POLITICA
Senado: crece el malestar con Cristina Kirchner en el bloque del PJ, pero no analizan una ruptura por el fracaso electoral
“Somos como un matrimonio de muchos años, desgastado. Dormimos bajo el mismo techo, pero en camas separadas”. La descripción del senador, que supo tener todo el poder en su territorio, encaja a la perfección para describir la situación que se vive en el bloque del PJ en el Senado y ese malestar permanente, pero sutil, que separa a los peronistas tradicionales de los kirchneristas.
Como cada vez que se pierde una elección, y ya van varias bajo la conducción de Cristina Kirchner, el peronismo entra en estado de deliberación. Pero también, como es costumbre en el Senado, el debate se da con sordina, en reuniones reducidas, casi a escondidas ante lo que algunos, los más veteranos y a la vez más molestos con la situación, definen como “la inquisición” que suelen llevar adelante los seguidores de la expresidenta presa por corrupción con los que se animan a criticarla.
No hay posibilidad de fractura, al menos no por el momento. “Para el peronismo romper el bloque es una herejía”, advierte en tono admonitorio una legisladora kirchnerista de paladar negro que en poco menos de un mes tendrá que abandonar el Senado. Tiene razón. Sólo hay que ver el caso del entrerriano Edgardo Kueider para entender que fracturar la bancada se paga caro.
Sin embargo, la tensión interna existe desde hace bastante tiempo y escaló a niveles insospechados durante la semana posterior a la elección. Cuentan que una dirigente de un distrito intervenido por la conducción de Cristina Kirchner fue hasta San José 1111 a pedir la cabeza de un rival interno, responsabilizándolo por la derrota del domingo pasado por haberse presentado por afuera y competido contra Fuerza Patria.
“La sangre no llegó al río, pero si lo echaban del partido, te juro que se partía el bloque”, le confiesa a este diario una legisladora de frecuente acceso a la mesa de arena de la conducción del bloque. “Fueron horas de vértigo”, agrega la senadora mientras esboza una risa nerviosa.
Como suele ser costumbre, las crisis en el kirchnerismo suelen encapsularse y mantenerse en secreto. En el caso del Senado, los encargados de manejar la situación son los que, algunos con cariño y otros con cierto recelo, llaman “la troika”. Se refieren así al trío de conducción que está conformado por José Mayans (Formosa), jefe del bloque de Unión por la Patria; Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), miembro de La Cámpora y vice de la bancada; y la bonaerense Juliana Di Tullio, presidenta del bloque Unidad Ciudadana, una ficción diseñada por Cristina Kirchner con la intención de quedarse con tres de los cuatro lugares de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura.
Son los guardianes del discurso y de la ordenes de la expresidenta. A este grupo se suman senadores como Oscar Parrilli (Neuquén), otro de los viajeros frecuentes a San José 1111 y celoso custodio de que el bloque peronista no se desvíe un ápice de la “doctrina kirchnerista, al punto de que en alguna oportunidad le salió al cruce en una reunión del bloque a un “hereje” que se atrevió a cuestionar las directivas de la entonces vicepresidenta.
El senador neuquino, a quien se le termina el mandato en diciembre, suele usar en reuniones con sus compañeros de bloque palabras e ideas que poco después tomarán estado público en las redes sociales de la expresidenta. Lo hizo esta semana al explicar la derrota del domingo pasado en la “proscripción” de la expresidenta por su detención y señalar a Axel Kicillof como el único gobernador peronista que no pudo ganar en su distrito. Un calco, o un anticipo en realidad, del análisis de las elecciones que Cristina Kirchner publicó el viernes.
Sin embargo, el discurso kirchnerista cada vez permea menos al interior del PJ. “Han destruido la marca Peronismo, vamos a tener que reconfigurarnos detrás de otro sello porque para mucha gente hoy peronismo y kirchnerismo son lo mismo, nos abrazaron y nos están llevando al fondo del mar con ellos”, se quejó un senador de una provincia del norte.
Las diferencias van más allá de la cuestión electoral. Ya empiezan a sonar discrepancias ideológicas. “Hay que dejar de lado el no rotundo. Si el Gobierno habla de reforma laboral, hay que dar el debate y tratar de evitar que se lleven puestos a los trabajadores, pero ya no sirve pararse en la vereda del no cerrado como hacen los K”, agrega otro senador, en este caso uno que tiene aspiraciones de ser gobernador de su provincia.
Una de las cuestiones que más le critican al kirchnerismo es su pretensión de imponer los intereses de la familia Kirchner como política partidaria. La agenda judicial de Cristina Kirchner cuando fue vicepresidenta es un ejemplo.
Un caso más reciente fue el tratamiento del proyecto de ley de ludopatía. Amparados en el reclamo de la Iglesia, el kirchnerismo alineó al bloque detrás del impulso a la sanción de una ley que aplica severas restricciones a las casas de apuestas on line. Para los críticos, detrás de la movida está la mano de Máximo Kirchner y un supuesto ajuste de cuentas con Cristóbal López.
El proyecto afecta de manera directa a los gobernadores, que tienen en esa actividad una importante entrada de dinero a sus arcas. Por eso no extrañó que el tucumano Juan Manzur, siempre al tanto de todo lo que ocurre en el PJ, se pusiera al frente de la rebelión a la movida impulsada por La Cámpora. Lo secundó la jujeña Carolina Moisés.
El caso de ludopatía parece un tema menor, pero puede anticipar futuras tormentas y rebeliones en temas más caros a los intereses de Cristina Kirchner. Sin ir más lejos, tras la elección del domingo 26 de octubre volvió a agitarse la cuestión de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y las supuestas negociaciones a través de terceros con terminales en Karina Milei y la expresidenta.
Sin embargo, la Casa Rosada ya no necesitaría, a partir del 10 de diciembre, de los votos del kirchnerismo para completar las dos vacantes en el máximo tribunal. Le alcanzará con negociar con aquellos senadores de Unión por la Patria con terminales en sus gobernadores para, sumados a Pro, la UCR y fuerzas provinciales, llegar a los dos tercios que exige la Constitución.
“¿Explicame por qué tengo que votar a una candidata elegida por Cristina Kirchner? ¿Qué gana mi gobernador si nosotros no tenemos problemas en votar al candidato que envíe el Gobierno?”, le dijo a un senador con pasado en cargos ejecutivos y con ganas de, al menos por una vez, sentir que el kirchnerismo tendrá que sentarse a negociar al interior del partido, que las cosas pueden empezar a cambiar.
Gustavo Ybarra,Cristina Kirchner,Senado de la Nación,Conforme a,Cristina Kirchner,,Análisis. Volvió el viejo Milei y se va Cristina,,Cuadernos de las Coimas. Se inicia un juicio histórico que demorará años: 87 imputados y 304 hechos de corrupción,,¡Secuestraron al PJ!
POLITICA
El Gobierno enviaría mañana la reforma del Código Penal y un paquete de leyes sobre propiedad privada
El Gobierno nacional quiere recuperar el pulso de la agenda, por eso apura el envío de los proyectos de ley que anunció el presidente de la Nación el pasado 1 de mayo en la Asamblea Legislativa.
Mientras termina el armado de las comisiones tanto en el Senado como en Diputados, desde la Casa Rosada hicieron saber a las autoridades del Congreso —particularmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem— que mañana, viernes 20 de marzo, sería la fecha para que lleguen los proyectos al Palacio Legislativo.
La duda que persiste es si el Ejecutivo va a enviar de a uno o un paquete de proyectos de ley con el fin de copar el debate y no dejar espacio para que la oposición juegue los propios.
Según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por la relación entre sus gastos y sus ingresos—, el comienzo será por un proyecto de ley de “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y por un paquete de leyes sobre “la propiedad privada”. En esto se encuentra: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.
“En medio de esto, otros dos proyectos que están ingresados a espera del debate son la ley de glaciares, que tiene fijada una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo en donde ya hay más de 60.000 inscriptos”; junto a las leyes que proponen una modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal. Estas últimas dos son leyes que aprobó el Congreso durante 2025 en cuatro oportunidades —una vez en cada cámara y, luego del veto presidencial, fueron ratificadas por ambas cámaras— y que el Ejecutivo viene incumpliendo.
En el caso de la modificación del Código Penal, había sido anunciada para ser tratada en extraordinarias, pero finalmente fue dejada para el período de ordinarias. Aunque se espera el texto para poder establecer el detalle de la misma, trascendió que busca incrementar las penas y sumar nuevas figuras delictivas o caracterizaciones de los mismos, como por ejemplo la “imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”, con un tratamiento similar a los de lesa humanidad.
En lo que se refiere a la propiedad privada, el proyecto endurecería las penas para la toma de tierras, modificaría la ley de expropiaciones y la ley de fuegos. En este último caso, se modificarían los presupuestos mínimos de protección ambiental contra incendios forestales y rurales, pero principalmente se eliminaría la prohibición de cambiar el uso de tierras incendiadas durante 30 a 60 años para evitar incendios intencionados y desarrollos inmobiliarios/agropecuarios.
“Establece que el presupuesto sólo se ajusta si se supera el 14,3% en el acumulado del IPC, y un fondo de sólo $80.000 millones para hospitales escuela”.
En el caso de la ley de financiamiento universitario, el oficialismo propone cambiar el modo en que se ajustan los presupuestos y se discuten los salarios de los docentes y no docentes. El nuevo proyecto propone una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos (marzo, julio, septiembre), es decir, que no cubre la pérdida salarial ni ajusta trimestralmente por inflación como la norma aprobada.
En el caso de la ley de discapacidad, el Gobierno no dio detalles, pero aseguró que la modificación busca que compatibilice con el equilibrio fiscal, lo que para los sectores que esperan que se aplique la norma que fue aprobada por el Congreso significa que se llevará adelante un nuevo ajuste en el costo de las prestaciones.
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POLITICA
El presidente uruguayo se mostró optimista sobre alcanzar acuerdos con Argentina sobre la planta de Paysandú
El Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, destacó la voluntad de entendimiento con la Argentina en torno al proyecto de hidrógeno verde en Paysandú. Desde Entre Ríos reiteran que acompañan las inversiones productivas, pero insisten en la necesidad de garantizar el cuidado ambiental y el desarrollo turístico. “Vamos a lograr acuerdos”, afirmó.
El pedido puntual que formuló el gobernador Rogelio Frigerio es que la planta se reubique. La intención es que se traslade tres kilómetros tierra adentro de la posición original diseñada. Este primer lugar, según la postura entrerriana, provocaría un impacto directo en el turismo, la fuente principal de ingresos de la zona. El diseño inicial ubicaba el emprendimiento frente a los balnearios de Colón, en la costa argentina.
Las recientes declaraciones del mandatario uruguayo, marcaron un tono de distensión en medio de las tensiones generadas por la localización del proyecto de hidrógeno verde que la empresa HIF Global impulsa en Paysandú.
En el marco de la expoactiva nacional, Yamandú Orsi confirmó que mantuvo contactos con representantes diplomáticos argentinos y expresó la voluntad de su gobierno de avanzar en consensos.
“Sabemos lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Se trata de decisiones del sector privado con sugerencias del Estado. Estamos avanzando”, afirmó.
Desde la provincia de Entre Ríos reiteraron que no están en contra de la inversión ni del desarrollo productivo, pero plantearon la necesidad de analizar con profundidad el impacto ambiental y turístico del proyecto.
En ese sentido, insistieron en que la relocalización de la planta aparece como una alternativa razonable para compatibilizar crecimiento económico, generación de empleo y protección de los recursos naturales en la región del río Uruguay.
En paralelo, las autoridades de ambos países continúan los contactos técnicos y diplomáticos para evaluar los estudios de impacto ambiental y definir los próximos pasos en el marco del estatuto del río Uruguay.
El objetivo compartido es evitar conflictos del pasado y consolidar un proceso de desarrollo sustentable con beneficios para ambos lados de la frontera.
En qué consiste el proyecto
La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Se trataría de la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. El complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.
En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.
Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America,Santiago
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anuncio este jueves el inicio de un proceso de desclasificación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983, en cumplimiento de lo dispuesto por el presidente Javier Milei, en una medida que busca aportar información sobre los años de la última dictadura militar.
La iniciativa forma parte de un proceso integral que contempla la publicación, conservación y posterior traspaso del material al Archivo General de la Nación, con el objetivo de garantizar su preservación y acceso público.
Según informó el organismo a través de un posteo en la red social X, en esta primera etapa se difundirá un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, junto con una Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE. Este material fue elaborado para facilitar la comprensión y contextualización de los archivos por parte de la ciudadanía, investigadores y comunicadores.
La documentación fue organizada en carpetas temáticas bajo criterios de relevancia histórica e institucional, e incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983, un período que abarca desde los años previos al golpe de Estado hasta el retorno de la democracia.
Desde la SIDE indicaron que los documentos serán publicados de manera progresiva a través de sus redes sociales y estarán disponibles para consulta pública en el sitio web oficial, dentro del apartado de archivos históricos.
El organismo enmarcó la medida dentro de una política orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y promover un vínculo “responsable” con la sociedad, en línea con estándares de transparencia y acceso a la información.
En ese sentido, destacaron que la desclasificación de archivos previamente secretos constituye “un acto de carácter ético, político y social” que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas pueden afectar la comprensión del pasado reciente.
El período alcanzado por esta primera desclasificación incluye años clave de la historia argentina, en particular el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura (1976-1983), por lo que se espera que los documentos permitan avanzar en la reconstrucción histórica y el análisis de ese proceso.
La apertura de estos archivos representa, además, un paso significativo en materia de acceso a documentación sensible del Estado, en un área que durante décadas se mantuvo bajo estrictas condiciones de secreto. Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado señalaron que esperan que la guía elaborada contribuya a facilitar el trabajo de historiadores, investigadores y comunicadores interesados en el material.
Secretaría de Inteligencia de Estado,pic.twitter.com/aCoe4hS632,March 19, 2026,SIDE,Conforme a,,Tensión con Pro. Ritondo se queda sin la Comisión Bicameral de Inteligencia por la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo,,Mesa política. Adorni intenta dejar atrás las polémicas que golpean al Gobierno y anuncia un paquete de proyectos de ley,,Boletín Oficial. El Gobierno convocó a una audiencia pública para avanzar en la designación del titular de la UIF,SIDE,,Nueva redacción. El Gobierno dio marcha atrás con los puntos más espinosos de su Plan de Inteligencia Nacional,,Ola de renuncias. Con la salida de Lavagna, se fueron del Gobierno 45 funcionarios en solo dos meses,,Aval al Gobierno. Un juez rechazó un pedido para suspender el DNU de Milei que reformuló la SIDE
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