POLITICA
Secretos de la sanción del Presupuesto: el anticipo de Milei, la mesa de Adorni y los 8.034 pasos de Bullrich en el Senado
Es una anécdota, pero expone el esfuerzo personal y político del Gobierno para conseguir la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, en una sesión que terminó con un triunfo categórico de la administración de presidente Javier Milei en el Congreso.
“Caminé 8.034 pasos. Hice más de cinco kilómetros dentro del Senado”, contó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a su equipo más cercano, tras el final de una noche que había tenido al Gabinete a la expectativa de una jornada parlamentaria decisiva para la gestión. Caminó de ida y vuelta a los despachos de los senadores que tenían reparos en dar su voto. El artículo 30, que había pasado el filtro de la Cámara de Diputados, era el principal escollo para levantar la mano. Pero había otros reclamos y exigencias de recursos que llegaban desde las provincias.
En esa actitud remisa, había radicales, provinciales y tres peronistas que tenían sus reparos. Las gestiones con gobernadores y la mesa política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dieron el apoyo clave para destrabar la aprobación. También, el compromiso explícito de decisiones que vendrían después de la aprobación del Presupuesto y la Inocencia Fiscal.
El propio presidente Milei había anticipado este escenario. Era el 24 de octubre, faltaban dos días para las elecciones que terminaron con una victoria tan abultada como inesperada, incluso en la provincia de Buenos Aires, que en septiembre había tenido una catástrofe: el peronismo había ganado por más de 13 puntos.
Por su actualidad, vale reproducir el discurso que dio el Presidente en un coqueto museo del norte porteño ante la plana mayor JP Morgan:
“Días atrás —no sé si fue Toto— hizo un ejemplo maravilloso sobre una autopista. La realidad es que el carril que va hacia el lado de Cuba o de Venezuela son ruidosos, pero son una minoría. Son una minoría ruidosa, pero son una minoría. La gran mayoría quiere ir para el otro lado. La gran mayoría apunta al camino de la prosperidad.
Después, pueden tener versiones: más a la derecha, más a la izquierda, más a la derecha que le gusta acelerar más. Pero lo importante es que, de cara al nuevo Congreso que vamos a tener, eso va a ser mucho más fácil. No solo por cómo va a quedar la composición de lo que tiene que ver con nuestra fuerza política y la de nuestros aliados —que nos va a permitir defender los vetos con facilidad—, sino porque la estructura que va a quedar también nos va a permitir de manera más simple conseguir mayorías (…) nuestro objetivo es construir en Argentina el consenso capitalista que el país necesita desesperadamente para salir adelante (…) Pero siempre debemos tener en claro que el consenso es solo un medio, no un fin en sí mismo. Esto es una gran diferencia con la vieja política: el consenso era un fin en sí mismo, enriquecía a los políticos y empobrecía a los argentinos de bien (…) Somos optimistas, porque creemos que hoy, por primera vez en décadas, podemos conseguir un consenso en torno a la verdad y la prosperidad. Un consenso que produzca y no que deprede, un consenso que nos asegure un futuro mejor que el presente y mucho mejor que el pasado».
Ese discurso adquiere una actualidad singular. Por el momento en que se pronunció -cuando ni en el Gobierno preveían ganar con tanta diferencia, hasta en el enclave del kirchnerismo- como por la mayoría conseguida en la sesión de fin de año. Era una apuesta arriesgada: Milei necesitaba que el Presupuesto e Inocencia Fiscal se aprobara sin tocar una coma lo que había venido de Diputados. Ya en la Cámara baja el oficialismo había sufrido una derrota por un artículo similar al 30: era el 75, en su redacción original, que derogaba dos leyes traumáticas, la de discapacidad y financiamiento para universidades.
La orfebrería de la mayoría
La negociación para conseguir la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal estuvo concentrada, en el Senado, por Bullrich, y en el Gobierno, en una mesa política que encabezó Adorni para ordenar los reclamos y exigencias de los gobernadores, que fueron claves durante toda la jornada de ayer. Hubo cuatro votaciones clave: la aprobación del debate por títulos y no por artículos, como quería el kirchnerismo, la discusión en general; el voto en particular, sobre todo el referido al mentado artículo 30; y el rechazo a enviar a comisión el proyecto conocido como “dólares en el colchón”, que anticipó su sanción.
Las votaciones fueron 46 a 25 y 1 abstención, para el voto en general del Presupuesto; 42 a 28 y dos abstenciones, en particular el Título II, que contenía el artículo 30; y 43 a favor y 26 rechazos en Inocencia Fiscal. Son resultados que abren múltiples lecturas:
1-El Gobierno consiguió entre nueve y seis votos más que los 37 de la mayoría simple.
2-En todas las votaciones hubo tres votos peronistas, tal y como lo había anticipado Infobae la semana pasada. Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Son senadores que tienen como terminales a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, que están enfrentados a la conducción de Cristina Kirchner.
3-El kirchnerismo nunca bajó de los 25 votos, con lo cual tiene un voto más del tercio para bloquear mayorías agravadas, clave para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema.
4-Los tres votos del PRO se mantuvieron firmes con el Gobierno y de los 10 radicales, tres se desmarcaron: el bonaerense Maximiliano Abad, el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Favio Fama.
Acá aparece encarnada la frase anticipatoria de Milei ante el JP Morgan: «Nuestro objetivo es construir en Argentina el consenso capitalista».
¿Pero cómo se logró ese consenso? Fuentes del oficialismo que trabajaron en la negociación confirmaron a Infobae que hubo, primero, un compromiso de Adorni de que iba a adecuar las partidas presupuestarias para remover el 0 que había aparecido en el Presupuesto del Senado. Esa cifra había soliviantado a los senadores dialoguistas, que lo consideraron una señal de hostilidad. Es que son fondos que se destinan a pagar los pasajes y viáticos para viajar a sesionar y hacer funcionar los despachos.
De hecho, la propia vicepresidente Victoria Villarruel lo dijo públicamente. “En diciembre estamos en rojo”, advirtió. Fue una señal de alerta que Adorni desactivó rápido. Es que era una condición mínima para sentarse a conversar.
El rol del jefe de Gabinete, junto al del ministro del Interior, Diego Santilli, fueron claves para concentrar los reclamos de los gobernadores dialoguistas. Son los mismos que estuvieron en la mesa con el presidente Milei, después de la victoria electoral. A excepción de Gerardo Zamora, que en esa oportunidad fue como mandatario provincial, pero ya sentado como senador, decidió votar en contra del Gobierno.
Hasta Córdoba, que el gobernador Martín Llaryora venía reclamando fondos para su provincia -atravesada por fuertes urgencias presupuestarias- hizo un aporte, al abstenerse la senadora Alejandra Vigo, desmarcándose del bloque kirchnerista. “Se terminaron las diagonales. Hubo una negociación concentrada tanto en el Gobierno como en el Senado, para evitar la superposición de actores”, explicaron en la Casa Rosada.
Las fuentes destacaron que la mesa política que condujeron Adorni y Santilli, con Javier y Karina Milei desde Olivos, facilitaron que la materialización de esa “coalición para las reformas” que había planteado como objetivo la Casa Rosada, y que también era una sugerencia de la administración de Donald Trump. La aprobación fue una señal política, pero también económica. El ministro Luis “Toto” Caputo, que necesita salir al mercado para conseguir financiamiento para cancelar un vencimiento de deuda en 10 días, fue otro de los que participó de esa negociación, con más concesiones y flexibilidad. Imposiciones surgidas de la necesidad.
Lo cierto es que, junto al oficialismo, el PRO y la UCR, todos los gobernadores jugaron sus fichas y aportaron a la sanción del Presupuesto y la Inocencia Fiscal. El salteño Gustavo Sáenz, siempre proverbial, se había quejado de que estaba todo muy bien, “pero el poncho no aparece”. Por el resultado que se vio anoche, en la agonía del año parlamentario, el poncho apareció.
POLITICA
Reforma laboral: qué dice la reglamentación de la ley y cuáles son los principales cambios para el trabajador
El Gobierno reglamentó esta madrugada la ley de Modernización Laboral y promulgó la misma bajo el N° 27.802 a través de Boletín Oficial. Esta formalización ocurrió luego del debate parlamentario que se extendió por varias jornadas y la sanción definitiva en el Senado el 27 de febrero. El oficialismo consiguió uno de sus mayores logros durante las sesiones extraordinadas convocadas por el presidente Javier Milei.
Entre los ejes centrales del texto oficial, se destacan los cambios en la registración laboral, la organización de la jornada, el régimen de indemnizaciones y la estructura de aportes patronales y sindicales. El nuevo esquema se aplica sobre los siguientes puntos:
Jornada laboral
- Se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas siempre mediante acuerdo escrito entre empleadores y empleados y la creación del banco de horas permitirá compensar horas extraordinarias con descansos. La organización de la jornada deberá respetar los límites legales y el descanso de al menos 12 horas entre turnos.
- Queda ratificado que el pago de salarios solo podrá realizarse a través de bancos o entidades oficiales de ahorro, excluyendo la utilización de billeteras virtuales.
- Respecto a los sueldos, la reforma incorporó el “salario dinámico”, que puede ser pactado en los convenios colectivos y que ata la remuneración al rendimiento o mérito individual.
- La digitalización obligatoria de los libros laborales tendrán plena validez y deberán conservarse durante una década. El registro de la relación de trabajo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar el vínculo, sin exigir trámites adicionales en otros organismos.
Aportes patronales y sindicales
- Los aportes de las empresas a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y serán voluntarios desde enero de 2028.
- Para los sindicatos, los aportes de los trabajadores, tanto afiliados como no afiliados, no podrán exceder el 2%.
- Se mantiene el aporte obligatorio del 6% destinado a las obras sociales. Además, la norma elimina la facultad de los empleadores para actuar como agentes de retención de cuotas sindicales sin consentimiento expreso.
- Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar la adopción de tecnología y la expansión empresarial, en línea con la reducción de cargas sociales.
Indemnizaciones y vacaciones
- El cálculo de la indemnización por despido sin causa solo contemplará la remuneración mensual, normal y habitual, dejando fuera el aguinaldo y las vacaciones.
- La ley fija que la indemnización será la única reparación por el despido y dispone un nuevo sistema de actualización de créditos laborales, que se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.
- La norma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que cubrirá los costos de las desvinculaciones y se financiará con aportes mensuales de los empleadores: 1% de las remuneraciones para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá aumentar estos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, previa aprobación de la Comisión Bicameral.
- Los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese laboral con sistemas de capitalización individual.
- El período estival mantiene su intervalo habitual entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque las partes podrán pactar su disfrute fuera de ese plazo en tramos de al menos siete días consecutivos.
Eliminación de multas
- La reforma elimina las multas establecidas en la Ley 24.013 para los casos de empleo no registrado o registración deficiente. A cambio, se reafirma un régimen de incentivos para la regularización, que permite a los empleadores blanquear personal sin abonar sanciones, aunque deberán pagar las diferencias salariales y previsionales correspondientes al período no registrado.
- Programa de Promoción del Empleo Registrado, establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.
- Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o ex trabajadores públicos.
Juicios
- La reforma introduce nuevos criterios para el pago de sentencias judiciales laborales. Las grandes empresas podrán cancelar condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que para las MiPyMEs y empleadores individuales el plazo podrá extenderse hasta doce cuotas.
La normativa tocó otros puntos de la ley anterior (20.744), tales como la redefinición del ámbito de aplicación de la ley, ampliando el listado de grupos de trabajores a los cuales no se aplica. Por ejemplo, “a los trabajadores independientes y sus colaboradores” y “prestadores independientes de plataformas tecnológicas conforme la regulación específica”.
A su vez, se incorporó el derecho a la formación profesional y a la promoción en condiciones igualitarias como derecho fundamental de todo trabajador. Por último el derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad. Y en servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamientoal 50%.
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POLITICA
Las propiedades del ex senador Edgardo Kueider están abandonadas y acumulan deudas millonarias
A través de la empresa Betail SA, Edgardo Kueider había adquirido propiedades en el complejo Live. Eran un semipiso, un departamento de dos dormitorios y otro de uno en uno de los edificios más lujosos de la capital provincial. Además, poseía dos cocheras, un bien escaso en la zona céntrica. La valuación global de mercado de las propiedades supera el medio millón de dólares.
Tras su detención, los bienes quedaron abandonados. Según pudo establecer Infobae, los inmuebles acumulan más de 14 meses de gastos comunes impagos. La mora comenzó con la boleta de las expensas de noviembre de 2024 que vencían al mes siguiente. El martes 4 de diciembre, Kueider fue detenido en Paraguay. Intentaba pasar USD 200 mil en efectivo sin declarar. También cayó su pareja, Iara Guinsel, responsable de atender estos gastos.
En total, la deuda de los departamentos y las cocheras se ubica en $7,3 millones de pesos a febrero 2026. El monto, que incluye capital e intereses acumulados, fue confirmado a este medio por dos fuentes diferentes y sin contacto entre sí. “Es un clavo”, graficó una de ellas.
La puerta del semipiso en el último piso del Live aún tiene restos de las fajas de clausura que colocó la Justicia luego de realizar un allanamiento. Como cuando se concretaron los operativos hubo que ingresar a la fuerza, la puerta se sostiene con un alambre. Nadie vive en ellos. Los vecinos no se atreven a acercarse.
Pagadios
La administración del edificio no logra acceder a ningún responsable, directo o indirecto, que pueda hacerse cargo de estas erogaciones pendientes. Kueider está detenido en Paraguay junto con Guinsel, que era la que mes a mes cancelaba los compromisos. El otro socio de Betail SA, Daniel «Gonzalito» González fue excarcelado pero no tiene ingresos. Es empleado de la Biblioteca del Congreso mas no cobra su sueldo por estar sumariado.
Hasta ahora, la parte que debería recaudarse de los departamentos y cocheras de Kueider se atiende con el fondo de reserva. A pesar de la queja del resto de los propietarios, no hay mucho más qué hacer. Es que el Edificio Live aún no ha terminado su proceso de constitución en propiedad horizontal. Por lo tanto, aún no tiene un consorcio ni puede ejecutar la deuda.
Mientras, la columna del debe crece. La desarrolladora que construyó el edificio CDS (Cavalli, Dujovne y Szczech) tiene la posibilidad de iniciar algún tipo de acción contra el exsenador para intentar cobrar algo. Pero no lo ha hecho, consignaron las fuentes que accedieron a hablar con Infobae.
Además, se prefigura un conflicto adicional. Si el fideicomiso que construyó el Live completa los trámites pendientes (planos de construcción, de electricidad y esquema de bomberos, entre otros) y queda todo listo para escriturar ¿quién firmará por Kueider? En el mientras tanto, los dueños de las distintas unidades solo detentan un boleto de compraventa.
Si el consorcio estuviera constituido, los departamentos y las cocheras de Kueider podrían ser puestos a remate para cubrir la deuda de gastos comunes.
El lugar de los departamentos en la trama
Los inmuebles en el Live a nombre de Betail SA habrían sido una maniobra para lavar dinero proveniente de fuentes espurias. Esa es la hipótesis que registrar la investigación contra Kueider por enriquecimiento ilícito que se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. El expediente está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernándo Domínguez.
Como sostén de esa conjetura se han acumulado testimoniales y pruebas materiales en la pesquisa.
Alejando y Ariel Lifschitz y Matías Pérez están vinculados a la firma Cadus SAS que administra el fideicomiso del edificio. Los tres “afirmaron que fue Edgardo Kueider la persona que negoció la compra y finalmente entregó en las oficinas de la ciudad de Paraná gran cantidad de dinero en efectivo para la adquisición de las unidades”, consigna el expediente judicial.
Alejandro puntualizó: “La negociación de la compraventa fue entre mi hermano Ari, yo y Kueider”. Luego, agregó que en marzo de 2021, el entonces senador Kueider se decidió y “abonó en efectivo” la compra del departamento de dos dormitorios. En mayo sumaría el de uno y en octubre, por último, agregaría el semipiso.
Su hermano Ariel añadió un detalle al pago de los inmuebles en billetes constantes y sonantes: “Demoramos bastante en contarlos”.
En otro tramo del expediente judicial, se cita un informe de AFIP (hoy ARCA). Allí se describe que durante el período 2020 a 2023, Kueider no registró emisión de facturas. Asimismo, indicó que en 2021 tuvo ingresos salariales por $4.114.023,59; en 2022, $ 6.704.690,99 y que en 2023 cobró haberes totales por $16.757.765,47.
El fiscal Domínguez resaltó: “Lo pagado en el año 2021 para la compra de los departamentos ($20.000.000) representa casi 5 veces los salarios obtenidos por Kueider en todo ese año”. Por eso, razonó: “Es claro que (el exsenador) no tenía manera de invertir esas sumas de dinero en efectivo, sin levantar fuertes sospechas, en la compra de tres departamentos a estrenar con sus cocheras anexas”.
La hipótesis de la investigación es que el exrepresentante entrerriano “habría tejido una red de personas interpuestas y una sociedad pantalla (Betail) para ejecutar, bajo su ropaje, una serie de maniobras destinadas a fingir ingresos inexistentes y disimular la ilícita procedencia del dinero utilizado para la compra de aquellos departamentos”.
La teoría del caso de la Justicia Federal de San Isidro es que el origen de los fondos que manejaba Kueider, o al menos parte de ellos, provenía del pago de coimas realizado por la empresa Securitas. La firma de seguridad está bajo sospecha tras una auditoría interna que reveló una trama de sobornos para quedarse con contratos de empresas y organismos públicos. Una de ellas era Enersa, la estatal eléctrica de Entre Ríos.
POLITICA
El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral a una semana de su aprobación en el Senado
Luego de que el Gobierno cerrara el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación con la aprobación de la reforma laboral, este viernes se promulgó la denominada Ley de Modernización Laboral. Después de una semana puliendo detalles, la medida fue publicada en el Boletín Oficial.
La norma, que fue registrada como Ley Nº 27.802, comenzó a regir esta madrugada, apenas se emitió el Decreto 137/2026, que contó con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, dictaminaron al ordenar que la medida también quede asentada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.
De la misma manera, los detalles de la Ley de Modernización Laboral quedaron disponibles en el sitio oficial del Boletín Oficial. La norma fue publicada con un total de 25 capítulos luego de que fuera sometida a una serie de revisiones que resultaron en la eliminación de los artículos que planteaban una modificación en el régimen de licencias médicas.
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En este sentido, la mayor cantidad de cambios se daría en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada laboral, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.
Indemnizaciones y salario
A partir de la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, se introdujo una batería de modificaciones en la legislación laboral, con el propósito de abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones. Este nuevo esquema excluyó del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, a la vez que estableció un piso mínimo y un máximo.
El rediseño del régimen estableció que la indemnización por despido no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo de la actividad correspondiente. Para el mínimo, fijó un piso del 67% de la remuneración habitual. Si la aplicación del tope convencional reduce la base salarial a una cifra inferior, dicha reducción no podrá superar el 33%.
Otra de las modificaciones prevé que las grandes empresas puedan abonar las sumas derivadas de sentencias de despidos en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con la posibilidad de extenderse hasta 12 cuotas. Además, se incorporó un esquema de actualización de las indemnizaciones judiciales solo por inflación, con un adicional del 3% anual.
También se crearán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados de manera obligatoria con el 1% de las contribuciones patronales en el caso de grandes empresas y el 2,5% para pymes. Estos fondos garantizarán el pago de las indemnizaciones a través de cuentas inembargables, bajo control directo de la Comisión Nacional de Valores.
Respecto a los salarios, la reforma incorporó el “salario dinámico”, que puede ser pactado en los convenios colectivos y que ata la remuneración al rendimiento o mérito individual. Asimismo, se estableció que el pago deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria.
Vacaciones y jornada laboral
En materia de vacaciones, la nueva norma sostiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril. No obstante, permite que ambas partes acuerden su fraccionamiento, siempre y cuando el período no sea inferior a siete días corridos.
Por otro lado, se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas, a condición de que exista acuerdo voluntario en esquemas flexibles como bancos de horas y se garantice un descanso de al menos 12 horas entre turnos. Además, incorporó la posibilidad de contratar trabajadores a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa.
Derechos colectivos y sindicatos
El sistema prevé que la cuota solidaria sindical seguirá siendo deducida por los empleadores, aunque ahora con un tope del 2% del salario mensual. No obstante, en el plano de la negociación colectiva, la reforma otorgará prioridad a los acuerdos de empresa o regionales sobre los convenios por rama. Además, debilita la vigencia automática —la llamada “ultraactividad”— de las obligaciones que persistían más allá de la validez formal de los convenios.
El derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad.
En el caso de los denominados servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamiento al 50%.
Para la realización de asambleas de trabajadores que puedan afectar el funcionamiento de la empresa, se demandará una autorización previa del empleador.
Beneficios para formalizar empleos y el régimen de inversiones medias
La reforma introdujo el Programa de Promoción del Empleo Registrado y establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.
En paralelo, se agregará el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o extrabajadores públicos.
Por último, las medianas inversiones tendrán un tratamiento diferencial, ya que contarán con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA. Este régimen regirá por dos años y estará disponible para empresas que inviertan entre USD 150.000 y USD 9 millones en bienes muebles nuevos o en obras productivas, con la excepción de automóviles.
En busca de reducir la litigiosidad, la iniciativa determinó que los acuerdos laborales homologados judicialmente tendrán fuerza de sentencia firme y que los honorarios profesionales no podrán superar el 25% del monto reclamado. Finalmente, se ordenó que la Justicia Nacional del Trabajo realice un traspaso progresivo a la órbita judicial de la ciudad de Buenos Aires o Federal.
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