Estamos ante el plan de obra de un libro decisivo. Es el volumen con el que Javier Milei pretende cerrar su primer mandato con la aspiración de construir una larga saga.

La idea, el título, los capítulos y un adelanto bastante avanzado del desarrollo están. Pero a los actores de quienes dependen su concreción y su éxito no les alcanza. Esperan a ver los detalles esenciales de cada página.

El acuerdo arancelario-comercial con los Estados Unidos, el debate por el presupuesto 2026, las reformas laboral y fiscal (más adelante, la previsional) y la integración del Poder Judicial parecen elementos separados, pero son indisociables dentro de una misma obra.

Todos los actores de cuya concreción dependen esas iniciativas, más allá de la voluntad y determinación del Gobierno, quieren a ver la letra chica de cada uno de ellos.

No hay cheques en blanco como anticipo y, por ahora, solo tienen anuncios rutilantes y breves adelantos. Un desafío complejo para un Gobierno que no se ha caracterizado por su apego al razonamiento, la elaboración y la acción sistémicos.

Inversores extranjeros y locales, gobernadores, senadores, diputados, industriales, productores agropecuarios, sindicalistas y jueces. Todos quieren saber de qué se trata cada una de las iniciativas que están sobre la mesa para tratar de darle forma a un nuevo país. Y ellos son actores decisivos en varias dimensiones.

Si bien el cronograma del Gobierno es secuencial, los tiempos de cada capítulo se superpondrán en algunos caos, en otros correrán de manera yuxtapuesta y en otros se condicionarán unos a otros, lo cual requiere de un trabajo de precisión, concertación y coordinación de todos los actores de la administración nacional involucrados. Cualquier desliz, fuga, diferencia interna o incumplimiento de promesas podría afectar el plan general, aún en este momento en que Milei se ilusiona con la hegemonía, mientras la oposición se aproxima a la nada.

El gran director editorial en el que Donald Trump se convirtió para Milei ha fijado cláusulas, ha establecido el marco y dice haber dado garantías para que el Gobierno avance con la obra, a sabiendas de que a su contraparte argentina le sobra determinación, pero sigue teniendo déficit de expertise y ha tropezado varias veces con la trama y con los personajes, hasta el límite de atentar o poner en riesgo a su propia criatura.

Las cartas empezarán a verse con el tratamiento del presupuesto 2026. En eso consume su tiempo y se juega su primer gran examen el flamante ministro del Interior, Diego Santilli.

En las conversaciones iniciales que ha tenido con una decena de gobernadores provinciales y con varios legisladores (en reserva) en busca de apoyo y de aporte de manos en el Congreso, el exdiputado amarillo pudo comprobar que la demanda es la misma, aunque no todos la expresen de igual forma: quieren saber cuánto recibirán el año próximo del Estado nacional, cuánto los beneficiará, cuán contempladas están sus necesidades y demandas, cuánto pretenden que resignen, cuánto los obligarán a reformular sus planes y políticas, y qué podrán tener ellos para mostrarles y contarles a los habitantes y, sobre todo, votantes de sus respectivas provincias.

Todos esos mandatarios y los que aún no se han sentado a la mesa de Santilli saben, sin embargo, que todo es provisional, que no han visto todas las cartas, sino que no están todas en el mazo.

Hasta hace cinco días, esa provisionalidad estaba dada, en primer lugar, por el contenido de la reforma fiscal, ya que los trascendidos iniciales hablaban de cambios profundos en el esquema nacional, que podrían impactar mucho más que en lo que cada provincia recibirá en concepto de coparticipación.

La cuota de imprevisibilidad se ahondaba ante los rumores y evidencias de que la Casa Rosada se propondría obligarlos a revisar sus propios sistemas tributarios, con la iniciativa de simplificación y transparencia fiscal. Allí asoma un embate sobre el más distorsivo de los tributos subnacionales, clave para las arcas provinciales, como es Ingresos Brutos.

Pero eso es apenas la punta del iceberg. Por ejemplo, la reforma del IVA con la posibilidad de derivar a las provincias la fijación y la recaudación de una parte de ese tributo no tiene consenso puertas adentro del gobierno nacional, pero tampoco está descartada. El tema es hipersensible en términos mucho más que tributarios, con efectos económicos, políticos y sociales. Las diferencias entre los colaboradores de Milei, además, no se circunscriben a ese punto y muchos funcionarios clave desconocen casi todo.

La reforma laboral también es parte de la enorme red (o telaraña) en la que están imbricados todos los proyectos. Inversiones, aumento de empleos en sectores competitivos y destrucción de puestos en sectores poco productivos o incapaces de resistir a la apertura comercial son asuntos que en cada provincia y en cada municipio tendrán impacto en función de esta reforma y son esperados con mucha expectación. Como señalan muchos expertos, además, no será igual el efecto inicial de una reforma si la actividad económica está en crecimiento o estancada. Variable para nada menor.

El texto del proyecto, de todas maneras, es todavía un campo de batalla donde queda aún mucho por disputar dentro del Gobierno, antes de que pase a ser asunto de debate entre las partes interesadas y llegue al Congreso.

Sin embargo, la debilidad estructural que padece hoy el sindicalismo es una ventaja con la que cuenta Milei y de la que no gozaron ninguno de los tres gobiernos democráticos anteriores que intentaron con distinto énfasis cambiar los fundamentos de la legislación del trabajo. Ni Raúl Alfonsín, ni Fernando de la Rúa, ni Mauricio Macri tuvieron un horizonte tan despejado para avanzar con este capítulo. La crítica situación de la obra social de Camioneros es un ejemplo del talón de Aquiles del gremialismo, pero no cabe pasarse de entusiasmo.

Las reformas, sin embargo, también tiene un frente por considerar, que es el judicial. En especial los cambios laborales, ya que en ese fuero prima el garantismo de los derechos de los trabajadores. Pero no es el capítulo laboral el único. La judicialización de las decisiones políticas es ya un clásico nacional.

Por eso, cobra relevancia la apertura de conversaciones para completar la composición de la Corte Suprema y designar al centenar de jueces nacionales que deben llenar los juzgados vacantes. En estas negociaciones el Gobierno se propone quebrar el frente peronista y aislar al kirchnerismo, al igual que en las restantes. De eso depende en buena medida como avance la trama.

El escenario sobre el que se desenvolvían estas acciones, no obstante, adquirió otra dimensión, de mayor profundidad y proyección luego de haberse anunciado el acuerdo marco arancelario y comercial con los Estados Unidos.

Nadie duda que lo establecido en ese texto refleja al extremo las diferencias de poder real entre los firmantes, para hacerlo manifiestamente asimétrico, en función de la cantidad, la amplitud y la profundidad estructural de los compromisos asumidos por la Argentina en contraste con lo relativamente poco a lo que se compromete Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la ausencia de especificidades abre discusiones respecto de los resultados que podría tener para el país. Todo es potencial. Para los optimistas es, esencialmente, una gran oportunidad para la recepción de inversiones, el crecimiento, el desarrollo y la inserción mundial de la economía argentina. Para los opositores, una imposición estadounidense en las que las obligaciones superan a los beneficios y profundiza a niveles extremos la dependencia argentina.

Para los críticos, no necesariamente opositores, lo anunciado es un desafío con muchas incógnitas y algunas certezas positivas respecto de algunos sectores, por ejemplo el extractivo y la agroindustria exportadora; así como aspectos negativos para otros, como las pymes industriales o el sector lácteo y avícola.

En definitiva, unos y otros quieren ver la letra chica, pero, como señala un diplomático de carrera, con larga experiencia en el área económica de la Cancillería, estos acuerdos marco o comunicados conjuntos con los Estados Unidos no suelen tener letra chica si no aplicaciones concretas, caso por caso, sujetas a las necesidades, los intereses y las contingencias estadounidenses. Mucho más con Trump.

El presidente estadounidense ha hecho del desorden el nuevo orden mundial, no hay leyes que se sienta obligado a respetar. Una reafirmación del concepto instituido por el ensayista Giuliano da Empoli en su último libro, La hora de los predadores: “El caos ya no es el arma de los insurgentes, sino el sello del poder”.

Ese caos también es explotado a escala local por la gestión Milei, con la ventaja, en su caso, de contar con la debilidad de sus opositores. En tal contexto, aquellos que conservan alguna cuotaparte de poder, como los gobernadores, tratan de hacerlo valer, pero en un escenario siempre cambiante y amenazante para ellos. Padecen el dilema del prisionero, no saben quién, pero temen que alguien colabore (o deserte) primero, mientras ellos negocian, sin tener certezas del costo o beneficio de una u otra decisión. El panóptico está en la Casa Rosada o, peor, más lejos, en la Casa Blanca.

Pero ese artefacto desde donde todo se ve no todo lo puede controlar, siempre hay cabos sueltos, contingencias que pueden cambiar el curso de la historia. Como también dice Da Empoli, pero en El mago del Kremlin: “La única cualidad indispensable para un hombre con poder es la capacidad de aprovechar las circunstancias”. O las oportunidades.

Las oportunidades que se le abrieron a Milei después del 26 de octubre son enormes, pero también es cierto que las condiciones han cambiado. Si se mira bien, en el panorama político y social se han cruzado las curvas.

En la primera mitad de su mandato, Milei debió lidiar con su condición de fuerza absolutamente minoritaria en el plano institucional, ya sea en el Congreso, como en el control territorial, mientras gozaba de un sólido apoyo social, que prolongaba, con algunas pérdidas, la amplia mayoría reunida en el balotaje presidencial de 2023.

A partir del 10 de diciembre, esa ecuación en el plano legislativo está al borde de revertirse y en la dimensión territorial el Gobierno cuenta con muchas más herramientas para ser optimista, ante el vacío de cualquier otro proyecto nacional que no sea el que encarna Milei.

Sin embargo, el apoyo social está más que nunca sujeto a resultados. No solo mutó la sociología de buena parte de sus votantes para ser menos pluriclasista, según surge de los análisis sociodemográficos del voto en las últimas elecciones. Su base de sustentación electoral no se amplió en dos años, sino que se acotó en números absolutos y en diversidad.

La demanda de respuestas y soluciones es más acuciante ahora. El ausentismo, el regreso o la permanencia de algunos votantes en sus espacios originarios, que están en la oposición, a pesar de la crisis de liderazgo y de representación de esta, son una novedad.

El Gobierno está acuciado por mostrar resultados en demasiados frentes. Todo tiene que ver con todo. Y todos quieren ver las letras chicas de cada capítulo que se está escribiendo.