POLITICA
Cuál fue la denuncia del Gobierno contra el jefe de ATE por sus amenazas públicas

El Ministerio de Seguridad denunció al jefe de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por amenazas públicas contra el orden constitucional, luego de la fuerte advertencia que hizo: “Nuestro trabajo es provocar la crisis de este Gobierno”. El anuncio de la presentación judicial lo hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tildó a Aguiar de “desestabilizador y golpista”.
La denuncia la hizo el funcionario del ministerio, Fernando Soto, por “amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”. El abogado mencionó declaraciones de Aguiar en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Expresó una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional’”.
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El funcionario citó las duras advertencias del sindicalista: “El denunciado, dijo: ‘Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno’“.
Soto dijo en la denuncia que las declaraciones de Aguiar, que “tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables».
El abogado consideró que el sindicalista “deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación».
Soto explicó que los dichos de Aguiar tuvieron amplia difusión en la prensa y que consideran “plausible formular la presente denuncia ante la posible comisión del delito de amenaza, ‘pública e idónea’, de atentar contra el Gobierno Nacional para impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales».
El fuerte cruce entre Patricia Bullrich y el sindicalista Aguiar
Bullrich dijo en su cuenta de X que Aguiar es “desestabilizador y golpista” por haber dicho que su trabajo es “provocar la crisis del Gobierno” y mencionó la denuncia penal al gremialista por amenazas públicas contra el orden constitucional.
Aguiar salió al cruce de la funcionaria, con duras críticas al Gobierno: “Usted me denuncia a mí porque está viendo a sus propios fantasmas. El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es su Gobierno. El ejemplo más claro es el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles. ¿No le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto?“.
El jefe de ATE planteó: “Es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones. El presidente Javier Milei dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir? Cuestionar públicamente las graves y constantes falencias de su Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión”.
Aguiar agregó: “PD: Lo suyo es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta. No es casual que esta denuncia llegue dos días antes del primer paro contra una reforma laboral regresiva. Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar”.
Patricia Bullrich, Rodolfo Aguiar
POLITICA
Tragedia de Once: la Corte rechazó un pedido de Julio de Vido para que le bajen la pena y ratificó su condena de 4 años

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso presentado por la defensa de Julio De Vido y ratificó la condena a cuatro años de prisión por la tragedia de Once.
Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte desestimó el recurso de reposición in extremis que habían presentado los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes buscaban revertir el fallo del pasado 11 de noviembre alegando “errores graves” y solicitando la prescripción de la causa.
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Los jueces fueron tajantes y recordaron que las sentencias de la Corte “no son susceptibles de ser revisadas” mediante recursos de reconsideración o nulidad, salvo en casos de errores materiales manifiestos, una excepción que no aplica en este expediente.
“Se desestima el planteo formulado. Notifíquese y estese a lo oportunamente resuelto por el Tribunal”, concluyó el fallo que cierra definitivamente la vía recursiva para el exministro en esta causa.

Una formación de la línea Sarmiento no logró frenar cuando llegaba a la cabecera de Once, descarriló y chocó contra otra que estaba detenida en la estación. Hay cientos de usuarios heridos.
Foto: Leonardo Zavattaro/Télam/cb
Por la tragedia de Once, De Vido fue encontrado culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Justicia determinó que el entonces titular de Planificación Federal no controló el destino de los millonarios subsidios estatales que recibía la concesionaria TBA, fondos que debían usarse para el mantenimiento de los trenes y que, por su desvío, se dieron las condiciones del servicio que provocó el accidente del 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas.
El proceso judicial de la causa
La causa comenzó en diciembre de 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) -concesionaria de la línea Sarmiento- y a exsecretarios de Transporte como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
La investigación determinó que el accidente fue causado por el deficiente mantenimiento de los trenes, pese a los subsidios estatales recibidos, sumado a una conducción imprudente. En esa instancia, se dispuso profundizar en la responsabilidad del titular de Planificación.
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Tres años después, en 2018, el Tribunal Oral Federal 4 dictó una condena de cinco años y ocho meses para De Vido por fraude al Estado, al concluir que no ejerció el control necesario sobre los fondos públicos destinados a TBA, pero fue absuelto del cargo de estrago culposo, que lo vinculaba directamente al accidente y sus consecuencias.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez destacaron una “cadena de responsabilidades” entre De Vido y otros involucrados más cercanos a la operación diaria del servicio y advirtieron la falta de supervisión ministerial pese a alertas sobre el deterioro del sistema ferroviario.
Posteriormente, Casación avaló la condena, lo que motivó un recurso ante la Corte Suprema. Inicialmente, el máximo tribunal confirmó la absolución por estrago. Luego, en agosto de 2024, validó la culpabilidad por defraudación, pero ordenó revisar la pena.
Esta resolución dividió opiniones: Rosenkrantz, Lorenzetti y el conjuez Mariano Borinsky formaron mayoría, argumentando inconsistencias en la sanción aplicada a De Vido en comparación con otros condenados por ambos delitos. En disidencia votaron Rosatti y la conjueza Marina Cossio.
El expediente regresó a Casación, donde en abril de este año se fijó la pena en cuatro años tras una audiencia. Tanto la fiscalía -que pedía una condena más severa- como la defensa -que buscaba una reducción- apelaron nuevamente, cuestionando la equidad del fallo en relación con figuras como Jaime.
El pasado 11 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención del exministro de Planificación, Julio de Vido, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a cuatro años de prisión.
Julio De Vido, Tragedia de Once, Corte Suprema
POLITICA
De cuánto es el salario mínimo vital y móvil en diciembre 2025, tras el aumento del Gobierno

El Poder Ejecutivo definió el nuevo piso para los ingresos formales mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial este miércoles. La medida establece un cronograma de actualizaciones consecutivas para los próximos diez meses tras la falta de consenso. La decisión administrativa fija los valores de salario mínimo para los trabajadores mensualizados y jornalizados bajo la órbita de la Ley de Contrato de Trabajo y la Administración Pública Nacional.
El esquema dispuesto por la Secretaría de Trabajo determina una actualización inmediata. El ingreso básico asciende a $334.800 a partir del mes de diciembre de 2025. Esta cifra representa el segundo tramo del aumento decretado, ya que la normativa tiene efecto retroactivo al mes de noviembre, donde el piso se ubicó en $328.400.
El valor previo se encontraba en $322.000. La modificación impacta de manera directa sobre los trabajadores fuera de convenio y sirve como referencia para el sector informal. También influye en el cálculo del salario inicial docente y en los programas sociales vinculados a este indicador. La Resolución 9/2025 especifica los montos para quienes cumplen la jornada legal completa.
El Gobierno diseñó un plan de incrementos mensuales que se extiende durante gran parte del próximo año. El objetivo apunta a una adecuación progresiva de los haberes. El calendario de actualizaciones automáticas quedó conformado de la siguiente manera para el primer semestre de 2026:
La normativa completa el esquema con dos ajustes finales. Para julio, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) será de $372.400. El tramo final previsto entra en vigencia el 1° de agosto de 2026 y fija el sueldo básico en $376.600.
Este ajuste alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y las entidades estatales que actúan como empleador. La resolución aclara la proporcionalidad de estos valores para los casos de jornadas reducidas o modalidades especiales de contratación.
La medida oficial detalla también la remuneración por hora para el personal jornalizado. El valor inicial correspondiente a noviembre de 2025 se fijó en $1642. Este monto experimentará las mismas variaciones proporcionales mes a mes que el salario mensualizado, acompañando la curva ascendente hasta agosto del año siguiente.
Andrzej Rostek – Shutterstock
La actualización del salario mínimo modifica los parámetros para calcular la ayuda económica destinada a las personas sin empleo. La resolución establece una fórmula vinculada directamente a los ingresos previos del trabajador y al nuevo piso salarial vigente.
El beneficio será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto percibido por el trabajador en los seis meses anteriores al cese de la relación laboral. La normativa impone límites mínimos y máximos para esta prestación. El monto a cobrar no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superar el 100% del mismo valor en ningún caso.
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un decreto publicado en el Boletín Oficial este miércoles,dispuesto por la Secretaría de Trabajo,impacta de manera directa sobre los trabajadores fuera de convenio,Audiencia,Boletín Oficial,Foco,,Micrófono abierto. Esta fue la repudiable frase del diputado sobre sus colegas,,Cambio de mandos. El Gobierno anunció una nueva conducción en las Fuerzas Armadas, que propuso el teniente general Presti,,Reparto de cargos y fondos. La negociación del endeudamiento obligó a Kicillof a hacer concesiones en plena madrugada,Audiencia,,Una por una, cuáles son las zonas rojas. Estas son las localidades de Buenos Aires donde hay altos niveles de arsénico en el agua,,Según un informe de Harvard. Colesterol: los seis alimentos que ayudan a prevenirlo y en qué cantidades hay que consumirlos,,»Chequéate». Hígado graso: estos son los dos estudios obligatorios para detectar la enfermedad y evitar que empeore
POLITICA
El Gobierno se reunirá hoy con inversores mexicanos que están interesados en comprar los trenes argentinos

En el marco del plan de privatización de diferentes empresas públicas, el Gobierno recibirá este jueves a inversores extranjeros que están interesados en comprar los trenes de carga en la Argentina, pero que ponen como condición para hacerlo poder ingresar al RIGI.
Según pudo confirmar Infobae, el CEO de la división de transporte del Grupo México, Bernardo Ayala, arribó a Buenos Aires para conversar en persona con los principales funcionarios a cargo de las negociaciones.
El empresario iba a mantener un encuentro por la tarde con el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Martín Maccarone, con quien ya tuvo otras reuniones en el pasado.
La compañía es una de las pocas que mostraron intenciones de adquirir las operaciones de carga de los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza, que las autoridades nacionales pretenden vender.

En la puja por este servicio también hay otras dos firmas, la local Aceitera General Deheza (AGD), que se dedica principalmente al rubro de los alimentos, y la minera británica Río Tinto Group, que se centra en la extracción de diferentes metales.
En esos dos casos, la incorporación de los trenes sería para agilizar y abaratar los costos de sus negocios en este país, ya que pasarían a contar con la logística para distribuir los bienes que comercializan.
Por su parte, el grupo México ya opera varias redes ferroviarias en América del Norte, tanto en su tierra de origen como en los Estados Unidos, y la idea es ampliar su estructura al hemisferio sur.
En una reciente entrevista con Infobae, el propio Ayala reconoció el deseo de su compañía de comprar los trenes de carga, pero remarcaron que para eso es necesario que les autoricen acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
“En México nos tocó vivir un proceso muy similar. Yo en lo personal lo vi muy de cerca. Empezaba, estaba mucho más chico que ahorita y me tocó ver el proceso privatizador y hoy día ha sido todo un éxito”, remarcó.
Al hablar en el evento de Panorama Minero en el Complejo Goldencenter, el CEO del grupo inversor explicó que el Gobierno “está avanzando” en el acuerdo y que “están trabajando” en las condiciones de una eventual compra.

“Yo creo que aquí el tema que todos queremos saber es la certeza jurídica en torno a la inversión que se vaya a hacer, ¿no? Yo creo que el RIGI va a dar esa certeza jurídica”, afirmó.
En el caso de Belgrano Cargas y Logística, la compañía cuenta con más de 7.600 kilómetros de vías distribuidas en 17 provincias y su proceso de privatización se inició en julio pasado, a través de la Resolución 1049/2025.
“Sin la intromisión inútil del Estado, va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia. Como señaló el presidente Javier Milei desde el 10 de diciembre, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar”, había anunciado tiempo atrás el entonces vocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre esta compañía.
La licitación alcanza tanto al material rodante como a los corredores ferroviarios y a la infraestructura edilicia de soporte, incluidos los talleres en los que se hace el mantenimiento de las formaciones.
La línea Urquiza, en tanto, recorre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones y tiene tres pasos internacionales que la conectan con Brasil, Uruguay y Paraguay.
Junto al ramal San Martín, totalizan 11 unidades productivas y ocho talleres propios para brindar un servicio de transporte de productos agrícolas, piedra, carbón de coque, madera, minerales, metales, productos para consumo y otras eventuales.
“Nosotros quisiéramos los tres para hacer una integración completa de la red como operamos hoy en México y como operamos en Estados Unidos, donde tenemos el control de las locomotoras, del mantenimiento de la vía y de la operación”, detalló Ayala.
Se trata de una inversión que, de concretarse, está estimada en unos 3.000 millones de dólares para los bienes mencionados, entre los que no se incluirían los rieles y las tierras por donde pasan los ferrocarriles, que seguirán bajo propiedad del Estado.
“Obviamente, es un proceso de inversión para levantar la línea, pero ese no quiere decir que no invertiremos más. Tan es así que en México ya hemos invertido catorce mil millones de dólares. Entonces, es lo que vemos que se invertiría para empezar a levantar la red y empezar a hacer que sea más eficiente y poder mover más carga”, precisó el empresario.
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