El peronismo atraviesa un momento de definición en la Provincia de Buenos Aires tras el lanzamiento del espacio Reconquista, impulsado por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. La nueva esfera cuenta con el apoyo del gobernador Axel Kicillof a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y con el respaldo de Cristina Kirchner, quien envió un audio manifestando su aval. El nuevo espacio busca articular la unidad del peronismo mientras enfrenta desafíos económicos y sociales en diferentes distritos. Fernández evalúa además la posibilidad de postularse como candidata a gobernadora, en un escenario donde la pregunta sobre el futuro del peronismo sigue abierta.

En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, Fernández enfatizó su responsabilidad en el contexto actual: “Como dirigente del peronismo y como intendenta de Moreno y habitante del conurbano, me siento muy responsable por lo que está pasando”. La jefa comunal explicó que junto a compañeros de militancia decidió avanzar en propuestas concretas: “No podemos ser espectadores de la situación de la provincia de Buenos Aires y del país, tenemos que hacernos cargo”.

Fernández confirmó que mantiene conversaciones con otros intendentes sobre eventuales candidaturas provinciales y acerca de la necesidad de dirimir liderazgos dentro del espacio: “Yo también puedo ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No todo tiene que ser una confrontación: otros intendentes tienen la iniciativa de recorrer la provincia con la idea de poder gobernarla”.

Asimismo, consultada sobre el futuro presidencial del país, la intendenta fue clara: “Hasta ahora Axel Kicillof es nuestro único candidato. Quiero que sea alguien del peronismo, que crea en la justicia social y el desarrollo industrial. Hasta ahora lo estoy apoyando”.

La unidad y la interna según Mariel Fernández

Al mismo tiempo, la intendenta afirmó que prefiere los consensos para definir candidaturas, pero no descarta la realización de internas en caso de desacuerdo: “Siempre son mejores los consensos. La persona que mejor exprese los intereses y tenga más intención de votos será la que acompañemos. Si no hay consenso, es totalmente legítimo que pueda haber una interna”.

Consultada sobre la gobernabilidad posterior a la definición de candidaturas, Fernández explicó: “Para gobernar tiene que estar la persona que la gente votó. Moreno es un municipio grande, muy complejo, con una diversidad política importante, y hemos conducido poniendo en el centro los problemas que hay que resolver, porque finalmente nos votan para eso”.

Aseguró que los principales problemas locales son la seguridad, la salud, y las necesidades alimentarias, subrayando que en Moreno “se demostró que es posible gobernar con la comunidad porque hay mucha participación”. Sostuvo además: “Si decimos que queremos resolver el tema de las calles, la seguridad, o el acompañamiento alimentario, todos tienen una tarea para hacer. Nadie sobra”.

Fernández remarcó el rol de la participación y el trabajo colectivo, invitando a quienes quieran sumarse: “Mientras trabajés, sumate. Hago una propuesta para trabajar y está integrado”.

La situación social y económica en Moreno

La jefa comunal describió la realidad social del municipio y afirmó que la pobreza “estalla”, aunque no siempre se expresa en conflictos abiertos. “Cuando recorrés cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, incluso la ciudad, hay más personas en situación de calle. En Moreno eso era puntual, ahora hay más. Hay gente rota. Por ahí no estalla en un conflicto, pero socialmente estalla: la cantidad de personas que piden trabajo es mucha”, sostuvo.

Consultada por la actividad económica, dio datos concretos: “La recaudación se cayó un 20% aproximadamente. Las pymes están haciendo un esfuerzo por no cerrar, pero es muy difícil competir con lo importado”. Explicó que las pymes tienen una organización familiar y funcionan casi como cooperativas.

En relación a la asistencia alimentaria, Fernández precisó: “Tenemos más de 600 comedores y unas 400 familias que van todos los días a pedir un bolsón de comida en Desarrollo de la Comunidad en Moreno. Estamos ocho meses atrasados en los pagos de proveedores de alimentos”. Reconoció que alternan distintos proveedores porque muchos no quieren seguir vendiendo, lo que constituye una dificultad grande para la gestión local.

El vínculo con los gobiernos provincial y nacional

Sobre la relación con las administraciones superiores, Fernández sentenció: “No tenemos ningún tipo de vínculo con el Gobierno nacional”. Contó una situación particular: “La otra vez mandamos una cuadrilla del municipio para limpiar las vías del tren, que es jurisdicción nacional, porque estaban muy sucias. Nos respondieron enviando la Policía Federal. Invierten en fuerzas represivas y no en lo que necesitamos”.

Aseguró que antes existía articulación para resolver problemas en el municipio, pero ahora no reciben respuesta ni pueden resolverlos a nivel local: “Moreno es el municipio del que soy responsable, pero esto se replica en toda la provincia”.

Fernández explicó que la limpieza de la autopista implica alquiler de maquinaria y personal por cuenta del municipio: “Si no lo hacemos nosotros, viviríamos en un basural”.

Al explicar el nombre del nuevo espacio, Fernández relató: “Reconquista primero porque en Moreno está la cuenca alta del río Reconquista, que atraviesa muchos municipios del conurbano y se llama así porque echamos a los ingleses allí”, concluyó.

mariel fernández – axel kicillof

Docentes universitarios dan clases públicas frente al departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Caballito, donde hay un operativo de seguridad de la Policía Federal. La protesta es impulsada por agrupaciones de izquierda, en reclamo de mayores fondos para las casas de altos estudios. La propiedad del jefe de Gabinete es una de las que está bajo la lupa de la Justicia.

Juan Duarte, docente de Psicología en el CBC de la UBA, dijo que las clases son frente “a una de las tantas propiedades del ‘deslomado’ Adorni, que supuestamente debería aplicar la Ley de Financiamiento Educativo, de 2024, para recomponer un poco la situación de la docencia universitaria, que está en una situación crítica”.

Duarte cuestionó, en declaraciones a Radio La Red: “Mientras no la aplican, nos deberían recomponer 55,4% de nuestro salario, solamente para volver a diciembre de 2023. Estamos en el punto más bajo de la historia salarial y presupuestaria en la universidad. También las becas estudiantiles son de $35 mil que cobran los estudiantes, no alcanza para nada”.

Manuel Adorni compró su departamento en Caballito por 230 mil dólares y dos jubiladas financiaron el 87%

La compra del inmueble fue el 18 de noviembre de 2025, por 230 mil dólares, y dos jubiladas le prestaron al funcionario el 87% del monto total de la operación. De acuerdo al Registro de la Propiedad Inmueble la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas (72 años, domiciliada en Flores) y Claudia Sbabo.

Ambas no solo figuraron como vendedoras sino también como acreedoras de un crédito hipotecario de USD 200 mil. Cada una aportó el 50% del préstamo, lo que permitió a Adorni completar la compra.

El informe registral, al que accedió La Nación, indica que el crédito quedó asentado a nombre de las dos jubiladas, que ahora figuran como acreedoras en partes iguales. Antes de esta operación el inmueble había sido propiedad del exfutbolista, Hugo Alberto Morales.

La compra del inmueble en Caballito no fue el único movimiento inmobiliario del jefe de Gabinete, en noviembre de 2025. Ese mismo mes adquirió además una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Esa propiedad figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción Adorni no informó la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco, lo que generó nuevas sospechas sobre la evolución de su patrimonio.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, le pidió al juez, Ariel Lijo, una serie de medidas de prueba en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. Entre esos requerimientos hay oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de identificar bienes no declarados tanto de Adorni como de su esposa.

Manuel Adorni

La firma Las Marías, reconocida por la producción de té y yerba mate, inició una demanda contra el gobierno de Misiones. La causa gira en torno a la constitucionalidad de los anticipos de ingresos brutos (IIBB) que la provincia cobra a empresas radicadas o que operan en su territorio.

Las operaciones se concretan a través de una serie de resoluciones de la Agencia Tributaria misionera. La normativa incluye un sistema de retenciones, percepciones y pagos a futuro. El sistema se conoce como la “aduana paralela” y ha sido objeto de muchas quejas.

Según consta en el expediente, Las Marías adujo que, en promedio, cada mes le detraen de sus cuentas bancarias unos $333 millones. A este monto lo contrastó con los $2 millones que, como media, tiene que pagar de ingresos brutos. La diferencia entre una cifra y otra es de 17.105%.

A este gravamen se le suman el anticipo que abarca a los productos que ingresen a la provincia para compraventa; la detracción que tiene que practicar a sus clientes por IIBB y el especial de percepción que deben abonar las plantas de procesamiento de materias primas.

Las Marías presentó en el caso judicial sus certificaciones contables. Allí quedó manifiesto que la aplicación de estos regímenes suma un importe promedio mensual de pagos a cuenta de $598 millones. Si se anualiza esta cifra, los anticipos llegan a $7.171 millones.

En el otro plato de la balanza están los $23 millones que la empresa debe pagar por IIBB.

De allí que la firma cuestione que lo que la Provincia le haya retenido y percibido es el 30.718% de la obligación definitiva. En tiempo, equivale a 307 años de impuestos adelantados. Las Marías contrastó esto con que, por estatuto, tiene 99 años de duración.

Las inversiones frustradas

En su demanda, la empresa puso sobre la mesa que esta exacción le impidió realizar inversiones en Corrientes.

En su plan de negocios, Las Marías se adhirió a un programa que había impulsado esta provincia para ampliar su producción yerbatera. Sin embargo, alegó que el “ilegítimo régimen de recaudación” de Misiones y la “sumergen en la incertidumbre” de no poder cumplir con el cronograma de inversión en Corrientes.

Por eso, solicitó que esta provincia también intervenga en el expediente judicial. Lo mismo requirió con la Nación, porque las resoluciones tributarias cuestionadas afectan el sistema de liquidación de divisas.

El Gobierno correntino se presentó en el expediente como «tercero». Esta figura prevista en el Código Procesal Civil permite participar en un juicio a quien acredite que la sentencia podría afectar su propio interés.

Corrientes adhirió al reclamo de Las Marías. En este sentido, alegó que la política tributaria misionera “afecta su autonomía” y “anulan o tornan inocuos” sus planes yerbateros a corto, mediano y largo plazo.

El impacto también llegaría a las expectativas de recaudación tributaria correntina, así como al empleo y las iniciativas privadas de inversión. El efecto global se sentiría también en el desarrollo de Corrientes, postuló la provincia en su intervención.

En esa línea, alegó que la situación planteada genera riesgos en el sistema financiero provincial y otros de “gravedad institucional”.

El estado de la causa

La empresa expuso que hasta comienzos de 2025 había tenido excepciones que le alivianaban la carga fiscal. Pero se cortaron de improviso.

Por eso inició la demanda. En un principio, había logrado que el Juzgado Federal de Paso de los Libres (Corrientes) dicte una medida cautelar para frenar la vigencia de la normativa impositiva. Sin embargo, luego el Tribunal se declaró incompetente y remitió el caso a la Corte. El criterio fue que la competencia originaria correspondía a esa instancia por involucrar a una provincia.

Cuando este trámite estaba en marcha, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones intervino. Se declaró competente y anuló la cautelar del Juzgado Federal de Paso de los Libres. La carga impositiva, entonces, volvió a recaer sobre la empresa.

La Procuración General de la Nación dictaminó hace unos meses que no se trata de un conflicto de competencia. Y que la Corte debe abocarse en el caso ya que hay una puja judicial que afecta a dos provincias.

Luego, el expediente pasó por la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte y entró en el giro de asuntos de las vocalías.