Javier Milei mantiene tal vez su encono con los industriales porque un reciente informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) sembró dudas sobre el rumbo de su gestión. “La tendencia del empleo en el sector no muestra una dirección clara. Luego de 12 meses consecutivos de caída mensual, el empleo se encuentra oscilante, sin embargo, se observa que el empleo se mantiene estable apenas por encima del piso de julio 2024. Al comparar históricamente, cuenta con casi 100.000 trabajadores menos (-7,9%) que en el máximo de octubre de 2013”, dice un fragmento de la última publicación de la entidad fabril en la que no se distinguen señales de reactivación económica.

Desde el corazón de la UIA salió en diciembre de 2023 el primer borrador de reforma laboral que Milei intentó imponer sin debate previo en el Congreso. Se trató del capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional y que está todavía pendiente de una resolución de la Corte Suprema. El Gobierno volvió recientemente a la carga con otro DNU, ahora para limitar el derecho a huelga, pero también se chocó con la justicia laboral, un fuero en el que se mantiene vigente la influencia y el lobby gremial, aunque en menor medida que en tiempos de kirchnerismo.

Casi de inmediato al freno del nuevo decreto laboral de Milei, la UIA, a través de Martín Rappallini, retomó sus reclamos sobre los altos costos domésticos para producir, vender y transportar, y dio a entender que habría un compromiso oficial en avanzar con reformas después de las elecciones. ¿Habrá sido un deseo o una promesa de algún funcionario? Mientras tanto, el dólar barato diseña una economía con actividad heterogénea, con sectores cada vez más molestos, como el industrial o el agrícola-ganadero, pero otros, como el turismo, las automotrices o la minería experimentan un repunte, aunque sin mover demasiado la aguja del empleo. El coletazo en el consumo muestra una grieta, tal como lo reflejó Alfredo Sainz en hace seis días, cuando advirtió que mientras cerca de un tercio de la población accede al crédito, viaja al exterior y compra autos y propiedades, en la mayoría de los hogares argentinos se sigue ajustando gastos para llegar a fin de mes.

Al drama de la falta de generación de empleo genuino, una tendencia que se generalizó desde 2012 hasta la actualidad, se le añade la dificultad de la recuperación salarial a pesar de la desaceleración inflacionaria. El ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los $442.596, mientras que la mediana fue de $320.000, según datos del Indec del cuarto trimestre de 2024. Respecto a la población asalariada, se registraron 9.678.584 personas con ingreso promedio de $744.798, aunque en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $415.730. Cifras alarmantes si se tiene en cuenta que la canasta básica es de $883.740 para un hogar de tres integrantes, y de $1.110.063, para uno de cuatro. Se trata del fenómeno de los trabajadores pobres que comenzó a ser tendencia durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Este fenómeno es la raíz del conflicto de los médicos y residentes, y no únicamente de los del Hospital Garrahan.

El conflicto del Garrahan se proyecta como un serio desafío para el Gobierno como lo fue el masivo reclamo universitario del año pasado, que se reactivó nuevamente con otro proyecto de ley de la oposición, avalado por los rectores, en el que se busca más financiamiento y que también tiene destino de veto. En ambos casos las demandas encontraron respaldo genuino en la sociedad, que siente por primera vez amenazado el acceso a la educación y la salud pública de calidad.

Cuando se dio el choque con los rectores, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, evitó la exposición. Tampoco apareció Sandra Pettovello, a cargo del súper ministerio de Capital Humano. Sucede ahora algo similar con el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien no se le escuchó la voz a pesar de la escalada. En los últimos días, una de sus pocas apariciones fue para recibir a su par de Estados Unidos para anunciar la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. La postura oficial sobre el conflicto recayó en diputadas poco informadas, como Lilia Lemoine o Juliana Santillán, o en comunicadores afines.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, Lugones ejerció como el referente en salud del oficialismo amparado en la amistad y el vínculo societario que tiene su hijo Rodrigo con Santiago Caputo, el monotributista que asesora al Presidente y que tiene cada vez más áreas del Estado bajo su control. Lugones tuvo que blanquear su rol ante la renuncia de Mario Russo como ministro.

“Es el zar de la salud, maneja todo: la Súper, la Anmat, PAMI y la agencia de discapacidad”, dijo un exfuncionario del área de salud sobre Lugones. La definición fue antes de ser oficializado en el Gabinete en lugar de Russo. Ahora, esa influencia se acrecentó, según fuentes del sector.Poco antes de convertirse en ministro, Lugones aparecía en los papeles como presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, una clínica en cuyo paquete accionario coinciden el sindicato de gastronómicos, es decir, Luis Barrionuevo, y el empresario del seguro Julio Comparada. En alguna charla, Lugones se refirió a Barrionuevo y al operador Enrique “Coti” Nosiglia como “mis socios”, según reconstruyó de tres fuentes del rubro sanitario.

“Encontramos un sistema de salud en terapia intensiva debido a años de desmanejo y mala gestión”, expuso Lugones hace dos semanas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Dejó allí un indicio de sus objetivos. “Este es el primer gobierno que se propone devolverle la salud a las jurisdicciones”, dijo. Se trata de nueve centros de salud en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, pero que las provincias no habrían aceptado tomar el control. El plan sería mantenerlos bajo jurisdicción de la Nación, pero con administración privada. El Garrahan podría entrar en la misma bolsa, según fuentes oficiales.

Como parte de su estrategia de preservarse, Lugones sacó a la cancha a su segunda, Cecilia Loccisano. Hace una semana, con el conflicto con los residentes explotado, fue Loccisano la que se puso al frente de la discusión. Reforzó sin pruebas el discurso del vocero Manuel Adorni sobre “los ñoquis” y amenazó a los médicos con controles de asistencia y darles de baja los contratos. Pero en paralelo hizo circular la versión de un aumento salarial de $400.000 que no se concretó y es motivo aún de una negociación. ¿Es un bono no remunerativo o un aumento salarial en serio? Si se confirman los montos, la suba implicaría un salto de más de 50% y no solo pondría en riesgo la pauta salarial de 1% mensual que impuso el ministro de Economía, Luis Caputo, sino que además podría generar un efecto dominó de reclamos en otras áreas del Estado.

Loccisano es la exesposa de Jorge Triaca, el exministro de Trabajo de Mauricio Macri. Cuando estaban juntos y Triaca era funcionario, surgió el escándalo por la contratación irregular de una empleada doméstica, a la que el ministro había designado como plantilla de un gremio que estaba intervenido por su organismo. Indirectamente, el conflicto del Garrahan expuso otra vez a Triaca, que asoma como candidato para ocupar un sillón como auditor de la AGN en representación de Pro, en lo que podría ser su regreso a un cargo público tras siete años en el llano. Sucede que el sitio El Disenso reveló que la consultora Eficci SRL, de la que Loccisano fue gerente titular hasta el 6 de mayo de 2024, recibió $37 millones del gobierno porteño. Eficci fue creada el 27 de diciembre de 2018 por Loccisano y Mariana Hortal Sueldo, exsubsecretaria de Trabajo de la actual gestión. Ahora, en reemplazo de la viceministra de Salud se incorporó Laura Lilian Mangone, hija del histórico sindicalista del gas y contadora del exministro. “La consultora no tiene nada que ver con asuntos de salud y Cecilia ya no tiene nada que ver desde el año pasado”, explicó Triaca. Las acciones de Eficci que eran de Loccisano fueron transferidas a Triaca como parte del convenio de divorcio. El acuerdo entre Eficci y la ciudad sigue vigente.

Como sucedió con el conflicto universitario, en el caso del Garrahan, el sindicalismo tradicional también está relegado a un segundo plano y no solo por descrédito. El reclamo fue encendido por residentes y médicos que no están sindicalizados. Fue una de las razones por las que al secretario de Trabajo, Julio Cordero, le costó garantizar el acatamiento de la conciliación obligatoria. Cordero tampoco habló sobre la pulseada salarial. Justifica su silencio en que no está autorizado por Capital Humano para intervenir. Ahora, Cordero está de viaje en Suiza en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Intenta desde el otro lado del mundo una foto con empresarios y sindicalistas que sirva para escenificar un diálogo y armonía que aún no pudo concretar en Buenos Aires.

Detrás del conflicto del Garrahan, comienzan a brotar otros reclamos que hasta al momento surgían en dosis homeopáticas. La mayoría de ellos son por el rechazo a aceptar el 1% como límite de aumento salarial que busca imponer Caputo. El ministro ubicó a un grupo de asesores en la Secretaría de Trabajo para digitar las paritarias y le ordenó a Cordero no homologar ningún acuerdo sin su visto bueno. Después del cepo cambiario, llegó el cepo salarial. Así lo denunció ayer en la OIT Gerardo Martínez, el representante de la CGT ante el organismo internacional.

Pero también hay conflictos en fábricas por despidos, suspensiones o modificaciones de convenio. Hay complicaciones en el rubro metalúrgico, neumáticos, alimenticias, lácteos, cerámicos, textiles, bancarios, transporte, entre otros. En la Secretaría de Trabajo se apilan más de 100 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) activos, según los últimos datos a los que pudo acceder . En el ministerio de Trabajo bonaerense las consultas por los PPC se dan a diario, según deslizó el ministro Walter Correa. Señales y urgencias de una recuperación que se demora.

“No hay una política industrial, solo hay un eje monetario. La bandera es la baja de la inflación. No hay respuesta del Gobierno por la baja de los salarios y las jubilaciones, tampoco por los recursos para la salud y la educación”, dijo Rodolfo Daer, histórico jefe del gremio de la Alimentación y actualmente en disputa con la Casa Rosada por la aprobación de su paritaria y con Molinos Río de la Plata por una serie de despidos por un cambio de convenio.

La postura de Daer es compartida entre sus pares de la CGT. Los gremios celebraron el freno judicial al decreto que limita la huelga, pero los invade una preocupación: tomaron nota con el último paro general que la huelga es una herramienta oxidada, sin aceptación plena por parte de la sociedad. Debilitada, la CGT apura un recambio generacional en su cúpula para debatir después de las elecciones legislativas de octubre una reforma laboral. El nuevo régimen que Milei les impuso a los aeronáuticos sirvió de advertencia.