POLITICA
Senado | Un aluvión de votos contra el Gobierno aportados por el kirchnerismo, la UCR y Pro

El hartazgo por las maniobras dilatorias de Santiago Caputo y por el manoseo institucional al Congreso por parte del Gobierno de Javier Milei conformaron un cóctel explosivo en el Senado, que terminó reuniendo una inédita alianza en la que confluyeron el kirchnerismo, la UCR, Pro y representantes del peronismo del interior para propinarle al Poder Ejecutivo una inédita derrota con el rechazo a los pliegos de dos postulantes a ocupar una poltrona en la Corte Suprema de Justicia.
En el caso del pliego de Ariel Lijo, el aporte del kirchnerismo fue determinante para bloquear la posibilidad de que el juez federal pueda convertirse en miembro del máximo tribunal de Justicia. Con 24 votos, quedó a tan sólo uno de alcanzar en soledad el tercio más uno del total del Senado que se requiere para cerrarle definitivamente la puerta a un candidato a juez de la Corte.
Si bien el número no implica un apoyo lineal a su persona, Cristina Kirchner terminó saliendo fortalecida tras la pulseada por los pliegos de la Corte en el Senado. Del total de votos en contra de Lijo, al menos 20 responden a legisladores que todavía obedecen a las órdenes de la presidenta del PJ.
De hecho, la bancada que conduce José Mayans (Formosa) evitó una sangría, vía gobernadores provinciales, que hasta la semana pasada algunos operadores del Gobierno aseguraban que alcanzaba casi la mitad de los 34 senadores de Unión por la Patria.
Al final, sólo diez senadores de Unión por la Patria quedaron apoyando al juez federal, pero no porque respondieran a las presiones o a una alianza de sus gobernadores con la Casa Rosada. En gran parte, esa decena de votos corresponden a compromisos políticos asumidos con el magistrado con despacho en Comodoro Py por parte de dirigentes peronistas.
Hay dos ejemplos claros de esos acuerdos directos entre Lijo y el peronismo. Uno es el caso del tucumano Juan Manzur, a quien lo acompañó su comprovinciana Sandra Mendoza. Otro caso es el del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Con Mayans como jefe de bloque y cara visible del rechazo a los dos candidatos por haber aceptado se juez de la Corte por decreto, decidió poner “un huevo en cada canasta” y mandó a votar a favor de Lijo a María Teresa González, la otra senadora peronista de la provincia.
Como anticipó , en las horas previas a la sesión se pudo ver algo parecido a los que ocurrió cuando el Senado expulsó al entrerriano Edgardo Kueider. La idea de que ambos candidatos no tenían ni por asomo el apoyo de los dos tercios que requiere la Constitución para tener el acuerdo del Senado terminó inclinando a muchos senadores a votar por el rechazo.
Así, a la hora de la votación, 10 de los 13 senadores de la UCR terminaron rechazando el pliego de Lijo. Incluso el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes), que había firmado el dictamen a favor de la designación del juez federal, terminó encabezando y argumentando el voto de la mayoría de su bancada.
En su discurso, casi en el final de la sesión, el senador correntino blanqueó el cansancio de su bancada con los modos y manejos del Gobierno de su bancada, en particular con Santiago Caputo, aún cuando no lo mencionó.
Ninguna de las propuestas de la UCR, advirtiéndole que se avecinaba una derrota si no retiraba los pliegos, caló en el operador presidencial, que siguió apostando hasta última hora a dejar sin quórum la sesión. No sólo no logró su objetivo, sino que al momento de la votación sólo faltó uno de los 72 miembros de la Cámara alta.
Otro bloque clave para el rechazo de Lijo fue el Frente Pro. Sólo una senadora, la tucumana Beatriz Avila, que pertenece a un partido provincial, se desmarcó y votó a favor del juez federal. El resto del bloque, siete, se alineó detrás del jefe de la bancada, Alfredo de Angeli (Entre Ríos), en el rechazo al nombramiento de jueces por decreto del Poder Ejecutivo.
Si bien la sesión se produjo en medio de la crisis entre el Gobierno y Mauricio Macri por la elección en suelo porteño, lo cierto es que el expresidente había alineado a una buena parte de su bancada en el rechazo al juez federal desde casi el inicio mismo del tratamiento de su pliego en la Cámara alta.
Sin embargo, la decisión del Gobierno de sortear el acuerdo del Senado colaboró a amalgamar a un bloque Pro atravesado por las internas que vive el partido. Así, confluyeron en el rechazo soldados de Macri como el jefe del bloque con la larretista Guadalupe Tagliaferri y la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, enfrentada con el expresidente y alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
POLITICA
El fiscal de la Casación reclamó el inmediato remate de los bienes de los hijos de Cristina Kirchner

El fiscal ante la Casación Penal Mario Villar dictaminó que debe rechazarse el pedido de Cristina Kirchner para no decomisar los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia, y avanzar de inmediato con la ejecución de las propiedades, que son 19.
El tironeó ocurre en el marco de la ejecución de la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena a 6 años de prisión en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El decomiso de los bienes es lo único que resta ejecutar de esa condena.
Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron en un escrito ante la Cámara de Casación que los hijos de la expresidenta son ajenos al proceso que la condenó y que sus bienes tienen un origen lícito. El reclamo es más amplio y cuestiona todo el decomiso.
Villar, cuyo dictamen antecede a la decisión del tribunal, remarcó que la condena de Vialidad ya quedó firme en junio del año pasado y que el decomiso ya estaba dispuesto como parte de la condena. Por lo tanto, lo que está en discusión ahora no es la existencia del decomiso, sino cómo ejecutarlo.
También marcó que en las causas de corrupción no siempre es posible reconstruir el exacto recorrido de los fondos ilícitos y que por eso jueces pueden considerar incrementos patrimoniales vinculados temporalmente con la maniobra delictiva.
Esto último es en respuesta a la queja de la expresidenta acerca del “modelo de decomiso ampliado” que puso en marcha el Tribunal Oral Federal N°2 que la condenó.
En el escrito, sus abogados sostienen que no se realizó ninguna investigación patrimonial ni análisis de trazabilidad de fondos que demuestre que los bienes pertenecientes a los hijos de la expresidenta guarden alguna relación con el delito por que fue condenada.
El listado de bienes que la expresidente busca poner a resguardo incluye 10 departamentos en Río Gallegos, dos inmuebles en la misma ciudad, y una serie de terrenos en Lago Argentino, en Santa Cruz, todas propiedades que fueron cedidas a sus hijos por Cristina o Néstor Kirchner
La expresidenta también cuestiona la actualización del monto a cubrir. En distintas presentaciones sotuvo que estuvo mal calculada y que no está firme. La Justicia fijo el decomiso de bienes actualizado en poco más de 684.000 millones de pesos.
“El decomiso ordenado no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme”, marcó Villar.
“La resolución impugnada no modifica el contenido de la condena ni introduce nuevas obligaciones, sino que se limita a hacer operativa una consecuencia penal ya establecida”, señaló el fiscal.
La defensa de la expresidenta exige que se otorgue efecto suspensivo al recurso, frenando de inmediato cualquier intento de tasación, remate o inscripción de los bienes a favor de la Corte Suprema u otra entidad.
La puja en torno al decomiso de bienes debe ser resuelta por los jueces de la Cámara Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Probablemente los magistrados se reúnan la semana próxima para definir la situación.
El fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola siguieron insistiendo para ejecutar los bienes, en línea con el planteo de Villar. En agosto pasado pidieron que esa medida se ejecute de manera inmediata, pero no tuvieron éxito.
Además de los bienes de la expresidenta, solicitaron el decomiso de propiedades de Lázaro Báez, también condenado en el mismo expediente. Pidieron en total el decomiso de 141 inmuebles (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez), 46 automotores, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24. Luciani solicitó además el decomiso de propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Casas de Pinamar, ubicadas en Hélades 297, Troya 783, Poseidón 449 y Goleta Hércules 424.
decomisar los bienes,Federico González del Solar,Cristina Kirchner,Conforme a,Cristina Kirchner,,“Fue una persecución política”. Echarri apoyó a Andrea del Boca tras la causa judicial, habló de su ingreso a Gran Hermano y disparó contra la fiscal,,Rating. Javier Milei en el Congreso: cuánto midió el discurso del presidente,,Por qué Milei insulta a los empresarios
POLITICA
El Gobierno no define prioridades en el Congreso y se demora el envío de las reformas anunciadas por Milei

El ritmo frenético que los libertarios lograron imponer en el Congreso durante el verano se cortó abruptamente. Tras haber encadenado una serie de importantes victorias legislativas, como la aprobación de la reforma laboral o la ratificación en tiempo récord del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, todo parecía indicar que el presidente Milei apostaría a prolongar la racha victoriosa y sacarle provecho a la mayoría que logró consolidar gracias a los bloques aliados y la ayuda de algunos gobernadores. Sin embargo, ambas Cámaras entraron en una suerte de letargo y no hay sesiones previstas hasta abril.
El domingo pasado, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei anunció el envío de “90 paquetes de reformas estructurales” para “rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”. Hasta el momento, ninguno de esos proyectos pasó por mesa de entrada. De hecho, ni siquiera los principales referente de La Libertad Avanza en Diputados y el Senado saben de antemano cuáles serán los temas prioritarios para la Casa Rosada.
“Por ahora, solo tenemos por delante la Ley de Glaciares”, reconoció un importante referente del bloque violeta en Diputados. Pero ese debate se demorará ya que el oficialismo accedió a convocar a audiencias públicas para que la sociedad civil participe de la discusión. Serán el 25 y el 26 de marzo y el dictamen recién podría firmarse después de eso, pero esa semana se superponen el feriado del 2 de abril por Malvinas y Semana Santa, por lo que la sesión sería convocada recién para el miércoles 8 o el jueves 9 de abril.

El trámite de la modificación de la Ley de Glaciares en el Senado fue exprés, pero el cambio de actitud del oficialismo estuvo motivado por el miedo a la judicialización ya que ese requisito lo impone el Acuerdo de Escazú que Argentina firmó en 2020. También hubo diputados libertarios que deslizaron que estarían dispuestos a hacer cambios en el texto si permiten que la ley tenga más claridad y así se eviten futuras disputas en los tribunales. Todo en pos de no ahuyentar a las inversiones extranjeras.
Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario en el Senado reconocieron que la Casa Rosada aún no definió qué proyectos enviará primero. El domingo pasado Milei adelantó que planea reformar el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial; la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia; el Régimen Tributario y el Código Aduanero; ratificar el Acuerdo con EEUU y firmar nuevos acuerdos internacionales; eliminar barreras ambientales; reformar el Régimen Electoral y el sistema de financiamiento de los partidos políticos; reformar la Justicia y el Código Penal; reformar los tres niveles educativos; sancionar una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.

En las filas libertarias especulaban con que la reforma política estará entre los primeros proyectos en llegar al Congreso. Esta incluirá como punto principal la eliminación de las primarias (PASO), pero también incrementar los requisitos para crear y mantener la vigencia de los partidos políticos, cambiar el sistema de financiación (más parecido al de Estados Unidos, con aportes privados sin límites) y adoptar el sistema de circunscripción uninominal.
El propio Milei aludió específicamente al último punto en su discurso: “Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados”.
Las circunscripciones uninominales fueron incluídas en los primeros borradores de la Ley Bases, pero luego quedaron desechadas por rechazo de los aliados. Este sistema, que rige principalmente en países anglosajones, como Estados Unidos e Inglaterra, implicaría reemplazar el sistema de representación proporcional. La iniciativa requeriría aplicar una compleja ingeniería institucional: obligaría a subdividir cada distrito en circunscripciones, tantas como cargos electivos haya en disputa y cada partido político podría presentar un candidato en cada una. Al final de la elección, se impondría sólo un candidato por circunscripción.

Los opositores dialoguistas, como el PRO, la UCR y Provincias Unidas, aún no sentaron posición pública sobre la eliminación de las PASO, pero saben que beneficiaría principalmente a los oficialismos y complicaría a las coaliciones que no tienen un candidato único definido. Hace dos años también rechazaron el sistema de circunscripción uninominal y los cambios drásticos en el financiamiento de los partidos.
Respecto a las aparentes demoras del Ejecutivo en plantear la nueva agenda legislativa, desde el oficialismo señalaron que Milei “está reestructurando el Gabinete”. Este miércoles renunció Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia y Juan Bautist Mahiques fue nombrado en su lugar, con la venia de Karina Milei. También asumió el “karinista” Santiago Viola como secretario de Justicia, virtual número 2 de la cartera, en reemplazo de Sebastián Amerio, quien responde a Santiago Caputo y ahora se desempeñará como Procurador del Tesoro. No se descartan más cambios.
Mesa Política
POLITICA
La ARCA amplió la denuncia contra una de las sociedades vinculadas a la AFA y a Toviggino

La agencia de recaudación ARCA detalló ante la Justicia graves irregularidades de la firma Malte SRL, una de las principales empresas en torno a los negocios bajo sospecha de la AFA de Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
El informe, al cual tuvo acceso , fue remitido al juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y llega a la conclusión de que se trata de una sociedad con perfil apócrifo.
Entre las anomalías detectadas figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal y la imposibilidad de localizar a la empresa en las direcciones declaradas, además de la inscripción de diferentes actividades económicas sin relación entre sí.
El organismo también observó movimientos patrimoniales de difícil trazabilidad, con sucesivas compras y ventas de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, muchas veces entre empresas vinculadas al mismo grupo.
En materia de facturación, la ARCA detectó emisión de comprobantes electrónicos por montos significativos a compañías relacionadas, con conceptos que no guardan relación con las actividades declaradas. Del lado de las compras, se registraron operaciones con proveedores vinculados y gastos que no se corresponden con los servicios facturados.
El accionista de Malte SRL era Juan Pablo Beacon, a quien mostró moviendo cientos de miles de dolares en videos y fotografías que, según se sospecha, eran los fondos negros que movían las autoridades de la AFA.
Beacon era mano derecha de Toviggino hasta que se pelearon.
Otra inconsistencia relevante detectada por la ARCA en Malte SRL es la escasa estructura operativa de la firma: pese al volumen de operaciones registradas, la empresa contaba con un solo empleado, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la sociedad declaraba domicilios en Santiago del Estero y emitía comprobantes desde una dirección IP localizada en Tucumán, utilizada además por otras empresas vinculadas.
El informe también menciona operaciones de monto importante con la AFA, respecto de las cuales el organismo señaló que no pudo determinar la trazabilidad de los bienes o servicios presuntamente vendidos.
A partir de estas inconsistencias, la AFIP concluyó que Malte SRL no posee capacidad económica ni operativa para respaldar los movimientos registrados y categorizó como una usina de facturación sin sustento real.
Malte SRL fue usada para comprar la mansión de Pilar que, se sospecha, era de Toviggino, aunque en los papeles figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada.
La ARCA puntualiza que Malte SRL adhirió al blanqueo de capitales con 1,4 millones de dólares.
Las otras firmas vinculadas a Toviggino son Real Central y Recomi, por las cuales circulaba el dinero de la AFA e hicieron negocios con la entidad futbolística.
El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.
Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en PilarNicolas Suarez
El que administraba esas dos sociedades era Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.
El radio de influencia de Malte SRL y Recomi se expandió a otros equipos del Ascenso. Entre ellos se encuentran Arsenal, de Sarandí, actualmente presidido por Lara Grondona (nieta del expresidente de AFA), pero también Sol de Mayo (Río Negro) y Estudiantes de Río Cuarto.
Las empresas de Beacon se ocupaban de la gestión del fútbol profesional y, para eso, recibían ingresos de los clubes, que incluían desde los pagos por la televisación, el pase de jugadores, los sponsors de las camisetas o el alquiler del estadio, entre otros. Toviggino solía estar al tanto de algunos de estos movimientos.
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