POLITICA
Surgen nuevas dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni
“Efectivamente, sí vivo en vivo en el barrio de Caballito”, reconoció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa que dio la semana pasada para intentar despejar los interrogantes sobre su capacidad económica para adquirir inmuebles desde que llegó a la función pública y su escapada en Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado.
Esa afirmación, sin más detalles sobre otras propiedades a su nombre o al de su mujer Bettina Angeletti, quien escrituró una casa a finales de 2024 como titular del 100% en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, no sólo no dio por terminada la especulación sobre su vivienda actual, sino que abrió nuevos interrogantes sobre cómo compró ese departamento en la zona más exclusiva de Caballito.
Su sueldo como funcionario durante 2024 y 2025 estuvo congelado en alrededor de $3 millones en mano. Recién a principios de este año, Javier Milei autorizó una suba en las remuneraciones de los empleados jerárquicos del Gabinete.
Ante las dudas sobre el incremento de sus bienes, afirmó que su situación patrimonial es pública. “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, se limitó a decir. Sin embargo, su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, que debe presentar desde que es funcionario jerárquico, corresponde al período 2024, ya que aún no venció el plazo para presentar la de 2025.
En esa presentación, no figura el departamento de Caballito ya que su adquisición ocurrió en 2025 y debería aparecer en la declaración jurada cuyo plazo vence a mitad de año, aunque los funcionarios pueden presentarla antes, una vez cerrado el período fiscal anterior. No está claro, ya que Adorni no lo explicó, si la casa de fin de semana en el country Indio Cuá a nombre de su mujer y adquirida en 2024, fue incluida o no en el Anexo reservado de la declaración jurada de jefe de Gabinete.
A partir de la reforma de 2013, promovida durante el gobierno de Cristina Kirchner, los bienes de los cónyuges y trabajos anteriores en el sector privado de los funcionarios, no aparecen más en el formulario de acceso público que se publica en la web de la OA. Las expensas de la casa de Indio Cuá están a nombre de Angeletti ascienden a $700.000, según reveló Clarín. Los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro hicieron una presentación para incorporar el comprobante de las expensas a la causa judicial que investiga el patrimonio de Adorni.
La mujer del jefe de Gabinete es licenciada en administración de empresas, especializada en “coach ejecutivo y de vida”. El mismo año que escritura la casa en el country de Exaltación De la Cruz, funda su consultora en coaching ontológico, a la que llamó +Be.
En la DDJJ de 2024, cuando era Secretario de Comunicación, solo aparece un departamento en Parque Chacabuco en la calle Asamblea al 1100, de 115 m2 según informó, del cual es titular en un 50% con su esposa, y otro en La Plata, que declaró haberlo recibido como donación familiar. También informó tener USD 42.500 en efectivo en el país, de un préstamo.
En total, su patrimonio al cierre de 2024 era de $107,9 millones y, al mismo tiempo, deudas por $85,5 millones. Estas acreencias correspondían a un préstamo de su madre y otra mujer ya fallecida por USd 42.500, y otros USD 50.000 correspondientes a de 2 deudas hipotecarias: una con una jubilada de 68 años que trabajó en la Policía Federal y se dedica a servicios inmobiliarios y otra con una joven de 34 años, que actualmente también es empleada en esa fuerza de seguridad.
El jefe de Gabinete escrituró su nueva vivienda en Caballito, ubicada en la calle Miró al 500, el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, según reveló el diario La Nación. Pero esa operación no vendió su anterior departamento en Parque Chacabuco.
La propiedad sigue publicada en USD 289.000 en una web de ofertas inmobiliarias, donde se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete seguiría pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer.
Pero eso no es el único dato que llama la atención. La adquisición del semipiso de 200m2 con cochera en Caballito, en un edificio de categoría con amenities, lo compró con un préstamo hipotecario no bancario, sin vender ninguna de sus propiedades. Para concretar la operación, dos mujeres jubiladas -que eran las anteriores dueñas en la inscripción en el registro de la Propiedad Inmueble -, le prestaron USD 200.000. Se trató de una hipoteca no bancaria por casi el 90% del valor declarado en la operación: USD 230.000.
Un departamento en ese barrio con esa cantidad de metros cuadrados y cochera no baja los USD 400.000 y se acerca, según su categoría, a los USD 500.000. De hecho, el metro cuadrado del departamento que tiene en venta en parque Chacabuco está valuado en USD 2.100, mientras que por el de Caballito, ubicado en una zona mucho más cara de la Ciudad, lo pagó USD 2100 el metro cuadrado cubierto.
Según corroboró Infobae, Adorni debe ante la AGIP las dos cuotas del impuesto municipal de 2026, correspondientes a enero y febrero, por un total de $78.000. También está impaga la cuota correspondiente a octubre del 2025, lo que eleva la deuda acumulada a $117.458.
Antes de asumir como jefe de Gabinete, y siendo vocero presidencial, Adorni había sido electo legislador porteño, pero nunca llegó a asumir. El funcionario, de estrecha confianza de los hermanos Javier y Karina Milei – quien lo vienen respaldando en forma sistemática pese a las polémicas sobre su patrimonio -, es uno de los nombres fuertes de La Libertad Avanza para disputarle la Jefatura de Gobierno porteña al PRO.
La investigación judicial
El fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por el juez Ariel Lijo sobre el presunto enriquecimiento ilícito y el vuelo privado de Adorni a Punta del Este, ya solicitó al Registro de la Propiedad el detalle de los inmuebles en CABA y la Provincia de Buenos Aires a nombre de Adorni y de su esposa, así como la escritura del departamento donde vive actualmente en Caballito, revelada ayer por La Nación. Desde esta semana, el expediente concentra las denuncias de los diputados Paulón, Ferraro y Frade por un lado, y de Marcela Pagano, por el otro. La diputada – que se fue de La Libertada Avanza – es quien fue la que reveló la existencia de la casa en el country de golf de Indio Cuá.
Pollicita también requirió todos los viajes al exterior de Adorni desde 2023, su esposa y de su amigo y periodista Marcelo Grandio, quien habría pagado su vuelo privado a Punta del Este.
Paulón, Juliano y Ferraro ampliaron la denuncia que hicieron sobre el incremento patrimonial de Adorni, y ayer pidieron citar como testigo a la escribana que intervino en la hipoteca del departamento de Caballito y la escritura de la casa en Indio Cuá, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, por la inscripción unipersonal a nombre de Angeletti, siendo un bien ganancial.
POLITICA
El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y sostener partidas para investigación. Los equipos jurídicos de Nación ya trabajan sobre los expedientes y prepara la estrategia judicial mientras define una salida administrativa.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. El Ejecutivo planea primero apelar ante la misma Cámara que dictó la resolución a través de un recurso extraordinario federal.
La Casa Rosada espera que esa vía sea rechazada y planea luego elevar la queja ante la Corte Suprema. El oficialismo sostiene que aplicará en paralelo la norma “por goteo”. La decisión política que transmiten en Balcarce 50 es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin consolidar de una vez todo el costo dentro del presupuesto anual.
En el entorno del presidente reconocen que buscarán cubrir las erogaciones en los mínmos mensuales, bajo la lógica de ejecución, mientras intentan evitar que el impacto quede absorbido como una ampliación permanente del gasto. Esa es hoy la línea de trabajo de los equipos jurídicos y presupuestarios del oficialismo.
El eje técnico del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, en los que se establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no inferior a la inflación de ese período, además de recomponer todos los programas de becas estudiantiles por la variación acumulada del IPC. La propia ley también prevé partidas para investigación y habilita adecuaciones presupuestarias para asegurar su cumplimiento.
En el Gobierno mantienen la postura de que la aplicación plena de la norma tiene un impacto fiscal que quieren dosificar. Esa discusión ya había quedado explicitada cuando Nación promulgó la ley y, en simultáneo, dictó el decreto 759/2025, con el que intentó frenar su ejecución bajo el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes. Ese fue el esquema que ahora la Justicia volvió a objetar.
Leé también: El Gobierno negocia para que el Congreso trate en abril un punto clave para el acuerdo comercial con EE.UU.
El Ejecutivo buscará modificar en el mediano plazo la ley con un nuevo proyecto en el Congreso. No intentarará derogarla, sino impulsar una iniciativa para reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. Esa hoja de ruta ya había empezado a tomar forma en febrero, cuando el oficialismo aseguraba que tenía los votos para impulsar una nueva norma de financiamiento universitario.
El antecedente que miran en la Casa Rosada es el de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminaron reglamentando por decreto luego de semanas de tensiones judicial y administrativa, sin resignar su posición política sobre el fondo del asunto. Es por eso que en Balcarce 50 no descartan una reglamentación también para universidades.
Gobierno, universidades
POLITICA
Los bienes de Adorni: el fiscal Pollicita citó a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito
El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito que hizo el año pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tal como reveló ayer de , Adorni adquirió ese inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -siempre según quedó asentado en los registros públicos- le hicieron las propias vendendoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con él. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.
Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.
Consultada por , Nechevenko respondió esta mañana que no iba a dar información sobre el caso porque está en juego el “secreto profesional”.
El fiscal Pollicita -que tiene delegada la investigación por disposición del juez Ariel Lijo– ya le pidió toda la documentación a la escribana. Antes de tomarle declaración (la citó para después de Semana Santa), quiere hacerse de los documentos disposibles en los registros de la propiedad.
Por el momento, no planea citar a las mujeres que figuran como quienes le prestaron el dinero a Adorni para que les comprara el departamento, dijeron fuentes vinculadas con la investigación. Todo indica que el fiscal quiere tener primero los elementos necesarios para saber si deben presentarse como testigos o como partícipes de un posible delito.
Las mujeres identificadas como prestamistas de 200.000 dólares a Adorni fueron Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial. se comunicó ayer con Viegas, que dijo que no conoce a Adorni.
En cuanto a Sbabo, la mujer que atendió su teléfono celular sostuvo no ser ella, pero respondió que no conocía a Adorni y que no sabía si Sbabo lo conocía o no.
Con la causa delegada en su fiscalía, Pollicita ordenó decenas de medidas de prueba para investigar el patrimonio del jefe de Gabinete y su mujer.
Pidió todas las declaraciones juradas de bienes que Adorni presentó en la Oficina Anticorrupción (OA), incluidos los anexos reservados -hasta hoy no conocidos- donde están los bienes declarados a nombre de su mujer. En ese documento debería constar la compra de la casa de Indio Cua, su valor y el origen de los fondos con los que se adquirió.
En cuanto a la casa del country, el fiscal ordenó además medidas para investigar si es cierto que el matrimonio Adorni hizo una obra importante antes de ocupar la casa. Para eso, le pidió a la administración del club que informe si “se ha gestionado o aprobado algún plano, permiso de obra, remodelación, ampliación o declaración de mejora respecto del lote 380 o de cualquier otro inmueble asociado a esas personas, y la fecha de inicio y finalización de eventuales obras”. Algo similar preguntó en la municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde además pidió que le informaran sobre posibles “mejoras declaradas sobre el inmueble”.
Mientras investiga los gastos y el patrimonio de Adorni, el fiscal reúne la información sobre sus ingresos. Le pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, “el detalle mensual de haberes, suplementos, adicionales, viáticos, gastos de representación, reintegros, compensaciones, movilidad y toda otra suma liquidada a su nombre desde que se desempeña en la función pública hasta la actualidad, con indicación de período, concepto, importe bruto y neto, cuenta pagadora, fecha de acreditación y acto administrativo de sustento”.
Además, Pollicita le solicitó a la Anses que remita la historia laboral completa de Manuel Adorni y su mujer, “incluyendo aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, actividad autónoma o monotributista”.
Y lo mismo solicitó respecto de Silvia Pais y Norma Zuccolo, otras dos mujeres que Adorni declaró ante la OA que le prestaron dinero. En el caso de ellas, el fiscal dijo que la medida tenía como objetivo “establecer los ingresos previsionales o laborales registrados que pudieran guardar relación con los préstamos invocados”.
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POLITICA
Quién es Raúl Horacio Ojeda, el juez K que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral de Javier Milei
El juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo N°63, dictó un fallo que suspende 82 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre los pedidos de inconstitucionalidad planteados por la CGT.
El magistrado cuenta con un perfil académico como docente de la UBA y autor de textos especializados, y entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor del ex ministro de Trabajo, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Tomada en asuntos legislativos.
En su trayectoria, Ojeda manifestó posiciones críticas hacia ciertas normativas, llegando a calificar de “nefasta” a la ley de riesgos del trabajo en una conferencia universitaria en 2022. Durante esa charla, el magistrado defendió la aplicación de la norma más favorable para el trabajador y sostuvo que “el derecho a huelga sale del Pidesc, que es una norma universal de derechos humanos”.
La Justicia puso en pausa la reforma laboral: suspendieron 83 artículos por la presión de la CGT
Además, es vocal del Grupo de Estudio de Derecho Social, una organización que declara confiar en la ciencia jurídica como un medio para la “realización de la justicia social”.
El magistrado, que reemplazó a la jueza María Alejandra D’Agnillo tras su renuncia en 2024, fue objeto de una recusación por parte de Hugo Moyano en 2020 en una causa vinculada a multas gremiales.
Con este nuevo fallo, Ojeda paraliza gran parte de la modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, argumentando que en ocasiones no hace falta plantear la inconstitucionalidad sino “la inaplicabilidad de ciertas normas por el sistema del artículo 9 de ley de contrato del trabajo”.
La decisión judicial fue ratificada por la CGT como un respaldo a la organización sindical frente a las reformas vigentes.
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Bomba del día,CGT,Modernización laboral,Raúl Horacio Ojeda,Reforma Laboral
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