POLITICA
Solo en Off | Problemas con la letra de la marcha y tomas de catch en el acto por Malvinas
Tan breve como significativo, el acto en honor a los caídos en la guerra de 1982 por las Islas Malvinas, el pasado miércoles 2, tuvo como dato central la apelación del presidente Javier Milei a convertir a la Argentina en potencia, y desde allí, convencer a los isleños para que “quieran ser argentinos” antes que parte de la comunidad británica.
En esos escasos veinte minutos (también antes y después, por cierto), algunos datos e imágenes llamaron la atención de periodistas e invitados con las antenas en alerta. Tal vez por las tempranas horas en las que se llevó adelante el acto –antes de las 9 en un feriado– o la cantidad de temas complejos que cada uno de ellos tiene a su cargo, llamó la atención la escasez de asistentes del palco oficial que podían seguir la letra de la Marcha de Malvinas, sobre todo en sus estrofas menos conocidas.
Entre silencios, bocas cerradas en rostros muy serios y algún balbuceo de miembros del gabinete, legisladores y miembros del personal diplomático, se distinguieron algunos pocos conocedores de los versos finales del himno de siete estrofas, compuesto por Carlos Obligado y José Tieri.
A la voz firme de los veteranos, que sabían la letra sin dudar, se sumó algún funcionario aislado, como el vicecanciller Eduardo Bustamante, de breve paso por el Ejército e impecable dicción.
Por suerte para muchos de los asistentes, el himno terminó, y la multitud pudo dispersarse sin problemas, salvo en el caso del ministro de Defensa, Luis Petri, que utilizó una combinación de estrategia verbal y física para evitar males mayores. ¿Qué pasó? El veterano Guillermo Nicoló, que durante el acto exhibía un cartel con la leyenda “Plantemos árboles para honrar a los Caídos en Malvinas”, intentó ingresar al sector oficial, cuando fue frenado por el ministro de Defensa, quien, ya más calmados todos, accedió a sacarse una foto con él.
Pero Nicoló no se rinde: luego de agradecerle a Petri, distribuyó una carta donde calificó de “humillante el trato a los veteranos” durante el acto, ya que no se permitió pasar a un sector más cercano al cenotafio a quienes no se hubiesen anotado previamente. “No llamaron a un familiar y tampoco a ningún veterano (para la ofrenda floral)”, se quejó el veterano, enojado también porque Milei “se fue sin saludar”.
De vuelta al ruedo porteño como en sus épocas de candidato o jefe de gobierno, Mauricio Macri se puso al hombro la campaña de Pro para las elecciones del 18 de mayo en la ciudad.
Entre un paso por Córdoba y la presentación de los candidatos y recorridas, el expresidente se hizo un minuto para homenajear en las redes a su esposa Juliana Awada, que cumplió 51 años.
“Feliz cumple, más hechicera que nunca”, le escribió el expresidente a Awada en sus redes sociales, en el texto que acompañó a una foto de ambos.
El festejo, al menos ampliado, de la pareja, quedó para el regreso de Awada de París, a donde viajó para encontrarse con su hija mayor, Valentina Barbier. El año, pasado, la empresaria textil y ex primera dama había festejado su medio siglo en la quinta familiar Los Abrojos, con 200 invitados de su círculo de amigos, familiares, y unos pocos políticos, todos amigos de su esposo.
Decidido a enfrentar a los libertarios en el bastión que Pro supo construir, el expresidente también dejó su rutina de viajes para un poco más adelante.
Los gritos, constantes y coordinados, atronaron en el edificio y se escucharon, según testigos, en los distintos pisos y dependencias de la Legislatura porteña. La diputada libertaria Lucía Montenegro encabezó esta semana una curiosa ceremonia de premiación para 300 maestros en artes marciales, que terminó como tenía que terminar: con ejercicios (y gritos incluidos) de los participantes del evento, denominado Honor y Causa Marcial.
“El legendario espíritu del Samurai gritó presente en los Maestros del Arte Marcial”, escribió la legisladora libertaria y de ultraderecha en sus redes sociales, luego de encabezar los movimientos que fueron seguidos por expertos y fans. Alguien recordó que la joven es entrenadora de un arte marcial creado por su padre, Antonio Montenegro, llamado Chaiu do Kwan, y que ya mostró sus conocimientos en ese arte marcial en 2021, durante la campaña que llevó al hoy presidente Javier Milei a una banca de diputado nacional. Llegada a LLA por el sector de Victoria Villarruel, Montenegro responde hoy a Karina Milei.
El 11 de mayo, San Luis irá a las urnas para renovar parcialmente la legislatura provincial. El ex gobernador peronista Alberto Rodríguez Saá, que gobernó la provincia por cuatro períodos, es hoy un opositor neto al mandatario Claudio Poggi, quien en 2023 puso fin a cuatro décadas de poder indiscutido de los Rodríguez Saá (Alberto y su hermano Adolfo, al frente de la provincia).
Pero los días en el llano no son tan sencillos para el exmandatario. A la licuación de su poder político se le sumó, esta semana, una denuncia periodística sobre una mora en el pago de los impuestos de una de sus tantas propiedades, en este caso ubicada en Villa Mercedes.
Según una investigación de Cadena 3, Rodríguez Saá no paga los impuestos de esa casa, pintada de violeta (su color favorito) desde, al menos, 2016. Gobernada por sucesivos intendentes peronistas, desde la intendencia de Villa Mercedes jamás le reclamaron nada al entonces todopoderoso gobernador.
Las cosas han cambiado, y mucho, en la provincia, aseguran analistas locales, y a “El Alberto” se le acumulan deudas impagas.
Después de varias semanas de silencio, la conductora televisiva y pareja del presidente Javier Milei, Amalia “Yuyito” González, salió días atrás a confirmar la continuidad del romance, en coincidencia con el inicio de una nueva temporada con su programa, “Empezar el día”, en el canal Magazine.
“Estoy lista para empezar el día”, dice González en el anuncio de su retorno televisivo, este lunes a partir de las 10. Recordemos que fue allí, en una entrevista mano a mano con el Presidente, cuando ya había ganado las elecciones de noviembre de 2023, cuando ambos se conocieron, y en esa misma emisión, en noviembre de 2024, se llevó a cabo la segunda entrevista, ya con ambos como protagonistas de una relación sentimental.
A fin de evitar complicaciones, cuentan conocedores del mundo Yuyito, el programa televisivo tendrá este año una veta “menos política”. Aunque no se descarta del todo, parece lejana una nueva visita del Presidente, enfrascado en las negociaciones con el FMI para obtener el ansiado alivio en las reservas del Banco Central, luego de su fallido paso por Palm Beach para obtener, sin éxito, la foto con Donald Trump.
POLITICA
Las universidades públicas comienzan una semana de protestas que complica el inicio de clases por la cuestión salarial
A partir de este lunes 16 de marzo, la vuelta a clase en universidades públicas de todo el país se verá truncada por coincidir con el inicio de una semana de protestas del Frente Sindical, que nuclea a las federaciones de docentes y no docentes. En algunas casas de estudio y colegios preuniversitarios habrá paro toda la semana, mientras que en otras habrá movilizaciones, acciones de visibilización y otras medidas de fuerza.
Se trata de un nuevo capítulo del conflicto universitario que comenzó en 2024 y que afecta a más de 2 millones de estudiantes de las universidades estatales. Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la convocatoria a paritarias.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el presupuesto nacional para la educación superior cayó 28,9% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Los salarios representan alrededor del 90% del presupuesto del sector.
La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) obliga al Estado a recomponer salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica, y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. Su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Aquella ley se aprobó en octubre de 2025 luego de seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales –el primero exitoso, el segundo no–. El Gobierno suspendió su aplicación en el mismo decreto con que la promulgó, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar. En diciembre, la Justicia avaló el planteo y exigió la aplicación “inmediata” de la ley.
En febrero el Gobierno apeló e intentó recusar al juez Martín Cormick, que interviene en la causa, pero ese intento fue rechazado la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En diciembre el Gobierno también había intentado derogar la ley por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no tuvo los votos suficientes en el Congreso.
“La acción judicial que presentó el CIN sigue su curso y tiene un primer fallo favorable en relación con los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Hoy necesitamos que el Gobierno se siente en paritarias para empezar a actualizar estos valores”, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), a Infobae.
En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación –el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez–.
Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes –para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023–, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. La última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA estimó una inflación del 26,1% para este año.
El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias –con un plazo máximo de tres meses–, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por “insuficientes”.
La iniciativa del Ejecutivo contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% –según la cifra prevista en el Presupuesto 2026–, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate.
Un reclamo que persiste
Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley N° 27.795. En ese marco, anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que “comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad”.
Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta.
Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen –en off– que puede ser un “mal menor” frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo.
“Todos queremos que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Pero ya no podemos recurrir al Congreso; el Ejecutivo ahora tiene los números para sostener un veto. Entonces algunos preferimos que se apruebe la modificación que propone el oficialismo, para poder al menos recuperar lo perdido en 2025, abrir paritarias y asegurar la actualización de los gastos de funcionamiento y las partidas para los hospitales”, dijo a Infobae una alta autoridad universitaria.
“Tenemos que elegir entre la nada y una opción que es injusta, pero que al menos da algo de certidumbre hacia adelante. Si no podemos garantizar el comienzo de clases, muchos estudiantes van a empezar a buscar otras opciones. Y muchos profesores también”, agregó.
Esta lectura no es compartida por los sindicatos. “Frente al aumento del 51% que debería darnos el Gobierno, un 12,3% en tres cuotas no es un mal menor: es una cifra que volverá a perder con la inflación de este año. No representa ningún atenuante para el enorme malestar que tienen los trabajadores de las universidades y que surge en todas las asambleas”, aseguró Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, a Infobae.
Con respecto a las becas estudiantiles, un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) relevó que entre 2023 y 2025 se redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar, mientras que el poder adquisitivo cayó 46,5%. Para volver a los niveles de diciembre de 2023, la inversión en este rubro debería crecer 63%.
El miércoles pasado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires volvió a pedir a los ministerios de Capital Humano y de Economía que apliquen la ley y ratificó la emergencia presupuestaria y salarial. También advirtió que el presupuesto nacional 2026 no solo desconoce la Ley de Financiamiento Universitario: tampoco prevé la actualización de los gastos de funcionamiento.
“La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, señaló la resolución del Consejo Superior. Desde la UBA también resaltaron la situación crítica de los seis hospitales e institutos universitarios que no solo atienden a la población sino que tienen un rol clave en la formación de profesionales de la salud.
El desgaste por el conflicto y por el impacto de los recortes se siente en las universidades. Desde la UBA señalan que, si bien la situación no afectó la inscripción al CBC –con unos 50.000 ingresantes, cifra similar a la de 2025–, hay facultades como Agronomía que perdieron el 10% de los profesores con dedicación exclusiva. A la vez, reconocen que es difícil cuantificar el impacto del deterioro salarial, porque muchos profesores no renuncian sino que se toman licencia o reducen la dedicación para sumar otros trabajos.
Pese a las diferencias en torno a algunas cuestiones, desde el Frente Sindical –que representa a los docentes y no docentes–, el CIN –que nuclea a los rectores– y la Federación Universitaria Argentina –que reúne a los centros de estudiantes– aseguraron que mantienen el diálogo y la coordinación de medidas ante la situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal; la fecha podría ser el 23 de abril, a dos años de la primera movilización.
“Hasta ahora hemos logrado mantener un bloque unido de todos los actores del sistema universitario. Creo que todos tenemos la voluntad de seguir construyendo en ese marco”, afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “El Gobierno no da respuesta a la necesidad de invertir en educación, y está empujando la situación hacia un escenario de gran conflictividad”, consideró Carvalho.
Varias universidades se preparan para elecciones estudiantiles en el primer cuatrimestre, entre ellas la UBA, la UNR, la UNC y la Universidad Nacional de Cuyo. También el CIN renovará sus autoridades el próximo 27 de marzo, cuando se reúna el plenario en la ciudad de Santa Rosa. Se espera que asuma la presidencia Franco Bartolacci, actual vicepresidente y rector de la UNR; lo secundará un rector del bloque peronista del CIN.
Después de dos años, todo indica que el conflicto por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades en 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para el futuro del sistema. Las bajas tasas de graduación, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, la actualización de las carreras, la evaluación de la calidad educativa, la necesidad de fortalecer la conexión con las demandas productivas y de profundizar la internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes.
POLITICA
Paro universitario: docentes inician una semana sin clases y anuncian nuevas medidas para todo el semestre
Los docentes universitarios iniciaron este lunes un paro nacional de una semana que afectará el dictado de clases en las universidades públicas de todo el país. La medida forma parte de un plan de lucha más amplio que prevé nuevas semanas completas de cese de actividades y una movilización federal en abril.
La decisión fue tomada por el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió profundizar el conflicto con el Gobierno nacional en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial.
Leé también: Los docentes universitarios vuelven al paro y los rectores advierten que el cuatrimestre será crítico
Los gremios advirtieron además que el conflicto podría escalar durante el semestre si no se reabren las paritarias y si avanza en el Congreso una eventual modificación de la ley de financiamiento.
La marcha federal universitaria —con fecha tentativa para el 23 de abril— buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. Por eso será coordinada con el Frente Sindical Universitario y con organizaciones estudiantiles, con el objetivo de replicar la masividad de las protestas que el sistema universitario protagonizó durante los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.
Además, las organizaciones gremiales prevén instalar una “carpa por la universidad y la soberanía” en distintas ciudades del país. La iniciativa buscará visibilizar el conflicto en el espacio público y sumar el respaldo de otros sectores sindicales y sociales.
El plan de lucha durante el primer semestre
El Congreso de Conadu reunió a 30 sindicatos de base y más de 90 congresales. Ratificó el paro de esta semana y definió avanzar con nuevas semanas completas de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril.
Desde la federación explicaron que las medidas se inscriben en un plan de lucha progresivo que abarcará todo el primer semestre del año y que será monitoreado por el plenario de secretarios generales del gremio.
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“El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente”, señalaron desde Conadu al anunciar la profundización del conflicto. También insistieron con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
La conducción del gremio advirtió además que seguirá de cerca la agenda legislativa. Según definieron en el congreso sindical, el plenario quedó facultado para convocar a nuevas medidas de fuerza en caso de que comience el tratamiento en comisiones de un proyecto para modificar esa ley.
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POLITICA
Cristina Kirchner vuelve a Comodoro Py por la causa Cuadernos: operativo de seguridad y militancia convocada
La expresidenta Cristina Kirchner deberá presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar en el juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, uno de los expedientes por presunta corrupción más relevantes vinculados a su gestión.
La audiencia marcará el inicio de una nueva etapa del proceso judicial: las indagatorias de los 86 imputados que forman parte del expediente. En ese marco, las autoridades judiciales ya dispusieron un fuerte operativo de seguridad para el traslado de la exmandataria y el desarrollo de la jornada en los tribunales de Retiro.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 12 de junio de 2025 en su departamento de San José 1111, luego de haber sido condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Operativo de seguridad y traslado a Comodoro Py
Según trascendió en el ámbito judicial, el traslado será coordinado por efectivos de la Policía Federal, que estarán a cargo de garantizar el ingreso de la expresidenta al edificio de los tribunales federales.
El operativo incluirá la comunicación previa con las áreas encargadas de controlar la tobillera electrónica que monitorea el cumplimiento de su arresto domiciliario, ya que el traslado implica salir del radio autorizado.
Una vez que llegue a Comodoro Py, Cristina Kirchner ingresará por una de las calles laterales del predio y será conducida directamente a la Sala AMIA, donde se desarrollan las audiencias del juicio.
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, estableció que la exmandataria deberá estar presente antes de las 9 de la mañana para cumplir con los formalismos previos al inicio de la audiencia.
Convocatoria del kirchnerismo
En paralelo, sectores del kirchnerismo comenzaron a convocar a una movilización en respaldo a la exmandataria.
A través de redes sociales, militantes y organizaciones afines llamaron a concentrarse desde las 7 de la mañana frente al edificio donde “la jefa” cumple prisión domiciliaria, en San José 1111, para acompañarla durante el traslado hacia los tribunales.
La consigna difundida en la convocatoria sostiene que el proceso judicial forma parte de una “persecución política” y cuestiona al gobierno de Javier Milei.
Un juicio clave por presunta corrupción
La causa de los Cuadernos se originó a partir de los manuscritos del exchofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestos traslados de dinero vinculados a empresarios y funcionarios.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el expediente investiga la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Estado para recaudar dinero ilegal a partir de contratos de obra pública y otros beneficios otorgados por la administración nacional.
En ese esquema, los fiscales sostienen que Cristina Kirchner habría tenido un rol central dentro de la estructura investigada.
El juicio oral comenzó de manera virtual en noviembre de 2025 con la lectura de los requerimientos de elevación. A partir de esta semana, el proceso entra en una nueva etapa con las declaraciones de los imputados.
Además de la expresidenta, también fueron citados para declarar otros exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, quien actualmente se encuentra detenido por la condena en la causa de la Tragedia de Once.
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