POLITICA
Sospechas, narcos y votos comprados: un control fronterizo con Bolivia hizo caer la participación electoral en un pueblo de Salta
Distante a 329 kilómetros de Salta capital, hace unos meses Aguas Blancas estuvo en el centro de la escena porque la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich anunció la construcción de un alambrado de 200 metros para frenar el contrabando. Pero en las elecciones de diputados provinciales volvió a ser noticia: un control migratorio durante el domingo provocó que la participación cayera solo al 24%.
Aguas Blancas es una pequeña ciudad que según el Censo 2022 tiene 3648 habitantes y 1018 viviendas. Lo llamativo es que el padrón electoral tiene registrados 5693 votantes. Está a orillas del río Bermejo, comparte costa del río con la ciudad boliviana de Bermejo, diez veces mayor por sus más de 30 mil habitantes.
Junto a las ciudades de Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Urundel y Orán, conforman el departamento de Orán, que elige a tres diputados salteños.
La cantidad de ciudadanos bolivianos con DNI argentino que viven del otro lado del río provocó que creciera el padrón y provocó la reacción de las autoridades. Esta irregularidad, sumada a la detención del intendente Carlos Alfredo «Conejo» Martínez el año pasado, acusado de entorpecer la investigación del asesinato por sicariato de su hermano, César «Oreja» Martínez, motivaron la intervención de la ciudad.
Martínez obtuvo por segunda vez la prisión domiciliaria y sigue siendo investigado y el gobernador Gustavo Sáenz designó a Adrián Zigarán como interventor. Debía ocupar ese rol hasta que en estas elecciones la ciudad eligiera a un nuevo intendente pero las irregularidades en el padrón electoral no fueron subsanadas y la extendieron la intervención hasta diciembre de 2027.
«Se indica que la situación se agrava dado que el padrón provisorio incluye un sector muy importante de electores extranjeros, sin que se haya podido constatar la exigencia dispuesta en el artículo 6, inciso 2, de la Ley Nº 6.444, que habilita a votar a los extranjeros en cargos municipales, siempre y cuando tengan residencia inmediata de dos años en el Municipio al momento de su inscripción en el registro suplementario especial», afirmaron en la Cámara de Diputados de Salta entre los fundamentos para extender la intervención.
La Dirección Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras abrió una investigación federal al detectar que había 603 electores registrados en la calle 20 de Febrero que tiene cinco cuadras. «Cuando llegué en octubre del año pasado, lo primero fue ponerle nombre y número a las calles y casas. RENAPER deberá modificar los requisitos para anotarse porque cualquiera dice cualquier cosa y lo anotan como argentino. En un municipio de frontera debería haber una legislación más estricta», asegura Zigarán ante la consulta de Clarín.
«El domingo, en un operativo de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, no dejamos pasar a los bolivianos que tienen DNI argentino. No a los de doble nacionalidad, bolivianos que viven en Aguas Blancas», sostiene Zigarán.
«En Aguas Blancas, la clase política propiciaba que el RENAPER a lo largo de años para regularizar los pueblos originarios, los caciques venían cupos de a 100 dólares a bolivianos que se hacían pasar por pueblos originarios de Argentina y obtenían el DNI. En época de elecciones venden al mejor postor: ‘Tengo 100 votos bolivianos, tengo 200’. Entonces lucran», afirma Zigarán, que defiende la instalación del alambrado de 200 metros, que inaugurarán la semana que viene.
«El alambrado es una suerte de candado que funciona cuando entre la terminal y el río se paran prefectos y gendarmes como el domingo. Podías entrar y salir con DNI argentino», remarca el interventor de Aguas Blancas. Zigarán apunta al narcotráfico como fuente de financiamiento de los votos: «Te pueden poner un intendente con esas cantidad de votantes extranjeros».
En Aguas Blancas este domingo solo se votaron diputados provinciales. Ganó la lista del gobernador Sáenz, que en el departamento de Orán llevaba como primer candidato al médico Alejandro Valenzuela, hasta hace unas semanas director del Hospital San Vicente de Paul. Valenzuela habló ante los medios cuando Salta empezó a cobrarle un bono a los extranjeros que se atendían en los hospitales públicos de la provincia.
«Entendemos que votó el 60% de los que viven en Aguas Blancas que es lo que nos interesaba, aunque en el global de 24,5%», destacó Zigarán. El funcionario remarcó que el año que viene se harán los operativos para depurar los padrones.
La provincia junto a las autoridades nacionales estudian hacer los operativos puerta a puerta. Y piensan usar a Aguas Blancas como modelo para depurar los padrones de otros municipios de frontera como Salvador Mazza o Los Toldos.
En 2021, la última elección legislativa, en Aguas Blancas había 4.928 ciudadanos en el padrón y fueron a votar 1739, el 35,2%. Mientras que en 2023, en la elección a intendente y concejales que ganó «Conejo» Martinez, la participación trepó al 51,52%. De los 5491 empadronados, votaron 2833 y el jefe comunal cosechó 1304 votos.
Salta,Elecciones 2025,Migración,Últimas Noticias
POLITICA
Patricia Bullrich habló sobre el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia
CÓRDOBA.- “Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia”, afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el impacto del caso en la administración libertaria.
Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al “Ciclo de Coyuntura”, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni.
“Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, añadió.
Bullrich planteó que la Justicia “está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no”. “Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, resaltó.
De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó “desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral”.
Y afirmó que ahora “la pelota está en la cancha” de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.
En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: “Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema».
En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: “Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados”.
Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está “muy blindado frente a los choques externos”. “Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años”, puntualizó.
Noticia en desarrollo
Gabriela Origlia,Conforme a
La Ley de Glaciares fue sancionada el pasado miércoles 8 de abril con 137 votos a favor y el acompañamiento de varios gobernadores de provincias mineras. Pocas horas después, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal de esa provincia para frenar la aplicación de la ley. Ziliotto argumentó que uno de los ríos pampeanos proviene de zonas glaciares y, según su presentación, la norma aprobada viola un artículo de la Constitución nacional y tratados internacionales.
La acción judicial se dirige ante el único juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien ocupa ese cargo desde 2018, año de su nombramiento bajo la gestión de Mauricio Macri.
Tanto la fiscal de Estado pampeana como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas acompañaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del mandatario pampeano, la presentación se formalizó apenas 24 horas después de la sanción legislativa.
Los equipos técnicos de gobierno nacional, en paralelo, siguen con atención esta iniciativa judicial, dado que la Ley de Glaciares forma parte de una agenda central para la proyección de inversiones en el sector minero.
Detalles del amparo y postura del Gobierno
En Infobae en Vivo Al Mediodía, el periodista Federico Mayol indicó que “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”, explicó Mayol.
El juez federal Baric analiza la solicitud. Desde el Gobierno nacional siguen de cerca la definición judicial, ya que la ley sancionada otorga certezas para atraer inversión minera y fue acompañada por varios gobernadores de las provincias productoras. Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma.
Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.
Impacto sobre inversiones mineras y reacción social
El sector minero es uno de los principales motores del crecimiento económico. Durante el 2025 aportó “de manera considerable al desarrollo nacional”, apuntó Mayol. Entre los proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas como Glencore y Vicuña, que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.
Mayol detalló que “hay seis proyectos ya aprobados y varios en proceso de aprobación que involucran, por ejemplo, a Glencore o Vicuña, sumando 18.000 millones de dólares en total. El impacto esperado alcanzará los 40.000 millones de dólares en inversiones si se implementan todas las iniciativas”.
El sector ambientalista manifestó su rechazo a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron sus objeciones tanto en audiencias públicas como en la presentación judicial de Ziliotto. La participación de ONG en la causa pampeana coloca el debate en el centro de la escena nacional.
Próximos pasos judiciales y agenda minera
La Justicia Federal de La Pampa debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo impulsado por Ziliotto. Esta decisión podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.
Mayol adelantó: “Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”.
La exposición en la provincia de San Juan contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. El resultado del pedido judicial presentado en La Pampa podría incidir en la dinámica y expectativas del evento minero.
Contexto de la Ley de Glaciares y antecedentes judiciales
La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes. Mayol recordó: “Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo y un juez aceptó varios artículos. En la actualidad, el debate abierto sobre la Ley de Glaciares impone una nueva instancia de análisis judicial luego de su aprobación parlamentaria”.
Por ahora, la única presentación judicial vinculada a la Ley de Glaciares corresponde a la provincia de La Pampa. La actividad minera y la protección ambiental se posicionan nuevamente en el centro de la agenda pública y judicial argentina.
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