El Gobierno trabaja el caso Cripto con el argumento de que no hay nada que investigar en el Congreso y que hay que esperar a la justicia. Argumenta que es un asunto que no le interesa a nadie y que ya pasó. Confía en que el paso del tiempo sepultará el caso y que todo quedará en el olvido.

Es una forma de enfrentar problemas que en política rinde poco. El tiempo, en casos como estos, no olvida nada. Por el contrario, en política y en otros asuntos, el paso del tiempo agiganta los hechos y despierta lo que el novelista siciliano Leonardo Sciascia llama «el teatro de la memoria», que invita a los engaños de la memoria.

En el imaginario colectivo los casos de resonancia, como el que relata Sciascia en su novela de 1982, alimenta la aparición de nuevos hechos y circunstancias que generan credibilidad y recrean historias extravagantes sobre la anécdota original.

«Yo no estuve allí», dice el acusado, y le responde un testigo juramentado, «pero yo te vi». ¿A quién le cree el público? Mejor no arriesgarse. ¿O acaso Richard Kimble (gugleá) no fue perseguido por un crimen que no había cometido en “El fugitivo”?

En el caso de las Cripto, más le hubiera convenido al Gobierno ensayar una disculpa del tipo de la que esgrimió Milei en el primer momento -“Me engañaron”- y echar a rodar alguna cabeza expiatoria, algo que siempre le gusta a la turbamulta que honran los demagogos. Habría sellado un final que ahora el tiempo va postergando hasta no se sabe qué final.

La salida de Milei por más de 10 días coincide con otra batalla del oficialismo para impedir que refluya el debate sobre la integración de la comisión que investiga el CriptoGate. Coincide, además, con la información sobre cómo se agrava este caso en la justicia de los Estados Unidos.

Un grupo de legisladores de la oposición ha pedido a Martín Menem que convoque a una sesión especial este miércoles 4 para discutir cómo se cubre la Comisión Cripto, que está empatada. Menem demora la convocatoria. El pedido incluye temas atractivos para una campaña electoral: mejoras para jubilados, universitarios y discapacitados, y emergencia por inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Dejaron afuera temas que ocupan a los bloques en reuniones que se suceden todas las semanas, como la ampliación de la Suprema Corte y la designación de miembros de las dos cámaras en la Auditoría General de la Nación.

Esta semana la oposición no incluyó las designaciones en la AGN, después del intento de aprobar designaciones en Diputados hace 10 días. El Gobierno movilizó entonces a gobernadores, al PRO y a la UCR para restar, con éxito, el quórum.

El oficialismo contraatacó el jueves pasado llevando a la Comisión de Asuntos Constitucionales el debate sobre el llamado «proyecto tapón» de Martín Menem para modificar la AGN, reducir mandatos de auditores, darle 4 representantes a Diputados y dos al Senado y modificar la cláusula constitucional de que el presidente de la AGN debe ser designado por el principal partido de la oposición.

Esta vez la oposición desbarató el intento. Saturó de diputados la comisión que preside Nicolás Mayoraz y logró que no se tratase ni se aprobase el dictamen.

Retirar el debate de la AGN hubiera alertado al Gobierno para impedir el quórum. La decisión responde a la cautela que promueve Miguel Angel Pichetto bajo el lema: “No hay que entrar al recinto para perder”. Mejor es no ir. En el debate que tuvo con su bloque de Encuentro Federal hubo una autocrítica por haber intentado en la sesión anterior imponer el nombre de Emilio Monzó como auditor.

Eso pudo ocurrir porque había apoyos que después arrugaron, pero Nicolás Massot, uno de los bastoneros de aquella iniciativa, argumentó, filoso: «Por lo menos fue una manera de que el gobierno llamase alguna vez a los gobernadores y les tirase algo”.

Esta carrera corre contra reloj porque en el Senado, adonde hay dos proyectos de modificación de la AGN -uno de Juan Carlos Romero y otro de José Mayans-, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza Nicolás Atauche admitió ante algunos de sus pares que el poder Ejecutivo estudia un DNU para imponer la reforma de prepo.

Como adelantó este diario, la idea del Gobierno es reducir los mandatos a cuatro años y ampliar la cantidad a ocho auditores, cuatro para cada cámara. Con ese número se satisfaría a todas las tribus del Congreso. Se adaptaría a la diversidad de formaciones que ha superado al bipartidismo que inspiró la ley original en 1992.

En Diputados le atribuyen a Martín Menem el compromiso con este formato de reparto: un peronista (quizá el K Juan Forlón), Jorge Triaca (PRO), Santiago Viola (LLA) y Mario Negri (radical). A quienes creen en el poder de Santiago Caputo les sirve que respalde esta tira. Los cuatro por el Senado pueden ser dos para el peronismo, Luis Naidenoff (por la UCR) y otro para “Los 38”, el arco de entendimiento que coordina Juan Carlos Romero.

Son menores las posibilidades de que avance la ampliación de la Suprema Corte. Primero, porque el Gobierno todavía no se repone de la paliza en el Senado con el rechazo de Lijo y Mansilla. Pagó el costo social de promover al primero, descalificado por sectores políticos y de la profesión abogadil.

En el tortuoso aprendizaje a gobernar que atraviesa todo presidente durante los dos primeros años, Milei tropezó en la zancadilla de aceptar un consejo de Ricardo Lorenzetti. Compró inquinas ajenas para enterarse, tarde, que Lijo se había agenciado él solo los votos para avanzar en el Senado. Casi lo logró, y si ocurría, Lijo hubiera tenido razones para sostener que no le debía nada a Milei.

La prueba es que Mansilla, el verdadero candidato de los empresarios y los estudios de prestigio que respaldan al presidente, se había ganado, también solo, el rechazo al no convencer al Senado. En síntesis, terminó ganándose dos enemigos en donde menos le conviene. Lijo lo espera en el juzgado que, junto con la muerte, son los grandes igualadores.

El cuadro de resultados de las elecciones porteñas es un retrato fiel de la distancia entre los partidos respecto del público al que se ha dejado sin el último recurso de participación en la construcción de los candidatos que eran las PASO. La ola abstencionista que se registró en todas las elecciones de este año tiene explicación en el ensimismamiento de las organizaciones que abre una brecha profunda entre la demanda y la oferta.

¿Qué incentivo tiene el vecino para acercarse a la urna si no participó del debate de listas y candidatos? Este debate está limitado a las oligarquías partidarias que ganaron fuerza en este turno electoral con la eliminación de las primarias PASO. La muestra es que Manuel Adorni, ganador en las elecciones porteñas, encabezó una lista porque es funcionario del Gobierno y se muestra todos los días en público.

Su capital es el grado de conocimiento su cómo personaje público. Alguien que es famoso por ser famoso. Aun así, hacer logrado apenas el 30% de los votos y el 15% ponderado contra el total del padrón es una señal que inquieta a todos los partidos que quedaron afectados en su capacidad de convocatoria.

Durante el fin de semana los apoderados del PJ de Buenos Aires apuraron los instrumentos legales para cumplir con las instrucciones que han dado la Cámara Nacional Electoral y la Junta Electoral del distrito para suplir las PASO y asegurar de alguna manera que la confección de listas de candidatos cumplan con las normas constitucionales de asegurar la representación de las minorías y la democracia interna.

El artículo 38 de la Constitución garantiza, entre otros principios esenciales, “su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías y la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos”. Sin PASO, los partidos han delegado en sus congresos, y estos en comisiones internas, para negociar las candidaturas respetando igualdad y democracia interna.

La dificultad de este round es que, sin un criterio cuantitativo, como eran los resultados de las PASO, aunque hubiera listas únicas, ha sido reemplazado por un criterio cualitativo como es la capacidad que tiene cada puntero para cumplir con las normas de igualdad y democracia interna.

Se ha pasado de un sistema como las PASO que estatizaba las elecciones internas, a otro de extrema privatización de la decisión que está ahora en manos de las oligarquías partidaria. La acordada 70/224 de la Cámara Electoral Nacional rige para las elecciones a cargos nacionales, que hace suyos la Junta provincial que precisó, en otra resolución, que deben respetarse las políticas equitativas de género que dispone la ley 14848.

El desafío para las cúpulas partidarias es evitar la judicialización del proceso electoral. Sin PASO y librado todo al olfato del puntero para decidir, será una tentación para una catarata de amparos que empaste aún más el sistema.

Para el oficialismo el resultado porteño es una advertencia que obliga a inventar algún recurso para ampliar el respaldo. El techo del 30% o el 15%, según se prefiera, traduce el límite de las adhesiones. Es presumible que ningún mileísta se quedó su casa el día de las elecciones.

Por el mismo razonamiento hay que pensar que no hay en CABA más mileístas que los que votaron a Adorni. Es una limitación para un movimiento que se muestra como representativo de mayorías silenciosas a las que sus operadores tienen un acceso con exclusividad. La candidatura de Leandro Santoro recibió el porcentaje histórico del peronismo y es presumible que el 29% es el límite de crecimiento.

Tampoco hubo peronistas que se quedaron n casa. Juan Manuel Olmos ensayó el martes ante el consejo del PJ que presidió Cristina de Kirchner, la hipótesis de que en esas elecciones el peronismo tuvo el apoyo de clases medias que antes se veían mejor representadas por el radicalismo.

Olmos explicó desde algún lugar del planeta Tierra (participó por zoom) los errores de Jorge Macri al desdoblar las elecciones. «Hasta que ordenó el desdoblamiento en diciembre de 2024, Macri tenía 50% de imagen positiva. Desdobló y al momento de las elecciones estaba en un 18% de respaldo».

Desdoblar no pagó, y menos aún si su espacio se dispersó en por lo menos cinco listas diferentes. «Si nos dividimos podemos perder», sancionó con ese estilo persuasivo que tiene y con el que reviste sus argumentos. Hablar de desdoblamiento en el PJ es hablar de Kicillof. Lo aprovechó Cristina para decir que «el desdoblamiento puede ser algo peligrosísimo, y más si no tenés los recursos necesarios para gestionar».

Entre los consejeros presentes estaba Felipe Solá, ex gobernador de Buenos Aires, que ensayó una explicación del desconcierto que hay en el público ante la conducta de los políticos: «Es un lodazal y los peronistas tenemos que evitar que se nos vea en ese lodazal».

Destacó que en el Congreso hay 99 diputados de su partido que hacen oposición firme, «pero en el Congreso no se arman partidos políticos.» Cristina agregó otra mirada: «Nuestro bastión es el Senado, por eso hay que concentrase en las provincias donde se eligen senadores».

Inquietos por el escenario por lo menos extravagante del año electoral en la Argentina experimental, un grupo de legisladores del peronismo estaba este fin de semana en México para sacar lecciones de otro experimento. Se elegían jueces por el voto popular y la campaña se hizo en torno a llamar al voto a un padrón de unos 100 millones de personas. Los pronósticos vaticinaban una altísima abstención.

Hasta el cierre de las mesas este domingo se calculaba que había ido a votar cerca del 10% del padrón. Se votaban abogados que quisieran ser jueces y en todos los niveles, hasta la Suprema Corte. El voto era voluntario y los candidatos tenían que pagarse la campaña.

Quienes querían ser jueces podían gastarse hasta unos USD 13 mil. A la Corte podían invertir hasta USD 76.000. Los observadores, invitados por el partido oficial Morena, eran Florencia López, Rodolfo Tailhade, Vanessa Siley y Anabel Fernández Sagasti.