Mientras el Senado comenzó la discusión sobre un eventual aumento del número de integrantes de la Corte Suprema, en la Cámara de Diputados se dio un nuevo paso hacia la modificación de la ley que regula la Auditoría General de la Nación (AGN).

La senadora Alejandra Vigo (Provincias Unidas), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dio inicio al debate anticipando una discusión extensa, con la exposición de los autores de los distintos proyectos, la convocatoria a especialistas y la participación del Gobierno nacional. En paralelo, La Libertad Avanza definió una estrategia para dilatar el tratamiento del tema.

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Durante el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, la oposición manifestó su intención de avanzar en la reforma de la Corte Suprema, con el objetivo de ampliar su número de integrantes y garantizar la paridad de género. Uno de los proyectos fue presentado por el senador salteño Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), aliado del oficialismo, quien solicitó el tratamiento del tema ante la posibilidad de que la Corte designe conjueces.

Según Romero, esto podría generar inconvenientes como “el aumento o dilación de las soluciones, y lo que es más grave, la posibilidad de que se altere la jurisprudencia histórica de la Corte”.

En la misma línea, Juan Carlos Pagotto, referente libertario y presidente de la Comisión de Justicia, pidió “escuchar todas las voces y traer expertos”. Por su parte, Ezequiel Atauche, jefe del bloque oficialista en el Senado, mantuvo reuniones periódicas con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo. A partir de estos encuentros, surgió la postura oficialista de habilitar el debate, pero con un enfoque amplio y participativo.

Este nuevo impulso se da luego del fracaso de la sesión del pasado 4 de abril, cuando el Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo para integrar la Corte: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

En el actual debate se analizan proyectos presentados por los senadores Silvia Sapag (UxP), Nora del Valle Giménez (UxP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero, Alejandra Vigo, Lucila Crexell (Provincias Unidas) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Romero destacó que la existencia de ocho proyectos demuestra la relevancia del tema y la necesidad de alcanzar un consenso para emitir un dictamen: “Este no es un proyecto jurídico, sino político, y, por lo tanto, requiere diálogo y consenso”.

Desde UxP, el senador José Mayans coincidió en varios puntos con Romero y apoyó la propuesta de una Corte Suprema integrada por siete miembros. “El Poder Judicial atraviesa una crisis profunda porque no tiene credibilidad ante el pueblo argentino. Más del 90% no cree en su eficacia, eficiencia e imparcialidad”, expresó.

En tanto, el senador radical Pablo Blanco sostuvo: “Me parece muy importante que discutamos si la Corte debe tener cinco, siete o nueve miembros, pero lo que me preocupa es que últimamente el Senado se reúne exclusivamente para tratar temas que interesan a la clase política”.

Cabe recordar que, según lo establece la Constitución Nacional, el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes en el Senado, lo que refleja la importancia de garantizar la independencia judicial mediante un amplio consenso.

El debate continuará la próxima semana.

La Auditoría General de la Nación (AGN) en el centro del debate

El futuro de la Auditoría General de la Nación también se encuentra en discusión en ambas Cámaras del Congreso. Si bien el Senado no logró quórum este miércoles para iniciar formalmente el debate, ya hay varios proyectos en consideración.

Uno de ellos, impulsado por el senador José Mayans (UxP), propone modificar la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Su iniciativa plantea ampliar a nueve el número de miembros de la AGN, quienes cumplirían mandatos de cuatro años, con posibilidad de reelección.

Ocho de ellos serían designados por resoluciones de ambas Cámaras del Congreso —cuatro por el Senado y cuatro por Diputados—, respetando la composición política de cada una. El noveno auditor, que presidiría el organismo, sería designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.

Por su parte, Juan Carlos Romero y Carlos Espínola propusieron mantener la actual estructura de siete miembros, pero reduciendo el mandato de ocho a cuatro años. En tanto, una iniciativa presentada por José Leavy (UxP) propone una integración de solo cinco miembros.

Mientras tanto, en Diputados avanzó el tratamiento de diversas iniciativas, entre ellas una presentada por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Su propuesta plantea una AGN integrada por siete miembros: un presidente —elegido con acuerdo del Senado y perteneciente al principal partido opositor— y seis auditores, de los cuales cuatro serían designados por Diputados y dos por el Senado.

Julio Moreno Ovalle, legislador libertario, defendió este proyecto en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, presidida por Nicolás Mayoráz. Moreno aclaró que “no se trata de un proyecto cerrado”, y señaló la disposición a consensuar con el Senado una versión unificada: “Hay una decisión política y consenso entre los legisladores de que esto se tiene que cambiar. Estamos trabajando en un proyecto superador”.

Mayoráz confirmó que mantendrá reuniones con representantes del Senado para coordinar iniciativas y buscar acuerdos: “Podríamos acordar una ley que modifique los mandatos de los auditores y su integración, y luego avanzar en una ley integral. Si no hay consenso, avanzaremos directamente con una nueva ley de la Auditoría General de la Nación”, declaró a TN.

Desde Unión por la Patria, los diputados Germán Martínez y Mónica Litza pidieron abrir el debate más allá de los mandatos de los auditores. Litza destacó: “Existe un mandato constitucional desde 1994 que exige la reglamentación de un organismo tan importante como la AGN. Este Congreso está en deuda. Presentamos un proyecto con la diputada Carla Pitiot, porque creemos que no puede seguir funcionando con parches sobre la ley de Administración Financiera. Es necesario discutir una reglamentación integral de su funcionamiento”.

En la misma línea, la diputada radical Karina Banfi señaló que la AGN “es un organismo con representación política, auxiliar del Congreso en la rendición de cuentas”. Advirtió que, en el nuevo escenario político, caracterizado por la proliferación de monobloques, se dificulta la toma de decisiones sobre su composición. “La estructura original fue pensada durante el Pacto de Olivos, en un contexto bipartidista. Pero hoy esa lógica ya no se ajusta a la realidad política. Las instituciones deben tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a la voluntad representativa de la ciudadanía”, concluyó.

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