Mientras una parte de la negociación por la reforma laboral pasa por la Casa Rosada y su relación con los gobernadores, la jefa de la senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), retomará este martes el contacto con los jefes de bloque de la oposición dialoguista con el objetivo de alcanzar un texto de consenso y, así, acercarse un paso más a la meta del 11 de febrero, fecha que fijó para llevar el proyecto de ley al recinto de la Cámara baja.

Si bien en el Senado impera la cautela a la espera de ver cómo se desenvuelven los acontecimientos en la negociación de la Nación con las provincias por la rebaja de impuestos y su impacto en el dinero que reciben los provincias, en el oficialismo se muestran optimistas en que el proyecto será aprobado por la Cámara alta la semana próxima.

Por lo pronto, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), estimó en “un 80% el nivel de acuerdo” que existe en torno al proyecto, también advirtió que una parte importante de la negociación es la discusión por los fondos que las provincias no quieren resignar en el altar de la política de incentivos fiscales en la que el Gobierno pone gran parte de su esperanza de que la reforma fomente la creación de empleos y la registración de los informales.

En ese sentido, este miércoles podría ser un día clave para la suerte de la reforma laboral. Ese día, en el Consejo federal de Inversiones (CFI) se reunirán los gobernadores provinciales para definir una postura en común. Tienen un dato a favor: saben que manejan en el Senado un puñado de votos vitales que el Gobierno necesita para poder aprobar la reforma.

El encuentro de este martes será una continuación del celebrado el último miércoles y volverá a tener, otra vez, como escenario el salón de reuniones del bloque UCR. La semana pasada asistieron, además de Vischi, los senadores Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas), Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba).

También participaron la radical Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Avila (Independencia-Tucumán) y Flavia Royón (Primero los Salteños), alineadas con los gobernadores Ignacio Torres, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, y la santacruceña Natalia Gadano (Movere).

Tras una reunión de más de dos horas, Bullrich se llevó la semana pasada una serie de pedidos de aclaraciones, reformulaciones y modificaciones planteadas por los bloques que, sumados a los 21 que integran el interbloque de La Libertad Avanza, sumarian los 44 votos de máxima con los que podría contar el oficialismo para aprobar la iniciativa.

Los 72 miembros que componen el Senado se completan con los 28 integrantes del interbloque Popular, en el que conviven diferentes expresiones del peronismo, que hegemoniza el kirchnerismo con 21 senadores y que impulsa, aunque no en su totalidad, el rechazo a la reforma laboral en línea con la postura de la CGT y de la CTA.

Según pudo saber , la exministra de Seguridad debería llegar al encuentro con las respuestas a los pedidos, al menos la mayoría, para seguir delineando el texto que aprobará el Senado. Como el proyecto ya obtuvo dictamen de comisión en diciembre, todos los cambios deberán hacerse en el recinto de la Cámara alta, durante el tratamiento en particular del proyecto. No es el mecanismo más prolijo y siempre es un peligro ya que es difícil prever la dinámica que puede alcanzar el debate en las bancas de la redacción de uno o varios artículos.

Entre las mejoras o modificaciones solicitadas figuran cuestiones vinculadas a los beneficios fiscales para las empresas. El radicalismo pretende que se vuelquen en mayor volumen para las Pymes, a partir de la creación de un régimen diferenciado, porque son las que más mano de obra genera y las que más necesitan incentivos para el blanqueo.

En el mismo sentido, hay una propuesta de direccionar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), nuevo mecanismo de indemnización por despido que impulsa el Gobierno, con una preferencia para las pequeñas y medianas empresas, con una menor capacidad de absorber el costo de la finalización de la relación laboral.

Otro tema en carpeta que genera inquietud y que todavía se encuentra en discusión es la derogación de los estatutos laborales sancionados por ley. La idea que impera en la oposición dialoguista es establecer un plazo antes de que pierdan vigencia con el objetivo de que las partes involucradas (empresas y gremios) puedan negociar un nuevo marco laboral.

El de postergar por determinado plazo de tiempo la aplicación de las disposiciones de la reforma también se baraja en cuanto a las reducciones de impuestos, en particular el de Ganancias. La idea, sostienen algunos, es darle plazo a las provincias para adaptarse, y adecuar sus presupuestos a la eventual merma de ingresos por coparticipación de impuestos que implicará la rebaja.