RAWSON. – En medio de un escándalo que mantiene en vilo al Poder Judicial de Chubut, el juez de Cámara de Esquel, Claudio Petris, renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados tras una denuncia en su contra por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción.

Petris y la Asociación habían ocupado el centro de la escena en las últimas semanas por una denuncia contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut por un aumento “encubierto” de sueldos.

Tras semanas de escándalo, los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut dieron marcha atrás con un aumento salarial que alcanzaba hasta el “60 por ciento de la remuneración” y puso a los 6 magistrados en el ojo de la tormenta política.

La decisión se tomó tras una escalada en la que intervino el propio gobernador Ignacio Torres: “no voy a tolerar mas privilegios. No puede haber islas de impunidad dentro del Estado provincial”, advirtió Torres, quien insistió en el objetivo de “depurar, eliminar ñoquis y transparentar los recursos públicos.

El jueves pasado, en Comodoro Rivadavia, Torres encabezó la inauguración de la Ciudad Judicial junto al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, jefe de Gobierno porteño,Jorge Macri; y de los gobernadores de Entre Ríos,Rogelio Frigerio; y de Jujuy,Carlos Sadir. Allí, ratificó el plebiscito para eliminar los fueros de gobernadores, legisladores, jueces y dirigentes sindicales, que se votará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones generales.

La Asociación, que alertó sobre los aumentos, justificados como “fondos reservados” dentro del Superior, mantiene una relación distante del propio Torres a raíz de la posición de la institución contraria a la eliminación de los fueros que promueve el gobernador chubutense.

La entidad instaló el tema del incremento salarial de los jueces del Superior tras emitir un comunicado en el que expresó su “sorpresa e indignación” y manifestar su “repudio” a un aumento salarial que calificaban de encubierto y otorgado en forma exclusiva a los ministros del Superior Tribunal de Justicia.

Las últimas resoluciones del Superior Tribunal autorizando los incrementos habían puesto en ojo de la tormenta al máximo tribunal, integrado actualmente por Javier Raidan, Camila Lucía Banfi Saavedra, Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Mario Luis Vivas y Andrés Giacomone. Para justificar el aumento en los “gastos de representación”, los jueces del Superior habían tomado una acordada del 1989 que, según los denunciantes, quedó sin efecto tras la aprobación de la denominada “ley de porcentualidad”.

En sucesivas apariciones y críticas, la Asociación enfatizó que estas decisiones “generan mayor conmoción considerando el contexto socioeconómico” actual, un contexto que, paradójicamente, “precisamente se utiliza como excusa para no dar los aumentos correspondientes” según la normativa vigente a “todos los integrantes y agentes del Poder Judicial”.

Se recordó que la función de magistrado impone respetar los principios éticos de austeridad e integridad, y que estas decisiones “empañan la función” de quienes cumplen su deber y tienen un “impacto negativo en la percepción sobre la legitimidad e independencia del Poder Judicial”, generando “desconfianza” en la ciudadanía.

Además del cuestionamiento salarial, en los comunicados rechazaron “todas las designaciones y ascensos de funcionarios/as en altos cargos del Poder Judicial que hayan incumplido el constitucional mandato y legal de efectuar concursos públicos”. Consideran que el concurso público es la “garantía de un acceso igualitario a toda la ciudadanía y del respeto a la carrera judicial”.

Torres se sumó a la polémica y cuestionó el “auto aumento” del Superior Tribunal de Justicia y el incremento salarial que recibirán los senadores nacionales. Además, exigió un censo de empleados en todos los poderes y “un Estado sin castas”.

“No vamos a tolerar más privilegios”, sentenció. El gobernador exigió que el Poder Judicial realice el mismo censo de empleados públicos que ya ejecutó el Ejecutivo y que se aplicará ahora en el Poder Legislativo. “No puede haber islas de impunidad dentro del Estado”, advirtió. El objetivo es “depurar, eliminar ñoquis y transparentar los recursos”, se indicó.

Así extendió la polémica a todo el Poder Judicial. A principios de mayo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia provincial en contra de la enmienda constitucional que pondrá a votación de los ciudadanos la eliminación de los fueros para funcionarios.

Ese intento de frenar la eliminación de los fueros fue duramente criticado por Torres. “No puede haber una vara para uno y para otros. Tampoco puede haber privilegios. Que se opongan a la decisión del Ejecutivo de eliminar los fueros es una falta de respeto”, afirmó este año durante la reainuguración de la Casa de Gobierno de Chubut.

El jueves pasado y en el marco de la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, Torres ratificó la realización del plebiscito para eliminar los fueros.

Además, frente al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti; Torres apuntó contra el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar frenar la consulta popular con medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad.

“Le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que, en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminación de los fueros?”, sostuvo Torres.

En medio de la escalada de escándalo, Petris renunció al frente de la Asociación de Magistrados a raíz de una denuncia por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción.

A través de una carta dirigida a la Asociación, sostuvo que “me resulta suspicaz que, un día después de la denuncia presentada por la Asociación contra la cúpula del Superior Tribunal de Justicia -estrechamente vinculada al Gobierno-, y de que el Señor Gobernador me haya acusado pública y directamente de impedir el plebiscito para la eliminación de los fueros de los magistrados por haber firmado una acción de inconstitucionalidad que fue decidida en una Asamblea en la que participaron muchos asociados/as, haya circulado por las redes sociales una publicación sin firma, de autoría desconocida, que me acusa de supuestos hechos, como dije inexistentes”.

Agregó que “la ausencia de firma y la falta de fuentes verificables no solo comprometen la credibilidad de la publicación, sino que también despiertan serias sospechas sobre una posible operación de grupos de poder destinada a desacreditarme a mí y a la institución que tuve el honor de presidir”.

Sostuvo que”el anonimato y la ausencia de denuncias me impiden ejercer mi defensa y ofrecer la prueba que desacredita cada una de las acusaciones que contienen esas publicaciones».

Agregó que, de existir una investigación judicial, “no me escudaré en los fueros constitucionales, que como venimos señalando en forma sostenida no tienen el sentido de impedir la investigación de los organismos judiciales correspondientes, ni de garantizar impunidad”.