El Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales acordaron este lunes el pago de una suma fija de 35 mil pesos en concepto de revisión de la paritaria vigente, que será cobrada con los sueldos de enero de 2026.

Ambas partes mantuvieron la primera audiencia en la Secretaría de Trabajo, aunque ya negociaban una mejora a partir del reclamo de Hugo Moyano, que exigía un aumento debido a que la inflación del trimestre septiembre-noviembre “superó ampliamente las previsiones, lo que deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores”, según advirtió en una nota a las cámaras.

El incremento acordado representa en términos porcentuales un 3,5%, aunque también firmaron que desde enero se incorporarán a los sueldos 31 mil pesos, decisión que elevará el impacto de la recomposición.

Sindicalistas y empresarios se comprometieron a reunirse nuevamente en enero de 2026 para negociar un aumento salarial que regirá a partir de marzo.

Sin embargo, hay un reclamo de Moyano sobre el que no hubo acuerdo y pactaron analizarlo más adelante: un incremento mínimo del 20 por ciento en los adicionales de especialidad para las ramas de Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado, que están postergadas.

Por iniciativa de una cámara empresarial se discutió la creación de un “premio presentismo”, de 40 mil pesos por trabajador para aquellas tres ramas, pero se trabó porque las empresas de Expreso y Mudanzas se negaron a esa idea para no incrementar los costos del sector.

La negativa responde a que existen pymes en problemas para afrontar los compromisos salariales, ya que si bien la revisión del último acuerdo ya estaba prevista para este mes, hay muchas empresas pequeñas y medianas afectadas por la crisis de la actividad.

En todos los casos, los empresarios todavía tienen por delante lo firmado en la paritaria anterior: un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026; el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

Esos pagos coincidirán con los meses de verano, que es cuando baja drásticamente la actividad del sector, aunque, de todas formas, el bono de fin de año y la contribución para la obra social figuran en un acta distinta a la del aumento salarial para septiembre 2025-febrero de 2026, que no fue homologada por la Secretaría de Trabajo y, por lo tanto, las empresas con problemas económicos no están obligadas a pagarlo.

El viernes pasado, por otra parte, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron un incremento del 2,5% para noviembre de 2025, lo que elevará el salario inicial de la actividad a $2.008.641,07.

Esta mejora, que representa un aumento acumulado en estos once meses del año de un 27,9% sobre los salarios de diciembre de 2024, “busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación persistente”, según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo.

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, mantiene un régimen de actualización automática. Esta modalidad permite que las mejoras salariales se apliquen de manera directa, sin depender de la homologación administrativa, lo que diferencia a la actividad bancaria de otros sectores donde las paritarias suelen experimentar mayores demoras.

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El allanamiento a la mega estancia de más de diez hectáreas en Villa Rosa, Pilar, volvió a poner bajo la lupa el entramado de vínculos económicos que rodean a la conducción de la AFA.

Además de los vehículos de lujo, el helipuerto y las instalaciones de alto nivel, un hallazgo puntual sumó un nuevo elemento al expediente: en la cava de la propiedad se encontraron numerosas botellas de vino de la marca Neurus, una etiqueta vinculada a Florencia Sartirana, exsecretaria de Finanzas de la AFA y del círculo más cercano de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

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Según la información relevada durante el procedimiento judicial, la presencia de Neurus no se trató de un dato aislado. El nombre ya figuraba en otros sectores del predio, como la inscripción visible en el helipuerto.

Neurus es una línea de vinos premium producida y comercializada por Bodega La Vigilia, ubicada en el Valle de Uco, Mendoza. La firma está encabezada por Florencia Sartirana, quien fue secretaria de Finanzas de la AFA hasta 2022.

La bodega desarrolló una fuerte presencia comercial y de marketing, con ramificaciones que incluyen un wine bar exclusivo (Neurus by La Vigilia) en la provincia de Santiago del Estero —tierra de Toviggino— y otra propuesta gastronómica y de eventos en el barrio porteño de Palermo, donde se convoca a chefs e influencers del sector.

Los vinos Neurus no solo se sirven en el bar santiagueño sino que también estuvieron en cenas de la Selección realizadas en el predio de la AFA, además de figurar en distintos eventos oficiales organizados por la casa madre del fútbol argentino.

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La distribución de la marca se canaliza a través de Servicios Neurus S.A., firma que estuvo presidida por Mauro Javier Paz, exjefe de la Liga de Fútbol Femenino y socio en múltiples sociedades que orbitan alrededor de Toviggino. Paz también integró Norte Argentino SRL, la empresa que factura en el bar santiagueño, y fue accionista de Segon SRL, la sociedad que administra otros negocios clave en la provincia, como una estación de servicio y un cementerio privado.

El hallazgo de las botellas en la cava se produjo en el marco de un operativo judicial de gran escala ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica. Durante el allanamiento, la Policía Federal secuestró 54 vehículos —45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings— que serán tasados por peritos para determinar si su origen patrimonial resulta compatible con la actividad económica declarada por las sociedades investigadas.

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La estancia, según consta en la causa, está compuesta por dos lotes que suman más de 105.000 metros cuadrados e incluye helipuerto, instalaciones deportivas múltiples, un haras de caballos árabes y pura sangre, y autos de colección. La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, integrada por el monotributista Luciano Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte, señalados por los denunciantes como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino. Ambos tienen prohibida la salida del país por disposición judicial.

En paralelo, la Cámara Federal resolvió que el expediente pase del juzgado de Rafecas al Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky. Antes de haber sido apartado del caso, Rafecas ordenó el embargo preventivo de la finca y la inmovilización de todos los bienes hallados, al considerar que podría tratarse de un posible delito de lavado de activos.

Claudio Tapia, Pablo Toviggino, AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)