POLITICA
Senado: en medio de una fuerte polémica, avanza la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá
La Comisión de Acuerdos del Senado, con el apoyo del oficialismo y de la oposición dialoguista, le dio luz verde esta tarde a la postulación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá. Su pliego quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta.
La nominación de Crexell fue impugnada desde el punto de vista moral y ético por la bancada kirchnerista, quien cargó contra la exlegisladora acusándola de haber canjeado su voto a favor de la Ley Bases, aprobada por el Senado a mediados de 2024, por un cargo diplomático.
La embajadora propuesta rechazó las imputaciones y contraatacó acusando de mentir a los senadores de la bancada kirchnerista. “A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, replicó Crexell, que recibió durante el debate un fuerte respaldo del resto de los bloques de la oposición, que salieron al cruce del kirchnerismo. Así, su pliego obtuvo dictamen favorable con 13 firmas del total de 17 miembros que tiene la Comisión de Acuerdos.
La presentación de la postulante ante la Comisión de Acuerdos tocó una cota máxima de tensión a partir con la intervención de Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires) quien, a los gritos, le negó a Crexell condiciones para ocupar el lugar y adjudicó su nominación a una negociación espuria.
“No te dieron ese cargo por tus condiciones ni por tu currículum sino por los votos que les has dado a este Gobierno”, espetó Di Tullio, que alzó la voz cuando la exsenadora intentó responder a sus acusaciones.
La violenta intervención de la senadora kirchnerista provocó la reacción de la radical Carolina Losada (Santa Fe) y de la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy). “Esto es violencia simbólica, estos es disciplinamiento y me molesta mucho que venga de algunas compañeras”, salió en defensa de Crexell la legisladora jujeña, quien no sólo le anticipó su voto “peronista” a favor de darle acuerdo como embajadora ante Canadá, sino que también se quejó porque “se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de aspirar a un lugar de poder”.
Las alusiones al ataque de mujeres al que hizo mención Moisés apuntaron a las intervenciones de Di Tullio y de otra senadora kirchnerista, la riojana Florencia López, quien también le imputó falta de idoneidad moral para ser avalada como embajadora política por haber vendido su voto.
“Usted está imputándome un delito cuando la Justicia ya se expidió y quiero decirle que los fueros no la avalan para decir lo que se le antoje”, replicó Crexell, recordando el fallo del juez federal Daniel Rafecas que ordenó el archivo “por inexistencia de delito” de la denuncia formulada en su contra por el supuesto pago de canonjías por su voto en la Ley Bases.
La misma imputación le había lanzado minutos antes otro kirchnerista, Carlos Linares (Chubut), quien consideró “fundamental” el apoyo de Crexell a favor de la Ley Bases −que en el Senado se aprobó por el voto de desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel−, antes de concluir que su nominación como embajadora es la moneda de cambio por aquel respaldo. “Estamos dándole el visto bueno o no a que llegue a una embajada de la envergadura de Canadá por el pago de un favor, y eso es un escándalo”, sentenció.
Cuando pudo pasar al ataque, Crexell le reprochó al kirchnerismo su inconsistencia. “Cuando habla de embajadores honorables pienso en [Sergio] Urribarri”, rememoró Crexell, en referencia al exgobernador de Entre Ríos designado embajador ante Israel y luego condenado por corrupción. Además, mencionó “cuando lo designaron a [Fernando] Pino Solanas como embajador ante la Unesco” que, recordó, “asumió en una boleta con Lilita Carrió y terminó apoyando al kirchnerismo” una vez que ingresó al Senado.
La primera en mostrar su apoyo a Crexell fue la radical Losada, quien le dijo que era “la mejor para el cargo” para el que está propuesta antes de disparar con munición gruesa contra la autoridad moral del kirchnerismo para impugnar la idoneidad de la postulante y asegurar que reaccionaba “por envidia”.
“Lo que más se huele es envidia, cierta situación de envidia. Porque la senadora contó que la Justicia la absolvió y sin embargo la están cuestionando los mismos que dicen que la que está presa con tobillera por chorra, y a la que tres tribunales la condenaron, dicen que es inocente, que debe estar libre”, sentenció Losada en alusión a Cristina Kirchner.
Antes de que el debate se desmadrara por las acusaciones políticas, Crexell tuvo tiempo de hacer una breve introducción en la que habló del “enorme potencial” que tiene la relación bilateral con Canadá, que tiene más de 150 años, porque ahora se ve potenciada “a partir de industrias tan dinámicas como la minería y la energía”.
También destacó “la fuerte relación en materia de seguridad nuclear”, ya que la Argentina tiene reactores de tecnología canadiense, y recordó que ambos países “integran un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para reformar el Consejo de Seguridad”.
Terminada la discusión por el pliego de Crexell, la Comisión de Acuerdos dictaminó, sin debate ni resistencias, un paquete de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Se trata de los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.
También obtuvieron dictamen favorable otros tres pliegos ómnibus con ascensos para 73 contraalmirantes de la Armada, 66 oficiales del Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles) y 38 efectivos de las Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Canadá,Conforme a,Senado de la Nación,,Hasta 2028. El Gobierno designó como nuevo director del Banco Central a un economista de extrema confianza de Caputo,,Senado. Tratará la designación de Crexell como embajadora en Canadá y la promoción de militares,,Dudas sobre su futuro. Villarruel apuesta a 2027 sin un plan firme mientras sigue desde el Senado la interna del Gobierno
La expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Julio de Vido recibieron un nuevo revés de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa de los Cuadernos de las Coimas. El tribunal rechazó sus recursos para desestimar las declaraciones de los imputados “arrepentidos” en el caso y la pretensión de la expresidenta de cerrar la causa por ser cosa juzgada.
La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que bloquearon el acceso la Corte Suprema de los recursos planteados por la expresidenta y De Vido.
El fallo lleva la firma de los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.
Los magistrados declararon inadmisibles los recursos extraordinarios federales presentados por las defensas de Cristina Kirchner y Julio De Vido.
Petrone y Carbajo dispusieron el rechazo de las apelaciones, mientras que la jueza Ledesma votó en disidencia, a favor de conceder los recursos para que las quejas llegaran al máximo tribunal.
La defensa de Cristina Kirchner cuestionó la resolución que “incorporó los legajos de arrepentidos” al expediente principal del caso de los cuadernos de las coimas, que está actualmente en pleno juicio oral.
Hoy, en esas audiencias prestaron declaración indagatoria Oscar Thomas, extitular del Ente Binacional Yacyretá, y los funcionarios Walter Faggias, Germán Nivello, Ramón García y Camilo Gómez.
El juez Petrone, al liderar el voto de la mayoría al que adhirió Carbajo, desestimó la vía extraordinaria. Argumentó que “la resolución que se pretende impugnar no constituye sentencia definitiva ni es equiparable a tal categoría”.
Además, remarcó que la defensa solo demostró una discrepancia de criterios, señalando que “la parte recurrente basó su impugnación en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal invocada”.
Por su parte, la jueza Ledesma votó en soledad para habilitar la apelación, al considerar que el planteo de la expresidenta introducía un debate válido sobre “el alcance del derecho de defensa en juicio, los principios de publicidad, oralidad y contradicción y la garantía de doble conforme”.
Asimismo, la expresidenta apeló el rechazo a su pedido de considerar que el caso debía archivarse por “falta de acción por cosa juzgada”.
Nuevamente, los jueces Petrone y Carbajo rechazaron su recurso con el mismo argumento sobre la falta de una sentencia definitiva.
A la hora de fundamentar por qué no se aplicaba la doctrina de la arbitrariedad, la mayoría resolvió que “para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no consiguió probar en autos”.
Ledesma, en cambio, sostuvo que la apelación debía prosperar porque se encontraba en juego el “alcance de las garantías de doble conforme y ne bis in idem”, que se refiere a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Y destacó además “la exigencia en el caso de una tutela judicial inmediata”.
De Vido, por su parte, había acudido a Casación buscando revertir el “rechazo de nulidad y recusación” del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio.
Petrone y Carbajo declararon “inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas”.
La magistrada Ledesma volvió a diferenciarse y argumentó a favor de los imputados, al señalar que los planteos de la defensa introducían cuestiones de gravedad institucional vinculadas al “alcance de los derechos a la doble instancia, debido proceso, defensa en juicio, garantías de imparcialidad, de juez natural y de legalidad”.
Al igual que en los casos de la expresidenta, Ledesma advirtió que la resolución atacada “resulta equiparable a una sentencia definitiva en tanto le ocasionaría a su defendida un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior”.
De esta forma, ahora las defensas de Cristina Kirchner y De Vido les queda el camino de plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hernán Cappiello,Conforme a
El Ministerio de Capital Humano informó la suspensión preventiva de la operatoria de 25 cooperativas de trabajo con sede en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, tras detectar “serias irregularidades” en su funcionamiento. Todas las entidades tenían domicilio en Entre Ríos 3269, San Justo, una oficina perteneciente al gobierno municipal. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y marca un nuevo capítulo en la fiscalización estatal sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el sector cooperativo creadas en gestiones anteriores.
Según el comunicado difundido por la cartera, la decisión se fundamenta en el resultado de un muestreo realizado sobre los asociados de estas cooperativas, en el cual se detectó que 119 trabajadores contratados no contaban con los beneficios de seguridad social obligatorios. La investigación determinó que las entidades, bajo la figura jurídica cooperativa, podrían haber desvirtuado los principios legales previstos en el artículo 2 de la Ley N° 20.337, así como la normativa vigente sobre aportes previsionales.
La suspensión de las actividades y la apertura del sumario administrativo fueron adoptadas como medidas preventivas, mientras se profundiza la investigación sobre la presunta utilización irregular de la estructura formal cooperativa. El Ministerio de Capital Humano remarcó que existen indicios de que estas organizaciones habrían sido empleadas para “eludir normativa vigente y con prácticas que vulneran derechos laborales”.
La ministra, Sandra Petovello, informó la decisión a través de su cuenta de X, replicando el comunicado oficial y arrobando al presidente Javier Milei.
La decisión se tomó luego de descubrir que 119 trabajadores no percibían aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución 4664/13 del INAES, las cooperativas deben realizar los aportes correspondientes al régimen previsional de trabajadores autónomos, o bien cumplir con otro sistema legalmente habilitado. Sin embargo, el relevamiento realizado por el organismo reveló que los beneficios sociales no eran otorgados a los contratados, en franca contradicción con las disposiciones vigentes.
Las entidades intervenidas comparten domicilio en una oficina de la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la posible implicancia de la Municipalidad de La Matanza y de sus funcionarios en el funcionamiento de las cooperativas suspendidas. El sumario administrativo deberá dilucidar el grado de injerencia de la administración local en la operatoria de las entidades.
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que las irregularidades detectadas podrían haber desnaturalizado los fines cooperativos, apartándose de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, y aprovechando la estructura formal para eludir obligaciones legales. El comunicado advierte que, de comprobarse las acusaciones, las cooperativas habrían incurrido en prácticas que vulneran derechos laborales, utilizando la figura jurídica con fines ajenos a los establecidos por la normativa.
La decisión del INAES implica la suspensión de toda operatoria de las cooperativas alcanzadas hasta que se determine la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales. El procedimiento se mantendrá vigente mientras avanza el sumario y se recolectan pruebas sobre la operatoria real de las entidades y la eventual participación de funcionarios municipales.
El comunicado oficial incluye la nómina completa de las entidades suspendidas, que abarca organizaciones con denominaciones correlativas y diferentes números de CUIT, como Coop. de Trabajo La Matanza 12 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 49 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 51 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 56 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 61 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 72 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 77 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 105 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 112 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 116 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 123 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 135 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 142 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 171 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 205 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 206 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 229 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 236 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 311 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 329 Ltda. y Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda.
POLITICA
Axel Kicillof: “Javier Milei nos está robando recursos, pero no aceptaremos ninguna extorsión”
LA PLATA.− El gobernador Axel Kicillof citó en esta ciudad a los 135 intendentes bonaerenses para advertirles de la frágil situación financiera que atraviesa el territorio. “Estamos ante una verdadera catástrofe. El gobierno de Javier Milei tiene en la mira a la provincia de Buenos Aires”, aseguró.
El mandatario estuvo acompañado por intendentes de diversos partidos políticos, la vicegobernadora Verónica Magario, y los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.
Ante ellos, anunció que la provincia presentará una nueva demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se restituyan fondos por 1,3 billones de pesos por incumplimientos en la ley de consenso fiscal.
“Nos están robando recursos, pero no aceptamos ninguna extorsión para aceptar leyes dañinas”, denunció Kicillof. Ningún referente de La Libertad Avanza acudió a la Casa de Gobierno.
Recordó que hay siete causas en litigio ante al Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar los fondos retenidos de Seguridad, de Compensación de transporte público de pasajeros, de Incentivo Docente, de Bosques Nativos, el Compensador para la caja previsional, Boleto Integrado y reclamos por tributos locales en la facturación de gas.
“Vamos a realizar una nueva denuncia en la Corte por incumplimiento consenso fiscal por convenios que ascienden a 1,3 billones de pesos”, afirmó.
El ministro de Economía sostuvo que existe una marcada caída de la actividad en el país y en la provincia. Y fue el encargado de explicar a los municipios la merma de transferencias. “Queremos que vean por qué tienen una caída en los recursos que reciben. Tiene que ver con caída de recaudación y de las transferencias del gobierno nacional. Vemos una situación extremadamente compleja, de riesgo. No estamos viendo perspectiva de que esto vaya a cambiar”, afirmó Pablo López.
El ministro hizo hincapié en la caída de la recaudación nacional por séptimo mes consecutivo –cercano al 10 por ciento interanual–. Y dijo que eso luego se traduce en la coparticipación provincial.
Agregó que la provincia perdió 6,6 billones pesos en coparticipación desde 2023 y que las deudas de la Nación por las obras públicas suman más de 15 billones de pesos. “Llegamos así a más de 22 billones de pesos acumulados en dos años. Esto es una pérdida de recursos equivalente a la mitad del presupuesto anual de la provincia, que este año es de 44 billones de pesos”, dijo.
Entre los intendentes presentes se destacaron Julián Alvarez, de Lanús, y Juan Ustarroz, de Mercedes, alineados con La Cámpora. Entre los radicales se dejaron ver Maximiliano Suescun, de Rauch, y Diego Reyes, de Púan. También asistieron alcaldes del Frente Renovador como Javier Gastón, de Chascomús.
El gobernador les prometió que distribuirá 250 millones de pesos a los municipios en abril, correspondientes al fondo de Emergencia a la Inversión Municipal.
María José Lucesole,Conforme a
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