POLITICA
Tierra del Fuego: se unen todos los gremios para activar un paro total “en defensa de la industria y el empleo”
A través de un comunicado conjunto, cuyo título es “en defensa de la soberanía, los puestos de trabajo y la industria nacional”, los gremios de todos los sectores que tallan en Tierra del Fuego se unieron para activar un paro total de actividades el miércoles próximo. La huelga, que paralizaría por completo la actividad en Ushuaia y Río Grande, será en rechazo a la medida del gobierno de Javier Milei de eliminar los aranceles a la producción de teléfonosy electrodomésticos. Esta iniciativa pone en riesgo unos 7000 empleos, según denunció hoy Abel Furlán, el jefe nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
“Ante el nuevo ataque del Gobierno Nacional al trabajo y la producción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y al pueblo fueguino en general, las organizaciones sindicales y sociales de la provincia expresamos nuestro rechazo absoluto y exigimos la marcha atrás de todas las medidas implementadas que atentan contra la industria, los puestos laborales y la dignidad de miles de familias de nuestra provincia”, expresa el mensaje de las organizaciones que impulsan el reclamo, entre las que están la CGT regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, judiciales, seguridad privada y docentes.
“En el marco de un plan económico que asfixia la producción, que amenaza a la industria y hace peligrar miles de puestos de trabajo, el Gobierno Nacional ha dado a conocer un nuevo y devastador ataque contra Tierra del Fuego con su decisión de eliminar aranceles a los productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Este conjunto de medidas, que significarán la pérdida de más de la mitad de los puestos de trabajo en la industria fueguina, responde a una nueva concesión del gobierno de Javier Milei a las imposiciones del FMI, a cambio de un préstamo que le permite mantener en pie un plan económico insostenible”, señalaron los gremios en el comunicado.
La inédita alianza sindical para apoyar el reclamo de la UOM, que mantiene paralizadas las fábricas por tiempo indeterminado desde que la Casa Rosada anunció sus intenciones, tiene el respaldo de las tres centrales obreras de representación nacional. Es decir, la CGT y las dos vertientes de la CTA.
“Será un paro provincial para rechazar el proceso de desindustrialización que comenzó en la Argentina con la llegada de Milei. Están en riesgo 7000 puestos de trabajo sobre un total de 35.000. Desde que empezó este gobierno, la UOM ya perdió 22.000 empleos en todo el país. Además, hay mucha preocupación porque no podemos recuperar el poder adquisitivo por la pauta salarial de1% mensual que imponen desde la Secretaría de Trabajo. Hace 10 meses que por ejemplo no nos ponemos de acuerdo en el aumento salarial con Techint, justamente la empresa de la que el secretario de Trabajo [Julio Cordero] fue abogado”, argumentó Furlán en Radio Zónica +.
El paro provincial es hasta apoyado informalmente por el gobierno local, que encabeza Gustavo Melella. “Vamos a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado”, desafió Melella, quien acusó al oficialismo nacional de actuar “con violencia y soberbia”, y de “faltarle el respeto al pueblo fueguino”. El mandatario provincial afirmó que desde la Casa Rosada no le avisaron del proyecto, ni tampoco a los referentes de La Libertad Avanza en la isla.
“Hoy le decimos basta a un plan que solo apunta a la especulación financiera y a la depredación de nuestras riquezas naturales en favor de intereses extranjeros. Este gobierno nacional ha venido a destruir derechos y conquistas históricas atentando contra la industria, la producción y los puestos laborales”, expresaron los gremios, que enumeraron una serie de medidas que signficaron recortes, como la distribución de menos recursos a las universidades, freno de la obra pública y ajuste a los jubilados y asalariados.
POLITICA
Patricia Bullrich habló sobre el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia
CÓRDOBA.- “Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia”, afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el impacto del caso en la administración libertaria.
Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al “Ciclo de Coyuntura”, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni.
“Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, añadió.
Bullrich planteó que la Justicia “está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no”. “Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, resaltó.
De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó “desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral”.
Y afirmó que ahora “la pelota está en la cancha” de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.
En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: “Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema».
En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: “Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados”.
Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está “muy blindado frente a los choques externos”. “Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años”, puntualizó.
Noticia en desarrollo
Gabriela Origlia,Conforme a
La Ley de Glaciares fue sancionada el pasado miércoles 8 de abril con 137 votos a favor y el acompañamiento de varios gobernadores de provincias mineras. Pocas horas después, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal de esa provincia para frenar la aplicación de la ley. Ziliotto argumentó que uno de los ríos pampeanos proviene de zonas glaciares y, según su presentación, la norma aprobada viola un artículo de la Constitución nacional y tratados internacionales.
La acción judicial se dirige ante el único juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien ocupa ese cargo desde 2018, año de su nombramiento bajo la gestión de Mauricio Macri.
Tanto la fiscal de Estado pampeana como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas acompañaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del mandatario pampeano, la presentación se formalizó apenas 24 horas después de la sanción legislativa.
Los equipos técnicos de gobierno nacional, en paralelo, siguen con atención esta iniciativa judicial, dado que la Ley de Glaciares forma parte de una agenda central para la proyección de inversiones en el sector minero.
Detalles del amparo y postura del Gobierno
En Infobae en Vivo Al Mediodía, el periodista Federico Mayol indicó que “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”, explicó Mayol.
El juez federal Baric analiza la solicitud. Desde el Gobierno nacional siguen de cerca la definición judicial, ya que la ley sancionada otorga certezas para atraer inversión minera y fue acompañada por varios gobernadores de las provincias productoras. Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma.
Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.
Impacto sobre inversiones mineras y reacción social
El sector minero es uno de los principales motores del crecimiento económico. Durante el 2025 aportó “de manera considerable al desarrollo nacional”, apuntó Mayol. Entre los proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas como Glencore y Vicuña, que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.
Mayol detalló que “hay seis proyectos ya aprobados y varios en proceso de aprobación que involucran, por ejemplo, a Glencore o Vicuña, sumando 18.000 millones de dólares en total. El impacto esperado alcanzará los 40.000 millones de dólares en inversiones si se implementan todas las iniciativas”.
El sector ambientalista manifestó su rechazo a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron sus objeciones tanto en audiencias públicas como en la presentación judicial de Ziliotto. La participación de ONG en la causa pampeana coloca el debate en el centro de la escena nacional.
Próximos pasos judiciales y agenda minera
La Justicia Federal de La Pampa debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo impulsado por Ziliotto. Esta decisión podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.
Mayol adelantó: “Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”.
La exposición en la provincia de San Juan contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. El resultado del pedido judicial presentado en La Pampa podría incidir en la dinámica y expectativas del evento minero.
Contexto de la Ley de Glaciares y antecedentes judiciales
La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes. Mayol recordó: “Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo y un juez aceptó varios artículos. En la actualidad, el debate abierto sobre la Ley de Glaciares impone una nueva instancia de análisis judicial luego de su aprobación parlamentaria”.
Por ahora, la única presentación judicial vinculada a la Ley de Glaciares corresponde a la provincia de La Pampa. La actividad minera y la protección ambiental se posicionan nuevamente en el centro de la agenda pública y judicial argentina.
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