Atentos a las críticas que, desde distintos sectores, fustigaron la postura argentina, desde el gobierno de Javier Milei salieron a defender el voto negativo en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a una iniciativa de Ghana y la Comunidad Africana, que por mayoría denominó “el crimen más grave contra la humanidad” a la esclavitud africana.

¿El Gobierno votó en contra de condenar la esclavitud? Desde el Gobierno aseguran que no, aunque la Argentina y sus aliados Estados Unidos e Israel fueron los únicos votos en contra. La iniciativa fue apoyada por 123 países, y se abstuvieron 52 naciones, entre ellas los integrantes de la Unión Europea y Gran Bretaña. La resolución, aprobada ayer por la Asamblea General, no solo busca consolidar el reconocimiento histórico de esa tragedia, sino también abrir el camino hacia debates más concretos sobre justicia reparadora.

“Estamos en contra de calificar a la esclavitud como el delito de lesa humanidad más grave de la historia. ¿Por qué un crimen está por encima de otro? La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”, comentó una alta fuente del Gobierno, justificando el voto emitido ayer por el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi. Desde el Gobierno agregaron que el texto propuesto el texto “no estuvo abierto a ninguna modificación, aporte o sugerencia. Había que votar a libro cerrado”.

En el mismo sentido, el canciller Pablo Quirno retuiteó un posteo del politólogo y escritor Alejo Schapire, para quien “esta jerarquización de las víctimas pone un solo tipo de esclavitud como más grave que el resto de los crímenes, por ejemplo, los genocidios, el Holocausto. Por eso Estados Unidos, Israel y la Argentina votaron en contra de la iniciativa africana y los europeos se abstuvieron. El corolario del reconocimiento en la ONU es abrir la puerta a reparaciones económicas históricas financiadas por Occidente”, afirmó Schapire en el posteo que hizo suyo el canciller argentino.

En el Gobierno también destacaron que países de la UE aliados de la Argentina, como Italia, se abstuvieron en la votación, al igual que naciones con peso específico como Alemania y Francia, además de Gran Bretaña, con la que se mejoró los vínculos diplomáticos bilaterales desde la llegada a la presidencia de Javier Milei, pero sin avances concretos en la discusión por la soberanía de las islas Malvinas.

No fue esa la opinión de referentes del kirchnerismo. “Fuimos uno de solo tres países en todo el mundo en votar en contra (Argentina, Estados Unidos, Israel). Además, votamos en contra de todos los países que apoyan la descolonización de Malvinas. ¿Cómo les vamos a pedir su apoyo ahora? Una inmoralidad y un papelón diplomático”, posteó el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof.

Desde el Gobierno negaron que el voto contra la iniciativa africana signifique necesariamente una quita del apoyo que esos países suele dar a la Argentina en su reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, tema que volverá a debatirse en junio próximo en el comité de Descolonización de Naciones Unidas. “No tiene nada que ver un voto con el otro”, rechazaron fuentes oficiales con conocimiento diplomático, y enfatizaron que la abstención de la UE, y su decisión de no avalar la iniciativa africana, sirve de “paraguas” para la postura argentina.

“En la ONU se discutió algo más complejo que “estar contra la esclavitud”: se intentó imponer una lectura que jerarquiza culpas históricas según una agenda ideológica. Argentina no entró en ese juego. No hay esclavitudes “peores” y otras tolerables. Basta de narrativa woke”, escribió la diputada libertaria Sabrina Ajmechet, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, y sobre todo desde que Donald Trump asumiera como presidente de Estados Unidos, en enero de 2025, la Argentina alineó la mayoría de sus votaciones en los organismos internacionales con la principal potencia del planeta. También trabó un vínculo privilegiado con Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, dando apoyo a la respuesta israelí al grupo Hamas en la franja de Gaza y a los ataques conjuntos de Estados Unidos y el Estado hebreo contra Irán, una contienda bélica sin solución ni final a la vista que se extendió a distintos países del Medio Oriente.

El Presidente es, además, un fuerte crítico del funcionamiento de la ONU. “Hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-Nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales”, sostuvo Milei en su discurso ante la Asamblea General, en septiembre pasado.

Karina Milei ya definió a su candidato para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Será el diputado Sebastián Pareja, su principal armador bonaerense y uno de los dirigentes de mayor confianza dentro del esquema libertario.

La designación se formalizará en los próximos días, cuando se constituya la comisión y sus 16 integrantes -ocho por cada Cámara- voten a sus autoridades. En el oficialismo confían en asegurarse la mayoría con legisladores propios y aliados.

“Voy a estar donde me necesiten”, repite Pareja en su entorno, donde evitan desmentir la posibilidad. Su nombre sintetiza el avance de la secretaria General sobre un área sensible: la comisión es la encargada de supervisar la actividad de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), formalmente a cargo de Cristian Auguadra pero bajo la órbita política de Santiago Caputo.

Pareja integra el núcleo duro de Karina Milei y es considerado un dirigente “puro” dentro del oficialismo, una condición que en el armado libertario se reserva para posiciones estratégicas. Su eventual desembarco en la Bicameral se inscribe en la disputa interna por el control de áreas clave del Gobierno.

El antecedente más reciente fue el Ministerio de Justicia. Allí, el asesor presidencial había ganado influencia a través de Sebastián Amerio, pero ese esquema fue desarmado con el ingreso de Juan Bautista Mahiques -el nuevo ministro- y Santiago Viola -secretario de Justicia-, dirigentes cercanos a la secretaria General.

En ese contexto, la llegada de Pareja a la Comisión de Inteligencia implicaría que un dirigente alineado con Karina Milei quede al frente del organismo que debe controlar a la SIDE. En la práctica, supervisaría el funcionamiento del área donde Caputo aún conserva injerencia.

La designación también profundiza la fricción con el sector juvenil referenciado en Caputo. Pareja es resistido por Las Fuerzas del Cielo, el espacio militante que responde al asesor presidencial. En redes sociales suele ser blanco de críticas de ese sector, una tensión que se arrastra desde el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado concentró el armado y dejó relegados a los dirigentes cercanos al asesor.

Durante la última Derecha Fest, en Mar del Plata, los tuiteros libertarios insultaron a Pareja cuando subió al escenario. La reacción se extendió luego a las redes sociales, donde referentes de Las Fuerzas del Cielo exhibieron cómo habían respondido a su discurso.

El movimiento, además, agrega ruido en la relación con Pro. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, asegura que el cargo le había sido ofrecido por Martín Menem en diciembre pasado, durante las negociaciones para ser reelegido al frente de la Cámara Baja. En esa instancia, Menem también logró que se le otorgaron las facultades para constituir las comisiones.

“En el Gobierno tienen el derecho y la mayoría para imponer a quien quieran, pero si dicen que no me lo ofrecieron son unos mentirosos”, sostuvo Ritondo ante .

Cerca de Menem rechazan esa versión. “Siempre estuvo claro que las comisiones de gestión le corresponden a La Libertad Avanza”, replicaron. Pese a no ser parte del esquema oficial, a Ritondo se lo considera un dirigente cercano a Caputo y, por ende, lejos del “karinismo” de Pareja y Menem.

En la jerga parlamentaria, esas comisiones son las que resultan clave para la agenda del Poder Ejecutivo. La de Inteligencia es una de las más sensibles: analiza la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional y controla los gastos reservados de los organismos del sistema.

También tiene facultades para investigar de oficio y requerir información clasificada, incluidas interceptaciones realizadas por la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y datos de empresas de telecomunicaciones. Por la naturaleza de los temas que aborda, sus reuniones son secretas.