POLITICA
Sueldos de 13 millones de pesos por mes, la moneda de cambio que ofreció Kicillof para conseguir votos
Los cargos en el directorio del Banco Provincia, que el gobernador Axel Kicillof utilizó como oferta para consumar su pedido de endeudamiento en la madrugada del jueves en la Legislatura, son un instrumento apetecible para la negociación política por sus sueldos onerosos.
El gobernador elevó el número de sillas en el directorio, de ocho a 14, repartió los lugares entre diferentes vertientes del peronismo y la oposición, y habilitó así a los integrantes a hacerse de puestos en los que cobrarán entre 12 y 13 millones de pesos por mes.
Los sueldos de los directores del Banco Provincia rondan esos montos, según pudo saber de dos fuentes que conocen el funcionamiento de la entidad.
“Cobran bastante menos que el promedio del sistema financiero; los salarios están atados a la paritaria bancaria”, explicó una de esas fuentes consultadas.
El costo de un director va más allá de su sueldo. También pueden nombrar asesores. ¿Cuántos? No se sabe. “Depende de las comisiones en las que trabaja el director”, reveló una fuente del área. Esos auxiliares perciben “sueldos del escalafón bancario”.
El reparto se concretó el jueves a la mañana. Al calor de las negociaciones por el endeudamiento pedido por Kicillof, se habilitó una reforma en la Carta Orgánica del Banco Provincia.
Su directorio, de estar conformado por un presidente (es Juan Cuattromo) y ocho vocales designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pasó a estar compuesto por nueve directores titulares, dos síndicos y tres directores asociados.
Los que permanecen entre un directorio y otro son Alejandro Formento (del sector de Kicillof, como director titular) y Laura González (La Cámpora, como síndico).
El Senado oficializó como nuevos directores titulares a Carlos Orsingher (ligado a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof), Julio Pereyra (exintendente de Florencio Varela, del Movimiento Derecho al Futuro), Javier Osuna (intendente de General Las Heras, massista), Matías Ranzini (diputado provincial, de Pro), Fernando Rozas (exdiputado provincial, del bloque Unión y Libertad, y hermano del diputado Martín Rozas), Rodrigo “Rodra” Rodríguez (La Cámpora), Marcelo Daletto (senador provincial, de las filas de Emilio Monzó) y Carlos “Cuto” Moreno (diputado provincial kicillofista).
Gabriela Demaría, senadora que está vinculada a Martín Insaurralde, será síndico junto a la camporista González. Los directores asociados serán Sergio Bordoni (intendente de Tornquist, massista), Adrián Urreli (diputado provincial de Pro, alineado con Néstor Grindetti) y Fernando Pérez, exdiputado provincial, de la UCR de Quilmes y alineado con Martín Lousteau. Según la Carta Orgánica del banco, el directorio debe reunirse al menos dos veces por semana.
Las designaciones en el directorio de Banco Provincia son un instrumento de negociación política repetido para los gobernadores.
En enero de 2016, a cambio de la aprobación de su presupuesto para la provincia, informó que la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal (Pro) había impulsado las designaciones de Juan Curutchet, como presidente del banco, y como directores, las de Felipe Hughes, Carlos Pérez y Mario Boindi, todos de Pro; Daniel Arroyo y Mario Meoni, ambos massistas; Andrea García, vinculada a Julián Domínguez, y Eduardo Di Rocco, que estaba alineado con Florencio Randazzo.
En ese directorio, ya estaban Omar Galdurralde (un hombre de Martín Insaurralde), el sciolista Rafael Perelmiter y el radical Diego Rodrigo.
A fines de 2018, Vidal incluyó al directorio del banco en otra negociación por el presupuesto, que incluyó endeudamiento. Se incorporaron en esa ocasión al directorio el massista Sebastián Galmarini, la cristinista Juliana Di Tullio, Humberto Vivaldo (de las filas del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares) y se renovó el mandato de Meoni.
Antes de la ampliación de cargos que puso sobre la mesa para sacar el endeudamiento, Kicillof ya había utilizado al directorio del banco provincial en negociaciones. Impulsó nombramientos como los del radical Carlos Fernández, el larretista Bruno Screnci y el de Santiago Nardelli, otro hombre de Pro. En 2021, nombró a Formento, quien ingresó en reemplazo de Di Tullio, que había sido elegida senadora.
El gasto que ocasionarán al Estado provincial los sueldos de los ahora 14 integrantes del directorio motivó la polémica en la política provincial.
En el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, durante la sesión del jueves a la madrugada en la que se aprobó el endeudamiento, el diputado Guillermo Castello (La Libertad Avanza) hizo un cálculo estimativo de un costo de unos 70 millones de pesos por mes, sumando al salario de los directores el de los asesores que ellos nombrarán. Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás que intentó infructuosamente levantar su licencia como diputado para votar en la sesión, afirmó en su cuenta de X que los sueldos son de 40 millones de pesos.
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POLITICA
Axel Kicillof y otros gobernadores le solicitaron una reunión al Gobierno para debatir la reforma laboral
Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego solicitaron formalmente este jueves al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT).
El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca establecer una sesión presencial y exclusiva para analizar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las autoridades laborales de estos distritos sostienen que el debate no debe agotarse en el Congreso, debido al impacto fiscal y en el esquema de inspección que la normativa tendría en cada jurisdicción.
En el documento presentado, los firmantes recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, plazo que consideran imperativo ante la magnitud de los cambios propuestos.
Los ministros provinciales enfatizaron que sus territorios son protagonistas en la gestión de la conflictividad laboral diaria y que sus posiciones deben ser incorporadas. Según expresaron en la nota enviada a la Secretaría de Trabajo: “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, cuyos senadores votaron en contra de la reforma.
Sin embargo, el reclamo también incluye a Misiones, provincia que aportó dos votos clave para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta a través de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A pesar de estas diferencias políticas, las seis jurisdicciones coincidieron en que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional y que sus realidades regionales deben ser escuchadas.
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POLITICA
Principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria
El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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POLITICA
El Gobierno extenderá las extraordinarias hasta el 28 de febrero y sumará al temario una nueva ley de Financiamiento Universitario
Tras apelar la medida cautelar que obliga la aplicación la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional suma al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la medida que le permita compensar fondos a universidades, según confirmó una fuente inobjetable a Infobae. Se trata de una determinación que será incorporada por decreto y que persigue la intención de dar respuesta al sector que reclama una actualización presupuestaria para el funcionamiento de las altas casas de estudio.
Tras la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar un último proyecto al temario para intentan apaciguar las demandas de las autoridades universitarias con el debate de una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal que pregonta la administración libertaria.
La tarea involucró al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron en los últimos días con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, para conversar sobre el tema. Como contó este medio, los planes apuntaban a dar curso a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas que solicita el sector.
“Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, contó ante este medio una fuente calificada.
La determinación se da luego de que el Ejecutivo presentara un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, y solicitara que la apelación que obliga a implementar la ley votada en 2024 sea concedida con efecto suspensivo. “El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir pero hay otras que requieren análisis de la cámara”, argumntó un funcionario en tema.
Ante la ambición del Ejecutivo, en Balcarce 50 se muestran optimistas con los objetivos trazados para el receso de verano, y pese a que el reglamento establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, existen antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por decreto y sin la necesidad de acuerdos parlamentarios formales de aceptación.
Más allá del reclamo de las autoridades universitarias, el conflicto por el financiamiento escaló notablemente entre 2024 y 2025, y registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Luego de la determinación del mandatario de vetar la ley sancionada, hubo una segunda protesta federal en septiembre de 2025.
Luego de que un sector de la mesa política planteara la necesidad de evitar una escalada legal, en el oficialismo intentarán pasar una ley que modifique el esquema financiero actual y que permita alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.
Asimismo, el decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas también incluirá la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, es decir, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.
La determinación apuesta a ordenar el ajustado calendario legislativo, además de dar cumplimiento a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.
El objetivo del presidente Javier Milei es sancionar la reforma laboral durante el periódo contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso en el que establece la hoja de ruta anual.
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