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POLITICA

Sheinbaum pide al Congreso de Guerrero revisar celebración del ex gobernador Rubén Figueroa, presunto asesino de Lucio Cabañas

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado al Congreso de Guerrero para que revise la inclusión de Rubén Figueroa, presunto asesino de Lucio Cabañas, en los días cívicos del estado.

Durante la conferencia matutina del 12 de noviembre, la mandataria señaló que es fundamental honrar a los héroes y no a quienes se caracterizaron por la represión y la violencia contra el pueblo guerrerense.

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Por ello, destacó la importancia de realizar una reflexión sobre cómo se construye la memoria histórica desde las instituciones, sobre todo para evitar la glorificación de personajes con un pasado violento:

“Tras indagar sobre la situación, me informaron que la conmemoración de Rubén Figueroa está incluida en los días cívicos oficiales de Guerrero. Es necesario que las autoridades del estado revisen esta decisión y ajusten sus reconocimientos para que se celebren sólo a quienes representan valores positivos y justos para la sociedad.”, comentó la presidenta.

El origen del conflicto entre Figueroa y Cabañas

Rubén Figueroa, representante del poder tradicional, y Lucio Cabañas, líder de la resistencia campesina, simbolizan el choque entre el Estado y la insurgencia durante la Guerra Sucia en Guerrero. (Infobae)

Rubén Figueroa, conocido político priista y empresario transportista, fue candidato a gobernador del estado de Guerrero durante una época marcada por tensiones sociales y políticas. En ese contexto, surgió un movimiento guerrillero rural liderado por Lucio Cabañas, una figura emblemática de la resistencia campesina y popular en la región, conocido como el Partido de los Pobres.

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La relación entre Figueroa y Cabañas estuvo marcada por un conflicto profundo, resultado de sus posiciones opuestas ante el gobierno y las condiciones sociales de Guerrero, según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El origen del conflicto se centró en la lucha de Cabañas y su grupo, quienes se levantaron en armas como respuesta a la pobreza, la injusticia y la represión ejercidas contra las comunidades rurales. Mientras tanto, Figueroa representaba las estructuras políticas tradicionales y el poder institucional que buscaba mantener el control sobre el estado.

Durante la campaña electoral de Figueroa en 1974, éste fue secuestrado por la guerrilla bajo la intención de forzar una negociación. Los insurgentes solicitaron armas, municiones, dinero y la transmisión nacional de sus mensajes revolucionarios para aceptar su liberación.

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Sin embargo, este secuestro no fue solo una acción violenta, sino un acto de presión política que reflejaba el enfrentamiento entre dos visiones irreconciliables: la del Estado que buscaba gobernar bajo el sistema tradicional y la de la insurgencia que demandaba cambios radicales.

Lucio Cabañas rechazó las propuestas de ofrecer un espacio legal y dinero para que abandonara la lucha armada, ya que consideraba que las condiciones sociales no serían resueltas con concesiones superficiales. Por ello, decidió mantener retenido a Figueroa hasta que se cumpliera con las demandas del movimiento revolucionario.

Muerte de Lucio Cabañas

Lucio Cabañas y su guerrilla enfrentaron la mayor represión militar tras el secuestro de Rubén Figueroa, quien, tras su liberación, impulsó una política de venganza y eliminación sistemática de opositores durante la Guerra Sucia. (Twitter/@archiveroexp | Cuartoscuro)

Después de que la guerrilla mantuviera secuestrado a Rubén Figueroa, entonces candidato a gobernador de Guerrero, durante más de tres meses, el gobierno federal lanzó una ofensiva militar para rescatarlo. Esta operación contó con el apoyo de agentes judiciales, estatales y federales, con el objetivo de debilitar al movimiento insurgente y recuperar el control en la región.

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El punto más conflictivo de esta ofensiva ocurrió el 26 de noviembre de 1974, cuando el ejército detuvo a la madre, pareja e hija de Lucio Cabañas, quienes fueron trasladadas al Campo Militar Número 1 para ser torturadas e interrogadas, en un acto conocido como la Guerra Sucia.

Esta acción formaba parte de una estrategia para quebrar la resistencia del líder guerrillero y de su grupo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lucio Cabañas Barrientos fue localizado en la madrugada del 2 de diciembre de 1974 en la selva cafetalera de El Otatal, municipio de Tecpán de Galeana, Guerrero, donde se produjo un enfrentamiento armado entre una partida de 200 soldados del Ejército Mexicano y un pequeño grupo de guerrilleros y finalmente perdió la vida.

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El ataque se desencadenó tras una delación que permitió a las fuerzas militares interceptar a los guerrilleros cuando se dirigían a una reunión.

Las versiones de cómo murió Lucio Cabañas

Existen varias teorías sobre la muerte de Lucio Cabañas. Algunos soldados presentes en el enfrentamiento afirman que Cabañas, herido y rodeado, se suicidó para evitar ser capturado, y que posteriormente un capitán le dio el tiro de gracia.

Sin embargo, la versión más aceptada, respaldada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es que todos los miembros de la guerrilla fueron perseguidos, detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados por militares, policías secretos de la Dirección Federal de Seguridad y por los policías comandados por Arturo Acosta Chaparro durante el gobierno del presidente Luis Echeverría.​

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Por esta razón, algunos acusan a Rubén Figueroa como presunto asesino en el contexto de la Guerra Sucia, ya que aunque no era gobernador en el momento exacto de la muerte de Cabañas, se cree que tras su liberación impulsó una política de represión y venganza, ordenando operativos que resultaron en la eliminación sistemática de guerrilleros y simpatizantes.

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Organismos de DD.HH. afines a Cristina Kirchner pidieron flexibilizar sus condiciones de detención

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Organismos de derechos humanos vinculados al kirchnerismo reclamaron este martes que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. En una conferencia de prensa realizada en un anexo de la Cámara de Diputados, sostuvieron que a la expresidenta no se le garantiza la igualdad ante la ley si se compara su situación con la de condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen arresto en sus casas sin limitaciones de visitas.

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 la condenara en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y quedó firme tras la revisión de la Corte Suprema, lo que habilitó el inicio de la ejecución de la pena. Por su edad -tiene más de 70 años- el tribunal le concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

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Los convocantes -entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), y Actores y actrices argentinas- anticiparon que enviarán una nota al Tribunal Oral Federal N° 2 para solicitar la revisión de las restricciones impuestas. El TOF 2 está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

“Basta de internas”, repitieron varios expositores, en un llamado a la unidad del peronismo.

Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S. Capital, abrió la conferencia. “Cristina Kirchner es inocente. Está cumpliendo restricciones en su prisión domiciliaria que son injustas. No hay ningún preso en la Argentina que tenga estas condiciones. Lo dispuesto por el TOF 2 viola el principio de igualdad ante la ley y el de no discriminación”, afirmó.

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Según detallaron, la expresidenta solo puede recibir visitas dos días por semana, durante dos horas cada día, con un máximo de tres personas por jornada. Cada visita requiere una autorización judicial previa, con indicación de día y horario.

“Mientras a Cristina le restringen las visitas y sus derechos políticos, hay genocidas condenados por torturas, violaciones, apropiación de menores y homicidios que cumplen sus condenas en sus casas, en countries, sin ningún tipo de limitación”, señalaron los organizadores. Sostuvieron que no existe una norma que obligue a imponer esas restricciones y calificaron la decisión del tribunal como “arbitraria”.

Durante la conferencia se proyectó un video con ejemplos de represores condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad que gozan de arresto domiciliario sin restricciones. Entre los casos mencionados estuvieron Alessandro Domingo Agostino, Miguel Ángel García Velasco y Randolfo Luis Agusti Scacchi.

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El ejemplo más desarrollado fue el de Jorge Antonio Olivera, condenado por secuestros, torturas, violaciones y homicidios, quien -según el video- celebró sus 50 años de casado con una fiesta para 60 invitados. Los organizadores subrayaron que todos los casos mencionados fueron juzgados por el mismo Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó a Cristina Kirchner.

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel tomó la palabra para sostener que la expresidenta es “víctima de lawfare, como Lula en Brasil” y pidió “derecho e igualdad”. “Que le saquen la tobillera a Cristina. Es una acción represiva psicológica”, afirmó. “Basta de internas”, pidió. “Tenemos que unir voluntades y trabajar por su liberación”.

Guillermo Pérez Roisinblit, por Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó “igualdad de trato y no discriminación”. La cantante Teresa Parodi sostuvo que “Cristina es inocente” y afirmó que “está presa la democracia”. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, pidió “libertad para Cristina y para Milagro Sala” y llamó a demostrar la unidad “con los hechos”.

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El cierre estuvo a cargo de Pisoni, quien leyó el tramo final de la nota que enviarán al tribunal: “Solicitamos que este tribunal evalúe la razonabilidad de las restricciones señaladas y considere su revisión a fin de garantizar la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación”.

En la primera fila participaron los diputados y senadores Vanesa Siley, Jorge Taiana, Germán Martínez, Eduardo “Wado” de Pedro, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Juan Carlos Molina, Carlos Castagnetto, Mario “Paco” Manrique, Matías Molle, Eduardo Valdés, Javier Andrade, Andrea Freites y Mariano Recalde. También estuvieron presentes Leopoldo Moreau y Florencia Saintout.


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Causa por la evasión de $19.000 millones: la Justicia rechazó el pedido que hizo «Chiqui» Tapia para suspender su indagatoria

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La Justicia rechazó el pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y ratificó el llamado a indagatoria en medio de la investigación por presunta evasión de más de $19.000 millones.

El planteo fue presentado por los abogados de Tapia, que argumentaron ante la Cámara que no existió delito y que la deuda ya fue cancelada. Pese a esos fundamentos, este martes, el juez Diego Amarante mantuvo la convocatoria para que el dirigente declare como imputado.

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Leé también: La “operación Nahuel Gallo” dejó al descubierto los vínculos oscuros de Chiqui Tapia con la Venezuela de Maduro

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a Tapia y a otros dirigentes de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.

El cronograma judicial establece que Tapia debe presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que la indagatoria de Toviggino, prevista para el día siguiente, fue postergada.

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Maximiliano Levy, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. Sin embargo, días atrás, Tapia solicitó autorización para viajar al exterior por tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.

Amarante habilitó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la restricción.

Cómo se originó la causa y qué pruebas analiza la Justicia

ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.

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Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.

Leé también: ARCA prepara una denuncia contra la AFA por la emisión de presuntas facturas truchas en obras del predio de Ezeiza

ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.

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Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.

Qué pruebas complican a Tapia y la AFA

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.

Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.

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El presidente de la AFA, en la mira de la Justicia. (Foto Twitter/ tapiachiqui)
El presidente de la AFA, en la mira de la Justicia. (Foto Twitter/ tapiachiqui)

Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.

También detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.

La defensa de Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó la citación.

Chiqui Tapia, AFA

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La Justicia confirmó la indagatoria a Claudio Tapia para el jueves

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El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó un intento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para suspender su indagatoria de este jueves y la del resto de los dirigentes investigados en la causa que revisa las deudas de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Así, Tapia deberá presentarse este jueves en el expediente en el que se investiga una presunta evasión.

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“Por recibida la presentación efectuada en el día de la fecha porla defensa técnica de la Asociación del Fútbol Argentino y de los señores Claudio Fabián Tapia, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo, por la cual solicita que se dejen sin efecto las audiencias indagatorias fijadas respecto de sus asistidos hasta tanto se concluya con la sustanciación y se resuelva el planteo de nulidad absoluta en el marco del incidente N° CPE 1182/2025/6, agréguese y a lo solicitado, por improcedente, no ha lugar“, dice la resolución.

Noticia en desarrollo


Diego Amarante,Federico González del Solar,Conforme a

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