo, de despidos sin causa debe mantenerse respecto de los contratos en curso el régimen más favorable vigente al momento de su celebración.

La reforma está agrupada en en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones.

Algunos de los puntos que incluye la futura ley son los siguientes:

Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).

Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.

Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Los críticos de este esquema advierten que con esta reducción de las contribuciones patronales se desfinanciará el actual sistema previsional para abaratar los despidos.

El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.

Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Respecto de las horas extra, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.

Este era el polémico artículo 44 de la iniciativa, incorporado por el Senado, que fue eliminado del proyecto que se discutirá en Diputados. Establecía que si un trabajador sufre un accidente o enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante 3 meses si no tiene personas a cargo o 6 meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente. Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos. Se regula el trámite de aviso de enfermedad y los controles médicos, incluyendo la facultad del empleador de designar médico y el uso de juntas médicas ante discrepancias. Al desaparecer este artículo, las licencias se seguirán pagando como en la actualidad.

Este punto recibió importantes modificaciones a favor de los gremios. Se mantendrá en el 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Permanece vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope baja al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias. Los empleadores seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación a los gremios. El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales (los sindicatos no lograron revertir el artículo que limita la ultraactividad de los convenios colectivos).

El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales. En el caso de los convenios que estuviesen vencidos, el Ministerio de Capital Humano convocará a las partes para renegociar dichos convenios. En los convenios vigentes por ultraactividad, por petición de cualquiera de las partes legitimadas, el PEN podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare que su aplicación genera distorsiones económicas graves.

El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad. Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales”, al menos el 50%. El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas: se incluyen, entre otros, los servicios educativos en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deberán prestar cobertura en un 100%. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.

El proyecto propone un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. La reglamentación correrá por cuenta del PEN una vez aprobada la ley.

En los hechos, sí, sostiene la oposición. El programa incluye la condonación de hasta el 70% de deudas por capital e intereses cuando esta tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.

El proyecto crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), programa que tendrá un año de duración. Por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo un 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones). Las nuevas incorporaciones deberán cumplir con alguna de estas condiciones: no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo o haber sido empleado público.

Se establece que los acuerdos entre trabajadores y empleadores que se firmen ante la Justicia o una autoridad laboral y sean homologados tendrán el mismo valor que una sentencia firme; es decir, no podrán reabrirse luego en los tribunales, lo que busca reducir la litigiosidad. Asimismo, se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos. En los juicios laborales, el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, no excederán del 25% del monto de la sentencia.

Se incorpora como anexo el convenio firmado entre la Nación y el gobierno porteño que establece el progresivo traspaso de la Justicia Nacional de Trabajo y la transferencia de las competencias y funciones en materia laboral ordinarias a la justicia porteña por un lado, y la derivación de competencias en materia laboral de carácter federal a los juzgados en lo contencioso administrativo federal. La Nación se compromete a transferir al gobierno porteño los recursos correspondientes.

IVA: se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial

Internos: se elimina el gravamen a productos electrónicos; objetos suntuarios; automotores, motos, aeronaves y embarcaciones; celulares; seguros, y servicios de comunicación audiovisual.

En 2028 se dará de baja el fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom. El texto original preveía su eliminación inmediata.

Se crea Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para incentivar medianas inversiones nacionales y extranjeras. Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada y devolución anticipada de IVA a inversiones. Regirá por dos años.

Está destinado a pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en la la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras destinadas a actividades productivas en el país. El monto de las inversiones varía según la envergadura de la empresa, de U$S 150.000 a U$S 9 millones.

Posibilita la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, es decir, permite a los beneficiarios depreciar sus inversiones productivas en plazos más cortos. Facilita, además, la devolución de saldos a favor de IVA generados por las inversiones, sujeta a un cupo presupuestario anual y a un plazo de tres períodos fiscales.