El Gobierno de Javier Milei apuesta a la resistencia a toda costa. En uno de los momentos más complicados para la administración de La Libertad Avanza (LLA), debido a la crisis que desató la causa judicial sobre supuestas coimas en la Agencia nacional de Discapacidad (Andis), los colaboradores más estrechos del Presidente intentarán ganar tiempo y alejar la presión de la oposición en el Congreso.

La gestión de los hermanos Milei enfrentará una semana de vértigo, porque deberá atender distintos frentes a la vez. Entre el temor a las nuevas revelaciones del affaire de Diego Spagnuolo, el extitular de la Andis que salió eyectado del Gobierno tras la difusión de una grabación clandestina en la que describe el presunto pago de sobornos en su área, la Casa Rosada prepara un operativo para contener la ofensiva inédita que activaron los bloques opositores en el Congreso para acorralar al oficialismo en plena campaña electoral y atacar el corazón del programa económico de Milei: el equilibrio fiscal.

Este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que fue el único funcionario que salió a hablar sobre el escándalo que acorrala a los hermanos Milei, deberá brindar un nuevo informe sobre la marcha de la gestión ante la Cámara de Diputados. Ya respondió por escrito más de 1300 preguntas que le hicieron desde la oposición. En LLA presumen que los ataques se concentrarán en el caso de Spagnuolo.

El Ejecutivo viene de atravesar una semana agridulce en el Congreso. Por un lado, los libertarios festejaron que el oficialismo en Diputados logró blindar el veto que impuso el jefe del Estado a la ley que establece una suba una suba en los ingresos jubilatorios. Esa era la principal misión que se habían trazado en el Gobierno de Milei. No obstante, LLA sufrió una seguidilla de reveses que volvieron a poner en evidencia que el esquema de gobernabilidad sigue en crisis. Es que la bancada del oficialismo no consiguió evitar que la oposición insistiera con la ley de emergencia en discapacidad, que había vetado el Presidente. El proyecto ahora pasará al Senado, donde el Gobierno enfrenta un escenario muy adverso.

De hecho, la Cámara alta rechazó el jueves último cinco decretos que eliminaban o achicaban organismos claves como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). A su vez, los bloques del kirchnerismo y otras fuerzas de la oposición convirtieron en ley el refuerzo del financiamiento a las universidades y un aumento de fondos para el Hospital Garrahan.

En Balcarce 50 asumen que no hay chances de defender el veto a la emergencia en discapacidad en el Senado y se preparan para dar batallar en los Tribunales. Por eso, María Ibarzábal Murphy, secretaria de Legal y Técnica, ya diseña bajo un fuerte hermetismo la estrategia judicial que empleará el Gobierno para justificar su decisión de no acatar la ley sancionada por el Congreso. “Básicamente, se va a poner énfasis en la falta de presupuesto. Ya lo dijo Milei: todo lo que implique o genere déficit fiscal, va a ser vetado”, remarcan cerca de uno de los funcionarios clave del Gabinete.

Al judicializar los vetos, Milei intentará buscar oxígeno hasta las legislativas nacionales del 26 de octubre. Entre sus asesores estiman que las causas atravesarán las distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, confían que conseguirán aplacar la presión de sus adversarios.

Resta saber qué hará Milei con la ley de financiamiento universitario y el incremento de fondos para el Garrahan. Es que el jefe del Estado entiende que esas normas rompen el equilibrio fiscal que persigue la administración libertaria desde que llegó al poder. ¿Se animará a rechazar el reparto automático de los ATN, la iniciativa promovida por los gobernadores? El miércoles, Diputados lo aprobó con 143 votos positivos, pero los opositores quedaron lejos de los dos tercios. Unos 90 lo rechazaron y doce se inclinaron por la abstención.

Si bien la Casa Rosada volvió a sufrir derrotas en el Congreso, los armadores libertarios se aferran al número de 83 votos que lograron para blindar el veto al aumento jubilatorio. Consideran que, pese a los heridos que dejó en los bloques aliados el cierre de listas para las elecciones legislativas y la fuga de los díscolos, estuvieron a cuatro diputados de llegar a los “87 héroes”, el tercio con el que Milei defendió su primer veto a la suba de las jubilaciones en septiembre del año pasado.

Es más: los oficialistas interpretaron como un triunfo simbólico que la oposición haya pospuesto el tratamiento del proyecto que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el veto a la ley que reestablece la moratoria previsional. “Suspendieron el partido porque perdían”, analizaron cerca de Menem.

El miércoles último, la Casa Rosada activó un operativo a último momento para torcerle el brazo a la oposición y llegar al tercio de votos para frenar el aumento de emergencia para los jubilados. Pese a que la puja de poder sigue latente, Caputo y los Menem trabajaron codo a codo para evitar un duro revés. También cooperaron Francos, Lisandro Catalán y José Rolandi, habituales interlocutores con los caciques provinciales.

Fue clave el apoyo de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes firmaron acuerdos con LLA en sus distritos para confluir en las legislativas. También volvieron a respaldar al oficialismo los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones), que responde a Carlos Rovira. Otro aporte crucial lo hizo Rolando Figueroa (Neuquén). “Los gobernadores jugaron bien”, evalúan en Balcarce 50.

El vínculo con las provincias se había quebrado a mediados de julio. Fue después de que los mandatarios provinciales articularán un frente común para presionar al Presidente por el reparto de fondos después de una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). De esa reunión surgieron las iniciativas por los ATN y los combustibles.

Con ese panorama, el Gobierno de Milei se alista para otra semana incómoda en el Congreso, que se convirtió en el escenario principal de la campaña electoral. Es una situación atípica, ya que el parlamento suele bajar su nivel de actividad en los años electorales. La explosión del escándalo por los audios de Spagnuolo, un caso que sacude a los hermanos Milei, le sumará más incentivos a los sectores más duros de la oposición que ven al Gobierno en shock y enredado en las disputas internas entre las tribus de los territoriales que responden a la hermana del Presidente y los celestiales que reportan a Santiago Caputo.

En el seno del oficialismo reconocen que se preparan para resistir. Notan que los opositores que quedaron afuera de las listas o que tienen pocos recursos para hacer campaña apostarán a quedarse con los reflectores de los medios en el Congreso. Por eso, ya saben que estarán bajo asedio porque se activarán las comisiones para investigar el caso $LIBRA, la trama detrás del fentanilo contaminado que provocó más de cien muertes y el escándalo de los audios de Spagnuolo.

Por ejemplo, Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, invitó al ministro de Salud, Mario Lugones, y al interventor que designó el Presidente en el área de Discapacidad, Alejandro Vilches, para que informen al cuerpo sobre la situación de la agenda y los dichos atribuidos a Spagnuolo. En paralelo, Oscar Agost Carreño impulsó un pedido de interpelación a Francos y Lugones.

Frente a un escenario complejo en el Congreso, los estrategas libertarios se refugian en la Casa Rosada y se aferran a la fórmula de “resistir y ganar tiempo”, al menos, hasta las elecciones de octubre.

La crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) saltó de los audios a la agenda del Congreso y someterá al Gobierno a una semana negra en Diputados. Mientras la Justicia avanza sobre las presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas atribuidas a Diego Spagnuolo −que señalan a Eduardo “Lule” Menem como articulador y mencionan a Karina Milei como supuesta beneficiaria−, la oposición trazó una ofensiva parlamentaria amplia: interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones; un pedido de informes al Poder Ejecutivo; y la creación de una comisión investigadora con facultades para citar a funcionarios y requerir documentación a organismos públicos.

La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Con firmas repartidas en casi todo el arco opositor, no se vislumbran dificultades para sortear el freezer oficialista.

Los nombres detrás de cada iniciativa hablan de un nutrido apoyo. Unión por la Patria (UP) presentó tres proyectos: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar al ya desplazado titular de Andis Diego Spagnuolo; Sabrina Selva propuso citar a Lugones y a Karina Milei; y Andrea Freites elevó un pedido de informes que pone la lupa sobre las contrataciones de la agencia con Suizo Argentina, el registro de proveedores y las declaraciones del exfuncionario sobre retornos.

Desde el socialismo, Esteban Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, empujan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.

En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y Francos. La coincidencia es transversal: todos los textos orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.

El primer round llegará el martes al mediodía. Un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad -convocado por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo– invitó a Lugones y al interventor de Andis, Alejandro Vilches, “a los fines de que informen sobre diversas cuestiones relacionadas a las denuncias”. Hasta última hora, ninguno había confirmado. En los pasillos descuentan que no aparecerán. Aun así, la reunión funcionará como el puntapié inicial: servirá para instalar el tema, ordenar prioridades y coordinar el paso siguiente.

Dos horas más tarde, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato (Pro), debatirá la creación de una comisión investigadora por las muertes por fentanilo adulterado. Allí ya se cocina la posibilidad de replicar el modelo para el caso Andis la semana próxima.

El miércoles el foco volverá al recinto. Francos deberá presentar su informe mensual, con economía y gestión en agenda, pero con la crisis de Discapacidad como sombra inevitable. Hasta ahora, el único mensaje político del oficialismo lo dio él: habló de “tranquilidad” en la administración libertaria y sugirió que se trata de una “operación” en temporada electoral. Javier Milei y su hermana permanecen en silencio público ¿Podría haber un viraje en el discurso y pasar del mutismo a la defensa institucional?

Todas las miradas recaen sobre Lugones, hoy la autoridad máxima en materia sanitaria. En la oposición lo imaginan como el fusible para contener el daño y evitar que la crisis roce de lleno a la Secretaría General. Un dato político agrega tensión: el ministro responde al asesor presidencial Santiago Caputo, con quien Karina Milei mantiene una guerra fría dentro del oficialismo.

Si bien las interpelaciones son una facultad constitucional, el antecedente inmediato no favorece al Congreso. Ya hubo interpelaciones aprobadas que se diluyeron: Luis “Toto” Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) faltaron a la cita para dar explicaciones sobre el caso $LIBRA con el argumento de “cuestiones de agenda impostergables”.

La oposición no apretó el acelerador. Esta vez, prometen otra cosa. “No van a venir, pero no vamos a resignar nuestras prerrogativas”, sintetizó un referente del ala crítica. Van a obligar al oficialismo a pagar costo político si vuelve a ausentarse.

En paralelo, la causa judicial -iniciada por la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi– ya dejó una postal de velocidad y volumen: 15 allanamientos en sedes públicas y domicilios privados donde secuestraron teléfonos y más de 200.000 dólares en poder del empresario Emmanuel Kovalivker (Suizo Argentina). La oposición admite que el pulso de su ofensiva estará atado a ese plano. La política leerá sus tiempos y los traducirá en pedidos, citaciones y, si prospera, en una pesquisa propia.

Del otro lado, el oficialismo ensaya la contención. Mayoraz oficia de dique en Asuntos Constitucionales; Lospennato calibra su comisión ante la presión por multiplicar mesas investigadoras; y Francos promete dar la cara en el recinto con un discurso que intente anclar el escándalo durante la campaña.