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Marcelo “Pichón” Segura, el acusado de pegarle un cabezazo al diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz este viernes a la tarde por disposición de la Justicia.

Segura deberá cumplir 4 meses de prisión preventiva, según determinó el juez Raúl Robín Márquez. En las últimas horas trascendió un video del momento en el que el agresor es escoltado por los efectivos policiales durante su traslado hacia el penal.

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El acusado fue imputado por el delito de lesiones graves por alevosía, mientras que la defensa presentó una impugnación a la medida.

El episodio se dio en el marco del feroz temporal que azotó el sur de Tucumán. En ese contexto, varios dirigentes libertarios, incluyendo a Pelli, se acercaron a la localidad de La Madrid para brindar asistencia a los vecinos.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, se observa el momento de tensión entre el legislador y Segura. “¿Quién sos vos?”, le preguntó el diputado, a lo que el otro respondió: “¿Quién soy yo? El que no te va a dejar pasar”.

Después de que el atacante le negara el paso a Pelli, le dio un cabezazo en la cara que lo dejó herido en el medio de la ruta. Ante eso, un grupo de personas se acercó a asistir al diputado, que empezó a sangrar. Mientras tanto, efectivos policiales se acercaron a la escena e intervinieron para controlar el enfrentamiento.

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El diputado fue asistido en el Hospital Regional de Concepción, donde los médicos diagnosticaron traumatismo encefalocraneano y fractura del hueso nasal. Si bien el legislador permaneció en observación, los profesionales descartaron lesiones cerebrales.

Integrantes de La Libertad Avanza denunciaron que Segura estaría vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, y aseguraron que ya iniciaron las denuncias correspondientes tanto contra el agresor como contra el funcionario.

Diputado, La Libertad Avanza, Tucumán, Agresión

Un senador presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza que propone importantes cambios en el sistema penitenciario. De aprobarse, los presos deberán usar uniforme naranja, una práctica común en cárceles de Estados Unidos.

La propuesta sigue una línea similar a la aplicada en Santa Fe: desde 2024, los reclusos calificados como de “alta peligrosidad” deben usar mamelucos del mismo color. La medida alcanzaría a cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria de toda la provincia.

El proyecto fue presentado por el senador provincial Martín Rostand, perteneciente al bloque Unión Mendocina, y también propone eliminar el uso de zapatillas deportivas. En su lugar, plantea que los internos utilicen un calzado de goma blanda que -según argumenta- dificultaría las fugas.

“El calzado deportivo de propiedad privada, diseñado para la tracción, la carrera y la escalada, es una herramienta que facilita la huida”, indica el texto, que propone en su lugar la provisión de calzado “monomaterial” y sin cordones.

Según explicó el legislador, la iniciativa surge a partir de distintos episodios de fuga registrados en Mendoza. Entre ellos, el caso de dos detenidos que escaparon de la Alcaidía de Tunuyán y lograron mezclarse con civiles durante casi 24 horas.

Otro de los episodios ocurrió en el pabellón penitenciario del Hospital Central, donde un recluso simuló ser familiar de un paciente internado y logró desplazarse por los pasillos del centro de salud.

“La actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata. La experiencia comparada y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes de alta visibilidad (mamelucos color naranja internacional) reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa”, sigue el documento, al que tuvo acceso Infobae.

En ese sentido, el proyecto de ley señala que un interno uniformado es “fácilmente detectable” tanto por fuerzas policiales como cámaras de seguridad y ciudadanos comunes, quienes pueden alertar a las autoridades.

El tercer punto central establece que sean los propios internos quienes asuman el costo de comprar y reponer tanto los uniformes como el calzado que utilicen dentro del sistema penitenciario.

“El sostenimiento del sistema penitenciario no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino, especialmente en elementos de uso personal y obligatorio”, argumenta. Y continúa: “La asunción de este costo por parte del sujeto privado de libertad no solo alivia el erario público, sino que funciona como un mecanismo de internalización de las cargas que genera su situación procesal”.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia sería el encargado de fijar los valores de venta de la indumentaria. Para ello, tomaría como referencia los costos de producción o los valores de compra mayorista.

La iniciativa también contempla la prohibición del uso de prendas civiles dentro de las zonas de alojamiento y circulación de los penales, así como durante los traslados fuera de los establecimientos penitenciarios.

Además, el senador Rostand propone que, al momento de ingresar al sistema, las prendas personales de los detenidos sean inventariadas y queden bajo custodia en depósitos del servicio penitenciario. Esos objetos serían restituidos a los internos una vez que recuperen la libertad.

Desde 2024, los presos de “peligrosidad alta” de Santa Fe usan uniforme naranja. Este grupo incluye a aquellos que “tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos”.

La resolución 008/2024, que regula la implementación de la medida, establece que los mamelucos deben ser usados por los internos en todo momento cuando sean retirados de su lugar de alojamiento, ya sea para un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria, hasta su regreso.

La resolución también prohíbe el ingreso de visitantes con ropa naranja para evitar posibles confusiones o conflictos dentro de los establecimientos. Además, en los considerandos, se especifica que “el interno es responsable del cuidado y mantenimiento de su ropa personal, y responderá ante ello con descuentos del peculio en caso de roturas o deterioro del uniforme”.