POLITICA
Solo en Off | Macri recuperó el optimismo y ahora pide que “no le peguen” a Rodríguez Larreta
Mudado otra vez a territorio porteño, y con la sensación de estar de vuelta, Mauricio Macri parece querer por estos días aprovechar las consecuencias de la feroz interna desatada, ya a cielo abierto, en el algo desvirtuado triángulo de hierro que rodea al presidente Javier Milei. Una pelea que viene ganando Karina Milei por sobre Santiago Caputo, con la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia en su capítulo más reciente.
Mientras prepara la reunión nacional del Pro, el próximo jueves 19, el ex presidente prepara la estrategia, centrada en, al menos, retener la ciudad de Buenos Aires en 2027, sin descartar (nadie lo hace en su entorno por el momento) una eventual búsqueda de revancha en las presidenciales. Cuentan voces informadas que Macri dio instrucciones a los suyos de no golpear a su antiguo jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, alejado del macrismo y con un perfil de neta oposición al actual jefe de gobierno, Jorge Macri, quien ya avisó que irá por su reelección, desde un bloque minoritario en la legislatura porteña.
“No le peguen a Horacio”, fue la frase que escucharon varios macristas de la primera hora de boca del ex mandatario, empeñado en pegar las piezas de un Pro desmembrado al que se le escaparon no sólo Rodríguez Larreta, sino otros dirigentes de peso como Patricia Bullrich, hoy jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza. Desde el larretismo, con sólo tres legisladores sentados en sus bancas, esperaban que Jorge Macri hiciera alguna alusión crítica hacia la gestión de su antecesor, pero el discurso del jefe de gobierno porteño ante la legislatura se orientó en medidas hacia el futuro vinculadas a la seguridad ciudadana. Otro motivo que dio pie a pensar en una desescalada en la guerra fría que hoy sacude a distintas tribus Pro. Mientras cerca suyo se entusiasman con la anhelada “vuelta” de grandes empresarios desencantados del mileismo, Macri se dio una vuelta por el glamoroso cumpleaños del relacionista público Leo Mateu, dónde se encontró no sólo con su amigo, el binguero e influencer judicial Daniel Angelici, sino también con el principal armador libertario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, con quien se saludó cordialmente.
Sin dudas fue una semana intensa y con desenlace más que favorable la que vivió la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La designación, el miércoles, de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, y sobre todo de Santiago Viola, su principal espada en cuestiones legales, como su segundo, reforzaron su poder interno en detrimento del asesor presidencial Santiago Caputo. A modo de “festejo”, o tal vez simplemente para darse un gusto, Karina Milei llegó la misma noche de ese día clave al Movistar Arena, para disfrutar del recital del cantante Chayanne, desde un palco vip dónde pudo pasar desapercibida.
No iba sola: su madre, Alicia Lucich; la legisladora porteña Pilar Ramírez; Bettina Angeletti, esposa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y su estrecha colaboradora en Balcarce 50, Mara Gorini, también fueron-entre otras- de la partida y disfrutaron de hits como “provócame” o “torero”, ante el delirio de las fans del cantante portorriqueño.
A prudente distancia del gobierno de Javier Milei, y en medio de la construcción de un polo alternativo con otros mandatarios provinciales, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora “rescató” al Parlasur, el parlamento del Mercosur que el gobierno libertario considera parte de los “gastos innecesarios” del bloque regional. Este lunes, los parlamentarios de los países miembro (incluida Bolivia) cambiarán de destino: no se reunirán en Montevideo y estarán en Córdoba, por primera vez juntos desde la aprobación legislativa del acuerdo con la UE.
Según participantes de la reunión, a realizarse en la legislatura de Córdoba, la idea surgió del propio Llaryora, deseoso de mostrar un perfil diferente del Gobierno en relación a la integración regional. La reunión, solicitada por el legislador cordobés Rodolfo Eiben, tratará un conjunto de temas, entre ellos el análisis –a propuesta del legislador peronista Gabriel Fuks– del acuerdo comercial firmado por el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump, afectado por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en relación a la política de aranceles.
Aliviado se lo vio a Mariano Cúneo Libarona, el miércoles en Casa Rosada, a la que llegó para asistir a la asunción de su reemplazante como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Satisfecho por la despedida que le dedicaron sus pares del gabinete –a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se la vio emocionada luego de darle un abrazo- Cúneo Libarona también recibió una distinción del propio presidente Javier Milei, quien lo “premió” haciéndolo subir al estrado en el salón Blanco en el momento de la jura de Mahiques.
En diálogos privados, el ya ex ministro valorizó su condición de “desocupado”, más allá de las versiones que indican que reabrirá su estudio de abogados en la ciudad de Rosario. “No tengo ni matrícula, me encanta”, contestó el ex ministro cuando lo consultaban por su supuesto regreso a la abogacía. Luego de esperar el visto bueno del Presidente, quien lo retuvo durante meses en ese puesto sensible, Cúneo Libarona dejó trascender que buscará pasar más tiempo con su joven pareja, familia y amigos, a los que dejó algo descuidados por sus obligaciones de funcionario.
Una serena expectativa se vive por estas horas en el edificio del Indec, a escasas tres cuadras de la Casa Rosada. Pedro Lines, el sucesor de Marco Lavagna luego de la ruidosa salida del ex funcionario massista, mantiene un perfil bajo y da escasas señales sobre sus pasos a seguir. “Es alguien de la casa, y va a ascender a gente de la casa porque hay muchos ravioles de la estructura que no estaban completos”, comenta una fuente que conoce a Lines (ex director técnico del Indec) y es experta en los vericuetos del instituto encargado de medir –y difundir- índices clave como la inflación o la pobreza.
Eso sí: nadie cree que Lines ponga en marcha el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), razón principal de la despedida de Lavagna de la entidad que manejara durante seis largos años. También está en duda la actualización del índice de variación del salario, cuyo próximo informe está previsto para el 25 de este mes y tendrá a enero como objeto de ponderación. Mientras la inflación viene subiendo de modo lento pero paulatino, en el Gobierno esperan que el índice de febrero, que se conocerá este jueves, les dé una buena noticia.
Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Kicillof llegó a un acuerdo con los gremios docentes y ratificó su vínculo con el sindicalismo para 2027
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encamina a evitar -al menos por los próximos dos meses- medidas de fuerza de parte de los gremios de la administración pública bonaerense. Sucede que los principales sindicatos aceptaron la última oferta de incremento salarial que puso sobre la mesa la administración bonaerense luego del rechazo de todo el arco sindical. El ofrecimiento del 7,5% dividido en un 5% para marzo, un 2,5% para abril, sumado al 1,5% que ya había otorgado por decreto para el mes de febrero producto de la no aceptación en la instancia paritaria, consolida un 9% para el período febrero, marzo y abril.
“Hemos logrado alcanzar un acuerdo salarial que consideramos satisfactorio, donde pudimos aceptar un ofrecimiento que tiene que ver con un 1,5% correspondiente al mes de febrero que ya veníamos percibiendo y que en el último mes se había cobrado a cuenta de futuros aumentos. En este caso logramos consolidarlo y dejarlo fijo dentro del salario, a lo cual se suma un 5% de aumento para este mes, un 2,5 % de aumento para el mes que viene, para el mes de abril. Además tendremos una cláusula de monitoreo que nos permitirá seguir de cerca la evolución de los salarios con respecto a la inflación y una reapertura paritaria en el mes de junio”, le detalló a Infobae el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martin Oyarzabal.
En su mayoría, los gremios receptaron de buena manera la nueva propuesta del Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, algunos sectores todavía no resolvieron si aceptan o no. Es el caso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Se trata del segundo gremio en grado de representatividad de los trabajadores docentes, detrás de SUTEBA. A diferencia del sindicato que conduce Roberto Baradel, la FEB había rechazado el 3% inicial que había dispuesto el Ejecutivo bonaerense y dispuesto una medida de fuerza de caracter provincial para el 2 de marzo último, día en el que debían comenzar las clases en las escuelas públicas bonaerenses. El ciclo lectivo no inició en tiempo y forma.
SUTEBA también se había sumado a esa medida de fuerza, solo que lo hizo en el marco del paro nacional ejecutado por la CTERA, la confederación donde se engloba el gremio en cuestión. El reclamo era fue por los salarios a nivel nacional, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria efectiva a la paritaria nacional. Este jueves, ya con la oferta de Buenos Aires sobre la mesa, el propio Baradel planteó que “es un gran esfuerzo de la Provincia frente a la necesidad que tienen los docentes” y que la negociación paritaria en territorio bonaerense se da ante “las restricciones presupuestarias, la caída de la recaudación y los billones de pesos que le debe la Nación, sometiéndolo a un ahogo financiero“. En este marco planteó durante una entrevista con Radio Provincia que “las decisiones del gobierno libertario no perjudican en particular al Gobernador, si no que afectan a la gente”.
Los estatales de ATE también aceptaron el ofrecimiento. “Entendemos la situación que vemos a nivel nacional de un gobierno ajustador que sigue asfixiando a la provincia de Buenos Aires, queremos poner el valor no sólo el aumento del 9%” que comprende el 1,5% abonado en febrero, un 5% en marzo y 2,5% en abril, sino también, “los pase a planta permanente que va a haber en el sector de salud, la recategorizaciones a todos los trabajadores de la 10.430 y el convenio colectivo de trabajo que dignifique al trabajador estatal”, deslizó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Buenos Aires, Claudio Arévalo, tras la reunión con el ministro de Economía, Pablo López. El marco de reuniones con los gremios también estuvo signado por una particularidad. Testigos del evento dieron cuenta que al momento de retirarse, el automovil en el que se trasladaba el titular de Economía fue increpeado por integrantes de SUTEBA Multicolor, la línea disidente a la conducción de Baradel dentro de ese gremio docente.
En el Gobierno le restaron importancia al incidente. Tras la reunión y a la espera de la confirmación oficial de todos los gremios, el funcionario de Kicillof planteó que “estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas. En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible”.
También el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, resaltó el acuerdo alcanzado con los principales gremios. “En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad”.
Los gremios que respaldaron la oferta hecha por el gobierno bonaerense -sobre todo UPCN y SUTEBA, que este viernes comunicará su adhesión- son parte activa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). También algunos dirigentes que forman parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA). En parte es por ello que las conducciones gremiales se encargaron de remarcar que las finanzas del gobierno bonaerense sufren de una “asfixia” de parte de Casa Rosada.
Kicillof requiere de tener cierto alineamiento interno para medir las posibilidades de ser candidato presidencial por el peronismo en 2027. La mayoría de los gremios que desempeñan en la función pública lo respaldan. Donde todavía tiene que ajustar los respaldos el mandatario es al interior del peronismo, puntualmente con La Cámpora.
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En el marco de los cambios en el Gabinete luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno nacional oficialzió la desginación de Sebastián Amerio, como nuevo titular de la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado.
El nombramiento se oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial de una serie de normativas. Se trata de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026, a través de los cuales se acepta la renuncia de Amerio como secretario de Justicia del Ministerio y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para ser designado como nuevo procurador. Como nuevo número 2 en la cartera, fue desginado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional y que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Para eso, también fue necesario aceptar la dimisión de Santigo María Castro Videla al cargo. “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, establecieron. De acuerdo con lo dispuesto, Amerio comenzó su gestión a partir del 6 de marzo.
Sin embargo, este último no abandonará la gestión, puesto que crearon un tercer cargo de subprocurador, que será ocupado por Castro Videla.
La noticia ya había sido confirmada a Infobae el viernes pasado por fuentes oficiales. Según indicaron, la decisión la tomó el mandatario nacional, luego de una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor, Santiago Caputo. Después de eso, le ofreció ese cargo estratégico.
El funcionario en cuestión es uno de los dirigentes más cercanos del estratega libertario y tendrá la misión de llevar la causa por la expropiación de YPF. Según pudo confirmar este medio, el equipo de la Procuración General del Tesoro seguirá sin cambios.
Por la mañana, Milei recibió a Caputo en la residencia oficial para conversar sobre el nuevo esquema del Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques.
El hasta ese momento fiscal de la Ciudad de Buenos Aires no era la primera opción del consultor, que proponía para ese lugar al legislador bonaerense Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón, partido en el que se encuentra Mar del Plata.
“Hasta la semana pasada, incluso le convencía hasta al propio Presidente, porque era alguien que pasaba el filtro de todos. No sé qué cambió en el medio”, sostuvo uno de los integrantes de la mesa política.
Por otra parte, la cúpula libertaria también decidió desplazar a Amerio, que era el secretario de Justicia y virtual Vice de la cartera de Justicia.
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Mahiques conocía a Amerio de antes e incluso ambos se encontraron recientemente. El nuevo procurador no fue a la jura en Casa Rosada, pero lo esperó para conversar a solas después de la misma.
“Depende del ministro rever todas las áreas y ver cómo organiza los ‘ravioles’”, explicaban cerca del mandatario, cuando todavía se estaban negociando los puestos.
Más temprano, Castro Videla pasó por el despacho del asesor en Casa Rosada y luego hicieron lo propio tanto Amerio como Viola.
Tal como anticipó este medio, una de las primeras medidas que tomó Mahiques tras asumir formalmente fue pedirles las renuncias a los titulares de el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ).
De hecho, en un principio había trascendido que la Procuración del Tesoro iba a ser el único organismo que no se iba a tocar, ya que se trata de un ente muy sensible y que maneja causas con gran impacto para el Gobierno, por lo que se iba a apostar a la continuidad de sus autoridades.
Sin embargo, a lo largo de todo el jueves se sucedieron diferentes negociaciones entre los principales integrantes del Ejecutivo que derivaron en la decisión de hacer modificaciones también en esa dependencia.
Para el resto de los organismos mencionados todavía no hay reemplazantes claros y la expectativa estaba puesta sobre todo en la IGJ, que tiene pendiente una designación de veedores en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).
Se trata de un cargo clave, que hasta ahora tenía Daniel Vítolo, ya que se da en medio de los cruces subterráneos entre las autoridades nacionales y las de la entidad deportiva.
Un punto de conflicto fue la operación que llevó adelante el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para liberar al gendarme Nahuel Gallo, que estaba secuestrado por la dictadura venezolana.
En este contexto, días atrás, la IGJ le solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en el ente futbolístico a los fines de informar sobre los estados contables y financieros del 2025.
El objetivo es conocer las relaciones y operaciones concertadas entre la AFA y diversas firmas nacionales y del exterior, incluidas las sociedades TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas, los Sres. Javier Faroni, Erica Gillette, ji Ariel Vallejo y sobre todo lo relativo a la creación de la denominada Universidad de la AFA “UNAFA”.
El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18. La norma contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La norma fue sancionada por el Senado hace diez días.
La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801 y establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Hace diez días el Senado había aprobado la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto recibió 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió su sanción definitiva en el Congreso.
La ley establece que las personas podrán ser imputadas por delitos cometidos desde los 14 años hasta el momento en que cumplan 18. Para esos casos se crea un esquema de sanciones que contempla tanto penas como medidas orientadas a la integración, la formación y la educación.
Entre las medidas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y asistencia a programas de formación ciudadana. También se contemplan tratamientos médicos o psicológicos cuando resulte necesario y la asistencia a servicios de salud acordes a la edad del adolescente.
El régimen prevé además distintas sanciones que pueden ser aplicadas por la Justicia, entre ellas la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, la restricción para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en determinados casos y el monitoreo electrónico.
Otra de las penas previstas es la prestación de servicios a la comunidad, que consiste en la realización de tareas de interés social en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro como hospitales, escuelas u organizaciones destinadas al bien común. La ley también contempla la reparación integral del daño causado a la víctima.
Cuando corresponda aplicar una pena privativa de libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, entre ellas la detención domiciliaria, la permanencia en institutos abiertos o el alojamiento en institutos especializados de detención para adolescentes.
La norma fija que los menores de edad detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y establece que los institutos especializados deberán contar con personal capacitado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Además, prohíbe la imposición de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y establece que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando la escala penal del delito sea superior.
El régimen también prevé mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos. Entre ellos se incluyen la mediación penal juvenil, la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba cuando se cumplan las condiciones previstas por la ley.
La norma establece además que el cumplimiento de las medidas o sanciones deberá ser supervisado por profesionales especializados designados por la justicia, quienes deberán realizar un seguimiento periódico de la evolución del adolescente y elaborar informes sobre su situación personal, educativa y social.
Entre los principios que rigen el régimen se incluyen el respeto por la dignidad del adolescente imputado, el derecho de defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la reserva del proceso judicial. La ley también prohíbe la difusión de datos que permitan identificar a los menores involucrados en causas penales.
El texto aprobado por el Congreso deroga la ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de los menores, e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación a los principios establecidos en el nuevo régimen.
La ley establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar su implementación y promover la coordinación con las jurisdicciones provinciales para la aplicación del sistema.
sancionada por el Senado,Boletín Oficial,Conforme a,,»Irán financia el terrorismo». Monteoliva habló sobre la seguridad de la Argentina, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente,,LN+. Las 80 definiciones que dejó Milei: de los cruces en el Congreso a la guerra en Irán y la inflación de 2026,,Análisis. Nuevos blancos en la mira del Gobierno,Boletín Oficial,,Cambios en el Gobierno. Se oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia,,Recursos. El Gobierno restringió los viajes oficiales al exterior y estableció nuevos requisitos para los funcionarios,,Cambio en el calendario de vacunación. El Gobierno adelantó la aplicación de la segunda dosis de la triple viral
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