POLITICA
Sorpresa en la causa de las fotomultas: el ex ministro Jorge D’Onofrio pidió adelantar su indagatoria

Acorralado por el avance de las causas en su contra, el ex ministro Transporte en la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio pidió declarar de manera espontánea ante el fiscal Alvaro Garganta, que lo había imputado formalmente por un negociado millonario con las multas y la VTV, que estaban bajo su órbita. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la declaración indagatoria se realizará el próximo 28 de mayo.
D’Onofrio está imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV. En total hay 16 imputados entre funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector.
Esa causa arrancó en octubre de 2023. Pese al escándalo de corrupción, D’Donofrio resistió durante varios meses y renunció recién el 30 de diciembre del año pasado.
Durante la investigación, el fiscal Garganta detectó al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas. Un grupo de funcionarios que dependían de D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ”gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Esa maniobra, que habría arrancado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó a Transporte, contaba con la participación de varios jueces de faltas. Entre los imputados aparece Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. Luego se determinó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España). Esa hipótesis se acaba de confirmar con un informe reservado que llegó del exterior.

Otra maniobra apunta a las irregularidades en las adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). La resolución destaca que ese negocio fue otorgado a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la a empresa ”Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que tendrían participación funcionarios del Ministerio de Transporte. Esa firma, que se encargaba de asignar los turnos de la VTV, recibía a cambio una comisión del 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.
El último hecho por el que fue imputado D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al manos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. Para el fiscal, “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”.
Ante el avance de la causa, los abogados de D’Onofrio pidieron una declaración indagatoria espontánea el jueves pasado y el fiscal hizo lugar casi automáticamente. “Es una estrategia de la defensa, la espontánea no apura los plazos para resolver la situación procesal”, explicó una fuente con acceso al expediente. En Tribunales aseguran que todavía no se ordenaron las indagatorias porque “faltan algunas medidas por producir”. Entre esas medidas, se destaca el análisis de los teléfonos secuestrados en la causa.
D’Onofrio también está siendo investigado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay por el delito de lavado de dinero. En ese expediente, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados y ordenó varios allanamientos.
POLITICA
Diciembre de alta intensidad política: empieza una batalla clave para Milei y el peronismo atraviesa su peor momento

Llegó diciembre, un mes que solía ser una pesadilla para los gobiernos desde el regreso de la democracia, por los riesgos de desbordes más o menos orquestados desde los subsuelos de la política. Pero este año, las miradas apuntan al Congreso, por el inicio de una etapa de deliberaciones de iniciativas que serán decisivas para la administración de Javier Milei y el futuro de la economía.
Hoy llegará a tres despachos clave de la gestión libertaria el proyecto de modernización laboral. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, recibirán el texto final de una profunda reforma que busca dinamizar el mercado del trabajo, estancado desde hace al menos una década.

Será una de las pruebas de fuego para el Gobierno junto con el Presupuesto, la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal, que serán debatidas en sesiones extraordinarias. La convocatoria todavía está en elaboración y se publicaría antes de que termine la semana.
Milei llega a estos debates fortalecido en imagen y, sobre todo, en representación parlamentaria. Es un fenómeno inédito en la historia argentina: en cuatro años, el Congreso pasó de tener solo dos diputados a 94, y de cero a 20 senadores. Es la contracara del peronismo, que enfrenta una declinación dramática.
Entre mañana y el miércoles, el PJ puede quedar con 93 diputados y apenas 26 senadores, la menor representación parlamentaria desde 1983. Con su líder, Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria e inhabilitada de por vida para ser candidata, el peronismo tiene apenas cuatro de 24 gobernadores y enfrenta un proceso de fragmentación inédito.
En el Senado, José Mayans, el inoxidable presidente de la bancada, perdió la semana pasada a Gerardo Zamora y Elia Moreno, mientras busca contener a los cuatro senadores de Convicción Federal. En Diputados, la propia figura del santafesino Gerardo Martínez, el presidente del bloque, está en discusión y con riesgos ciertos de ser removido.
Quedan pocas horas para conocer el verdadero peso que tendrá Unión por la Patria en el Parlamento. Entre hoy y mañana se deberán presentar las listas de integrantes de los bloques en la Cámara baja. Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, decidió separar a sus representantes y solo está en discusión si serán tres o cuatro las fugas. Pero no serían las únicas.

No son las únicas internas cruzadas que sacuden al PJ. En la provincia de Buenos Aires, su epicentro, se libra una batalla sorda entre las distintas lealtades que confluyen en la Legislatura. Axel Kicillof, enfrentado a CFK, no pudo pasar el endeudamiento, pese a que todos los peronistas se sentaron en sus asientos. Hay sospechas de que los ausentes -sobre todo los libertarios blue de Carlos Kikuchi- responden a terminales del peronismo. Sin esos votos, no hay plata.
El riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán, los otros peronistas que todavía reconocen el liderazgo de CFK, están ensimismados en sus provincias y el poder de fuego que tienen en el Congreso es apenas testimonial. El fueguino Gustavo Melella está lejos -geográfica y políticamente- de intervenir en la discusión nacional.
Los otros gobernadores de matriz peronista se sentaron en la mesa que ofreció Javier Milei y negocian apoyos parlamentarios para las leyes que se discutirán en extraordinarias. Al Presidente no le falta tanto: con La Libertada Avanza y el PRO, tiene algo más de 110 diputados y 26 senadores. Le faltarían 20 y 10, en cada caso. “El peronismo siempre acude en auxilio del vencedor”, es una máxima pertinente al inicio de este diciembre inusual.
Cambia el Congreso y también el Gobierno
Patricia Bullrich anunció su renuncia al Ministerio de Seguridad para comenzar a recorrer su primera experiencia como senadora nacional. Mañana jurará su reemplazante, Alejandra Monteoliva. “Dentro de cincuenta años se hablará de la ‘Doctrina Bullrich’ como aquella que cambió el paradigma de la seguridad en Argentina. Felicitaciones Patricia Bullrich. Tu paso por el Ministerio de Seguridad ha sido un punto de inflexión en la historia de nuestro país. TMAP”, la saludó Santiago Caputo.
La futura senadora tendrá como prioridad enfrentar la batalla por la modernización laboral. Es que por la Cámara alta ingresará el proyecto que iniciará una pulseada con la CGT, más preocupada por la caja de los aportes y las obras sociales que por otras reivindicaciones sindicales.
También Manuel Adorni tendrá lista la reconfiguración de la Jefatura de Gabinete. Infobae confirmó ayer que se va José “Cochi” Rolandi, que había llegado con Nicolás Posse, y que atravesó la gestión de Guillermo Francos. No será el único cambio.
POLITICA
ATE amenazó a Sturzenegger: “Es un siniestro que viene por nosotros, pero los estatales también vamos por él”

La noticia de que el gobierno nacional planea seguir aplicando la motosierra en el Estado en 2026 provocó una dura reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El sindicato advirtió que ahora evalúa adelantar el paro nacional que había sido anunciado para el día que el Congreso debata la reforma laboral, ante la inminencia de los despidos masivos. Y en ese contexto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó una amenaza directa contra Federico Sturzenegger: “Es un ser siniestro que viene por nosotros, pero tiene que saber que los estatales también vamos por él“.
El dirigente gremial redobló su postura a través de un comunicado contundente: “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”.
La conducción nacional de ATE cuenta con mandato para definir protestas sorpresivas en diciembre, en respuesta a lo que consideran una ofensiva del Gobierno contra los trabajadores estatales. En el centro de la polémica, Aguiar sostuvo que “el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es todo ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%”.
El secretario general también denunció que el objetivo oficial no es destruir el aparato estatal, sino “moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país”.
El plan anunciado por el Gobierno implica reducir en un 10% la planta de trabajadores estatales, lo que, según ATE, representaría aproximadamente 28.000 despidos. De acuerdo con el comunicado sindical, las cesantías se concentrarían en organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom. El sindicato sostiene que estos despidos no responden a necesidades presupuestarias, sino a una estrategia de disciplinamiento y reconfiguración del Estado.

La decisión de convocar al paro nacional y movilización fue adoptada por unanimidad en el Confederal de ATE, en un encuentro realizado en la provincia de San Luis.
Para Aguiar, la última reunión del Consejo de Mayo fue “una encerrona para el sindicalismo” porque la administración libertaria utiliza estos encuentros como maniobras dilatorias. “Es un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta”, expresó el dirigente.
En relación a la paritaria convocada por el Gobierno para este viernes a las 13:00 mediante Zoom, Aguiar criticó el formato virtual: “Lo hicieron como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar”, advirtió el secretario general.
ATE reclama la reapertura inmediata de las paritarias, argumentando que el recorte salarial se profundizó durante 2025. Según datos presentados por el sindicato, el incremento salarial en los primeros diez meses del año fue de apenas 13,6%, mientras que la inflación en el mismo período alcanzó el 24,8%. Además, el sindicato denuncia persecución sindical, detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales.
El dirigente sindical también cuestionó la falta de avances en el diálogo con el Ejecutivo: “Esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle”, manifestó Aguiar.
En el marco de la articulación con otras organizaciones, ATE participó junto a las Centrales de Trabajadores de la Argentina, Autónoma y de los Trabajadores, y dirigentes de otros sindicatos, en una reunión destinada a definir estrategias conjuntas frente a la reforma laboral.
POLITICA
La oposición acusa a Kicillof de incumplir con los acuerdos y se complica la posibilidad de aprobar el endeudamiento de la Provincia

La autorización de endeudamiento que pidió Axel Kicillof no avanzó en la Legislatura bonaerense y la negociación quedó atrapada en reproches cruzados y en una desconfianza que crece con cada ronda de conversaciones. El Presupuesto y la Ley Fiscal se aprobaron tras una jornada maratónica, pero la Ley de Financiamiento volvió a quedar afuera y pasó a un cuarto intermedio para este miércoles.
En los bloques opositores repiten que el gobernador incumplió las promesas que había hecho durante las últimas semanas. Mencionan cargos en el directorio del Banco Provincia y en el Grupo Bapro, la discusión abierta sobre la Corte, el nombramiento de jueces, y otros compromisos políticos que, aseguran, quedaron sin respuesta. “Kicillof los llamó en persona, y todos le respondieron que ya les había incumplido”, contó a TN un dirigente que se mantiene cerca de las negociaciones.
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La oposición del PRO, la UCR y la Coalición Cívica mantuvo su rechazo a habilitar la mayoría especial requerida, mientras que el peronismo reconoció que los votos propios y los aliados en las otras dos leyes no alcanzan.
En ese escenario reapareció Sergio Massa, que intervino directamente con Facundo Tignanelli y Alexis Guerrera antes de que se levantara la sesión del viernes para pasar a un nuevo cuarto intermedio, pero pese a los esfuerzos, los números no acompañan. “No les cumplió a los demás bloques, y entonces no le quieren votar”, señaló un diputado peronista.
Un PJ que intenta ordenar su interna
Aunque las comisiones avanzaron con demoras, Kicillof consiguió destrabar un acuerdo interno que venía en tensión. La relación con La Cámpora atravesó semanas ásperas, pero el cierre legislativo obligó a recomponer posiciones y reducir la distancia entre el gobernador y Máximo Kirchner. Ese reacomodamiento quedó a la vista cuando Tignanelli salió a marcar la postura del bloque y negó cualquier fractura interna.
El jefe del bloque peronista en la Cámara Baja señaló que la Ley de Financiamiento es esencial para enfrentar un 2026 condicionado por la caída de transferencias nacionales. También recordó que el peronismo comparte los lineamientos centrales del proyecto, aunque admitió que no puede avanzar sin acompañamiento opositor, ya que Unión por la Patria es minoría en ambas cámaras.
Un comunicado oficial del bloque de Unión por la Patria expresó el mismo mensaje. Remarcó que el Ejecutivo aceptó varias de las modificaciones pedidas por otros bloques y que trabajó para construir consensos. También pidió responsabilidad a la oposición, que, según el texto, debe permitir que la Provincia cuente con la herramienta necesaria para cumplir compromisos asumidos por la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
La oposición ratificó sus condiciones
En las conversaciones con el Gobierno provincial, las exigencias opositoras se mantuvieron firmes. Piden resolver los lugares prometidos en el Banco Provincia, garantizar un fondo para los municipios que no dependa de que la Provincia tome deuda y establecer plazos claros para la disponibilidad de los recursos. Los intendentes empujan esa discusión porque advierten que no pueden esperar hasta mediados del año próximo.
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El PRO y la UCR llegan a esta instancia con conflictos propios. Algunos intendentes con representación legislativa se rebelan contra las decisiones nacionales del partido y reclaman un rol protagónico en la negociación. Ese frente interno complicó aún más el escenario para el Ejecutivo provincial.
El resultado fue una sesión sin quórum. La negociación quedó empantanada y el endeudamiento no llegó al recinto. El oficialismo deberá insistir en una nueva sesión este miércoles, antes del recambio del 10 de diciembre, cuando cambie la composición de la Legislatura provincial.
Qué pide Kicillof
El pedido de financiamiento que presentó el Ejecutivo busca habilitaciones de endeudamiento en moneda local o extranjera para poder cubrir vencimientos y sostener la obra pública.
La propuesta incluye un monto total de US$3585 millones (US$1990 millones para gastos del sector público y US$250 millones para emisión de Letras del Tesoro) y para proyectos vinculados a energía (US$150 millones) y vialidad (US$150 millones). La Provincia también planteó una devolución parcial de recursos que usó para afrontar pagos de deuda durante este año, de US$1045 millones.
Kicillof negocia con los intendentes un porcentaje de ese paquete del orden del 8% para los municipios. Esa derivación se volvió un elemento clave en la discusión porque define el margen que tendrán las comunas durante 2026.
Qué se pondrá en juego esta semana
El Gobierno apuesta a un último intento para cerrar el año con Presupuesto, Ley Fiscal y endeudamiento aprobados. Si no reúne los dos tercios, la discusión pasará a extraordinarias, con un clima político más incierto y con una oposición que ya mostró la fortaleza de su bloqueo.
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Los puntos sensibles siguen siendo los mismos. La negociación se concentra en los cargos, en el reparto de fondos y en las garantías de ejecución. En el peronismo creen que todavía hay margen para cerrar un acuerdo. En la oposición sostienen que el gobernador agotó su crédito político y que debe avanzar sobre cuestiones concretas.
Entre llamados, presiones y un tablero político cada vez más fragmentado, la provincia encara un tramo final que definirá si Kicillof llega a 2026 con las tres herramientas fiscales que reclama desde septiembre o si deberá afrontar el nuevo año con escaso margen de maniobra.
Axel Kicillof, legislatura bonaerense, Provincia de Buenos Aires
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