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Según una auditoría, 670 universidades e instituciones adeudan la rendición de $33.000 millones en subsidios científicos

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Un relevamiento realizado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Leandro Genua, identificó, a través de una auditoría, que 672 instituciones beneficiarias de programas y convenios del ex Ministerio mantienen pendientes rendiciones de fondos públicos por un total de $33.000.000.000 según consta en la Resolución N° 10/2025 publicada en el Boletín Oficial. Entre las entidades con mayores deudas figuran universidades nacionales y organismos provinciales de investigación. Según la documentación a la que accedió Infobae, entre las universidades e instituciones que adeudan que se encuentran en esta situación, figuran: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) encabeza la lista con $902.715.606 sin justificar, seguida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con $896.272.705 y la Universidad Nacional Arturo Jauretche con $683.308.996. También presentan saldos sin rendir la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín (Unsam) y la Universidad Nacional de Hurlingham, todas por montos superiores a $430 millones, junto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), con $436.004.115.En paralelo al diagnóstico financiero, La Libertad Avanza decidió prorrogar subsidios de la línea de Gastos Extraordinarios y se extendieron convenios como el del Programa Nacional de Bioprospección y Biodiversidad, suscripto con el Parque Tecnológico Puerto Madryn.

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También se ajustaron los plazos para la rendición de subsidios otorgados al Plan Pampa Azul, que articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales, incluyendo el fortalecimiento de la soberanía nacional sobre el mar y al Programa Federal Equipar Ciencia, y la convocatoria “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”.

Asimismo, se dieron de baja convenios vencidos en el marco del Programa Federal Construir Ciencia y del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT), requiriendo la devolución de fondos no ejecutados. La nueva resolución extiende hasta el 30 de junio de 2025 el plazo para que las instituciones beneficiarias rindan cuentas o reintegren los fondos no utilizados, incluidos los intereses generados por colocaciones financieras, cuando estos estén previstos. El plazo es de carácter improrrogable y, vencido, se procederá a iniciar acciones de recupero por vía administrativa o judicial.

El proceso de revisión de fondos se enmarca en la política de racionalización del gasto público

El proceso de revisión de fondos se enmarca en la política de racionalización del gasto público impulsada por el Gobierno nacional desde el 10 diciembre de 2023. Según la Resolución 10/2025, la medida responde al objetivo de ordenar las cuentas públicas, tras la transferencia de competencias del ex Ministerio de Ciencia a la Jefatura de Gabinete de Ministros, establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8/2023 del presidente Javier Milei.

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En ese contexto, Guillermo Francos, instruyó al secretario Darío Leandro Genua para realizar una evaluación integral de los programas y proyectos vigentes en el área científica, muchos de los cuales mostraban ejecución parcial, plazos vencidos o fondos sin rendir.

La tarea fue formalizada mediante la Resolución N° 10/2025, que otorgó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la potestad para reestructurar y rediseñar las líneas de financiamiento. Según la resolución, “vencido el plazo del 30 de junio de 2025, no se otorgarán nuevas prórrogas ni extensiones”, y “de no haberse efectuado la correspondiente rendición de los fondos transferidos y/o reintegrado las sumas no ejecutadas, se iniciarán las acciones de recupero pertinentes”. La Jefatura de Gabinete, tal como informó este medio, ya había publicado una resolución que obligaba a evaluar la justificación de acuerdos que el kirchnerismo otorgó a organizaciones sociales y entidades científicas y universidades para programas científicos y tecnológicos que no se ejecutaron o rindieron y que involucraban un monto de $1.867 millones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos ordenó una serie de auditorías sobre subsidios entregados por la administración anterior REUTERS/Mariana Nedelcu

En la Resolución 2025/10 se dejaba constancia de que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología decidió evaluar la continuidad de aquellos programas y actividades que no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina. Están relacionados con entidades ligadas a la economía popular que orientaban líderes piqueteros como Emilio Pérsico y de universidades como las de Buenos Aires, Lanús, La Plata y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.

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Con respecto a las iniciativas vinculadas al sector social, aparece la eliminación de la Convocatoria de proyectos de actualización tecnológica para la Economía Popular, destinado a cubrir la compra de equipamiento de Unidades Productivas de la Economía Popular (cooperativas ligadas a líderes piqueteros), pasajes y viáticos de los integrantes de los proyectos y la contratación de servicios técnicos, que según los cálculos oficiales significará un ahorro de $ 1.200.000.000.

El gobierno cuestiona subsidios otorgados para desarrollo científico a organizaciones de la economía popular

De esta manera, se destaca el plan denominado “Plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias de la Economía Popular”, adjudicado a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros (ligada a Juan Grabois) por $ 6.400.000, el de “Fortalecimiento de registro y comunicación de la federación de cooperativas de trabajo Evita”, adjudicado a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA (ligada a Emilio Pérsico) por $ 7.750.121 y “Taller de madera”, Adjudicado a la Asociación Civil Néstor Vive Varela, que recibió $ 10.000.000.

También está previsto eliminar el programa de Subsidios Institucionales, “que utilizaba fondos públicos para el sostenimiento de instituciones no estatales sin fines de lucro dedicadas al desarrollo y/o promoción de actividades de investigación científica y tecnológica en el país”. Dentro del mismo se encontraba, por ejemplo, el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, que recibió en 2023 $ 1.300.000 para el pago de gastos de funcionamiento como gastos generales (luz, gas, etc.), salarios o locaciones de servicios de personal administrativo, alquileres, mantenimiento de edificios, pago de seguros y vigilancia.

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La administración de Javier Milei audita subsidios otorgados a universidades e instituciones que no fueron rendidos REUTERS/Matias Baglietto

Al dejar sin efecto el Programa de Subsidios Extraordinarios, que surgió para financiar gastos extraordinarios relacionados con actividades científico-tecnológicas, el ahorro, según estiman en el Poder Ejecutivo, será aún mayor. Alcanza los $ 491.600.101 e incluye lo que se le pagaba a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo por $ 39.955.000, para el “Ante Proyecto para el Diseño Museográfico de la Casa por la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos”.

Desde la Casa Rosada se asegura que con estas medidas, la Secretaría de Innovación busca consolidar un nuevo esquema de financiamiento científico centrado en la transparencia y la eficiencia presupuestaria.

El Poder Ejecutivo considera que “la unificación del tratamiento de todos los programas, proyectos, iniciativas y convenios en situaciones similares permitirá trazar una línea de acción única para el ordenamiento contable”.

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El gobierno asegura que no restringirá subsidios a la investigación científica (credito Bayer)

Según fuentes oficiales, la decisión de exigir el reintegro o la rendición de los fondos no ejecutados responde a un criterio de legalidad y control del gasto público, no a una evaluación del destino científico de los proyectos. Desde la administración actual también se sostiene que, en muchos casos, las instituciones solicitaban plazos adicionales para rendir porque los montos estaban “colocados en instrumentos financieros”, lo que representa —según argumentan— una “desviación del fin público original” de los subsidios.

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Última sesión ordinaria en el Senado: UxP buscará sancionar la ley de DNU, pero los libertarios se oponen

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La bancada de Unión por la Patria (UxP) en el Senado ya prepara la última sesión antes del recambio legislativo.

José Mayans intentará juntar a sus 34 senadores y a otros legisladores para alcanzar los 37 para el quórum y abrir el Senado nacional el próximo miércoles 19 de noviembre.

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No será una tarea fácil, los resultados electorales del pasado 26 de octubre impactarán desde el próximo 10 de diciembre con la reducción de la bancada peronista, que pasará a denominarse Fuerza Patria, de 34 a 28 integrantes.

Pero las conversaciones avanzadas entre el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Catamarca, Raúl Jalil, podrían provocar que los senadores de estas dos provincias no se sumen a la última embestida de UxP. Si podrían acompañar los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri del Pro, que se están despidiendo de la Cámara alta.

José Mayans, senador nacional UxP, busca construir mayorías para la semana próxima. Foto Senado Nacional

El tema central para la oposición sería sancionar definitivamente los cambios a la Ley que regula la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU). Una iniciativa que ya sancionó el Senado, pero diputados modificó, ya que no pudo alcanzar la mayoría absoluta del recinto en el tratamiento de un artículo, el tercero, que se refiere al plazo de 90 días para que se expidan las cámaras legislativas, sino el DNU carecería de valor. José Mayans y UxP avalarían la votación de Diputados.

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Lee También: Con Mauricio Macri al frente, el PRO se reunió y envió un fuerte mensaje: “No hubo ni habrá fusión con LLA”

El pasado 4 de noviembre la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dictaminó el proyecto que llegó en revisión. Allí se ratificó la sanción original, con el plazo de 90 días para su tratamiento en el Congreso, con un fuerte respaldo del bloque radical de Eduardo Vischi. Pero el kirchnerismo firmó en disidencia. Avala los cambios a la Ley de DNU, pero, ante un posible veto presidencial, los libertarios lo dan por descontado, sería más fácil que la Cámara baja insista con la norma.

Desde el 10 de diciembre La Libertad Avanza contará con más de un tercio de cada cámara del Congreso, lo que dejaría firme cualquier veto de Javier Milei a las iniciativas parlamentarias.

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El artículo polémico

La iniciativa establece que un DNU deberá contar con ratificación parlamentaria cuando lo dispongan expresamente ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes, dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si transcurrido ese plazo no se trata en el Congreso, el DNU pierde vigencia. Ese punto no logró la mayoría absoluta y será analizada nuevamente por el Senado nacional que podrá aceptar la postura de Diputados o insistir con su sanción. Todo indicaría que el miércoles próximo, Senado buscará aceptar la disidencia de Diputados.

La actual norma, sancionada en el 2006 a instancias de la exsenadora Cristina Kirchner, establece que, un DNU solo es rechazado si encuentra oposición en ambas cámaras, mientras que para su ratificación basta con la aprobación de una sola.

UxP y el rechazo a la Reforma Laboral

La bancadas de Unión por la Patria en ambas cámaras del Congreso están atentas a como se reconfigurará el Parlamento tras la renovación de diciembre. Las nuevas mayorías que intenta alcanzar La Libertad Avanza y los acuerdos entre la Casa Rosada y los gobernadores pusieron en estado de alerta a Germán Martínez, jefe del bloque en Diputados y a José Mayans en el Senado.

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El diputado de UxP, Hugo Yasky, adelantó su rechazo a la Reforma Laboral. (Foto: DYN).
El diputado de UxP, Hugo Yasky, adelantó su rechazo a la Reforma Laboral. (Foto: DYN).

El diputado Hugo Yasky, de extracción sindical y líder de la CTA, presentó un proyecto que se contradice con las intenciones del oficialismo en el futuro debate de Reforma Laboral. La iniciativa del diputado de UxP modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que la indemnización será de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Además, garantiza que el monto nunca sea inferior a dos meses de salario.

En los fundamentos, la iniciativa establece que el régimen actual se aparta del principio constitucional de protección contra el despido arbitrario. Los topes vigentes debilitan el carácter disuasivo de la indemnización, afectando el derecho de propiedad del trabajador y la garantía de igualdad.

Lee También: El Gobierno busca que la reforma laboral se trate en el Senado y quiere ampliar las extraordinarias a enero

El diputado Hugo Yasky, además está organizando para la semana próxima, el lunes 17 de noviembre, una jornada de debate en el anexo de la Cámara baja con abogados laboralistas, sindicalistas y legisladores nacionales. “Será un nuevo encuentro del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social. Coordinados por el juez Roberto Pompa, con la participación de jueces laborales, abogados laboralistas y los diputados de extracción sindical”, le dijo a TN Hugo Yasky.

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Agregando que, “como preceptos constitucionales y en el análisis del articulo 75 de la Constitución Nacional, que se refiere a la no regresividad de las leyes, las jornadas de empleo y la Reforma Laboral van a motivar un conjunto de intervenciones, con distintos enfoques, pero convergentes en la necesidad de defender la justicia laboral, de defender los derechos que forman parte de la doctrina laboral y de las conquistas del movimiento sindical”, dijo Yasky.

Senado

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Tragedia de Once: la Justicia rechazó la prisión domiciliaria de Julio De Vido y cumplirá su condena en prisión

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La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Julio De Vido, por lo que el ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo deberá cumplir su condena en una cárcel común.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) resolvió desestimar el planteo y mantener la convocatoria prevista para el 13 de noviembre de 2025. El exfuncionario fue condenado a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once, ocurrida en 2012, que dejó 51 muertos.

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Por la mañana, el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, había calificado de “arbitrario” el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena y habilitó al TOF 4 a ordenar la detención del exministro. Ante la inminencia de un rechazo judicial, Rusconi adelantó que presentará una denuncia “ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra”.

En un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, la defensa de De Vido cuestionó la rapidez con la que la Corte resolvió el caso y afirmó que el máximo tribunal “rechazó un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente”.

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Rusconi insistió en que la sentencia fue “injustificada y arbitraria” y que la resolución de la Corte “posibilitó que se ordenara la ejecución de la condena impuesta”.

La Corte Suprema ratificó la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once y ordenaron su detención

Los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel firmaron la resolución que “rechaza el planteo efectuado por la defensa técnica del condenado” y ratifica el cronograma judicial previsto. Paralelamente, Rusconi sostuvo que la Corte “omitió considerar que no tenía jurisdicción para pronunciarse”, ya que aún estaba pendiente “un planteo de prescripción de la acción penal”, que según el abogado “debió resolverse antes de cualquier otra cuestión de fondo”.

El letrado agregó que “cualquier decisión de privación de la libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales”.

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También aclaró que De Vido “nunca fue condenado por el choque de Once, sino que fue absuelto”, y que la pena recayó sobre otra imputación “que quedó prescripta el 10 de diciembre de 2024”. La defensa presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema y espera que “tenga la atención que merece la seriedad del planteo”.

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Corte Suprema,Julio de Vido,Prisión domiciliaria,Tragedia de Once

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Crearon una guía para identificar pesos, dólares y euros truchos: cómo darse cuenta

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El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó una guía especializada para la detección de moneda falsificada, que será utilizada por las fuerzas policiales y de seguridad federales del país. Sin embargo, algunas de las recomendaciones no necesitan elementos técnicos de alta complejidad y pueden ser utilizadas por cualquier persona que las necesite para comprobar la veracidad de sus billetes.

El manual se dio a conocer, mediante la publicación de la resolución 1240/2025, que tiene como objetivo principal unificar los criterios y procedimientos en la identificación de billetes apócrifos o alterados para todo el personal operativo, a través de la “Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada”, que fue incorporada como anexo a la norma.

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El texto sostiene que el avance de las tecnologías digitales y de impresión ha incrementado el riesgo y la sofisticación de estos delitos, por lo que resulta necesario actualizar y optimizar las herramientas de prevención. Por dicha razón, “corresponde disponer las medidas pertinentes a fin de dotar a la Dirección de Investigación de Delitos Económicos de los lineamientos necesarios para el adecuado cumplimiento de las acciones encomendadas, asegurando la prevención, detección y persecución de las conductas ilícitas vinculadas a la falsificación de moneda, en concordancia con los objetivos estratégicos de protección del sistema financiero nacional”.

Una de las formas de reconocer un billete trucho

Así, la guía suministra criterios prácticos y técnicos, recomendando emplear el método “toque, mire, gire”, que permite obtener una presunción de falsedad hasta tanto el material en cuestión sea sometido a un proceso de peritaje.

La guía también brinda una serie de consejos para identificar dólares o euros apócrifos. A continuación, las características que hay que tener en cuenta según cada moneda.

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Peso

  • Verifique la impresión calcográfica en el retrato, animal o símbolo principal. Debe sentirse en relieve al pasar los dedos.
  • Observe a contraluz la marca de agua, el hilo de seguridad y el motivo de complementación frentedorso. Confirme que se vean con nitidez y sin impresiones.
  • Incline el billete y controle la tinta de variabilidad óptica: el número o símbolo debe cambiar de color o mostrar brillo metálico según la serie.

En la guía hay un detalle de cada uno de los componentes de los billetes

Dólar

  • Sienta el relieve en el retrato, números y letras. El papel es firme, con textura áspera y sin brillo.
  • A contraluz, revise la marca de agua (rostro o número) y el hilo de seguridad con la inscripción “USA” y el valor del billete.
  • Incline el billete para ver el cambio de color del número (de cobre a verde). En el billete de 100, observe la campana y el hilo 3D.

Se incluyen recomendaciones para divisas estadounidenses y moneda europea

Euro

  • Deslice los dedos sobre el anverso: deben sentirse en relieve el motivo arquitectónico, los números grandes y las líneas laterales.
  • A contraluz, observe la marca de agua, el hilo de seguridad y la ventana con retrato (en billetes de 20 € o más).
  • Incline el billete para detectar el cambio de color del número (verde a azul), el holograma con retrato y valor y, en 100 €/200 €, la banda con satélites €.

Alguna de las recomendaciones para identificar un euro trucho

La iniciativa surge como parte de una acción coordinada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, órgano dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, y apunta a asistir en la prevención y la colaboración en investigaciones sobre delitos económicos, contrabando, falsificación y lavado de dinero, según estipula la Decisión Administrativa N° 340/24.

Otra manera de reconocer la falsedad de un billete de euro

El instrumento está destinado “a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, en la que se describen los principales aspectos prácticos y técnicos vinculados a la identificación de billetes presuntamente apócrifos o adulterados, con el propósito de brindar criterios unificados de actuación”. De igual forma, las recomendaciones pueden ser tenidas en cuenta por cualquier ciudadano que necesite comprobar, a primera vista, la veracidad de sus billetes.

En el considerando de la norma, el Ministerio de Seguridad recuerda que “la circulación de moneda falsificada constituye un delito contra la fe pública, afectando la confianza de los ciudadanos en la moneda nacional y generando un impacto negativo en la economía formal y en las instituciones financieras”.

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