El Gobierno dispuso ayer la expulsión del principal funcionario diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. La medida, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente y las amenazas de la República Islámica ante el posicionamiento geopolítico del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel, escala la tensión entre ambos países y reactualiza el histórico conflicto judicial por los atentados terroristas en la Argentina.

El encargado de negocios iraní tiene menos de 48 horas para dejar el país. Como antecedente inmediato, solo por citar un ejemplo, una medida similar en cuanto a las relaciones diplomáticas tuvo lugar en 2023, cuando la administración de Alberto Fernández expulsó al embajador de Ecuador, Xavier Alfonso Monge Yoder, como respuesta exacta a la decisión ejecutada en aquel entones por el presidente Guillermo Lasso, que declaró persona no grata al embajador argentino Gabriel Fucks, y le exigió que abandone Quito en un plazo máximo de 72 horas.

En cuanto al conflicto Argentina-Irán, comenzó a escalar en las últimas semanas, luego del inicio de los ataques de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre todo, luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la universidad Yeshiva en New York, donde afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina, el pasado 9 de marzo. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, sostuvo en aquel momento.

La respuesta del régimen iraní no se hizo esperar. En un duro editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, Irán afirmó que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno” libertario. Y agregó, además, que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.

Antes de este cruce de declaraciones, Casa Rosada ya había ordenado a principios de marzo elevar el nivel de seguridad a “Alto” e implementar un protocolo especial destinado a resguardar objetivos sensibles en el país, bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.

En primer lugar, se dispuso un servicio permanente de cobertura de la comunidad judía y sedes diplomáticas de los estados involucrados en el conflicto bélico, como las Embajadas de EEUU e Israel y la AMIA. En esos puntos, se agregó un refuerzo, durante las 24 horas, con móviles y efectivos de Objetivos Diplomáticos de la Policía de la Ciudad y de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Esa alerta alta sigue activa.

Un nuevo contrapunto inició el martes, cuando el gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Medida similar ocurrió con Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria.

En un comunicado oficial, se aseguró que el actual líder de esa fuerza, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo.

“La República Argentina fue víctima de dos de los atentados terroristas más graves de la historia, perpetrados en la década de 1990 por el brazo operativo del CGRI en la región, la organización Hezbolá”, indicaron en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente en X.

A modo de rememorar a las víctimas de los ataques, las autoridades indicaron que el episodio que tuvo como blanco a la Embajada de Israel en Argentina en 1992 dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que en 1994 hubo 85 muertos y más de 300 heridas que se encontraban en las inmediaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta vez, la respuesta de al República Islámica, a través de su representación diplomática en Uruguay, incluyó una advertencia hacia la Argentina. En el texto, difundido en las últimas horas, Teherán afirmó que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y sostuvo que se trata de “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. “Esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”, señaló el comunicado.

Consultado por Infobae, el exembajador en EEUU y China Diego Guelar se refirió a la decisión del gobierno libertario de expulsar al encargado de negocios de Irán. “Nosotros deberíamos haber roto relaciones diplomáticas con Irán desde el 11-4-2024, fecha en la que la Cámara de Casación Penal indicó la responsabilidad del gobierno Iraní en los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA”, sostuvo.

El senador uruguayo Javier García, en tanto y también en diálogo con Infobae, pidió que el gobierno de Yamandú Orsi, a través de la Cancillería, explicite su repudio a la embajada de Irán en Uruguay. “Irán utilizó ayer su embajada para publicar un comunicado agraviante contra Argentina. Usar nuestro país para atacar a Argentina, vecino e integrante del Mercosur, fue una decisión política iraní que tendrá sus motivos. Pero merece el rechazo oficial de nuestra cancillería. Mucho sufrió Argentina en terrorismo y muerte con apoyo iraní como para olvidar y dejar pasar esto en silencio”, planteó.

Y agregó: “Hay una solidaridad y un recuerdo que a nosotros nos despierta lo que significó los atentados que sufrió Argentina, la AMIA, la embajada de Israel, y los nexos demostrados de Irán con Hezbolá, ¿no? Entonces, que se haya utilizado a Uruguay como plataforma para atacar y agraviar a la Argentina es un dato geopolítico no menor y que para nosotros, desde nuestro punto de vista como uruguayos, no puede pasar en silencio. Por eso es que, que pedimos a nuestra Cancillería que que actúe y rechace oficialmente esa utilización. Irán podría haber elegido otros medios y utilizó Uruguay», amplió.

Y completó: “Yo planteé que esto merecía un rechazo oficial por la vía diplomática; si así no fuera, evaluamos convocar a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado al canciller uruguayo. Por eso lo prudente ahora es esperar. La noticia fue conocida hace pocas horas”.

En sintonía, el exministro de Relaciones Exteriores Omar Paganini afirmó en X: “La embajada de Iran en Uruguay no es concurrente en Argentina. Los representantes diplomáticos tienen inmunidades y privilegios para ejercer funciones en el país que están acreditados. No corresponde lo que hicieron y debe llamárseles la atención”.

Las credenciales de Mohsen Soltani Tehrani habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández. Como contraparte, el encargado de negocios de Argentina en Teherán es Jorge Mariano Jordan, que opera desde Bakú, Azerbaiyán, luego de que el gobierno decidiera la evacuación de todo el personal diplomático por la escalada de violencia, en junio de 2025.

Horas después de la oficialización del pedido de expulsión, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó: “Celebro la decisión. Entre los motivos de esta decisión se encuentran la persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en relación con la investigación del atentado contra la AMIA, y el nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)“.

“Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo. El régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; es la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales. No es legítimo. Punto”, finalizó.

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A casi un mes de haber asumido al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques está cerca de completar la renovación en los organismos que dependen de su cartera, algunos de los cuales cumplen funciones clave dentro de la estructura del Estado, como la prevención de lavado de dinero o la investigación de posibles causas de corrupción dentro de la propia administración nacional.

Apenas llegó al cargo, el ex fiscal de la ciudad de Buenos Aires -que en realidad se pidió licencia en esa función para poder cumplir sus nuevas tareas- decidió reemplazar a todas aquellas personas que estaban en lugares relevantes dentro de su área, para reemplazarlas por gente de su confianza.

De hecho, una de las primeras medidas que tomó el funcionario fue, justamente, pedirles las renuncias a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro, entre otros.

En muchas de esas entidades los cambios ya se hicieron efectivos, mientras que en otras las modificaciones fueron anunciadas, incluso de manera oficial, en algunos casos, pero todavía no se hicieron efectivas, ya sea por los tiempos políticos o por los procesos que se requieren cumplir previamente.

Gabriela Zangaro, ya al mando de la OA

Una de las dirigentes que ya se encuentra cumpliendo plenamente su trabajo es Gabriela Zangano, quien fue nombrada por Mahiques como la sucesora de Alejandro Melik en la OA, lo que se formalizó el viernes pasado mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Se trata de una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico que comenzó en 1989.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

El organismo es, según se explica en su web, el encargado de “fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”.

En este lugar estaba Melik, una figura cercana al ex ministro, Mariano Cúneo Libarona, que entre sus acciones más relevantes tuvo la firma de una resolución que recomendaba interpretar el accionar del presidente Javier Milei en el marco del caso $Libra “como un acto de comunicación individual o privada”.

Matías Álvarez, el elegido para la UIF, que debe superar primero con los filtros

En esta institución, que se ocupa del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos”, entre otras cuestiones, es impulsado Matías Álvarez.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de Justicia, su nombramiento “está todavía con el proceso formal” que incluye “una audiencia pública a fin de mes donde la gente puede presentar objeciones”.

Tal como había detallado este medio, la designación del titular de la UIF no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

El área se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año, y aunque Cúneo Libarona había propuesto a Ernesto Gaspari para este lugar, su trámite nunca llegó a completarse.

Ahora, el Gobierno convocó a la audiencia pública para el 22 de abril, desde las 10:00, en la sede del Ministerio y encabezada por el propio Mahiques, quien recibirá hasta 48 horas antes de esa fecha los pedidos de participación de todo aquel interado en opinar sobre la carrera de Álvarez.

El abogado está formado en la persecución de delitos complejos y cuenta con una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde se desempeña desde diciembre de 2023 como fiscal federal coadyuvante.

La Procuración

En un primer momento, se dijo que la salida de Cúneo Libarona no iba a implicar cambios en esta área; luego, se anunció que finalmente sí iban a haber novedades, pero las mismas no se comunicaron hasta un día después, en medio de rumores de reestructuración del organigrama.

Finalmente, el ex Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quedó allí junto a Santiago Castro Videla, que estaba al frente del área y quedó como subprocurador.

La IGJ fue para Alejandro Ramírez

El 11 de marzo pasado, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Daniel Vítolo como inspector general de Justicia y nombró en su lugar a Alejandro Horacio Ramírez, un aogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral.

Esta decisión no estuvo libre de polémica tampoco, ya que en su carta de despedida, el ahora ex funcionario lamentó no haber llegado a completar investigaciones en “ámbitos considerados intocables”, en una clara referencia a la causa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Incluso, una de las últimas medidas de Vítolo fue enviar un segundo pedido para que el Ministerio designe veedores encargados de auditar nuevos negocios vinculados a esa institución deportiva.

Tras su salida y la llegada de Ramírez, el trámite continuó su curso y tan solo cinco días después el Gobierno habilitó la auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la AFA, eligiendo para llevar adelante esta tarea a los mismos expertos que había recomendado la gestión anterior.

Más recientemente, y ya en el marco de la denuncia por presunta retención indebida de aportes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país para los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, el próximo anuncio oficial

Por último, aunque todavía no se hizo efectivo por cuestiones administrativas, ya está decidido que Leonardo Szuchet va a reemplazar a Joaquín Mogaburu en la subsecretaría de DDHH.

“El cambio es un hecho. Ambos involucrados ya lo saben”, confirmó a este medio una fuente de la cartera que conduce Mahiques, que de esta forma también avanza en un área muy sensible.

El nuevo funcionario es un abogado penalista que ya ocupó puestos en esta misma Secretaría durante la administración de Mauricio Macri, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación.

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“El Coloso va a tener que esperar”, señaló un diputado que suele recorrer despachos del oficialismo y la oposición en referencia a los pedidos legislativos de Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación insistía para que el bloque de La Libertad Avanza le otorgara prioridad al proyecto de Ley Hojarasca, ya que es la segunda vez que impulsa este texto.

No obstante, en el intento de abrir paso a lo que más interesa al Gobierno, la propuesta, que lleva dos años sin tratamiento parlamentario, deberá aguardar al menos dos semanas más. “El bloque libertario se reunió ayer y definió que la semana próxima pondrá todo su empeño en avanzar rápidamente con el dictamen y la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, norma que el Ministerio de Economía reclama señalando las posibles inversiones mineras que esto podría atraer”.

En ese marco, el cronograma que se proyecta en el ámbito parlamentario de La Libertad Avanza comienza el martes con una nueva convocatoria al plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde inicialmente se había pensado en una reunión informativa con los gobernadores de las provincias mineras y, en el mismo encuentro, dictaminar.

Ahora, la intención del oficialismo es que concurran ministros de esas provincias para que expongan desde una perspectiva técnica y cerrar el dictamen con las firmas, ya que cuentan con los votos necesarios. “Una vez conseguido esto, ingresar el llamado a sesión especial para el miércoles de la semana siguiente con un único tema, la Ley de Glaciares”.

Para Hojarasca, se prevé que el giro sea solo a la comisión de Legislación General y que se realice en una única reunión de carácter informativo, aunque con una posible novedad: existe la chance de que el propio Sturzenegger asista para defender la propuesta.

La ley en sí no presenta mayores inconvenientes, salvo un artículo específico que propone eliminar el financiamiento estatal directo a la Federación Argentina de Municipios (FAM) y al Círculo de Legisladores, obligándolos a sostenerse con recursos propios.

La FAM, que representa al 70% de los municipios del país, reclama que el Ejecutivo no avance con el recorte de fondos, ya que esto afectaría la autonomía de los gobiernos locales, que en ocasiones dependen de los gobernadores.

Respecto al recorte para el Círculo de Legisladores, ya advirtieron que esto podría ocasionar problemas de otra naturaleza, entre ellos la eliminación del libre tránsito y estacionamiento para los vehículos de diputados y senadores. “Parece una pavada, pero esto te puede complicar una sesión. Cada vez que sesionamos se cierra el Congreso por las fuerzas de seguridad y hay diputados que no llegan porque se les complica movilizarse y estacionar. Los legisladores tienen reuniones con diferentes sectores de la economía por lo que se movilizan por todos lados, quitarles esas obleas es generar un incordio innecesario”, explicó un diputado aliado al oficialismo.

En este contexto, el bloque de La Libertad Avanza resolvió que la ley enviada por “El Coloso” deba esperar un tiempo antes de ser tratada. En el entorno del ministro expresan su descontento y consideran que no es conveniente que se discuta tan cerca del 29 de abril, fecha prevista para que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su informe de gestión en el Congreso.

A pesar de los reclamos, la decisión ya está tomada y La Libertad Avanza concentra sus esfuerzos en Glaciares. El resto tendrá que esperar.