En una jugada inédita, la oposición se autoconvocará esta tarde en el recinto del Senado para tratar una batería de proyectos con fuerte impacto fiscal que desafían al Gobierno de Javier Milei. La sesión, sin convocatoria oficial, buscará avanzar con la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos -dos iniciativas impulsadas por los gobernadores-, además de un nuevo aumento jubilatorio, una prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

El oficialismo intentará frenar la ofensiva con lo que le queda: una disputa reglamentaria para invalidar la sesión y una última carta de negociación con los mandatarios provinciales.

El objetivo de La Libertad Avanza (LLA) es claro: ganar tiempo. Pretende demorar la sanción de leyes incómodas para evitar que el Presidente asuma el costo político de vetarlas en plena campaña. A cambio, el oficialismo aceptaría habilitar el avance de los proyectos de los gobernadores, ya que su aprobación en el Senado no implica una sanción definitiva: deberán aún superar el filtro de Diputados. “Los gobernadores no quieren romper”, especula un negociador libertario que confía en reencauzar el vínculo.

Los gobernadores enviaron señales en las últimas horas de que priorizarían los proyectos que ellos impulsan, pero no necesariamente los previsionales. En estos últimos hay más diferencias entre ellos.

Los mandatarios del radicalismo y el PRO coinciden en que podrían apoyar ese camino, aunque remarcan que el Gobierno no los llamó. No buscan proteger al Ejecutivo, sino evitar que Milei tenga margen para vetar el paquete completo. “El total del paquete -incluyendo los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad- representa una bomba fiscal de 2,5% del PBI”, advierte un operador provincial. Por eso, aspiran a separar sus reclamos de los que plantean los bloques más duros.

La oposición intentará sentarse en sus bancas a las 14. El quórum de 37 senadores se alcanzaría con facilidad: al bloque kirchnerista se sumarían los aliados de los gobernadores, que quieren enviar una señal política a la Casa Rosada. La hora elegida no es un dato menor: fue establecida por el propio cuerpo para sesionar en ordinarias, lo que refuerza la legalidad de la convocatoria.

Si la mayoría ocupa el recinto, Victoria Villarruel evalúa ingresar. “Esperemos que defienda los porotos como corresponde, los pingos se ven en la cancha”, dijo ayer Milei, en un claro mensaje a su vice, con quien no se habla desde hace meses. La titular del Senado está en una encrucijada: ausentarse podría significar perder completamente el control de la Cámara. Incluso sus propios senadores, con quienes tampoco tiene diálogo fluido, lo admiten. “Alguien tiene que hablar”, desliza uno de ellos.

El mismo conflicto reglamentario que se dará en la sesión sobrevuela también los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad. Sus dictámenes fueron obtenidos por la oposición con la lógica de la autoconvocatoria: ante la negativa del presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, a habilitar el debate, una mayoría se reunió por su cuenta y firmó los despachos. El secretario parlamentario, Agustín Giustinian, objetó su validez con una resolución interna.

Ese detalle podría ser clave. Si los dictámenes se consideran válidos, los proyectos podrían aprobarse por mayoría simple. Si se desconoce su legitimidad, necesitarán dos tercios. La diferencia son 11 votos que podrían inclinar la cancha. La oposición dura difícilmente llegue a ese número sin la ayuda de los gobernadores no kirchneristas.

En cambio, los dos proyectos respaldados por todos los mandatarios provinciales -ATN e impuesto a los combustibles- no tienen dictamen, pero podrían tratarse directamente en el recinto. Se descuenta que los 48 votos necesarios para habilitarlos están garantizados.

1. Transferencia de los ATN a las provincias

Establece que la totalidad de los fondos ingresados en la cuenta recaudadora de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya automáticamente según los índices de coparticipación secundaria (Ley 23.548). El costo fiscal estimado es de 0,03% del PBI ($253.000 millones), aunque sus impulsores insisten en que esos recursos ya pertenecen a las provincias.

2. Coparticipación del impuesto a los combustibles

Propone eliminar siete fideicomisos nacionales (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros) y distribuir lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) de la siguiente manera:

De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación. El costo fiscal estimado es de 0,08% del PBI ($714.000 millones).

3. Aumento jubilatorio

Incluye un incremento extraordinario del 7,2% por la inflación no reconocida de enero de 2024, y una actualización del bono para haberes mínimos, que pasaría de $70.000 a $110.000. La oposición propone como fuente de financiamiento la eliminación de exenciones fiscales, el redireccionamiento de fondos otorgados a la ex-SIDE y el ahorro por la baja de sobrecargos del FMI.

4. Moratoria previsional

Prorroga por dos años el régimen que venció en marzo y que permitía jubilarse a quienes no completaron los 30 años de aportes. Apunta a trabajadores que, por informalidad u otras causas, quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.

5. Emergencia en discapacidad

Establece la actualización de aranceles para prestadores, el cumplimiento del cupo laboral, una reforma en pensiones no contributivas y un refuerzo a la Agencia Nacional de Discapacidad. También busca saldar deudas y garantizar pagos pendientes.