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Señal de la Corte sobre la conexión entre el fraude de Vialidad y las operaciones de lavado de Hotesur- Los Sauces

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La condena confirmada por corrupción contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad estableció lo que se denominaron “lazos promiscuos” entre el empresario y la gestión de la entonces presidenta de la Nación. Contratos viales plagados de irregularidades, sobrecostos, direccionamiento de contratos, estructuras de pago realizadas a medida permitieron que el dueño del Grupo Austral obtuviera el 86% de los contratos.

Pero hubo una instancia más: unos 20 acuerdos comerciales de lo más variados con la familia Kirchner. La Corte Suprema en su fallo habló sobre los vínculos de Vialidad y Hotesur – Los Sauces y la falta de explicaciones de la exvicepresidenta.

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Cristina Kirchner expuso ante el máximo tribunal algo que calificó como una arbitrariedad: que el Tribunal en la condena tuvo en cuenta algo que entiende son hechos, pruebas, que no se deberían haber contemplado. Habló de las relaciones personales y comerciales que la unían con Lázaro Báez, las implicancias en torno al dictado y efectos del decreto 54/2009, las advertencias emitidas por los servicios jurídicos en relación con su dictado y la valoración del contenido de los mensajes extraídos el celular de José López, entre otros.

El fallo que dejó firme la sentencia por corrupción y que conduce a la exvicepresidenta a cumplir seis años de prisión, más un decomiso de $ 85.000 millones, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue determinante cuando respondió el reclamo del abogado de Cristina, Carlos Beraldi: “Son quejas ajenas por su materia a la competencia apelada extraordinaria de esta Corte Suprema, tales como el contexto dentro del cual se ejecutó la maniobra que fue juzgada”.

El Tribunal de juicio que la condenó encontró responsable a la exvicepresidenta del delito de administración fraudulenta, y sostuvo en los fundamentos de la condena que tuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones. Los beneficios que recibió de la compañía posibilitaron “el incremento de su patrimonio” gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces SA y a la empresa Hotesur.

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Los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resaltaron: “Aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de sociedades por él controladas, efectuó contratos de locación y gerenciamiento con sociedades de titularidad de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios”.

Esas relaciones -sin embargo-, expuso el máximo tribunal “no fueron cuestionadas por la defensa en manera alguna, más allá de alegar que los actos comerciales señalados fueron ‘totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado’, lo que resta toda eficacia a su planteo”.

Cuando en noviembre pasado la Cámara de Casación Federal confirmó la sentencia condenatoria repasó los vínculos entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner a partir de elementos que surgen del expediente Vialidad y de la investigación de Hotesur y Los Sauces.

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Se explicó que el criterio adoptado por la Casación al tener en consideración esas pruebas, fue a los fines de demostrar “circunstancias relevantes de la maniobra de corrupción juzgada”, en el caso Vialidad.

Lo sustancial de su estudio, explicó la Corte Suprema, “fue la determinación y comprobación del férreo lazo personal y comercial existente entre Báez y Fernández de Kirchner, construida sobre la base de múltiples negocios privados, y que también explica las motivaciones detrás del accionar de las personas aquí juzgadas que se materializó en un lucro indebido”.

El vínculo entre Vialidad y Hotesur – Los Sauces, es ineludible y la Corte Suprema lo dejó expuesto.

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El año pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó la reapertura del caso y la realización del juicio oral, de Hotesur- Los Sauces. Las acusaciones contra Cristina Kirchner son por el delito de lavado de dinero, maniobras que la unen (en el marco de dicha investigación) a Lázaro Báez.

La conexión de dos casos importantes

En el marco de la causa Vialidad, se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. Así se tendió un puente entre las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad que hizo foco en los circuitos irregulares que terminaron beneficiando a Báez, y cómo en una segunda etapa una porción de esos fondos terminaban en operaciones comerciales simuladas a través de las empresas de la familia Kirchner.

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En función de ese argumento, se trazó un eje principal: Cristina Kirchner y el dueño del Grupo Austral mantuvieron un estrecho vínculo comercial mientras él era proveedor del Estado a través de la obra pública vial. Un puente entre los hechos del caso Vialidad y lo investigado en Hotesur – Los Sauces.

El entramado fue confirmado por el máximo tribunal penal en noviembre de 2024 planteando un escenario decisivo respecto a ese circuito de hechos que refieren a un esquema de “reciclaje”, un recorrido del dinero otorgado de forma irregular que regresó al patrimonio de la familia Kirchner.

Los jueces que firmaron la primera sentencia por corrupción contra la ex vicepresidenta indicaron que esa relación tuvo como caja principal al erario público: hablaron de “lazos promiscuos”, que no distinguían el interés de lo público con lo privado. La Corte los expuso y avaló el concepto de una relación comercial, de conocimiento que nunca fue refutada ni explicada por la defensa de Cristina Kirchner”.

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“En 2007, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. En 2011 fue reelecta hasta el año 2015. Durante ese período temporal, junto con Lázaro Báez celebraron múltiples negocios privados que redundaron en constantes ganancias para la ex Presidenta”, indicaron los jueces que condenaron a la vice por administración fraudulenta. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones.

¿Cómo se conecta esto con la causa Hotesur – Los Sauces?

El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.

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Ese dinero, explicó la justicia se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-.

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Los hoteles, eslabón clave

Entre los años 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. En su alegato, el abogado de Cristina Carlos Beraldi había simplificado todo: “unos alquilaban y otros pagaban”. Pero los jueces desecharon esa explicación.

Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos”. Esto, añadieron, “no sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”.

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Números cuestionados

La operatoria inició el 10 de noviembre de 2008, Hotesur SA negoció con Valle Mitre SRL (de Lázaro Báez) la locación del hotel Alto Calafate por el término de un año y acordó que recibiría por ese concepto la suma de USD 80.000 mensuales. Ese mismo día se firmó otro contrato, mediante el cual Hotesur SA cedió a Valle Mitre SRL la explotación comercial y de sus activos por un canon mensual de USD 40.000.

Es decir que, en total, en dicha fecha se garantizó el pago de un total de USD 120.000 por mes. Pese a que la empresa de Báez iba siempre a pérdida, no dejó de pagar jamás el canon mes a mes, a la familia Kirchner.

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Del relevamiento y entrecruzamiento de la totalidad de las facturas emitidas por Hotesur SA entre 2008 y 2013 con los pagos realizado por Valle Mitre SA y la fecha de registración en el libro diario de Hotesur SA, surge que Valle Mitre SA pagó a Hotesur SA, entre 2008 y 2013, la suma de $28.597.624.

Además, esos pagos, en virtud de la naturaleza del contrato y los términos acordados, se concretaron con independencia del nivel de ocupación que registrase el alojamiento y de los vaivenes de las temporadas turísticas. Es decir, neutralizando todo riesgo para los locadores, al punto que entre marzo de 2009 y mayo de 2013, inclusive, la totalidad de la facturación emitida por Hotesur SA fue a nombre de Valle Mitre SA.

Quedó corroborado que la capacidad económica de Valle Mitre era “sumamente escasa para encarar un contrato del tenor del celebrado con Hotesur SA por el hotel Alto Calafate”, tal como reveló Clarín y que consta en un informe pericial contable.

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Mientras la operación “generaba ganancias fastuosas e inéditas para la ex Presidenta, la empresa de Báez reportaba pérdidas. Otra de las operaciones que demuestran lo importante que era para Fernández de Kirchner asegurar las ganancias de Báez en las contrataciones estatales está dada por el acuerdo en relación a la hostería “Las Dunas”, ubicada también en la provincia de Santa Cruz”.

Los datos son más abrumadores: la Hostería Las Dunas permitió a Néstor Kirchner primero, y luego sus sucesores, reciban al menos, la suma de $5.846.676 emitidos por Valle Mitre SA a la “Sucesión Néstor Kirchner”; mientras que la facturación para el período 2010-2013 da cuenta de la existencia de pagos de Valle Mitre SRL/SA en concepto de arrendamientos o alquileres a la “Sucesión de Néstor Kirchner” por un total de $ 6.007.944.

Los registros compulsados por los peritos de la causa destacó que el vínculo se mantuvo “hasta el mes de mayo de 2013, fecha en la que se recibió el último pago” y que la actividad hotelera compartida entre Báez y Fernández de Kirchner “también se vincula, una vez más, a Los Sauces SA, en esta oportunidad en relación al hotel La Aldea del Chaltén, adquirido por la firma de los ex presidentes el 13 de abril de 2009”.

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En concreto, “se logró identificar en las cuentas de la gerenciadora de los hoteles de Fernández de Kirchner el ingreso de, al menos, $70.949.170,95 provenientes de Austral Construcciones SA, $786.227,75 transferidos por Kank Costilla y $481.773,60 De Loscalzo Del Curto SRL, además de acreencias de otras firmas del grupo como Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom, La Aldea Chaltén, Diagonal Sur, que en definitiva arrojaban un total de $73.053.584,80 para el período 2008 a 2015.

Hay otra consecuencia directa de esos movimientos de fondos: Valle Mitre SRL, que pagaba los alquileres de la ex Presidenta, creció gracias a los constantes aportes de austral Construcciones que tenía un único ingreso y cliente: el Estado Nacional. “Prácticamente el total del dinero con el que contaba Valle Mitre SA en sus cuentas en 2008 (95,7%) era el que le aportaba Austral Construcciones SA –monto que sería superior si se pondera toda la facturación relevada-, que se encontraba en ese entonces gozando del pleno auge de contrataciones con el Estado nacional”.

Para entonces Lázaro Báez ya había ganado 39 licitaciones. “Las empresas comenzaron a presentar ofertas más cercanas al presupuesto oficial, incluso muchos casos se presentaron levemente por debajo, de golpe comienzan a ajustarse al presupuesto. Las mismas empresas que cotizaron por encima casi del 20% del presupuesto oficial, ajustaron todas a la vez sus ofertas, hasta cotizaron por debajo del presupuesto

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Ante el reclamo policial, el Gobierno de Jujuy propuso un esquema de aumentos escalonados

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El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.

Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.

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Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.

La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.

La reunión se realizó este martes en la Central de la Policía de Jujuy

Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió «un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.

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En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.

Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.

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En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.

En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.

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Una multitud se reúne para protestar

El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.

El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.

En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.

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El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.

Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.

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Legislatura porteña: La Libertad Avanza y Fuerza Patria presionan a Jorge Macri y desplazan a Pro de las principales comisiones

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La oposición busca capitalizar la debilidad de Jorge Macri en la Legislatura porteña y presiona al jefe de gobierno para quedarse con la presidencia de las principales comisiones. Aunque Pro retendrá presupuesto, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postergan al sello amarillo en las negociaciones y se encaminan a conducir los órganos que revisarán los pliegos judiciales y los vetos del mandatario.

La magra cosecha de Pro en los comicios de mayo pasado dejó al oficialismo en una situación frágil en el parlamento local con apenas 11 legisladores. La semana pasada logró completar la docena, con la adhesión de Pablo Donati, de Republicanos Unidos, a la bancada, pero todavía se mantiene detrás de Fuerza por Buenos Aires -cuyo bloque concentra un tercio de la cámara (20 bancas)- y los 14 libertarios, incluida Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez desde las filas larretistas.

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En este contexto, las dos principales bancadas opositoras buscaron hacer valer su superioridad numérica y tensaron las negociaciones con el oficialismo por el reparto de las comisiones. “Nuestro bloque entiende que, siendo el bloque mayoritario, nos corresponden comisiones más relevantes que en otras oportunidades”, explicaron en la bancada peronista.

Según pudo saber , aunque las negociaciones continúan en marcha, Fuerza por Buenos Aires se encamina a conducir la Junta de Ética, un órgano que jugará un rol clave este año si se concreta en el corto plazo el traspaso del fuero laboral a la ciudad. Es que por esa comisión pasan los pliegos para ocupar cargos públicos y vacantes judiciales previo a su discusión en el recinto.

En la Legislatura afirman que el oficialismo tiene los votos para aprobar el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei para avanzar con el traspaso de competencias. Es el paso final para que el acuerdo entre en vigor, dado que ya recibió el aval de las dos cámaras del Congreso Nacional.

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El recinto de la Legislatura porteña durante la apertura de sesiones ordinarias 2026Prensa Jorge Macri

La Libertad Avanza también tendrá un rol central en los debates sobre temas judiciales en el nuevo período de sesiones ordinarias. Sucede que el sello violeta habría logrado quedarse con la comisión de Justicia, un nicho que buscaba mantener bajo su órbita la Unión Cívica Radical (UCR), en particular el sector del partido que responde a Daniel “Tano” Angelici, aliado de los primos Macri que, desde mediados del año pasado, integra la mesa chica del jefe de gobierno.

El dirigente radical tiene una fuerte injerencia en la Justicia porteña, un área en la que también talla el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien ubicaría a uno de sus alfiles al frente de la Junta de Ética: Matías Lammens. Angelici -que tiene terminales en la Secretaría de Justicia porteña y el Consejo de la Magistratura local- apostaba a conservar el control sobre el órgano legislativo que digita los proyectos en materia judicial a través de su ladera Aldana Crucitta.

Matías Lammens podría presidir la Junta de Ética de la Legislatura porteña[e]MARTIN ZABALA – xh

Según señalaron tres fuentes parlamentarias consultadas por separado, el operador judicial del macrismo habría intervenido directamente en las negociaciones para retener la comisión. En particular, advirtieron que habría mantenido diálogo con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario para destrabar la puja por esa codiciada comisión, aunque el partido de Milei terminó imponiendo su posición.

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Se prevé que LLA se quede también con la comisión de Asuntos Constitucionales, que, entre otras cuestiones, revisa los vetos del jefe de gobierno. El presidente del órgano sería Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez.

Angelici no se quedará, de todos modos, al margen de las comisiones con mayor actividad. Legisladores de la oposición indicaron a que su alfil Crucitta finalmente presidiría Seguridad, que hasta el año pasado controlaba Pro a través de Gimena Villafruela.

Legisladores porteños señalaron que Daniel Angelici habría intervenido en las negociaciones por la comisión de JusticiaPATRICIO PIDAL/AFV

En algunos bloques esperan que el oficialismo resista el intento por desplazarlo de este órgano, en especial ahora que Jorge Macri busca apuntalar su vocación reeleccionista en una agenda de mano dura y orden. Sin embargo, al cierre de esta nota, era Crucitta quien lideraba la carrera por la presidencia de esta comisión.

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De confirmarse esta distribución, de las principales comisiones, Pro apenas conservaría Presupuesto. A pesar de los embates al oficialismo, tanto en fuerza por Buenos Aires como en LLA acordaron respetar la regla tácita por la que es el partido que gobierna el que conduce esta comisión. Según pudo reconstruir , dos nombres se barajaban para su presidencia: por un lado, la propia Villafruela, y, por el otro, Ignacio José Parera, un hombre del riñón de Cristina Ritondo.

El presidente de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados y titular de Pro bonaerense -que renovó su mandato la semana pasada- participó de la apertura de sesiones ordinarias de Jorge Macri.

De las comisions con mayor actividad, el bloque Pro en la Legislatura porteña solo conservaría PresupuestoPrensa Jorge Macri

La decisión final probablemente recaiga en cuánto poder estará dispuesto a concederle a Angelici el alcalde porteño. Sucede que, aunque no es alguien de su fuero más íntimo, Villafruela mantiene una relación asidua con algunos aliados del radical como el secretario de Justicia, Francisco Quintana.

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El oficialismo también controlará la comisión de Salud, que estará a cargo del dirigente de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso. Aunque no es Pro puro, el legislador juega en tándem con el bloque amarillo desde que encabezó la lista de diputados porteños de Jorge Macri en 2023.


La Libertad Avanza (LLA),magra cosecha de Pro,Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez,pic.twitter.com/dYdepf0cbS,February 28, 2026,traspaso del fuero laboral,Daniel “Tano” Angelici,agenda de mano dura y orden,Abigail Contreiras Martínez,Legislatura Porteña,Jorge Macri,La Libertad Avanza,Conforme a,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,,»Lo esperábamos». El puntapié inicial de la “Argentina Week”: entusiasmo, elogios y salones llenos en la noche de Nueva York,,Senado. Bullrich empuja una sesión para darle ingreso a los ascensos militares y al pliego de Mahiques,Legislatura Porteña,,Daniel Angelici. El radical que gana poder en la gestión porteña con el aval de los primos Macri,,Conflicto en la Legislatura. Jorge Macri vetó leyes de la oposición y abre un nuevo frente con un peronismo fortalecido,,Chiqui Tapia, sal y vinagre

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Debaten si el caso contra el ex gobernador Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito llega a juicio oral

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La causa que investiga al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por presunto enriquecimiento ilícito entró en una etapa clave, debido a que este martes comienzaron las audiencias, en las que se definirá si el proceso será elevado a juicio oral. La resolución podría conocerse a finales de abril.

El proceso lo lleva a cabo el juez de Garantías Mariano Budasoff en el Salón de Audiencias Nº1. Urribarri ya arrastra antecedentes por corrupción y, actualmente, se encuentra bajo restricciones en la ciudad de Concordia.

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No obstante, en esta oportunidad, sería juzgado por el aumento patrimonial no justificado durante el período en el que estuvo a cargo de la Gobernación y fue diputado nacional. Según la pericia contable elaborada por el Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772,05 pesos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros.

La causa en curso no solo involucra al ex gobernador, debido a que el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros también está imputado por presuntamente haber sido el testaferro de Urribarri. Según planteó la Fiscalía, esta maniobra le habría permitido a quien fue mandatario entrerriano administrar sus bienes y fondos, mientras escondía su verdadero patrimonio.

Actualmente, el ex gobernador se encuentra bajo prisión preventiva (Colegio de Abogados de Entre Ríos)

De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una pena de cinco años y seis meses en prisión para el ex gobernador. Asimismo, para Cardona Herreros pidieron una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

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Pero, previo a que ambos pudieran ser juzgados, el tribunal tendrá tiempo para evaluar la causa hasta finales de abril de 2026. Así, el cronograma de audiencias establecido por el Poder Judicial fija que las jornadas continuarán hoy, mañana y los días 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, como así también el 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026.

La defensa de Urribarri está representada por Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen, mientras que Cardona Herreros cuenta con la defensa de Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ambos equipos cuestionaron la investigación al señalar que la Instrucción Penal Preparatoria habría estado “viciada de parcialidad” y calificaron de “deficiente y persecutoria” la labor del Ministerio Público Fiscal.

De hecho, a finales de enero, el ex mandatario publicó un video grabado desde su casa en Concordia, en donde expuso la falta de acompañamiento que tuvo por parte del Partido Justicialista. “Después de haber estado 51 días detenido ilegalmente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. No hay leyes, no hay códigos ni jurisprudencia que puedan justificar tan larga pesadilla”, cuestionó.

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La Fiscalía sostiene que el ex mandatario habría engrosado su patrimonio durante su gestión

“A los dirigentes de mi partido quiero decirles que los entiendo. No es para cualquiera lo que me pasa a mí. Y es comprensible que tengan miedo de que les ocurra lo mismo, como algunos ya lo han reconocido. Uno de los principales objetivos de este proceso ha sido amedrentar, meter miedo a la dirigencia para que no hablen, no se jueguen, no opinen”, apuntó.

Luego de indicar que seguía en marcha la revisión de su condena a 8 años de prisión por los delitos de negociables incompatibles y peculado, Urribarri sostuvo que los cargos que le adjudicaron eran “acciones de gestión”. Además, advirtió que su detención preventiva podría generar “un peligroso antecedente para el futuro judicial de la provincia”.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, dando inicio a una extensa investigación judicial. Desde entonces, el expediente avanzó hasta la actual instancia de audiencia de remisión a juicio, donde se determinará si existen elementos suficientes para que Urribarri y Cardona Herreros enfrenten un debate oral.

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En 2022, el ex gobernador fue condenado a ocho años de prisión en el denominado megajuicio por corrupción. Ese fallo fue revisado en varias instancias de apelación y ahora su destino depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

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