En las provincias argentinas no suena raro que una jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador. O que ese cargo sea ocupado por un exministro del mismo mandatario que lo propuso para integrar el máximo tribunal local. O que otro juez llegue al tribunal superior sin haber pasado por la carrera jurídica, sólo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista.

Estas situaciones ocurren en lugares como La Rioja, Catamarca, Santa Fe o Formosa. Y la lista sigue. No son casos aislados, sino muestras de una situación frecuente que expone la estrecha relación entre el poder político y quienes ocupan las Cortes Supremas de las provincias argentinas.

¿Cómo llegaron a ocupar esos lugares los magistrados que integran hoy esas instituciones? ¿Son juristas de carrera, independientes del poder político, o políticos reciclados en la Justicia?

Un relevamiento realizado por Ruido y CONNECTAS en las 23 provincias del país, más la ciudad de Buenos Aires (CABA), arroja un resultado impactante: el 64% de quienes integran las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos de algún tipo con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos.

Esto se traduce en que 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local -cargos ejecutivos o legislativos-, tuvieron funciones partidarias o bien algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política.

Con un dato adicional: 76 de estos supremos -es decir, más de la mitad del total- fueron designados en las Cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior.

Estas cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales.

La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales.

Hay que aclarar que en todos los casos las designaciones han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces. Y si bien eso no significa necesariamente que los magistrados obedezcan a sus antiguos vínculos, refuerza una percepción sobre la debilidad con la que los poderes judiciales investigan (o dejan de hacerlo) al poder provincial.

“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, ratifica Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional. Detalla que en América Latina, según datos del Latinobarómetro, sólo el 28% de la población en promedio confía en la Justicia. “En Argentina esa cifra baja al 22%. La politización de la Justicia es responsable -en parte- de esta situación. A pesar de algunas reformas, los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces no han logrado disipar las dudas sobre los compromisos políticos y vinculaciones de magistrados y el poder político de turno”, analiza Ferreira Rubio.

Hay dos casos emblemáticos: en Tucumán y en San Juan, las decisiones de sus cortes superiores locales estuvieron a punto de permitir, en 2023, la reelección de sus gobernadores para un tercer mandato, pese a que lo prohíben ambas constituciones provinciales.

Tanto la Corte tucumana como la sanjuanina admitieron la postulación de Juan Manzur y de Sergio Uñac, respectivamente.

La avanzada sólo se pudo frenar con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió en contra de lo que habían resuelto los tribunales superiores de ambas provincias.

San Juan es uno de los distritos donde los cinco jueces de la Corte tienen vínculos previos con el Poder Ejecutivo. Además, todos fueron designados durante gobiernos peronistas, el mismo signo político bajo el cual trabajaron: Adriana García Nieto fue asesora letrada de gobierno y subsecretaria general de la gobernación; Daniel Olivares Yapur fue diputado provincial; Juan José Victoria asesoró a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía y fue fiscal general de la Municipalidad de Rawson; Guillermo de Sanctis fue fiscal de Estado, exdiputado y exministro de Salud, y Marcelo Lima fue vicegobernador e intendente de San Juan.

En Tucumán se replica esa situación con cuatro de los cinco magistrados: Eleonora Rodríguez Campos, Daniel Leiva y Daniel Estofán fueron fiscales de Estado; mientras que Daniel Posse trabajó como secretario de Gobierno y Justicia.

La Rioja, San Juan y San Luis encabezan el ranking nacional de nexos políticos: son las tres provincias en donde todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por personas que tenían vínculos cercanos al poder antes de ser nombradas.

En La Rioja, en diciembre de 2021 estallaron las críticas de la oposición cuando el gobernador Ricardo Quintela propuso e hizo nombrar –en un trámite exprés en el Legislativo– a su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia.

A los cuatro meses de asumir, además, la eligieron presidenta del máximo tribunal.

Cabe destacar que el esposo de Becerra, Ernesto Pérez, fue secretario de Agricultura y ahora ministro de Producción y Ambiente de Quintela y, además, socio del mandatario en el establecimiento agrícola ganadero El Mistol SRL.

En esta provincia, los cinco jueces del Tribunal Superior fueron antes funcionarios directos de gobiernos peronistas: Claudio José Ana fue fiscal general; Claudio Nicolás Saúl, ministro de Gobierno y diputado; Luis Alberto Brizuela, secretario de la Gobernación; y Gabriela Asís, ministra de Gobierno.

Entre los 24 distritos analizados, el peronismo es el signo con el que más vínculos políticos previos tuvieron los jueces relevados. Como consecuencia, es también el signo político de las gestiones que más jueces nombraron (87 de los 138 casos).

Que ninguna norma prohíba los nexos mencionados pone la lupa también en los métodos y criterios de selección para nombrar a estos jueces.

Fernando Gauna Alsina -director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal- reconoce que este “quizás no sea el escenario ideal. Pero tampoco se puede decir que implique, al menos categóricamente, un conflicto de intereses o una afectación a la división de poderes. Hay muchos casos que dan cuenta, tanto acá como en el exterior, que los jueces de Corte no fallan necesariamente de acuerdo a los intereses de quienes los hayan designado”.

Sin embargo, dice que “lo relevante sería explorar -y este informe sería un gran insumo para eso- qué credenciales o competencia jurídicas tienen los jueces para ocupar los máximos tribunales de justicia. Lo que se le podría demandar a la política es algún proceso de selección serio que promueva estándares altos para ocupar tales cargos, ya sea a través de concursos públicos o legislación que eleve la vara de las candidaturas”.

Algo similar piensa Héctor Chayer, de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA): “Que los integrantes de las Cortes Supremas tengan antecedentes en el Poder Ejecutivo o Legislativo no es necesariamente un problema en sí mismo”. Pero sí propone dar seguimiento a cómo votan estos jueces. “Porque la intención de la Constitución es que un juez sea inamovible con un sueldo que no puede ser disminuido, y que el día que es nombrado agradezca a quienes lo han hecho -con quienes puede o no tener vínculos previos-, pero que desde entonces se olvide de esa dependencia y pase a ejercer con total imparcialidad.”

Más allá de los casos de Tucumán, San Juan o La Rioja, las siguientes historias sirven para pensar hasta dónde pueden influir los vínculos previos con el poder político, y sostienen gran parte de la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial.

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri fue detenido el 19 de noviembre de 2024, tras ser condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción. Pero gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, su paso por la cárcel fue de sólo 50 días.

El 8 de enero de 2025, su hijo Mauro -exministro de Gobierno- lo fue a buscar a la Unidad Penal de Paraná y lo llevó de vuelta a casa.

Cinco meses después, el mismo órgano judicial cerró toda posibilidad de que volviera a la cárcel al negar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para lograr esa liberación, el STJ anuló el fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná que había dictado la prisión de Urribarri y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

Uribarri había sido condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por realizar campañas que eran montajes para pagar con recursos del Estado publicidad para posicionarse como precandidato presidencial. También por un esquema de cartelización de publicidad en favor de las empresas que, la Justicia entendió, eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado Aguilera.

Para sacarlo de prisión fue clave el voto del presidente del máximo tribunal de la provincia, Leonardo Portela, exsecretario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gualeguaychú (2007-2008), que desempeñó esa función cuando Urribarri era el gobernador de la provincia.

Portela habilitó la feria (período de receso en la Justicia) para apurar el expediente sobre la detención de Urribarri y su cuñado a la Sala Penal del STJ, que se encontraba deliberando sobre el tema. El caso lo resolvió con una medida de urgencia, algo prácticamente inédito.

La cuestión que se objetó en ese momento fue “el privilegio”, dado que la sala tenía otras situaciones similares pendientes de resolución, que no se resolvían. Portela justificó la medida en una entrevista, al decir: “A quienes pidieron habilitar la feria durante el periodo en que yo estuve de presidente, se les habilitó. A algunos se les ha dicho que sí, a otros se les ha dicho que no, pero siempre se habilitó”.

En 2018, el juez con más antigüedad en la Corte, Daniel Carubia, y su colega Claudia Mizawak -exfiscal de Estado, ingresó al Poder Judicial y ascendió en simultáneo al acceso de Urribarri- también usaron el mecanismo de habilitar la feria para liberar al cuñado del exgobernador, en el marco de otra causa por corrupción.

Y en diciembre de 2021, estos mismos magistrados del STJ jugaron un papel central en la habilitación del enjuiciamiento a la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche, que terminó apartada de su cargo después de conducir las investigaciones por corrupción más importantes del último tiempo en Entre Ríos.

En diciembre pasado, la Corte Suprema de la Nación anuló el proceso contra Goyeneche y ordenó al STJ de Entre Ríos tomar una nueva decisión.

En 2020, el juez tucumano Enrique Pedicone hizo público un audio que él mismo había grabado en un bar, durante una conversación con el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Leiva. En esa charla, Leiva le solicitaba a Pedicone que “maneje la intensidad” en una causa contra el legislador Ricardo Bussi, por un presunto caso de abuso sexual que habría sucedido en su despacho de la Legislatura. Según Pedicone, Leiva “actuó a pedido de Osvaldo Jaldo (actual gobernador de Tucumán, entonces vice) y de Juan Manzur (exprimer mandatario provincial, hoy senador)”.

Pedicone, juez de la Cámara Penal provincial, inició entonces una causa judicial contra Leiva, por supuesto tráfico de influencias.

La incorporación de esas grabaciones al expediente fue rechazada por distintas instancias del ámbito provincial y hoy son materia de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el medio y por supuestamente haber incumplido sus deberes como funcionario público en otros casos, Pedicone fue destituido de su cargo como juez por el Jurado de Enjuiciamiento provincial el 17 de febrero de 2021. Ese Jurado está integrado, entre otros miembros, por dos ministros de la Suprema Corte provincial.

La CSJN también debe resolver el amparo que presentó Pedicone para ser restituido como juez. Daniel Leiva sigue en su puesto.

“Es fundamental que volvamos a repensar los procesos de selección de las Cortes Supremas, y eso incluye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En muchos casos son procesos políticos en los que interviene el Poder Ejecutivo y luego una aprobación del Legislativo, con escasas o nulas instancias de participación ciudadana y/o de transparencia en el proceso”, afirma Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La abogada agrega que “las trayectorias y las historias profesionales de quienes conforman el Poder Judicial también pueden impactar en el modo en que ejercen su función”, pero advierte que “hay que ver caso por caso”. Menciona estándares internacionales en la materia, que establecen que “jueces y juezas no sólo tienen que ser independientes, sino también parecerlo”.

“La pregunta no es sólo de fondo institucional, sino de lógica política: ¿puede ese juez resistir la tentación -o la presión- de favorecer al mismo partido que lo designó? ¿O su designación ya es el resultado de un pacto que condiciona sus futuros fallos?”, se pregunta el abogado constitucionalista Rodrigo López Tais: “Algo de esto ya había sido motivo de observación por parte de Alexis de Tocqueville en su obra La Democracia en América, cuando advertía que ‘se requiere que los jueces sean inamovibles para que sean libres, pero de nada sirve que no se les pueda quitar su independencia, si ellos la sacrifican voluntariamente”.

Y finaliza: “Una república sin jueces independientes es apenas un ornamento constitucional. Un formalismo institucional que permite que todo ocurra ‘ la ley’, incluso aquello que viola el propio orden constitucional. En esas democracias de papel, el derecho ya no protege al ciudadano, sino que lo disciplina, ya que no hay jueces que hablen en nombre de la justicia, sino que lo hacen en nombre del poder”.

Santa Cruz

Santa Cruz fue la tierra donde el matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner comenzó a gestar su poder. En ese contexto, el Tribunal Superior fue una pieza clave. Uno de los hitos más escandalosos de ese proceso fue la cesantía del procurador Eduardo Sosa, en una maniobra calificada como inconstitucional por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que llegó incluso a ordenar su reposición en el cargo. La provincia jamás acató ese fallo, argumentando que el cargo de procurador general había sido eliminado.

En 2000, Carlos Zannini, histórico dirigente del kirchnerismo, antes de terminar su mandato fue designado vocal del Tribunal Superior sin haber ejercido nunca la abogacía en Santa Cruz, condición que exige la Carta Magna provincial. Lo mismo ocurrió en 2022 con Fernando Basanta, militante K y exministro de Gobierno de Alicia Kirchner, quien tampoco cumplía con el requisito legal de años de ejercicio profesional dentro de la provincia.

Otro ejemplo: aunque la causa Vialidad -por la que Cristina Kirchner está hoy en prisión domiciliaria- recayó finalmente en la justicia federal, el inicio del caso estuvo marcado por la inacción del Poder Judicial de Santa Cruz, que archivó dos causas y absolvió en otra a Néstor Kirchner en tres denuncias sobre direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.

Córdoba

En 2023, por primera vez en casi 25 años de ininterrumpido gobierno peronista, el voto popular cambió la composición del Tribunal de Cuentas de Córdoba (TC), que debe controlar los gastos del gobierno. Así, el TC dejó de tener mayoría oficialista, con dos de los tres vocales provenientes de la oposición (Juntos por el Cambio). Al poco tiempo, el gobernador Martín Llaryora impulsó la nueva ley 10.930 -que aprobó la Legislatura con el voto oficialista- para limitar al TC en el control previo de gastos como subsidios, contrataciones directas, pasajes oficiales y compras de combustibles.

Los vocales electos elevaron entonces una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, para rechazar esa ley.

En julio pasado, el TSJ -cinco de cuyos siete miembros fueron funcionarios de gestiones peronistas, como la actual- rechazó por inadmisible esa demanda: dijo que los vocales del Tribunal de Cuentas no demostraron tener un interés legítimo o un derecho personal afectado por la norma.

Tierra del Fuego

El vocal del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego Ernesto Löffler estuvo implicado en la causa de la polémica “empresa fantasma” Hidrocarburos Fueguinos SA (Hifusa). La empresa firmó contratos millonarios y medios fueguinos sostuvieron que nunca se generó un litro de hidrocarburos, a pesar de haber recibido también muchos aportes del Estado. Löffler era el síndico de esa empresa, que se había creado en 1994 y fue liquidada en 2010. Pero quedó libre de culpas: la causa prescribió sin avances en 2002.

Casi dos décadas después, en 2021, Loffler se convirtió en juez del STJ de la provincia, luego de que la Legislatura provincial ampliara de tres a cinco el número de miembros del organismo y el Consejo de la Magistratura lo eligiera en un concurso realizado en sólo dos meses y nueve días. Según el libro Justicia Adicta (2022) del periodista Gabriel Ramonet, la designación de Loffler se produjo en el contexto de la alianza entre Forja, el partido del gobernador Gustavo Melella, y el Movimiento Popular Fueguino conducido por integrantes de la familia Loffler, fuerza política por la que el juez fue concejal de Río Grande entre 1995 y 1997 y diputado nacional entre 1997 y 2001.

Salta

La jueza María Edit Nallim, integrante de la Corte Suprema de Salta, no sólo ejerció la profesión de abogada en su estudio particular y como docente en la Universidad Católica de Salta antes de ser nombrada en la Corte. También fue consultora jurídica y financiera en el ámbito privado, como vicepresidenta de la firma Cartoon S.A., dedicada al rubro gráfico y cuyo presidente es su hermano, José Carlos Nallim. La empresa era y es proveedora directa del Estado: imprime las boletas en cada elección provincial, y además produce cientos de miles de manuales escolares para las escuelas primarias de la provincia, que el gobierno distribuye. Su postulación fue dispuesta por el actual gobernador Gustavo Saénz a través del decreto 498/23. José Carlos Nallim, a su vez, es socio de Facundo Urtubey -hermano del exgobernador Juan Manuel Urtubey- en la bodega Viñas en Flor.

Para esta investigación se realizaron pedidos de acceso a la información (PDI) a cada una de las 24 cortes supremas. Se incluyó en los PDI el resultado del relevamiento previo sobre antecedentes profesionales y laborales de cada juez, para otorgarles así la posibilidad de enmendar algún error u omisión involuntaria.

Se recibieron nueve respuestas, pero sólo la del Tribunal Superior de Córdoba incluyó todo lo solicitado. En los casos de Mendoza, Entre Ríos, Salta, La Pampa, Neuquén y Chaco fueron parciales; desde Catamarca y Tierra del Fuego respondieron sólo algunos de los jueces.

Ante el pedido de Ruido y CONNECTAS, sólo opinaron sobre este tema los jueces de Córdoba y uno de Tierra del Fuego. En ambos casos recalcaron que sus nombramientos se dieron lo que establecen las normas, y mencionaron los “anticuerpos” que el mismo sistema judicial tiene para resguardar la independencia y la parcialidad.

En el caso de Entre Ríos, ante la falta de precisiones se rehizo la consulta, pero respondieron que “no resulta procedente” brindar la información solicitada “sobre hechos o circunstancias que incumben al ámbito privado antes de ser nombrados miembros del Tribunal”.

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue la falta de información sobre los antecedentes de los jueces, ya que son muy pocos los sitios web de los poderes judiciales provinciales en donde se consigna el CV de cada integrante de la Corte.

Esta investigación fue realizada por Ruido y CONNECTAS como parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)