POLITICA
Según la CPM, «la reforma de la Policía Federal es inconstitucional y atenta contra la democracia»
“La reforma del estatuto de la Policía Federal Argentina no profesionaliza ni moderniza a la fuerza, como se anunció, sino que refuerza una lógica de control social y territorial”, sostuvo Roberto Cipriano. El dirigente explicó que, si bien el estatuto actual data de 1958 y efectivamente requería una actualización, la modificación actual “no apunta a generar una policía federal capaz de investigar delitos complejos, como se había planteado, sino que fortalece atribuciones propias de una fuerza de seguridad destinada a reprimir la protesta y vigilar a los sectores más vulnerables”.
En este sentido, denunció que se están otorgando facultades para demorar personas, hacer cacheos callejeros sin orden judicial y realizar ciberpatrullajes que, según el secretario, ya se han traducido en inteligencia ilegal. “Esto no es nuevo, pero en lugar de acotarlo, lo están institucionalizando y profundizando”, alertó.
Asimismo, Cipriano remarcó que estas prácticas afectan directamente a derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. “Lo que estamos viendo es un avance claro hacia el autoritarismo. El protocolo antipiquetes, la represión selectiva a periodistas y el control de los medios de comunicación críticos son parte de una misma lógica”, advirtió.
Desde su mirada, la reforma también vulnera el marco legal establecido tras la vuelta a la democracia, especialmente la ley de Seguridad Interior. “El gobierno pretende justificar esta modificación con la declaración de una supuesta emergencia administrativa, pero lo cierto es que la emergencia en seguridad no fue aprobada por el Congreso de la Nación Argentina. Hay una ‘trampa’ legal que utiliza un DNU para avanzar sobre facultades que requieren una ley”, explicó.
Además, Cipriano mostró preocupación por el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. “Se están borrando las fronteras entre la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, y eso es peligroso. La experiencia argentina en este sentido debería servirnos de advertencia”, sostuvo.
En relación al rol de los gobernadores, afirmó que tienen la potestad de rechazar la intervención de fuerzas federales en sus territorios, ya que según la ley, solo pueden hacerlo a pedido expreso del mandatario provincial y en situaciones de extrema gravedad. “Sin embargo, el gobierno nacional ya ha intervenido en territorio bonaerense sin ese consentimiento, como ocurrió en Puente Pueyrredón y Puente Saavedra”, denunció.
Consultado sobre las acciones judiciales, Cipriano expresó su desconfianza hacia el rol del Poder Judicial. “No está actuando como un contrapeso del Ejecutivo. Hemos presentado más de 40 denuncias por violaciones a los derechos en el marco del protocolo antipiquetes, y prácticamente ninguna avanzó”, aseguró.
Según, la, CPM,,
POLITICA
Córdoba: Identificaron a 12 personas desaparecidas enterradas en el emblemático predio de La Perla
CÓRDOBA.- A días de que se cumplan 50 años del último golpe militar, el Juzgado Federal 3 de Córdoba comunicó que se logró la identificación genética de 12 personas que estaban desaparecidas a partir de restos hallados durante excavaciones realizadas el año pasado en terrenos de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.
En un comunicado oficial, la Justicia precisó que el resultado surge de los análisis realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja detalló que se trata de un “resultado parcial» de las investigaciones y afirmó que, una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos de las víctimas, habrá mayores precisiones públicas sobre las identidades confirmadas.
Las excavaciones en el sector denominado “Loma del Torito” se realizaron entre septiembre y noviembre pasados como parte de las investigaciones judiciales destinadas a localizar e identificar restos de personas desaparecidas durante la última dictadura.
En esas excavaciones se encontraron un fémur y partes de cráneos, entre otros fragmentos óseos. Oportunamente Silvana Turner, integrante del EAAF, indicó que el hallazgo fue posible gracias a “un sistema con imágenes comparadas que permitió identificar diferencias en el sedimento alterado”.
Las excavaciones se realizaron en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace casi 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.
El Equipo de Antropología Forense, apuntó el Juez al momento de esos hallazgos, ha desplegado un “método extraordinario” de exploración en las 3.200 hectáreas de La Perla, utilizando tecnología de punta, como un avión equipado con un sistema láser, para identificar fosas clandestinas.
El centro clandestino La Perla funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978.
Según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, ya que era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.
realizadas el año pasado,Luciano Benjamín Menéndez,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
La Cámpora evalúa marchar a Comodoro Py cuando Cristina Kirchner declare por la causa Cuadernos
El próximo martes, la expresidenta Cristina Kirchner declarará en Comodoro Py por la causa Cuadernos. Ante este escenario, sectores del kirchnerismo evalúan movilizarse para manifestar su apoyo bajo la consigna “Cristina Libre”, buscando establecer un paralelismo con el movimiento brasileño “Lula Livre”.
Si bien un referente bonaerense señaló a TN que “todavía no está definido, pero es altamente probable”, en las filas K coinciden en la necesidad de no quedarse quietos frente a lo que consideran una condena “injusta para lograr la proscripción”.
La estrategia del sector duro consiste en sostener a la exmandataria como la “líder indiscutida” del peronismo y su “candidata natural”, a pesar de que la Corte Suprema dejó firme su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta.
Esta postura busca remarcar que no existe una opción superador dentro del espacio, enviando un mensaje directo al gobernador Axel Kicillof de cara a 2027. Según afirman desde su entorno, el objetivo es “vencer la cultura de la resignación” y evitar que se naturalice su actual situación de prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
En el análisis interno, el kirchnerismo reconoce un “problema con la sociedad”, pero desliga de esta responsabilidad a la gestión de la expresidenta, atribuyéndolo al “saldo de la gestión de Alberto (Fernández)”.
La reacción de Eduardo Feinmann al debut actoral de Alberto Fernández: “Está al pedo esperando ir a la cárcel”
Bajo este argumento, sostienen que ningún otro dirigente, incluidos Sergio Massa o el propio Kicillof, puede quitarse ese estigma. Por tal motivo, aseguran que durante este año no se presentarán nombres propios explícitos para las próximas elecciones, sino que los dirigentes deberán realizar posicionamientos para acumular méritos hacia la disputa electoral futura.
Tras la declaración de Kirchner, será el turno del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el marco del mismo expediente. La defensa técnica y política de la ex jefa de Estado insiste en que las causas judiciales forman parte de una persecución, mientras que la Justicia avanza tras las sentencias firmes.
Por ahora, los laderos de la actual presidenta del Partido Justicialista aguardan definiciones concretas para los próximos días, afirmando que “hay que avanzar con la consigna ‘Cristina Libre’, de manera permanente”.
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Causa Cuadernos,Condena,Cristina Kirchner,La Campora
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió la declaración indagatoria del jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, Hernán Daniel Díaz, acusado de impedir a las autoridades el acceso a los correos electrónicos de la firma investigada en la causa por la venta de medicamentos con supuestos sobreprecios y cartelización a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En este expediente está proceso el extitular de la Andis Diego Spagnuolo y otras 18 personas. Otros procesados son Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, entre otros, implicados en supuestas negociaciones ilícitas con la entidad.
La investigación reveló un esquema de corrupción que involucra la manipulación de compras y supuestamente comprometió los recursos destinados a personas con discapacidad.
En los albores de este expediente, iniciado luego de que se difundieron audios que mencionaban el cobro de coimas del 3% del precio por parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el juez federal Sebastián Casanello allanó la droguería Suizo Argentina. Era una de las firmas proveedoras de los medicamentos.
En ese procedimiento Iglesias intervino para impedir el acceso al servidor de mails de la empresa, por lo que fue denunciado por Casanello por resistencia a la autoridad.
Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2025, durante el allanamiento en la empresa situada en la avenida Monroe 801 de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de la medida era realizar una “copia espejo” de los correos electrónicos institucionales de una decena de directivos de la firma para recabar evidencia digital sobre el caso investigado.
Durante el operativo, el personal de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad identificó a Hernán Díaz como la única persona presente con los privilegios de administrador y los conocimientos técnicos necesarios para acceder al sistema.
Cuando los agentes le solicitaron que realizara el “blanqueo de claves” (reseteo de contraseñas) para poder exportar los correos, Díaz reconoció saber cómo hacerlo, pero se negó a colaborar.
Según consta en el acta del procedimiento, el jefe de sistemas se justificó afirmando que carecía de “la autorización”.
Para el fiscal Rívolo, el argumento de Díaz no tiene sustento legal frente a un mandato judicial. “La invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye, en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público”, dijo.
El fiscal remarcó que la medida se encontraba amparada en una orden legítima, clara y vigente.
Además, destacó que la negativa de Díaz provocó un daño directo a la investigación en curso, ya que la Justicia no pudo acceder a las casillas de correo requeridas.
“La actitud adoptada por Hernán Daniel Díaz obstruyó el procedimiento en lo que se refiere al blanqueamiento de las claves y comprometió su éxito”, explicó el fiscal Rívolo.
Ahora será el juez federal Julián Ercolini quien decidirá si avanza sobre el empleado de la droguería Suizo Argentina.
El expediente de la causa ANDIS está ahora en manos del juez federal Ariel Lijo con la intervención del fiscal Franco Picardi. El fiscal, tras los primeros procesamientos, trabaja en una segunda etapa sobre la operatoria de los laboratorios y droguerías que proporcionaban los medicamentos, incluida la Suizo Argentina, pero aún no pidió ninguna medida.
En paralelo, la Cámara Federal analiza los procesamientos de los funcionarios y empresarios y los planteos de las defensas para declarar nula la causa por el origen de los audios, que se conocieron al inicio de la investigación.
Hernán Cappiello,Conforme a
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