POLITICA
Sin aliados libertarios ni peronistas, la UCR bonaerense inicia una semana clave para definir la estrategia electoral
Nadie en la UCR bonaerense quiere un acuerdo con La Libertad Avanza para la próxima elección del 7 de septiembre. No solo por los maltratos que recibió el partido centenario desde los inicios de la campaña de Javier Milei, sino también porque “piden mucho”, dicen en referencia a las negociaciones que también tienen a maltraer al PRO. Es por eso que la próxima semana se espera que anuncien formalmente la estrategia electoral: la construcción de un espacio de centro, alejados de los extremos que hoy representan el kirchnerismo y los libertarios. Sin embargo, según pudo saber Infobae, un sector mantiene la puerta abierta para posibles conversaciones con el gobierno nacional. “Los próximos días serán definitorios”, aseguran.
En lo formal, las autoridades partidarias bonaerenses, Miguel Fernández y Pablo Domenichini, terminarán este fin de semana largo con las reuniones con los referentes de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento entre los correligionarios del interior bonaerense predominó el pedido de armar un espacio amplio por fuera de los extremos, aunque dejaron trascender un fuerte mensaje: “No descartamos competir con identidad propia si no encontramos coincidencias con otros espacios políticos afines”. ¿La traducción? Competir solos con la histórica Lista 3.
“El desdoblamiento tiene que servir para discutir la agenda de los verdaderos problemas de los bonaerenses. La discusión sobre la seguridad, la educación, la situación del IOMA y el estado de las rutas provinciales, tienen que ser temas principales de campaña. Si la elección se convierte en una consigna vacía y nacionalizada, estaremos perdiendo una enorme oportunidad de exigir al gobierno respuestas y elevar la vara de nuestros representantes”, sostuvieron en las filas del radicalismo.
La hoja de ruta que tienen Fernández y Domenichini tiene plazos definidos: la próxima semana comunicarán la decisión estratégica para, de este modo, avanzar con las negociaciones con otros espacios para llegar a un acuerdo y, eventualmente, inscribir la alianza el 9 de julio. En la lista de posibles aliados se anotan Emilio Monzó y los hermanos Passaglia, quienes rompieron con el PRO en San Nicolás. Los que están prácticamente afuera de la nómina son los dirigentes peronistas antikirchneristas. Los radicales creen que siguen enredados en la interna entre Axel Kicillof y La Cámpora, expectantes a una posible independización del gobernador bonaerense. Nadie ve posible que el peronismo bonaerense se rompa, menos aún después de la detención domiciliaria de Cristina Kirchner.
A los que miran con atención son intendentes molestos por las negociaciones que encabezan Diego Santilli y Cristian Ritondo con Sebastián Pareja, el armador libertario en territorio bonaerense. Los radicales que conocen el tono de las conversaciones del PRO con La Libertad Avanza cuestionan con dureza el rol de los libertarios. “No tienen experiencia ni criterio”, advierten. Saben que muchos intendentes amarillos no están conformes con los lugares que piden los representantes del gobierno nacional en las listas locales y que, posiblemente, haya un grupo de dirigentes que pueda llegar a sumarse al espacio de centro.
Aunque a ningún radical le convence una alianza con los libertarios, un sector no cierra esa posibilidad ante la estrepitosa derrota electoral que pronostican con el espacio de centro. “El centro murió en Argentina, otra vez estamos en un escenario de polarización”, advierten a este medio los correligionarios con trayectoria que sufrieron el nacimiento del kirchnerismo y “la grieta”, el término que instaló Jorge Lanata en el 2013. Creen que, con la victimización de Fernández de Kirchner, el peronismo logrará la unidad en todo el país para las disputas electorales que quedan para este 2025.
“¿A dónde están (Fernando) Gray y (Juanchi) Zabaleta?“, ironizan algunos boinas blancas. Son los intendentes peronistas más enfrentados a la La Cámpora pero que, tras la detención de la ex presidenta, apaciguaron su discurso confrontativo. De hecho, por estos días se frenaron las conversaciones con las autoridades partidarias de la UCR que se encargan de las negociaciones electorales.
“Los peronistas simulan sus odios y se unen. Lo que pasó con Cristina suma más ingredientes a la nacionalización de la elección. El medio es el peor de los mundos”, asegura un dirigente de peso, enfrentado con el liderazgo de Martín Lousteau, a quien acusa de estar detrás de la estrategia “sin extremos” para repetir la derrota radical porteña que encabezó Lula Levy. “Quieren desgastar a la UCR para, en 2027 terminar con el peronismo”, denuncia.
Pero incluso este sector enfrentado a Lousteau sabe que no están dadas las condiciones para acordar con La Libertad Avanza. “Las conversaciones ni empezaron”, cuentan. Como respuesta superadora, proponen un espacio de centro o una reedición de Juntos por el Cambio pero con figuras conocidas. “Que venga Elisa Carrió a poner el cuerpo”, ejemplifican, a modo de reclamo para replicar lo que intentó hacer Cristina Kirchner en la Tercera Sección.
Los más pesimistas vaticinan una “crisis de representatividad” para después del 7 de octubre. Creen que la UCR no podrá renovar las bancas que hoy tienen en la Legislatura y Concejos Deliberantes. Los optimistas creen que el espacio de centro les permitirá surfear la ola libertaria y apuestan a que el desdoblamiento les permita provincializar la elección, y apuestan a la territorialidad y el rol de los intendentes.
Los envalentonados por el desdoblamiento
Cinco concejales de La Plata presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para convocar a una consulta popular no vinculante para que los vecinos de la capital bonaerense decidan si quieren que su ciudad acceda a una autonomía municipal plena. El grupo de radicales referenciados con Pablo Nicoletti pretende aprovechar el desdoblamiento electoral y que la votación se realice el mismo 7 de septiembre.
Uno de los principales argumentos detrás de la propuesta es el actual desequilibrio en la distribución de recursos: La Plata aporta aproximadamente el 4% de los recursos tributarios provinciales, pero solo recibe el 3,1% de los fondos por coparticipación. En términos concretos, la ciudad recibe por esta vía apenas el 22,7% de los recursos que le genera a la provincia. Además, debe hacer frente a una creciente demanda de servicios públicos, tanto de residentes como de personas de otras localidades que utilizan los servicios administrativos, sanitarios y educativos ubicados en la capital provincial.
La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) dispuso este lunes la organización de una medida de fuerza nacional ante el debate parlamentario de la reforma laboral. El consejo directivo estableció un esquema de protesta, pero sin movilización masiva. Esta acción representa el cuarto enfrentamiento del sector sindical contra el programa económico del Poder Ejecutivo.
La central obrera definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley. La fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25. En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.
Nicolás Suárez
Los gremios rechazan específicamente puntos específicos sobre las indemnizaciones y las remuneraciones por licencias médicas. La senadora Patricia Bullrich anunció cambios para aplicar controles estrictos sobre las enfermedades de los empleados y asegurar que las ausencias resulten comprobables. Ante este panorama, la conducción de la sede de la calle Azopardo convocó a una reunión de urgencia para unificar una respuesta.
Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello lideran el proceso de consulta interna que derivó en la huelga general. Jerónimo, representante del Sindicato del Vidrio, afirmó: “Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”. La modalidad de protesta sin movilización busca minimizar los riesgos de incidentes en la vía pública con las fuerzas de seguridad.
La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio aseguraron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.
El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.
La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate. Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.
Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”. Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Manuel Casado.
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POLITICA
Jorge Macri pidió endurecer penas tras los destrozos en el Congreso: “No son manifestantes, son delincuentes”
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó hoy avanzar con penas más duras luego de los graves incidentes ocurridos frente al Congreso, en el marco de la discusión de la ley de reforma laboral. En diálogo con Radio Mitre, diferenció entre manifestantes y quienes, según afirmó, actuaron con premeditación y violencia. Propuso transformar en delitos penales lo que hoy son simples contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires.
En esta línea, Macri sostuvo que los hechos violentos no pueden ser tratados como faltas menores. “Desgraciadamente estamos acostumbrados a que delincuentes intenten interrumpir el funcionamiento normal de la democracia”, afirmó. Para el jefe de Gobierno, la diferencia es clara: “No todos los que estaban ahí eran manifestantes, porque algunos se fueron cuando vieron el desastre que empezaba. Los otros son delincuentes, no me importa si son de una agrupación política o no”.
A su vez, señaló que los incidentes tuvieron un grado de organización y planificación: “Tuvieron un plan, llevaron las herramientas para ejecutarlo y lo llevaron adelante. El plan era romper, lastimar, prender fuego a algún policía o edificio, usar piedras para lastimar o matar. Llevaban mazas en sus mochilas”. Para el mandatario, quien porta elementos con la intención de causar daños o armar bombas debe ser considerado delincuente.
Por eso, destacó la necesidad de modificar el régimen legal en la Ciudad de Buenos Aires: “No puedo contestarle a un delincuente organizado con una multa. Necesito que eso sea considerado delito y que tenga pena de detención”, insistió, y confirmó que ya presentó un proyecto, uno de los ejes que abordará en la apertura de sesiones del 1 de marzo: “Hay dos formas de contravención en la ciudad que tienen que pasar a ser delito. Una es esta: romper los bienes públicos de manera intencional. Y la otra, los trapitos, porque el trapito extorsiona y eso es una extorsión y tiene que ser delito penal”.
Con relación a la investigación sobre los incidentes, precisó que, hasta el momento, “hoy quedan veinte detenidos”, aunque aclaró que el proceso sigue abierto. Explicó, además, que la demanda judicial iniciada es “amplia, conceptual, es por destrozo, por agresión y resistencia a la policía”. Y detalló que trabajan sobre las imágenes de los incidentes para identificar a más responsables: “Seguimos revisando de manera forense y captando todas las imágenes de anoche, tratando de identificar a más y más de esos delincuentes. Una vez identificados, con la orden judicial, vamos a buscarlos y detenerlos”.
Consultado sobre los responsables de arrojar bombas molotov y romper veredas, Macri afirmó: “Muchos han sido identificados. Muchos tenían máscaras antigás, la cara tapada, hay que hacer un trabajo forense hacia atrás con las imágenes”. Comparó la metodología con casos recientes: “Como el otro día que fuimos hasta Lanús a detener una banda completa que había cometido varios delitos y detuvimos a veinticinco”.
En línea con su pedido de endurecer el régimen penal, recordó: “En la ciudad de Buenos Aires cometés un delito, hay cámaras, te vamos a encontrar, te vamos a ir a buscar, te vamos a poner a disposición de la justicia. Esa es nuestra metodología y voy a seguir haciendo eso con toda forma de delito”.
Por otro lado, Macri confirmó que hubo “siete policías lastimados”, uno de ellos aún internado, aunque con buen pronóstico. También permanece hospitalizado un efectivo baleado semanas atrás. Sobre la posibilidad de cobrar los daños a las organizaciones responsables, advirtió: “No es fácil cobrarle. Vincular el accionar de una persona a una organización es bastante complejo”. Insistió en la necesidad de endurecer la ley: “Si no elevamos la vara y esto se transforma en un delito, no les importa ni la multa ni pagar. Se van a declarar insolventes. Vamos a lograr vincular a la organización con el delito”.
Macri advirtió que los hechos violentos generan un daño que trasciende lo económico y afecta la imagen internacional de la ciudad. “El país y la ciudad hacen un gran esfuerzo por traer turistas, por posicionarnos en el mundo. Cosas como las de ayer generan un daño intangible, porque esas imágenes dan vuelta al mundo y tal vez alguien que pensaba en venir a la Argentina dice: No, me voy a Uruguay”.
Justicia Laboral
El jefe de Gobierno, por otro lado, celebró el avance en el traspaso de la justicia laboral a la órbita porteña. “Una gran noticia. La justicia de la ciudad ha demostrado ser muy eficiente, tenemos buenos edificios, muy buen equipamiento, la ciudad se merece justicia propia”, señaló. Macri vinculó la autonomía judicial con la posibilidad de mejorar el clima de inversión y la protección del empleo: “Más grave que el costo laboral para una PYME es la amenaza permanente de juicios laborales increíbles. Hay una industria montada”.
Explicó que el diseño del nuevo fuero laboral dependerá del nivel de demanda y que la decisión política es avanzar con la creación de un sistema propio si no prospera la transferencia de jueces desde la Nación.
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POLITICA
Barranca Yaco: homenaje y “reparación histórica” a José Ortiz, amigo y consejero de Facundo Quiroga
CÓRDOBA.− José de los Santos Ortiz fue el primer gobernador de la provincia de San Luis, entre 1820 y 1829, y fue asesinado junto a Facundo Quiroga en Barranca Yaco, donde emboscaron la caravana en la que viajaban, el 16 de febrero de 1835. Por primera vez en la historia se izó la bandera de San Luis junto a las de Córdoba, La Rioja y al en esa posta del norte cordobés, sobre el antiguo Camino Real al Norte, entre las localidades de Sinsacate y Villa del Totoral. También fue la primera ceremonia a la que estuvieron invitados los descendientes de Ortiz.
Juan Eduardo Fleming, chozno de Ortiz, diplomático de extensa carrera y también “embajador” de los familiares, explica a que su pariente era “el principal consejero en materia jurídica y amigo personal” de Quiroga. Después de dejar la gobernación de San Luis, pasó un tiempo en Mendoza, donde fue ministro de Guerra de los mandatarios Manuel Lemos y Pedro Nolasco Ortiz.
“El asesinato de Barranca Yaco fue la primera masacre de la historia argentina −asegura Fleming−. No solo mataron al caudillo federal sino a quien iba a ser el primer presidente de la confederación, Ortiz”. Formado en derecho en la Universidad de Córdoba, era esposo de Inés Velez Sarsfield, hermana de Dalmacio Vélez Sarsfield, creador del Código Civil.
En su libro Facundo o civilización y barbarie, Domingo Faustino Sarmiento repasa cuando Quiroga impulsó a Ortiz para el cargo de Presidente: “No es gaucho bruto como yo; es doctor y hombre de bien −dice− sobre todo, el hombre que sabe hacer justicia a sus enemigos, merece toda confianza”.
Acompañó a Quiroga a reunirse con Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, a donde hablaron de la organización de la confederación. Tiempo después, Rosas le envió al riojano la ‘carta de la Hacienda de Figueroa’ (diciembre de 1834) en las que da sus razones para oponerse a la organización constitucional inmediata de la Confederación Argentina.
Ortiz fue secretario de la delegación encabezada por Quiroga que fue a Tucumán y Salta a firmar la paz entre esos distritos. Fue el encargado de redactar el tratado de pacificación del 6 de febrero de 1835, que incluyó la creación de la provincia de Jujuy.
Los iniciadores del proceso de reivindicación son Luis Hernán Lopez, cordobés periodista del Diario de San Carlos e historiador, junto con Carlos Ferreyra, director del museo Jesuítico Estancia de Jesús María y de la Posta de Sinsacate.
A fines de 2025, la Unicameral de Córdoba aprobó −en el marco del Programa de Revalorización y Restauración Histórica, Cultural y Turística del Antiguo Camino Real que realiza el Gobierno cordobés− un proyecto del legislador Víctor Molina de “reparación histórica” en memoria de Ortiz, que fue el impulso para el acto realizado este lunes. La iniciativa estableció que en Barranca Yaco debe flamear también la bandera de San Luis. La ceremonia coincide también con la octava edición del “mes facundiano”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la figura de Quiroga.
Lugar del asesinato de Facundo Quiroga.
Se izaron las banderas de Córdoba San Luis y La RiojaSebastián Salguero
Una cabalgata gaucha desde Sinsacate a Barranca Yaco marcó el inicio de la jornada. Después de los discursos, los descendientes de Ortiz colocaron una placa homenaje que repasa brevemente su trayectoria y destaca que fue el “mentor de los fundamentos jurídicos del proyecto de constitución nacional y federal de Quiroga”.
Sara Fleming, cantante lírica de trayectoria internacional y chozna nieta de Ortiz, cantó el Himno Nacional y Aurora, acompañada por la Banda de Música de Gendarmería Nacional.
También estuvieron, entre los descendientes directos, Edelmira Gallino de Senz; José Lucas Ortiz; Ana María Sosa Páez; Mercedes Storani Zavala Ortiz de Elowson; Elena Zavala Ortiz y Santiago Lynch Ortiz.
Sumaron adhesiones la Junta de Historia de San Luis (Raúl Fourcade y Gustavo Aguirre, presidente y vocal); el escribano del Gobierno puntano e historiador Juan José Laborde Ibarra; Pablo Salvadeo, antropólogo y director del Museo de la Universidad Nacional de la Rioja, y el rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes e investigador de la figura de Ortiz, Marcelo Sosa, quien definió a Ortiz como “un arquitecto del orden nacional”.
En el texto de adhesión, Sosa menciona que la visión de Ortiz quedó plasmada en un hito institucional: “Cuando se concedió a Rosas el manejo de las relaciones exteriores, San Luis fue la única jurisdicción en reservar su autonomía provincial. Ortiz impulsó la condición de que, ante cualquier afectación de intereses en el orden internacional, debía mediar la intervención de la Cámara de Representantes. Este hecho, sumado a su alianza con Facundo Quiroga y su actuación en los pactos de Cuyo, revela una concepción institucional madura, orientada al equilibrio de poderes. Su praxis política sentó las bases de la estructura federal que luego consagró la Constitución de 1853”.
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