POLITICA
Seguros: la Justicia volvió a ordenar la inhibición de bienes de Alberto Fernández y de otras 50 personas

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy la inhibición de bienes de Alberto Fernández y de otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. La misma medida ya había sido ordenada por Julián Ercolini, el primer juez del caso, hace un año, pero luego fue revocada por la Cámara Federal.
Además de Fernández, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.
En total, son 51 personas y empresas.
Bachellier es la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024. El año que más cobró fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. En total recibió $1.665.741.081 por comisiones.
En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados. Ambas cobraron $231.918.674. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

En la resolución, el juez Casanello justificó la medida cautelar y dijo que “la investigación ha registrado notorios avances”. “Toda vez que los imputados ya fueron convocados a prestar declaración indagatoria por un hecho de criminalidad económica -particularmente corrupción-, y en base a las consideraciones allí realizadas sobre la prueba de cargo, hay motivo bastante para sospechar que han participado en la comisión de un delito, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Esa sospecha obliga al tribunal a asegurar la eficacia del juicio”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.
La causa cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
El nuevo magistrado, Casanello, decidió revisar toda la documentación antes de tomar una decisión y descubrió que faltaban algunos datos de Cancillería, Fabricaciones Militares y la ex AFIP. El nuevo juez también le mandó un nuevo oficio a Nación Seguros para que informe el monto (total y también dividido por tomador y póliza) de los fondos liquidados a todos los coaseguradores a raíz de todas las pólizas emitidas entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023.

Mientras estuvo a cargo de la causa, Ercolini ordenó decenas de allanamientos y mandó oficios a casi un centenar de organismos para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández. También recolectó toda la información que estaba en poder de Nación Seguros. De esa manera, se secuestraron las notas que mandaban desde los organismos para designar a los intermediarios.
Esas notas eran firmadas por funcionarios de segunda línea, aunque también aparecen ministros eligiendo a dedo a las empresas. Todos los nombres figuran en la resolución que firmó Ercolini cuando llamó a indagatoria a 39 personas.
El caso más emblemático fue el de Federico D’Angelo, exdirector del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES. La nota, firmada de puño y letra y enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE), designaba a las empresas San Ignacio y TG Brokers como organizador y productores de los seguros.
Al ordenar la inhibición general de bienes, Casanello destacó un allanamiento en la sede de la firma San Ignacio, al comienzo de la investigación, donde quedó expuesto que había otras personas detrás de esa empresa. Para el juez, desde ese momento “se robusteció la hipótesis de imputación, caracterizada por la presencia de profundos conflictos de interés en las más altas esferas de la Administración. También afloró un presunto esquema de corrupción con la utilización de una serie de cooperativas, entre ellas, las denominadas “7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Ltda.” y “Cooperativa de Trabajo Irigoin Ltda.”, para el desvío de fondos ilícitamente obtenidos, mediante facturaciones simuladas”.
Durante la investigación, se comprobó que la cooperativa 7 de Mayo recibió $376.928.239 de ocho aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES.

El dinero de la cooperativa terminó en propiedades, autos, viajes y hasta plateas en la cancha de River.
La Justicia detectó transferencias a una serie de fideicomisos inmobiliarios: Flumine, Villarroel 1232, Libertador 5958, Naase, Inmobiliario 866, y Links Country de Mar.
Cuando explotó el escándalo, hubo movimientos desesperados para intentar recuperar el dinero. El ex gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, le pidió al Fideicomiso 866 “la devolución de los fondos a la cooperativa, contra la transferencia de los mismos importes desde su cuenta personal, y luego, el 01/08/2024, Tanos y su esposa procedieron a ceder su boleto a un tercero por un precio de USD 270.000″.
No es todo. “Otros fondos externalizados de la cooperativa incluyen el pago de e-checks por $ 14.990.300 al Club Atlético River Plate (pago durante cinco años por cuatro plateas en el estadio y un estacionamiento)”, consta en expediente.
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El respaldo de Javier Milei a Santiago Caputo: “Soy yo quien decide las personas que me acompañan”

En medio de la polémica por la denuncia sobre operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso, el presidente Javier Milei respaldó este sábado a su asesor Santiago Caputo, luego de afirmaciones de la periodista Laura Di Marco, de Radio Mitre, quien sugirió que el asesor se iba a ir del Gobierno. El intercambio comenzó la noche del viernes, cuando Caputo respondió en una red social a comentarios sobre los dichos de Di Marco.
“Laura es una viuda de Macri que quiere que me vaya del gobierno desde el primer año. Me voy a ir del gobierno el día que el Presidente lo decida. Porque nosotros servimos al Presidente de la Nación y a la sagrada causa de la Libertad”, expresó el consultor.
La periodista respondió a Caputo, asegurando que él dejaría próximamente el Gobierno: “Te vas a ir, Santi y lo sabes. Y no porque yo lo diga: no me importa que te quedes o que te vayas. Y además lo que yo piense es irrelevante. Es Karina Milei la que te quiere fuera del Gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Te vas a ir y lo sabés. Vos mismo lo anunciaste en reuniones privadas. Y para los escépticos, guarden este tuit”, desafió Di Marco.

Ya en la tarde del sábado, el propio presidente Javier Milei intervino en la discusión y respaldó abiertamente a Caputo. “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa… además habla de reuniones privadas… creo que soy yo quién decide las personas que me acompañan en la gestión”, escribió el mandatario.
Santiago Caputo es el principal asesor del presidente y, a pesar de los rumores que apuntan a una interna con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Milei afirmó su confianza en quien lo acompaña desde el inicio mismo de la gestión.

Tensión interna y apoyos del entorno presidencial
Mientras circulan versiones sobre tensiones internas, en particular por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Presidente busca mantener a su equipo cohesionado. En este marco, tanto Karina Milei como Santiago Caputo participaron en las muestras públicas de unidad.
Ambos cerraron filas para defender semanas atrás al jefe de Gabinete, cuando se generó polémica por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial a Estados Unidos y por el vuelo privado a Punta del Este durante los feriados de Carnaval.
La dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza hizo público su respaldo: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Siempre con vos”.
Poco después, el asesor presidencial, Santiago Caputo, también expresó su posición: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.
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El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y busca blindarla ante los amparos

El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y apunta a oficializarla en abril, en medio de los amparos que frenaron parte de su aplicación. El Ejecutivo ya puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero.
La decisión política de la Casa Rosada es avanzar sin retrocesos de fondo sobre el contenido de la ley. En el oficialismo aseguran que no van a “morigerar” ninguna de las partes de la reforma por efecto de las presentaciones judiciales, aunque reconocen que la reglamentación buscará blindar algunos puntos que quedaron bajo mayor cuestionamiento.
La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. La hoja de ruta oficial apunta a concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, escalar la discusión hasta la Corte Suprema. “La estrategia busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada”, agregan.
El circuito de la reglamentación abarca a Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica, que unifica el texto final y le da forma para su publicación en el Boletín Oficial. La participación de ARCA no es secundaria: la ley le asigna funciones expresas en materia de registración laboral y en la instrumentación de obligaciones de seguridad social.
Mientras que el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo remite a la reglamentación para definir sistemas de pago en prestaciones sin relación de dependencia, el artículo 52 deja en manos de ARCA la normativa de registración y el artículo 92 ter prevé que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial se determinen reglamentariamente.
Uno de los puntos bajo mayor seguimiento es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En el oficialismo admiten que la reglamentación de ese esquema está entre las prioridades y que también se analiza que pueda direccionarse a colocaciones del Tesoro, como a otras opciones de inversión.
Leé también: Con una batería de medidas en el Congreso, Milei busca retomar la iniciativa para dejar atrás el caso Adorni
La aceleración del decreto se da, además, en paralelo a la estrategia más amplia del Gobierno sobre el mapa judicial laboral. Nación no quiere dejar caer tampoco el acuerdo de transferencia de competencias laborales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo consideran que esa arquitectura también forma parte del blindaje institucional con el que buscan ordenar la disputa judicial sobre la reforma.
El Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario de la reforma laboral funcione como “blindaje” técnico en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos. En la mayoría de los despachos oficiales descuentan que el proceso terminará por definirse en la Corte Suprema.
Gobierno, reforma laboral
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El exministro Julio De Vido permanece bajo cuidados intensivos tras sufrir un problema cardíaco

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue internado de urgencia el 1 de abril tras presentar una arritmia, según el diagnóstico inicial de médicos del Servicio Penitenciario Federal que lo atendieron en la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra preso tras ser condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta-no haber controlado el destino de los fondos públicos- y absuelto por estrago culposo -las 52 muertes y los heridos- en la causa por la Tragedia de Once.
Fuentes cercanas al ex funcionario kirchnerista contaron a Infobae que el miércoles se le detectó una fibrilación auricular que motivó su traslado a un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece bajo cuidados intensivos desde el jueves. Este viernes le realizaron un procedimiento cardiaco que permitió estabilizar su condición. El seguimiento actual incluye monitoreo constante y administración de anticoagulantes por vía intravenosa, y durante la próxima semana se le realizarán más estudios para evaluar su estado
El exfuncionario presenta un cuadro de diabetes insulino dependiente desde hace más de dos décadas y recibe medicación continua por enfermedades crónicas como hipertensión y cardiopatía.
“Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, suplicó semanas atrás De Vido durante su declaración antes los jueces de la causa Cuadernos, en la que está acusado junto a varios exfuncionarios kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. El exministro reiteró ese día su pedido de prisión domiciliaria.

Las palabras de De Vido se dieron ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que en el debate por la causa Cuadernos tiene como magistrado suplente a Néstor Costabel, quien integra el TOF N° 4 que condenó al exministro en la causa conocida como “Once 2″.
Por esa sentencia a cuatro años de prisión, el extitular de la cartera de Planificación Federal está detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre del año pasado.
“Estoy solicitando la prisión domiciliaria por razones de salud. Por lo tanto, después de prestar declaración, le pediría poder retirarme para atenderme”, pidió De Vido al juez Enrique Méndez Signori, quien preside el Tribunal que juzga a CFK y otros 86 acusados.
El magistrado le permitió irse de Comodoro Py luego de su declaración, al igual que hizo la expresidenta de la Nación. Días antes, el TOF N° 7 le había rechazado la posibilidad de ser indagado virtualmente.
“Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente. Yo también admiro al general Pistarini, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”, dijo De Vido al concluir sus palabras.
El exfuncionario se reservó el derecho de prestar declaración en otro momento del juicio, algo que siempre tienen permitido los imputados.
En su breve indagatoria, rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación del Ministerio Público Fiscal, que fue formulada durante la investigación por Carlos Stornelli y en el debate es defendida por la fiscal general Fabiana León.
De Vido también cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF), “que personalmente creo que no debería ser parte de este proceso”, según advirtió.
Desde que fue detenido en noviembre, la defensa de De Vido insistió por todas las vías posibles con que cumpla su condena en su casa.
Por un lado, invocaron la edad del exfuncionario kirchnerista, quien tiene 76 años, lo cual supera el límite de 70 años previsto en la normativa para solicitar el beneficio.
Y en paralelo alegaron problemas de salud, mencionando patologías crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas que, según sus abogados, no podían ser tratadas correctamente dentro del penal. Los letrados sostuvieron que el Servicio Penitenciario no le proveía los medicamentos necesarios, como la insulina, ni una dieta acorde a sus prescripciones médicas.
La cuestión fue rechazada tanto por el juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de la pena, como por la Cámara Federal de Casación Penal.
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