POLITICA
Sesión clave en el Senado: los gobernadores priorizan sus proyectos y se abre una pulseada reglamentaria por jubilaciones
En una jugada inédita, la oposición se autoconvocará esta tarde en el recinto del Senado para tratar una batería de proyectos con fuerte impacto fiscal que desafían al Gobierno de Javier Milei. La sesión, sin convocatoria oficial, buscará avanzar con la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos -dos iniciativas impulsadas por los gobernadores-, además de un nuevo aumento jubilatorio, una prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
El oficialismo intentará frenar la ofensiva con lo que le queda: una disputa reglamentaria para invalidar la sesión y una última carta de negociación con los mandatarios provinciales.
El objetivo de La Libertad Avanza (LLA) es claro: ganar tiempo. Pretende demorar la sanción de leyes incómodas para evitar que el Presidente asuma el costo político de vetarlas en plena campaña. A cambio, el oficialismo aceptaría habilitar el avance de los proyectos de los gobernadores, ya que su aprobación en el Senado no implica una sanción definitiva: deberán aún superar el filtro de Diputados. “Los gobernadores no quieren romper”, especula un negociador libertario que confía en reencauzar el vínculo.
Los gobernadores enviaron señales en las últimas horas de que priorizarían los proyectos que ellos impulsan, pero no necesariamente los previsionales. En estos últimos hay más diferencias entre ellos.
Los mandatarios del radicalismo y el PRO coinciden en que podrían apoyar ese camino, aunque remarcan que el Gobierno no los llamó. No buscan proteger al Ejecutivo, sino evitar que Milei tenga margen para vetar el paquete completo. “El total del paquete -incluyendo los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad- representa una bomba fiscal de 2,5% del PBI”, advierte un operador provincial. Por eso, aspiran a separar sus reclamos de los que plantean los bloques más duros.
La oposición intentará sentarse en sus bancas a las 14. El quórum de 37 senadores se alcanzaría con facilidad: al bloque kirchnerista se sumarían los aliados de los gobernadores, que quieren enviar una señal política a la Casa Rosada. La hora elegida no es un dato menor: fue establecida por el propio cuerpo para sesionar en ordinarias, lo que refuerza la legalidad de la convocatoria.
Si la mayoría ocupa el recinto, Victoria Villarruel evalúa ingresar. “Esperemos que defienda los porotos como corresponde, los pingos se ven en la cancha”, dijo ayer Milei, en un claro mensaje a su vice, con quien no se habla desde hace meses. La titular del Senado está en una encrucijada: ausentarse podría significar perder completamente el control de la Cámara. Incluso sus propios senadores, con quienes tampoco tiene diálogo fluido, lo admiten. “Alguien tiene que hablar”, desliza uno de ellos.
El mismo conflicto reglamentario que se dará en la sesión sobrevuela también los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad. Sus dictámenes fueron obtenidos por la oposición con la lógica de la autoconvocatoria: ante la negativa del presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, a habilitar el debate, una mayoría se reunió por su cuenta y firmó los despachos. El secretario parlamentario, Agustín Giustinian, objetó su validez con una resolución interna.
Ese detalle podría ser clave. Si los dictámenes se consideran válidos, los proyectos podrían aprobarse por mayoría simple. Si se desconoce su legitimidad, necesitarán dos tercios. La diferencia son 11 votos que podrían inclinar la cancha. La oposición dura difícilmente llegue a ese número sin la ayuda de los gobernadores no kirchneristas.
En cambio, los dos proyectos respaldados por todos los mandatarios provinciales -ATN e impuesto a los combustibles- no tienen dictamen, pero podrían tratarse directamente en el recinto. Se descuenta que los 48 votos necesarios para habilitarlos están garantizados.
1. Transferencia de los ATN a las provincias
Establece que la totalidad de los fondos ingresados en la cuenta recaudadora de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya automáticamente según los índices de coparticipación secundaria (Ley 23.548). El costo fiscal estimado es de 0,03% del PBI ($253.000 millones), aunque sus impulsores insisten en que esos recursos ya pertenecen a las provincias.
2. Coparticipación del impuesto a los combustibles
Propone eliminar siete fideicomisos nacionales (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros) y distribuir lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) de la siguiente manera:
De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación. El costo fiscal estimado es de 0,08% del PBI ($714.000 millones).
3. Aumento jubilatorio
Incluye un incremento extraordinario del 7,2% por la inflación no reconocida de enero de 2024, y una actualización del bono para haberes mínimos, que pasaría de $70.000 a $110.000. La oposición propone como fuente de financiamiento la eliminación de exenciones fiscales, el redireccionamiento de fondos otorgados a la ex-SIDE y el ahorro por la baja de sobrecargos del FMI.
4. Moratoria previsional
Prorroga por dos años el régimen que venció en marzo y que permitía jubilarse a quienes no completaron los 30 años de aportes. Apunta a trabajadores que, por informalidad u otras causas, quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.
5. Emergencia en discapacidad
Establece la actualización de aranceles para prestadores, el cumplimiento del cupo laboral, una reforma en pensiones no contributivas y un refuerzo a la Agencia Nacional de Discapacidad. También busca saldar deudas y garantizar pagos pendientes.
POLITICA
Con Espert en el público, Milei presenta en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal que endurece penas
El presidente Javier Milei presenta esta tarde junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cárcel de Ezeiza, el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que incluye castigos más severos al accionar delictivo.
El candidato bonaerense José Luis Espert, que se encuentra en medio de la polémica por los supuestos aportes de campaña en 2019 por parte de un empresario acusado de narco, se ubica en la segunda fila del público, en una nueva muestra de respaldo presidencial.
La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones. La presentación está a cargo del presidente Milei y de Bullrich, mientras que también lo acompaña el ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero debajo del palco central.
El nuevo proyecto de Código Penal viene a reemplazar el actual texto vigente desde 1921, -más de 100 años- que tuvo cientos de parches, por lo que se pretende con la norma depurar las viejas conductas ya no penadas, penar nuevas y hacer congruentes las penas.
Milei fue el que eligió el lugar para presentar el nuevo Código Penal, la cárcel de Ezeiza, como mensaje simbólico de que “el que las hace las paga”, uno de las consignas del Gobierno, que suele repetir la ministra Bullrich.
A un lado del escenario donde se sentaron Milei y Bullrich se desplegaron unos 100 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, algunos de ellos con los cascos y escudos antimotines.
Noticia en desarrollo
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades
En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.
En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
El otro temario
Para el convite de las próximas horas también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso.
El salteño suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final de la sesión, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos, tal como ocurrió en la última ocasión en el recinto.
Durante la jornada de ayer, llamó la atención la baja del ímpetu que agitaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), sobre distintos pedidos para interrogar a funcionarios libertarios. Esto no significa que no pretenda plantear algo hoy.
El problema es que un sector de la oposición senatorial busca diferenciarse de las órdenes que Cristina Kirchner envía hacia dicho interbloque -ya hay ruido interno por posturas divergentes en algunas leyes-, a través de las cuales intenta manejarlo por control remoto desde su prisión domiciliaria. Mismo caso para la declaración de interés público y estratégico la cuestión nuclear. Los dos puntos requerirían dos tercios para ser habilitados. No obstante, en esta Cámara alta, nunca hay que descartar sorpresas.
Health / Medicine,South America / Central America,Civil Unrest,BUENOS AIRES
José Bonacci, presidente del partido Unite, se pronunció este miércoles sobre las declaraciones del candidato José Luis Espert. El postulante de La Libertad Avanza responsabilizó al sello partidario por el presunto apoyo logístico de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019. Sin embargo, Bonacci negó de forma categórica la versión del diputado nacional durante una intervención telefónica en un programa del canal A24.
El titular de Unite intervino en el mismo programa televisivo minutos después de la participación de Espert para refutar sus afirmaciones. Ante la consulta sobre si los aportes logísticos de una camioneta Grand Cherokee blindada y viajes en avión de Fred Machado se destinaron al partido o al candidato, Bonacci fue contundente. “Al sello partidario tengo que decirte rotundamente que no”, afirmó.
El dirigente partidario diferenció el destino de la ayuda logística. “A Espert evidentemente sí, hay 30 viajes”, agregó. Además, Bonacci negó conocer a Machado antes de esa contienda electoral: acusó directamente al economista por sus declaraciones previas. “Lo respeto profundamente, lo quiero pero, en este caso, está mintiendo. No fue el sello partidario quien le proveyó los medios de locomoción”, sostuvo.
Minutos antes, José Luis Espert se desvinculó de la responsabilidad en el manejo de los fondos para su campaña de 2019. El ahora candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente a la estructura que lo impulsó. “Quien maneja los recursos de los candidatos no es el candidato sino el sello”, explicó.
Sobre la presunta ayuda de Machado, el economista insistió en su postura. “Que él nos haya querido ayudar en 2019 es un tema del sello partidario con el cual yo competí“, sentenció.
Ricardo Pristupluk
Espert se negó a responder en repetidas ocasiones si recibió o no la suma de US$200.000 por parte de Machado. Admitió que viajó en un avión privado del empresario durante la campaña y que utilizó una camioneta Grand Cherokee blindada. Aclaró que en ese momento “desconocía” que el vehículo pertenecía a Machado.
El diputado argumentó su falta de control sobre la logística con su inexperiencia en la política en aquel momento. “En campaña, el partido te da el traslado, hacía lo que me decía el partido. En ese momento yo vivía en una nube de pedos, recién entraba en política”, explicó. Para reforzar su defensa, Espert repitió un concepto central: “Un candidato no maneja fondos de campaña”.
Las dudas sobre el financiamiento de la campaña de Espert resurgieron a partir de una denuncia que presentó el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois. El candidato de La Libertad Avanza calificó la acción judicial como una “causa refritada” que data del año 2021.
Anunció que responderá en la justicia. “A Grabois le voy a contestar donde radicó la demanda y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”, señaló. Además, afirmó: “No le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de la campaña”.
Fred Machado es un empresario argentino que fue detenido en Neuquén por orden de Estados Unidos, acusado de lavar dinero de narcotraficantes. Actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma. Espert reconoció que conoció a Machado a principios de 2019, meses antes de su postulación a presidente por el partido Unite en las elecciones de agosto de ese año.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
responsabilizó al sello partidario por el presunto apoyo logístico de Fred Machado,minutos después de la participación de Espert,Audiencia,José Luis Espert,Foco,,Campaña accidentada. Qué se sabe del vínculo de Espert con Fred Machado y la reacción del Gobierno,,»La confesión más obscena». La reacción de Grabois luego de que Espert se negara a confirmar si recibió o no US$200.000 de Fred Machado,,»Tiene que contestar claro». Bullrich insistió en su reclamo a Espert y pidió: «Hay que salvar al Presidente»,Audiencia,,Buscan a tres prófugos. Triple crimen: qué se sabe del traslado del ladero de Pequeño J y cómo avanza la investigación este jueves 2 de octubre,,»No son profesionales». Triple crimen: una perfiladora criminal aseguró que “Pequeño J. es igual de descartable que sus víctimas»,,“Es un ritual antes del sacrificio”. Un investigador del narcotráfico peruano explicó el modus operandi de las bandas y qué pasó con las chicas asesinadas
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