POLITICA
Causa Sur Finanzas: ordenaron la liberación de los cuatro empleados de la financiera acusados de borrar y ocultar pruebas

En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó la liberación de cuatro empleados que habían sido detenidos el pasado 12 de febrero por destruir pruebas.
Se trata de Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga.
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Los involucrados, acusados de borrar cámaras de seguridad, ocultar computadoras y eliminar planillas, fueron indagados por Armella el fin de semana y luego excarcelados ya que no existen riesgos procesales, como riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Sus celulares y todos los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos quedaron al resguardo de la Justicia.
Durante las indagatorias del viernes, se les ofreció la posibilidad de declarar como arrepentidos, pero los cuatro rechazaron hacerlo.
En los próximos días, Armella deberá decidir si procesa a los cuatro liberados, mientras la causa avanza con el análisis de las pruebas secuestradas.
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Según el expediente, Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma, el pasado 1 de diciembre de 2025, le ordenó a la tesorera Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.
Soler, por su parte, mantuvo una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, para ordenarle que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.
Zapaia es Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo y la Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.
Finalmente, Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.
El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.
En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.
En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.
La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.
La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Sur Finanzas, Justicia, AFA
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Barranca Yaco: homenaje y “reparación histórica” a José Ortiz, amigo y consejero de Facundo Quiroga

CÓRDOBA.− José de los Santos Ortiz fue el primer gobernador de la provincia de San Luis, entre 1820 y 1829, y fue asesinado junto a Facundo Quiroga en Barranca Yaco, donde emboscaron la caravana en la que viajaban, el 16 de febrero de 1835. Por primera vez en la historia se izó la bandera de San Luis junto a las de Córdoba, La Rioja y al en esa posta del norte cordobés, sobre el antiguo Camino Real al Norte, entre las localidades de Sinsacate y Villa del Totoral. También fue la primera ceremonia a la que estuvieron invitados los descendientes de Ortiz.
Juan Eduardo Fleming, chozno de Ortiz, diplomático de extensa carrera y también “embajador” de los familiares, explica a que su pariente era “el principal consejero en materia jurídica y amigo personal” de Quiroga. Después de dejar la gobernación de San Luis, pasó un tiempo en Mendoza, donde fue ministro de Guerra de los mandatarios Manuel Lemos y Pedro Nolasco Ortiz.
“El asesinato de Barranca Yaco fue la primera masacre de la historia argentina −asegura Fleming−. No solo mataron al caudillo federal sino a quien iba a ser el primer presidente de la confederación, Ortiz”. Formado en derecho en la Universidad de Córdoba, era esposo de Inés Velez Sarsfield, hermana de Dalmacio Vélez Sarsfield, creador del Código Civil.
En su libro Facundo o civilización y barbarie, Domingo Faustino Sarmiento repasa cuando Quiroga impulsó a Ortiz para el cargo de Presidente: “No es gaucho bruto como yo; es doctor y hombre de bien −dice− sobre todo, el hombre que sabe hacer justicia a sus enemigos, merece toda confianza”.
Acompañó a Quiroga a reunirse con Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, a donde hablaron de la organización de la confederación. Tiempo después, Rosas le envió al riojano la ‘carta de la Hacienda de Figueroa’ (diciembre de 1834) en las que da sus razones para oponerse a la organización constitucional inmediata de la Confederación Argentina.
Ortiz fue secretario de la delegación encabezada por Quiroga que fue a Tucumán y Salta a firmar la paz entre esos distritos. Fue el encargado de redactar el tratado de pacificación del 6 de febrero de 1835, que incluyó la creación de la provincia de Jujuy.
Los iniciadores del proceso de reivindicación son Luis Hernán Lopez, cordobés periodista del Diario de San Carlos e historiador, junto con Carlos Ferreyra, director del museo Jesuítico Estancia de Jesús María y de la Posta de Sinsacate.
A fines de 2025, la Unicameral de Córdoba aprobó −en el marco del Programa de Revalorización y Restauración Histórica, Cultural y Turística del Antiguo Camino Real que realiza el Gobierno cordobés− un proyecto del legislador Víctor Molina de “reparación histórica” en memoria de Ortiz, que fue el impulso para el acto realizado este lunes. La iniciativa estableció que en Barranca Yaco debe flamear también la bandera de San Luis. La ceremonia coincide también con la octava edición del “mes facundiano”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la figura de Quiroga.
Lugar del asesinato de Facundo Quiroga.
Se izaron las banderas de Córdoba San Luis y La RiojaSebastián Salguero
Una cabalgata gaucha desde Sinsacate a Barranca Yaco marcó el inicio de la jornada. Después de los discursos, los descendientes de Ortiz colocaron una placa homenaje que repasa brevemente su trayectoria y destaca que fue el “mentor de los fundamentos jurídicos del proyecto de constitución nacional y federal de Quiroga”.
Sara Fleming, cantante lírica de trayectoria internacional y chozna nieta de Ortiz, cantó el Himno Nacional y Aurora, acompañada por la Banda de Música de Gendarmería Nacional.
También estuvieron, entre los descendientes directos, Edelmira Gallino de Senz; José Lucas Ortiz; Ana María Sosa Páez; Mercedes Storani Zavala Ortiz de Elowson; Elena Zavala Ortiz y Santiago Lynch Ortiz.
Sumaron adhesiones la Junta de Historia de San Luis (Raúl Fourcade y Gustavo Aguirre, presidente y vocal); el escribano del Gobierno puntano e historiador Juan José Laborde Ibarra; Pablo Salvadeo, antropólogo y director del Museo de la Universidad Nacional de la Rioja, y el rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes e investigador de la figura de Ortiz, Marcelo Sosa, quien definió a Ortiz como “un arquitecto del orden nacional”.
En el texto de adhesión, Sosa menciona que la visión de Ortiz quedó plasmada en un hito institucional: “Cuando se concedió a Rosas el manejo de las relaciones exteriores, San Luis fue la única jurisdicción en reservar su autonomía provincial. Ortiz impulsó la condición de que, ante cualquier afectación de intereses en el orden internacional, debía mediar la intervención de la Cámara de Representantes. Este hecho, sumado a su alianza con Facundo Quiroga y su actuación en los pactos de Cuyo, revela una concepción institucional madura, orientada al equilibrio de poderes. Su praxis política sentó las bases de la estructura federal que luego consagró la Constitución de 1853”.
Gabriela Origlia,Córdoba,La Rioja,San Luis,Conforme a,Córdoba,,Tragedia en Córdoba. Dos jóvenes muertos y tres heridos graves tras brutal choque de un BMW contra un poste de luz,,Monto congelado. Ministros de la Región Centro piden actualizar el Fondo de Emergencia Agropecuaria,,¿Con qué necesidad?
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Un abogado laboralista anticipó que la reforma provocará conflictos en las empresas

La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado. Julián De Diego, abogado laboralista, dialogó con Infobae en Vivo Al Amanecer. El profesional definió como “positiva” la decisión tomada en el Congreso argentino, aunque advirtió que la legislación vigente es “de la época de las cavernas” y requiere un cambio de fondo.
“El 90% de nuestras leyes tienen más de cincuenta años”, dijo el abogado. En su opinión, esto justifica una actualización para atraer inversión y garantizar previsibilidad en el mercado laboral.
“Nuestra legislación es de la época de las cavernas”, expresó De Diego en el programa Infobae al Amanecer. Explicó que la reforma busca modernizar el sistema, pero precisó: “La iniciativa es positiva porque hay que modernizar la legislación, pero muchas de las modificaciones van a traer conflictos”.
El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar. Se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.
Sobre el riesgo de conflicto judicial, sostuvo: “Seguramente va a generar judicialización. La mayoría de los críticos ya anunciaron que la reforma no debe ser aprobada porque precariza derechos fundamentales”. Según De Diego, los abogados laboralistas opositores ya preparan procedimientos judiciales para intentar frenar la implementación de los artículos considerados más polémicos.
El especialista resaltó la diferencia entre la aplicación general de la ley y la prohibición de la retroactividad: “La legislación laboral no puede ser retroactiva. Esto está claro en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y en la Constitución Nacional”.
Acerca de los derechos adquiridos, señaló: “Para el trabajador que viene contratado con anterioridad a la reforma, tiene todos los derechos adquiridos, todas las garantías, todos los beneficios de su trayectoria. Pero el despido y la indemnización son derechos en expectativa: se aplica el derecho vigente al momento que se produce el despido”. Y agregó: “Lo que pasa es que una cosa es la retroactividad y otra cosa es la aplicación. La aplicación es para todos”.

En cuanto a la organización del trabajo, el abogado explicó su posición sobre el banco de horas: “Para que pueda ser aplicado tiene que requerir la conformidad del trabajador, porque ya tiene un derecho adquirido sobre el régimen de jornada”. Detalló que debe respetarse el promedio de ocho horas diarias, las doce horas de descanso entre jornadas y las treinta y cinco horas semanales de descanso. Además, subrayó que, aparte del acuerdo del trabajador, la aprobación previa del Ministerio de Trabajo es obligatoria.
Sobre la reducción de las licencias por enfermedad, opinó: “Altera sustantivamente el régimen legal vigente hasta ahora, reduce los plazos y coloca al trabajador en la posición de cobrar el 50% en la mayoría de los casos y 75% en situaciones de gravedad”. Agregó: “Históricamente, la licencia por enfermedad generaba el pago del salario promedio. Ahora se habla de 50% y de 75%”.
Consultado en Infobae al Amanecer sobre el riesgo de inconstitucionalidad, De Diego advirtió que este recorte podría derivar en controversias judiciales, sobre todo si afecta derechos protegidos constitucionalmente.
Al referirse a la justicia laboral, De Diego explicó: “Los procedimientos judiciales son locales, dependen de cada provincia. Puede haber medidas que suspendan la vigencia de la ley, pero van a tener ámbitos restringidos. Habrá soluciones disímiles en las distintas jurisdicciones”, afirmó.
El marco legal internacional también fue parte del análisis. “Tenemos firmados tratados internacionales de derechos humanos y convenios obligatorios con la OIT, que están por encima de la reforma laboral. Muchas de sus cláusulas pueden estar en conflicto con las reformas que se hicieron”, remarcó De Diego. Según el abogado, la existencia de este marco legal genera riesgos de nuevos conflictos normativos si alguna parte de la reforma contradice las obligaciones internacionales asumidas por Argentina.
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan •
En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic
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Un juez federal investigado por sobornos busca salvarse en Comodoro Py

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con orden de detención -que no se cumple por ser magistrado- busca salvarse de una eventual destitución en los tribunales de Comodoro Py 2002: denunció al financista arrepentido que lo acusó de arreglar causas a cambio de coimas.
Mientras avanza la causa en la justicia de Rosario por impulso de un grupo de fiscales federales, Salmain denunció al empresario Fernando Elías Whpei y la causa cayó por sorteo en el juzgado de María Servini y la intervención del fiscal Carlos Rívolo. Salmain acusó allí a Whpei de mentir para favorecer su situación procesal.
El otro implicado en la causa, el operador judicial Santiago Busaniche, también espera un salvataje desde la Cámara Federal de Casación Penal: su defensa insistió con un planteo de “insustancia de la acción penal y trámite complejo”, señalaron fuentes judiciales a .
La sala sorteada fue la de los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, aunque este último juez ya anunció su jubilación a partir del próximo 1° de marzo, por lo que se aguarda saber quién intervendrá.
La causa contra Salmain se consolidó con la declaración de Whpei como arrepentido. El financista afirmó en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público que, con la ayuda del operador Busaniche, Salmain lo autorizó en diciembre de 2023 a comprar US$ 10 millones al precio oficial, en momentos que regía el cepo cambiario, a cambio de una coima del 10%, estimada en unos US$ 200.000.
El plan salió mal: los fallos se dictaron en tiempo exprés, pero justo fue el cambio de Gobierno y el 10% de la operación quedó en menos de US$20.000.
Según Whpei, el juez se negó a aceptar ese dinero ya que quería el monto que se había hablado originalmente, según le hizo saber Busaniche. De lo contrario, le advirtió, el juez iba a denunciarlo penalmente.
El financista dijo en su confesión que él se negó a pagar esa cifra y terminó denunciado. Los fiscales de Rosario confirmaron datos de su declaración a través de los propios movimientos de las causas y de geolocalización de los teléfonos.
A fin del año pasado, el Juzgado Federal N°4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, procesó a Salmain por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, y le prohibió la salida del país.
También fueron procesados Whpei y Busaniche. El juez también ordenó la prisión preventiva de Salmain por haber intentado perjudicar el curso de la causa, pero no se hará efectiva en virtud de la inmunidad de arresto establecida para los jueces en la Ley 25.320 de fueros, y mientras dure su vigencia en el caso concreto.
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura está investigando a Salmain por esta y otras causas, como la de haber hecho trampa en el concurso que lo designó juez en Rosario al no declarar que había sido echado de la Justicia por haber intentado sobornar a una empleada para que le asignaran una causa al juzgado federal de la seguridad social donde trabajaba como empleado.
En la declaración como arrepentido en Rosario y el procesamiento dictado por la justicia -cuya copia ya está bajo análisis de los consejeros-, Whpei dio detalles de la reunión con Salmain: “Fui al despacho del juez que está en el primer piso de calle Entre Ríos, un despacho muy elegante, le comenté solamente cuestiones técnicas de la viabilidad del recurso de amparo. Se tomó unos días, me llamó a los días, lo fui a ver y me dijo que era viable. Después me dijo que todos los otros temas los hablara con Santiago”.
“Los contactos eran por WhatsApp, pero yo con Busaniche me juntaba en el Four Seasons, personalmente hablábamos ahí y después en el Florida Garden personalmente”, agregó. Precisó que el pago arreglado se debía hacer en US$ en efectivo y entregado a Busaniche, quien promovió a Salmain para convertirlo en juez. Recordó que una vez le pidió que hablara “con algún senador nacional amigo nuestro para que le aprobara el pliego”.
Al momento del procesamiento, el fallo sostuvo que “de los hechos expuestos, puede concluirse con el grado de probabilidad que la etapa procesal exige, que Busaniche, Whpei y Salmain -en su carácter de Juez Federal- llegaron a un acuerdo para manipular de manera contraria a derecho un expediente judicial radicado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, en el que se autorizó la salida a cuentas del exterior de 10 millones de US$”.
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