POLITICA
Tensión en el Garrahan: nombran a un nuevo director médico en medio del conflicto con trabajadores

El Gobierno designó este martes a Mariano Pirozzo —exinterventor del Hospital Nacional Bonaparte— como nuevo director médico ejecutivo del hospital Garrahan. Su nombramiento no responde a un decreto de necesidad y urgencia, como exigiría una intervención, sino que fue resuelto por el Consejo de Administración, que está integrado en su mayoría por representantes del Poder Ejecutivo nacional
Según pudo saber TN, Pirozzo ocupa el cargo que dejó vacante Mariel Sánchez, quien recientemente fue nombrada presidenta del Consejo.
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Desde el Ministerio de Salud destacaron el perfil técnico del nuevo funcionario. “Neurocirujano de amplia trayectoria y con experiencia en gestión hospitalaria, el Dr. Mariano Pirozzo asumió la Dirección Médica con el compromiso de consolidar una nueva etapa de orden, eficiencia y fortalecimiento institucional”, indicó el comunicado oficial del hospital.
Antes de asumir en el Garrahan, Pirozzo fue jefe de Neurocirugía en la Clínica Sagrada Familia, director del área de Servicios Técnicos del Hospital Baldomero Sommer, y coordinador del Servicio de Neurocirugía del Hospital El Cruce. También trabajó en OSDE y se formó en el Hospital Militar Central “Cosme Argerich”.
La decisión generó malestar entre los trabajadores del hospital, en medio de un conflicto gremial que lleva más de un mes. Desde la seccional ATE-Garrahan consideran que se trata de un paso más en la línea de “vaciamiento” de la salud pública que denuncian desde el inicio de la gestión.
“El Gobierno impulsa la designación de un personaje nefasto como Pirozzo, responsable de despidos en el Bonaparte, para avanzar en el ajuste sobre el Garrahan”, afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general del gremio. Y agregó: “No lo nombran por su trayectoria médica, sino por sus antecedentes como ejecutor del desmantelamiento de hospitales”.
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El conflicto en el Garrahan se intensificó luego del reclamo salarial de los médicos residentes, que consiguieron un bono extra financiado con recursos propios del hospital. Sin embargo, el Gobierno nacional luego redefinió el régimen de residencias como “becas”, lo que condicionó el acceso a esos ingresos a la renuncia al contrato laboral con recibo de sueldo, aportes jubilatorios y cobertura social.
En medio de este panorama, el descontento gremial se tradujo en la convocatoria a un paro para el jueves 10 de julio y la adhesión a una movilización nacional el próximo 17 de julio.
Hospital Garrahan, director, conflicto gremial
POLITICA
Reforma Laboral: Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las licencias por enfermedad

La senadora Patricia Bullrich informó este domingo que el oficialismo estudia formas de modificar el artículo 44 de la Reforma Laboral, que introducía un nuevo régimen de licencias por enfermedad y reducía el salario a los trabajadores que solicitaban permiso para ausentarse del trabajo por estar enfermos. La legisladora explicó que será sólo para el caso de afecciones “severas, degenerativas”, y que sean “fehacientemente comprobables”.
“Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, explicó Bullrich en declaraciones a TN.
“Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% (del salario). Lo estamos trabajando. Sólo en caso de verificación de casos fehacientes”, indicó Bullrich. El proyecto, que fue aprobado en el Senado y ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados, establecía que los trabajadores que sufran una enfermedad por cuestiones recreativas ajenas al trabajo cobrarían sólo el 50% de sus sueldos cuando la licencia supere los 3 meses, y 75% en caso de que sean afecciones causadas por una cuestión involuntaria. Ahora, la legisladora de La Libertad Avanza indicó que estudian la manera de introducir un cambio en ese punto, y que quienes se enfermen gravemente puedan seguir cobrando el 100% de sus salarios.
“Lo del 50% hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos impresionantes. Si te querés hacer el vivo, cobrás menos”, dijo Bullrich.
Bullrich sostuvo que la iniciativa surge como respuesta a lo que calificó como una “mafia en los certificados médicos”, fenómeno al que atribuyó un elevado nivel de ausentismo laboral en la Argentina. La funcionaria detalló que, según datos recientes, el país registra un 15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral, cifra que consideró excesiva y vinculada a prácticas fraudulentas. “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, afirmó la senadora durante la entrevista. En este sentido, remarcó la existencia de “clínicas y médicos presos” por la emisión de documentos apócrifos, y planteó que la reforma busca terminar con ese circuito.
La propuesta de reforma prevé la creación de juntas médicas compuestas por profesionales de hospitales públicos o establecimientos privados de reconocida trayectoria para certificar los casos donde los trabajadores soliciten licencias prolongadas. Esta medida, según Bullrich, apunta a garantizar un control más estricto y evitar abusos en la emisión de certificados. “El trabajador que simula una dolencia para ausentarse no va a poder seguir haciéndolo. Si lo intenta, cobrará solo el 50% del salario”, advirtió la legisladora, en línea con el texto aprobado por la Cámara de Diputados.
En lo referido a enfermedades graves, Bullrich precisó que el oficialismo planea introducir una modificación que garantice el 100% del salario durante la licencia, siempre que se trate de casos comprobados de patologías “severas, degenerativas o irrecuperables”. La senadora explicó que este nuevo criterio se aplicará únicamente cuando exista una corroboración fehaciente por parte de especialistas, para evitar que el beneficio sea capturado por quienes incurren en prácticas fraudulentas. “Vamos a dejar el 100% solo en caso de enfermedades comprobadas”, señaló.
La funcionaria también puso énfasis en la necesidad de “desarmar la industria del certificado trucho”, a la que responsabilizó de generar un gasto injustificado para el sistema laboral y afectar la productividad nacional. Según Bullrich, existen casos en los que “una persona se rompe un dedo y obtiene un año y medio de certificados”, situación que calificó como un abuso extendido. A su vez, consideró que la problemática alcanza un nivel estructural, con complicidad de abogados y personal médico.
Dentro del debate legislativo, Bullrich indicó que la discusión sobre la restitución del salario pleno para enfermedades graves se mantiene abierta. La parlamentaria mencionó conversaciones con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para definir si la modificación se realizará por vía reglamentaria o mediante la incorporación de un nuevo artículo. La senadora también mencionó intercambios con la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal, destacando la voluntad de encontrar una solución “con un certificado claro que no sea parte de una industria que queremos desarmar”.
El esquema de licencias vigente actualmente en la Argentina establece que el trabajador puede conservar su cargo durante un año en caso de enfermedad, y que transcurridos dos años se le aplica la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma impulsada por el oficialismo introduce la diferenciación entre enfermedades leves y graves, lo que implica un cambio respecto al criterio anterior, que no contemplaba distinción alguna.
POLITICA
Errores para revivir a una oposición moribunda

Los manuales sobre técnicas de reanimación deberían actualizarse con urgencia. En muy poco tiempo, los principales dirigentes y legisladores mileístas han demostrado un singular talento para revivir a adversarios moribundos.
El tratamiento y la aprobación de la reforma laboral en el Senado por una amplia mayoría (un hito desde la recuperación de la democracia) debería encabezar el nuevo manual de reanimación. Justo cuando todo indicaba que, por el contrario, semejante logro político-parlamentario daba insumos para empezar a imprimir el certificado de defunción del peronismo del siglo XXI y el paso por Diputados debía sumar nuevos elementos letales.
Sin embargo, la subrepticia e irregular inclusión del artículo sobre licencias por accidentes sufridos fuera del contexto laboral, que recorta el salario de los trabajadores afectados, da oxígeno a los desfallecientes críticos y pone en riesgo el trámite expedito de una ley que todos los gobiernos no peronistas soñaron y fracasaron en su intento.
Se trataría de un caso emblemático de mala praxis, después de que el largo proceso de negociación parecía mostrar una aptitud política para alcanzar objetivos complejos de tal magnitud que La Libertad Avanza (LLA) no había exhibido hasta ahora y que revelaba una capacidad y velocidad de aprendizaje casi prodigiosa.
Hasta que la polémica e irritante inclusión de último momento saliera a la luz no había demasiados elementos que pudieran unificar el babélico universo opositor en un rechazo eficaz.
La incapacidad del Gobierno para explicar y asumir ese artículo y, mucho más, la forma en la que se lo incorporó, amenazan ahora con lograr lo que parecía de otra dimensión: que el texto votado en el Senado sea aprobado en general en Diputados, pero sufra reformas parciales que lo devuelvan a la Cámara alta. Demoras e incertidumbres imprevistas. Sin hablar de eventuales cuestionamientos en sede judicial.
Las concesiones hechas a los gremios y a los gobernadores de la oposición cooperativa, sin incomodar casi a los empresarios, habían acotado la capacidad de protesta tanto como expuesto la impotencia del sindicalismo y la dirigencia política perokirchnerista para ponerle freno en la calle o en el Parlamento al proyecto que para el Gobierno es uno de los pilares de la construcción de un nuevo modelo de país. No solo en lo económico. Pero el diablo, la impericia o la codicia suelen meter la cola. Y lo hicieron. Ahora la CGT hasta se anima a amenazar con un paro general que no entraba ni en sus alucinaciones hace 72 horas.
En pocos asuntos tan nodales y simbólicos de su tradición y doctrina la oposición peronista se había mostrado tan débil y fragmentada. Ese cuadro tenía todas las posibilidades de ser ratificado en la Cámara de Diputados. La confusión identitaria y la crisis de autoridad y liderazgo quedarían así expuestos abismalmente, como para acelerar el proceso agónico del kirchnerismo, cada vez más alejado de su condición de espacio hegemónico del movimiento.
De todas maneras y a pesar de estos deslices, el proceso de reconfiguración peronista se advierte como indetenible.
No obstante, el Gobierno dilata el desenlace al caer en errores no forzados y autolesionarse. En lugar de maximizar el beneficio que le ofrece día a día la existencia de una oposición debilitada y dividida, parece empeñarse en revitalizarla. Como si la pulsión por sostener como adversario primordial al kirchnerismo decadente pudiera más que la razón para avanzar sin tropiezos en asuntos fundamentales. Serían actos típicos de la descalificada casta política que privilegiaba el rédito inmediato por sobre el beneficio duradero de largo plazo. Imperdonable para el ideario libertario.
Aún así y a riesgo de que sus yerros le resulten muy costosos para el proyecto que protagoniza, no le será fácil al oficialismo seguir dándole sobrevida al kirchnerismo para que continúe oficiando de la gran contracara atemorizante por su eventual regreso. Una herramienta que al mileísmo le ha servido para que, votantes a los que solo los acerca el espanto al pasado, lo absuelvan o le toleren formas y contenidos que les rechinan.
El peronismo hoy se bifurca en tres riachos de distinta magnitud y potencia, que enmarcan un archipiélago agrietado, en proceso de achicamiento y confusión. La relación con el Gobierno suele ser un delimitador bastante eficaz. La alteridad tiene en estos tiempos más efecto que las tradiciones y las doctrinas.
Por un lado, se ubica el kirchnerismo que, con sus respectivas subdivisiones, se presenta a la vanguardia de la resistencia antimileísta. Ahí, en primer lugar, está el cristinismo auténtico, con Cristina Kirchner (en prisión), su hijo Máximo, más La Cámpora y el revoltoso Juan Grabois con sus adláteres de la economía popular e informal. Vendría a ser esta la rama declinante.
El subconjunto K se completa con los cristinistas disidentes, cuyo abanderado es Axel Kicillof, impulsado y sostenido por intendentes bonaerenses (los minigobernadores), acompañado con diferentes intensidades por un puñado de gobernadores, legisladores y dirigentes, que pretenden una renovación y una emancipación del camporismo, sin animarse a enfrentar directamente a la expresidenta tanto por antiguos afectos y nostalgia como cálculo.
Por otro lado, se encuentran los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada, que en su mayoría pertenecen a provincias mineras o hidrocarburíferas. Mantienen el carnet peronista como santo y seña ante sus fieles más que como documento de identidad. Y lo usan para justificar demandas y reclamar concesiones al gobierno de Milei, siempre dispuestos a quebrarse antes que a romperse, con la mira puesta en la caja, que la política económica mileísta tendería a engrosarles con inversiones y desarrollos productivos extractivos. El horizonte les ofrece un futuro de jeques.
Por último, asoma un sector variopinto e informe, compuesto por un par de gobernadores que también suelen compartir picados con Kicillof, exgobernadores, legisladores nacionales, sindicalistas y dirigentes de distinto peso, edad y cosmovisión. Los une su alejamiento en distintas etapas e intensidades del kirchnerismo y, especialmente, del cristinismo, así como la intensión o la ilusión de volver a ser una alternativa de poder nacional para salir de la inopia a la que los condena su condición de opositores impotentes. Una realidad impensada para el histórico partido del poder de la Argentina.
Sin embargo, todavía no se animan a construir una corriente propia que desafíe o enfrente abiertamente al kirchnerismo y se libere de las mochilas de piedras que les obliga a llevar. Por ahora es casi un trabajo clandestino.
“No podemos ni ir a los medios porque no podemos responder a preguntas inevitables e incómodas, como, por ejemplo, si Cristina está o puede ser justamente condenada por corrupción. No estamos en condiciones de correr el riesgo de perder el 15% de votantes que tiene ella”, dice un veterano dirigente peronista que trabaja en ese proyecto, pero al mismo tiempo dice ser fuente de consulta de varios sectores, incluido el cristicamporismo.
Entre sus referencias no figura el caso de los disidentes del menemismo, tempranamente convertidos en opositores durante el apogeo del experimento liberperonista del riojano. El Grupo de los 8, en el que sobresalían el sindicalista ya fallecido German Abdala y Carlos “Chacho” Álvarez, quien llegaría a la vicepresidencia en 1999 en la coalición con el radicalismo, que se conoció como la Alianza y derrotó al candidato peronista Eduardo Duhalde. La gran duda es si el fracaso en el gobierno de ese experimento, antes que su éxito político electoral, es el gran disuasor para explorar ese camino o solo una excusa ante la falta de audacia, ambición y vocación, que muchos admiten signa la política actual, con muy escasas excepciones.
El rosario de penurias de estos peregrinos del desierto se completa con un déficit que consideran crucial. “El problema no es de identidad. Yo me río cuando me hablan de eso. Para el peronismo y los peronistas lo que es fatal es no tener ni siquiera una figura para ofrecer, ya no te digo un líder, capaz de atraer y ampliar”, agrega el dirigente, que entre sus apuestas figura el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac.
La posibilidad de saldar esa deficiencia parece más lejana después de ver la actuación de algunos de los referentes de este sector en el debate por la reforma laboral y, también, en el mucho menos taquillero sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Los parecidos con una feria de ropa vintage fueron demasiados. Como estrategia destinada a captar nuevos consumidores para esta vieja marca suena riesgosa.
Tal vez por eso mismo, de manera inorgánica y muy incipiente, desde este último espacio se han empezado a trazar puntos para ver si logran armar una línea tendiente a recuperar algún protagonismo y llegar a ofrecerse como una opción. Por primera vez en muchos años, el horizonte de estos peronistas está en el largo plazo, aunque no por voluntad propia. Miran más a las elecciones presidenciales de 2031 que a las de 2027.
No difieren mucho de lo que admiten algunos referentes del kicillofismo, a pesar de que para el gobernador bonaerense las urgencias son otras.
Por un lado, tiene que gobernar lo que se niega a que la llamen “la provincia inviable”, como la calificaron algunos conspicuos macristas. El paro que ya anunció para el día de comienzo de clases uno de los sindicatos docentes bonaerense expone los desafíos que tiene su proyecto presidencial. La ilusión de que los efectos del ajuste los pagaría Milei y lo absolverían o lo eximirían a él de reclamos no estaría asegurada.
Para la gestión, además, necesita de la cooperación del cristicamporismo y del massismo, y ninguno de ellos está dispuesto a solventar su autonomía sin cobrarle altos intereses. Un laberinto complicado, sobre todo cuando se advierte que buena parte de sus soportes son intendentes a los que los fieles de Cristina y Máximo Kirchner no les hacen la vida fácil y viceversa. La rendición acordada del hijo bipresidencial para dejar en manos de Kicillof la presidencia del PJ bonaerense no aseguró la paz en todos los territorios.
Por otro lado, el gobernador está obligado a sostener un proyecto presidencial para 2027. En caso contrario, estaría condenado a ser un “pato rengo” a los que sus rivales saldrían a cazar dada la imposibilidad legal de presentarse para otra reelección. Obligado a salir por arriba.
Sin embargo, ya le han hecho sentir que un candidato presidencial bonaerense, sin orígenes peronistas, no es la primera opción que elegirían sus compañeros, sobre todo los que manejan territorios provinciales. Salvo como prenda sacrificial ante una probable derrota en 2027. En el peronismo todos están dispuestos a acompañar hasta la puerta del cementerio, pero a nadie le gusta trasponerla.
Ese escenario es el que rige algunas conductas dentro del peronismo. “En 2026 Axel es el candidato presidencial, guste o no. A Cristina y Máximo y a los demás no les queda más que aceptarlo. La cuestión es qué pasará y cómo llegarán en 2027”, señala un interlocutor de la exfamilia presidencial.
En las cercanías de Kicillof saben y admiten esas conjeturas y restricciones. La realidad les es adversa fuera del universo peronista bonaerense.
“Es muy impresionante lo que está pasando. Mucha gente dice que está peor que antes y que este año y el próximo no creen que vayan a estar mejor. Pero que hay que esperar. Así no es fácil armar un proyecto presidencial opositor”, admite una figura que interactúa con la cúpula del gobierno bonaerense. La historia reciente parece no haber perdido nada de su capacidad para temerle al retorno.
Así, romper con el pasado, signado por el kirchnerismo, asoma como un imperativo para todo aquel que pretenda sumar adhesiones que excedan a su declinante núcleo duro. Se trata de un peso muerto que arrastrará a cualquiera que no pueda, no sepa o no quiera romper con ese lastre, pero parece una misión imposible para Kicillof y los suyos.
De todas maneras, Kicillof no es el único que antes de pensar en su futuro debe atender su presente, que lejos de aliviarse se complica. Puede decirlo el santafesino Maximiliano Pullaro, al que se le sublevaron por reclamos salariales los mismos policías que le habían dado su capital más preciado de su gestión: la abrupta disminución de la violencia. Y lo esperan agazapados docentes y trabajadores de la salud.
La luz de esperanza de estos radica, así, fuera de sus posibilidades de injerencia y acción. “Siempre está Milei y su capacidad de autolesionarse. Sin contar con los efectos que está teniendo en la vida cotidiana de muchos argentinos el programa económico, marcado hoy por la inflación y la recesión”, reconoce uno de los consejeros del gobierno bonaerense.
El desatino cometido por el oficialismo nacional en la redacción sobre la marcha del proyecto de reforma laboral con la artera inclusión de la reducción salarial por accidentes sufridos fuera del ámbito laboral y la incapacidad de sostenerlo y explicarlo aportan otro motivo para alimentar las escasas ilusiones de los adversarios.
Y ni hablar de su recrudecido patrullaje de los medios y redes sociales con la deleznable vocación por atacar, descalificar y estigmatizar a periodistas. Como si no le bastara con los constatables resultados fallidos en la consideración popular de la orwelliana Oficina de Respuesta Oficial.
Las técnicas mileístas para reanimar opositores moribundos gozan de muy buena salud, justo cuando perecían haber empezado a archivarse.
Claudio Jacquelin,Javier Milei,Reforma laboral,Axel Kicillof,Conforme a,Javier Milei,,Contra jueces y gremios. El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral,,Límites del «súper peso». Dólar en mínimos, carry trade ganador y una inflación que no cede, un esquema que corre riesgos, según analistas,,“Qué vergüenza y desilusión». Libertarios cuestionan a Villarruel por mostrase en La Rioja con Quintela
POLITICA
Con apoyo del PRO y la UCR, el oficialismo apunta a sancionar la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-UE en el Senado

El oficialismo quiere cerrar el período de sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderá hasta el 28 de febrero, con la sanción en el Senado de dos proyectos clave: el nuevo Régimen Penal Juvenil —que baja la edad de imputabilidad a los 14 años— y el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
La estrategia es encabezada por la senadora Patricia Bullrich, quien planifica que, en la última semana de febrero, se convierta en ley la baja en la edad de imputabilidad aprobada este jueves por la Cámara de Diputados. Para ello cuenta con el respaldo de las bancadas del Pro, la UCR y varias fuerzas provinciales. El rechazo será de Unión por la Patria (UxP), tal como lo expresó en Diputados.
Desde los sectores libertarios sostienen que integran el Congreso “más reformista de la historia” y destacan que están sancionando iniciativas debatidas durante años en comisiones. Además, aseguran que este ritmo continuará durante todo 2026.
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El eje central del proyecto es reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra. El régimen se estructura en once capítulos y se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización. La prisión queda establecida como último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.
Uno de los puntos destacados es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El texto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.
El Acuerdo UE–Mercosur
El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se discutirá el miércoles 18 de febrero a las 17 en la Comisión de Relaciones Exteriores. Allí se ratificará al libertario Francisco Paoltroni como presidente del cuerpo y su primer objetivo será firmar el dictamen para que el proyecto quede habilitado y pueda llegar siete días más tarde al recinto.
Mientras restan designar a los senadores que proponga Unión por la Patria (UxP), que conduce José Mayans, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, firmó las nominaciones de los nuevos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Además de Paoltroni, la integrarán Luis Juez (Frente Cívico); los radicales Eduardo Vischi, Carolina Losada, Rodolfo Suárez y Maximiliano Abad; Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de Misiones); Martín Goerling Lara (Pro); Guillermo Andrada (Convicción Federal); y los libertarios Ivanna Arrascaeta, Agustín Monteverde, Pablo Cervi, Gonzalo Guzmán Coraita y Belén Monte de Oca.
Uno de los integrantes de la futura comisión, el senador libertario Pablo Cervi, le dijo a TN que “es un gran avance el Acuerdo con la Unión Europea, estamos pidiendo acuerdos de libre comercio y sacar aranceles para poder entrar y competimos con otros países como Chile, Sudáfrica y en otros países, en casos como la fruticultura y pagamos aranceles para poder entrar a esos mercados y ellos tienen libre comercio. Así que me parece que es muy importante que avancemos rápidamente”.
El tratado llega a la Cámara alta con un amplio respaldo político desde Diputados, donde este jueves fue aprobado por 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, incluida la división interna en Unión por la Patria (UxP) respecto del posicionamiento en política internacional.
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Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Llano sostuvo que “este acuerdo estratégico con la Unión Europea constituye una herramienta para romper ese aislamiento y reafirmar la consolidación y el rumbo hacia un modelo de libre mercado, representando una gran oportunidad para volver a nuestras bases y que Argentina se transforme, nuevamente, en el granero del mundo”.
Desde el radicalismo, Lisandro Nieri también acompañó y se descuenta que lo mismo harán los senadores de esa fuerza: “es una excelente oportunidad para potenciar el comercio de nuestro país. Podremos aumentar la venta donde ya exportamos y sumar nuevos productos a un mercado de 450 millones de personas con alto poder adquisitivo. La baja de aranceles brinda mayor competitividad a los productos incluidos en el acuerdo. Es una oportunidad concreta para ampliar mercados y fortalecer nuestra producción”.
En cambio, desde Unión por la Patria las críticas llegaron de la mano del excanciller Jorge Taiana: “este Acuerdo consolida las asimetrías y los desequilibrios entre el Mercosur y la Unión Europea. Muchos beneficios para Europa y solo algunos pocos para el Mercosur. Para un peronista la principal bandera es la Justicia Social y en un país primarizado y sin industria no hay ni habrá Justicia Social”.
El alineamiento de Paoltroni
Francisco Paoltroni fue elegido hace dos años por el presidente Javier Milei para conducir la Comisión de Relaciones Exteriores. Meses después, durante el debate por la designación de ministros de la Corte Suprema, adoptó una posición contraria al nombramiento del juez Ariel Lijo como integrante del máximo tribunal.
Ese posicionamiento derivó en un enfrentamiento con el asesor presidencial Santiago Caputo y en su posterior alejamiento y expulsión de la bancada libertaria. Entonces creó su monobloque “Libertad, trabajo y progreso”, mostrándose más independiente, aunque siempre acompañó los proyectos del Poder Ejecutivo. Tras las elecciones nacionales de octubre pasado reencauzó su relación con la Casa Rosada y se reincorporó al bloque de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich.
La designación de Fernando Iglesias
El Senado citó para el próximo jueves 19 a la Comisión de Acuerdos para tratar el pliego del exdiputado nacional del Pro Fernando Iglesias, propuesto como embajador extraordinario y plenipotenciario por el presidente Javier Milei, quien lo designó como representante ante Bélgica y ante la Unión Europea.
El senador oficialista Juan Carlos Pagotto será elegido presidente de la Comisión de Acuerdos, que no solo analiza los pliegos de embajadores, sino también los de futuros integrantes del Poder Judicial, incluidos —si así lo decide el Poder Ejecutivo— los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Senado, Régimen Penal de la Minoridad, Patricia Bullrich
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