POLITICA
Todos los bienes que le podrían rematar a Cristina Kirchner si no paga su decomiso en la causa Vialidad

La Justicia intimó a Cristina Kirchner y a los otros ocho condenados por la causa Vialidad a pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta que se comprobó en el caso. Todos tienen 10 hábiles para depositar el dinero en una cuenta del Banco Nación. Ese plazo vence el 13 de agosto a las 9:30 porque las próximas dos semanas son feria judicial y esos días no se cuentan como hábiles.
Si los condenados no pagan, la Justicia rematará los bienes a su nombre para cubrir la cifra. Los fiscales del juicio de Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, elaboraron un listado de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos, de Lázaro Báez, y del resto de los otros siete acusados, que está en poder del Tribunal. Todas esas propiedades y activos están embargados y serán parte del legajo patrimonial que se abrirá para ejecutar la condena.
El monto del decomiso fue definido a partir de calcular los beneficios obtenidos por Báez, favorecido con un direccionamiento de obras viales que, en un porcentaje importante, no se terminaron, y el sobreprecio pagado por el Estado en la licitación de obras, que promedió un 20% de acuerdo con la Justicia. La Justicia determinó que Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por la obra pública vial y el 80% se asignó a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario patagónico amigo y socio del matrimonio Kirchner.
La lupa se pondrá ahora sobre los bienes de la ex mandataria, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Muchos de ellos están, a su vez, alcanzados por embargos en otro expediente, conocido como Hotesur-Los Sauces, que investiga maniobras de lavado de dinero a través de uno de sus hoteles y la inmobiliaria familiar. “Los bienes de los mismos acusados pueden estar cautelados en distintas causas. Se ejecuta el decomiso en la causa que llega primero a sentencia”, explicaron en un despacho de Comodoro Py.
En la lista elaborada por Luciani y Mola, hay cuatro cajas de ahorro en pesos, dos en dólares y una caja de seguridad en el Banco Galicia; cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz; una caja de ahorro en el Banco Nación; y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones, todas a nombre de Cristina Kirchner. La fortuna de la familia se sustentó siempre en dos pilares: los inmuebles – casi todos en Santa Cruz- y plazos fijos millonarios.
Los fiscales listaron dos departamentos en el barrio porteño de Recoleta. Uno de ellos es el de Uruguay esquina Juncal, de 160 m2 que fue su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires hasta el atentando que sufriera el 1ro de septiembre de 2022.
En el listado de Luciani y Mola figura otro departamento sobre la calle Juncal, entre Azcuénaga y Uriburu, de 77 m2, y un total de 24 inmuebles en Santa Cruz, entre ellos, la casa familiar de Río Gallegos, la residencia de la ex mandataria en El Calafate, y el hotel Los Sauces. Todos fueron cedidos por la ex presidenta a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en 2016, para sortear futuros embargos judiciales.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que se incluyeron los bienes que eran de la ex presidenta donados a sus hijos “porque están cautelados” y “se puede avanzar sobre todos ellos para la ejecución del decomiso”.
Asimismo, figuran las tres sociedades de los Kirchner – Hotesur SA y las inmobiliarias Los Sauces SA y COMASA -, que también fueron cedidas a sus herederos y están embargadas en la causa Hotesur-Los Sauces.
Qué patrimonio declaró la ex presidenta
La dos veces presidenta de la Nación declaró, al cierre de 2023, un total de bienes y activos por $249,4 millones, según la última declaración jurada que debió presentar ante la Oficina Anticorrupción al dejar su cargo de vicepresidenta a finales de ese año.
El grueso de su patrimonio – $170 millones – estaba invertido en acciones de sociedades que cotizan en la Bolsa de Nueva York como Mercado Libre, Apple, Vista Energy, Microsoft, Coca Cola, Bioceres Crop Solutions, Invesco, Visa y Berkshire Hathaway.
El resto de su patrimonio lo conformaban cuatro cajas de ahorro en el país por $1,7 millones y un auto Toyota Corolla Híbrido que compró cero kilómetro en 2023.
Cristina Kirchner no informó ningún inmueble propio. Sí consignó $60,5 millones por los “derechos reales” del “usufructo”, desde marzo de 2016, de dos propiedades que históricamente estaban a su nombre: el departamento de Recoleta de la calle Uruguay esquina Juncal, de 160 m2, que el matrimonio Kirchner había comprado en 1980, y la casa en El Calafate, de 520 m2 y tres plantas, incorporada a su patrimonio en 2001.
La evolución de su patrimonio
Lo declarado por Cristina Kirchner está lejos de la fortuna que el matrimonio consolidó en sus años en el poder, de la mano de negocios comunes con Báez.
Infobae reconstruyó el crecimiento de su patrimonio neto, a través de las declaraciones juradas que el matrimonio presentó ante la Oficina Anticorrupción, considerando la inflación de cada período, desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003, hasta que su viuda le donó en vida todos sus bienes a sus hijos en 2016, para eludir posibles embargos judiciales al avanzar las investigaciones de la Justicia en su contra.
Para finales de 2003, tras el primer año en la Casa Rosada, el matrimonio Kirchner informó un patrimonio neto de $7 millones, considerando las deudas y los créditos a favor consignados en sus declaraciones juradas.
Al cierre de ese año, declararon un total de 25 inmuebles, que incluían 18 casas (la casa en El Calafate y las restantes en Río Gallegos); 2 locales en esta última ciudad; 4 departamentos (dos en la capital santacruceña y dos en el barrio porteño de Recoleta); y un terreno en El Calafate.
La gran mayoría de las propiedades fueron compradas durante la dictadura militar, entre 1977 y 1982, cuando el matrimonio tenía un estudio de abogados en Santa Cruz, y se dedicaban a las cobranzas y ejecuciones extrajudiciales. Así, lograron quedarse con esos inmuebles a muy bajo precio por las deudas contraídas por sus dueños, lo que les permitió incrementar su fortuna por el negocio de los alquileres
Los activos de la sociedad conyugal en ese primer año en la Casa Rosada incluían dos plazos fijos, uno por $1,2 millones y otro en dólares por USD 1,6 millones. Dos años antes, en plena crisis de finales del 2001, haber sacado al exterior casi la totalidad de esos dólares al exterior, les permitió luego triplicar sus pesos al repatriarlos en 2002, post caída de la convertibilidad.
En 2006, los Kirchner adquirieron la primera sociedad familiar, la inmobiliaria Los Sauces SA, destinada al alquiler y administración de sus propiedades, y que tendría como casi únicos inquilinos a Báez y al empresario Cristóbal Lopez.
Cuatro años después, en diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner recibió la banda presidencial de manos de su marido, los activos del matrimonio habían ascendido a $25,5 millones, un aumento nominal del 264%. Sin embargo, si se considera la inflación acumulada esos cuatro años, el aumento real fue de 153%. Fue el mayor crecimiento patrimonial experimentado por el matrimonio en los cuatro años que llevaban en el Ejecutivo nacional.
En ese primer período del kirchnerismo en la Casa Rosada, los inmuebles de la sociedad conyugal crecieron a 44, entre casas, departamentos, terrenos y locales. Los metros cuadrados se multiplicaron por 33: pasaron de 6.251 a 209.412 m2. Si bien vendieron una casa en Río Gallegos que tenían desde 1978, sumaron 13 departamentos en la capital santacruceña, y 7 terrenos en El Calafate por más de 200.000 m2. Por los nuevos lotes – tierra fiscal – que incorporaron entre 2005 y 2007, pagaron valores irrisorios de entre $0,99 y $7,5 el metro cuadrado el más caro.
En uno de ellos, que pagaron solo $162.000 por 2.100m2, levantaron el hotel boutique Los Sauces, que la propia Cristina Kirchner ideó y amplió en un lote aledaño a la casa de la entonces presidenta en El Calafate. Ese terreno era de Báez y se lo canjeó en una permuta por otro lote de su propiedad frente al Lago Argentino.
La construcción de ese hotel demandó casi $3 millones y la obra estuvo a cargo de Austral Construcciones. Es el más exclusivo de los cuatro alojamientos turísticos que los Kirchner levantaron en suelo santacruceño.
Para finales de 2007, en el banco declararon tener 12 plazos fijos por un total que superaba los USD 4 millones, casi el doble que en 2006, cuando había informado USD 2,4 millones.
El año siguiente, 2008, se produjo otro salto en el patrimonio de los Kirchner, escaló a $47,3 millones, un 51% más en términos reales, considerando la inflación de ese año. ¿La razón? La expansión en el negocio hotelero y los alquileres inmobiliarios.
Incluían 8 plazos fijos por $17,2 millones y uno en dólares por USD 1,5 millones.
La secuencia de operaciones comerciales en 2008 fue frenética. En enero de ese año, los Kirchner vendieron un terreno en El Calafate de 20.095 m2, que habían comprado como tierra fiscal a $6,57 el m2, a la firma chilena Cencosud por USD 2 millones.
Un mes más tarde, compraron un inmueble de 16.189 m2 en El Calafate por $2.219.000 (unos USD 706.000 al cambio de ese momento) que terminó siendo el hotel Las Dunas. Sin embargo, no fue informado como tal en las declaraciones juradas ante la OA, ya que siempre figuró como “lote”.
Al finalizar el primer año de Cristina Kirchner en la Presidencia, la sociedad conyugal había vendido 14 propiedades que habían comprado a montos irrisorios y le reportaron $14 millones. Al cierre de ese período, declararon un total de 28 inmuebles
Entre esas numerosas operaciones inmobiliarias, figuró la venta a Báez de una casa emblemática para la familia Kirchner, en la esquina de 25 de Mayo y Maipú, en Río Gallegos, donde vivían durante la presidencia de Néstor. El empresario patagónico nunca la ocupó.
Esa venta – a un precio muy superior al que la habían pagado los Kirchner en 2003 – quedó bajo la lupa de la Justicia por la sospecha de una maniobra de posible lavado en la que el Báez le devolvía fondos al matrimonio presidencial por los contratos de obra pública que recibía en Santa Cruz. Los Kirchner la habían comprado en USD 170.000 y se la vendieron por más de USD 900.000.
Esa propiedad fue una de las 18 operaciones de compra-venta que la familia Kirchner celebró con Lázaro Báez, y que engrosaron el patrimonio de los ex mandatarios.
En mayo de 2008, los Kirchner adquirieron otra inmobiliaria, COMASA, y en octubre, la consultora financiera El Chapel SA. En noviembre, compraron Hotesur SA, dueña del Hotel Alto Calafate. Cristina Kirchner consignó en su DDJJ el 98% de las acciones en $5,4 millones, y el “valor llave” en casi el doble: $10 millones.
Los negocios hoteleros crecieron vinculados a Báez, que gerenciaba tanto el Alto Calafate como Las Dunas, a través de su firma Valle Mitre. A la vez, le alquilaba habitaciones en los hoteles de los Kirchner para el personal de sus empresas contratistas del Estado, que no ocupaban por la distancia con los lugares donde estaban los obradores.
En paralelo, las deudas de los Kirchner se dispararon a $19,2 millones, según lo informado por la entonces presidenta en su declaración jurada ante la OA del 2008. La más importante – por $8,4 millones – fue una deuda con Austral Construcciones para levantar el hotel Los Sauces.
En 2009, el patrimonio conyugal consignado por la entonces primera mandataria escalaba a $50,4 millones. La cifra representó, por primera vez, una leve baja real de 7,8% respecto del año anterior.
Cristina Kirchner mantuvo las mismas 28 propiedades e informó depósitos en plazos fijos por casi $13 millones en total, inlcuido uno en dólares por USD 766.800.
Ese año, se disolvió la consultora El Chapel SA, y los Kirchner compraron el hotel La Aldea del Chaltén, operación que se hizo a nombre de Los Sauces SA.
Entre las deudas declaradas en 2009, la más relevante fue con Hotesur por $5,5 millones, la firma de la que la ex mandataria era accionista.
En 2010, los activos de los Kirchner volvieron a subir a $67,7 millones, un 9% más en términos reales. Mantuvieron los 28 inmuebles del año anterior, pero aumentaron la valuación de las tres sociedades a casi $25,5 millones. A su vez, la deuda declarada por Cristina Kirchner con Hotesur escaló a casi el doble, $9 millones.
El dinero en depósitos bancarios (entre ellos 19 plazos fijos) y efectivo, ascendía a $24,6 millones, que incluían USD 772.000.
Ese año se produjo la muerte de Néstor Kirchner lo que implicó que la mitad de los bienes de la sociedad conyugal – incluso los que a fines impositivos figuraban el 100% a nombre de la entonces presidenta- pasaran al año siguiente a Máximo y Florencia Kirchner.
Así lo refleja la declaración de su viuda de 2011. Tras ser reelecta ese año, su patrimonio neto se redujo un 55% en términos reales: pasó a $37,7 millones.
Al cierre del 2012, el primer año de su segundo mandato, la declaración jurada de la entonces presidenta volvió a mostrar un patrimonio neto real ligeramente más bajo respecto del año anterior, un 7% menos: $43,4 millones.
Ese año pesificó el plazo fijo de USD 3,2 millones. Por la conversión, se acreditaron casi $14,4 millones en una de sus cajas de ahorro, según el cambio del momento. Ese dinero ingresó en la declaratoria de herederos.
La reducción patrimonial, siempre tendiendo en cuenta la inflación y lo declarado por la ex presidenta, se repitió en las declaraciones de 2013 cuando informó $50,2 millones, un 7,4% menos que el año anterior a valores reales, y en la de 2014, cuando su patrimonio fue de $59,6 millones (un 14,5% menos a valores reales).
En esos años, mantuvo las mismas 26 propiedades en Río Gallegos, El Calafate y CABA.
En 2015, último año en la Casa Rosada como presidenta, declaró activos netos por casi $72,2 millones (5,6% menos que el año anterior considerando inflación), contabilizando una deuda con Hotesur por $4,6 millones.
Lo que más aumentó entre 2011 y 2015 fue su tenencia de dinero en el banco: pasó de $11,5 millones a $40,7 millones.
En 2016, se produjo otro salto en el patrimonio de Cristina Kirchner, pero esta vez negativo: declaró $3,5 millones, un 96,5% menos. Sus bienes se redujeron drásticamente producto de la donación en vida a Máximo y Florencia Kirchner del 50% que tenía de los 26 inmuebles, los casi $40 millones en cuentas y plazos fijos, así como sus acciones en las empresas familiares. La donación alcanzó la suma de $74 millones.
La decisión la tomó poco tiempo después del cambio de gobierno, y cuando empezó a ser investigada por el fallecido juez federal Claudio Bonadio. Los movimientos se concretaron el 16 de mayo de ese año, tres días después de su primer procesamiento en la causa por el dólar futuro. Ya tenía abiertas las causas por maniobras de presunto lavado a través de Hotesur y Los Sauces SA, y el direccionamiento de obras públicas hacia Báez, amigo y socio del matrimonio, en Santa Cruz, que derivó en su condena en la causa Vialidad.
La donación tuvo lugar 45 días antes de que todos sus bienes quedaran inhibidos por la Justicia, lo que le valió una denuncia de Margarita Stolbizer por presunta insolvencia fraudulenta para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a dictarse sobre su patrimonio. Los manejos con Hotesur y Los Sauces SA derivaron en el procesamiento de la ex mandataria y sus hijos por presunto lavado de dinero, y el embargo de las propiedades a nombre de la inmobiliaria familiar.
Entre ellas, dos departamentos en el Madero Center, en el barrio de Puerto Madero y sus respectivas cocheras que alquilaba el empresario Cristóbal Lopez, y el departamento en el barrio de San Cristóbal, en la calle San José 1111, donde vivía Florencia Kirchner.
Esa propiedad fue comprada por Los Sauces en junio de 2015 por un valor de USD 370.000. Es la vivienda en la que pidió esta semana cumplir la prisión domiciliaria.
Procesamiento y visualización: Daniela Czibener
POLITICA
Sergio Escalante, sucesor de Rodolfo Daer, ganó por amplio margen en las elecciones del Sindicato de Alimentación

El contundente respaldo obtenido por la Lista Verde en las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) marcó el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo de Sergio Escalante, quien fue elegido como secretario general con 2.611 votos frente a los 720 sufragios alcanzados por la opositora Lista Unidad, piloteada por la izquierda.
Este resultado, que refuerza el poder del oficialismo que Daer encabezó durante 40 años, se produce en medio de un duro conflicto salarial. El líder saliente, sin embargo, seguirá en el STIA a cargo de la Secretaría Tesorería y representante ante la CGT.
A su vez, quedan debilitadas dos tradicionales fracciones del sindicato que lideraron la oposición: los maoístas del PCR, de donde proviene Jorge Penayo, el candidato de la nómina Unidad, y los trotskistas del PTS, que aportaron a su secretario adjunto, Javier “Poke” Hermosilla.
Escalante, de 58 años, que integra el triunvirato que conduce la Regional San Martín de la CGT, trabajó en Panificadora Balcarce y es delegado desde 1999. Se incorporó a la conducción de STIA en 2008. Proviene de una familia que no se interesaba por la política y suele decir que “encontró al peronismo” en la fábrica.
En sus primeras declaraciones tras la victoria, el secretario general electo subrayó la continuidad de la lucha gremial por aumentos salariales y mejores condiciones laborales: “Trabajaremos arduamente en el plano gremial para conseguir mejores condiciones laborales y defender cada puesto de trabajo y en el campo político porque necesitamos un país con industria y trabajo en lugar de timba financiera y la deuda”.
El proceso electoral fue valorado positivamente por Escalante, quien destacó la importancia de la participación del afiliado en la votación. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la democracia sindical -dijo-, estamos contentos con el proceso eleccionario y el resultado, pero seguimos en conflicto salarial y seguiremos trabajando para lograr un aumento que dé respuesta a las acuciantes necesidades de nuestros trabajadores, redoblando las medidas todo lo que sea necesario hasta alcanzarlo”.
En relación a la negociación salarial, el dirigente instó a los empresarios a alcanzar un acuerdo que contemple las demandas del gremio. “Quiero instar a nuestros empleadores a aprovechar la conciliación obligatoria para llegar un acuerdo salarial justo, en lugar del 3 por ciento de hambre ofrecido, para que podamos seguir trabajando en esta industria indispensable para la Argentina en vez de profundizar un conflicto que no nos interesa y que no les conviene”, señaló el sucesor de Daer.
Además, dirigió un mensaje a la Casa Rosada: “Al Gobierno le recuerdo que la Argentina tiene enormes problemas que requieren su atención; deberían ocuparse de solucionarlos en lugar de trabar acuerdos libres entre privados si tanto pregonan la libertad y la no injerencia estatal”.
Además de agradecer a los afiliados y a los militantes de la Lista Verde, Escalante también hizo extensivo su gratitud a su “compañero y maestro Rodolfo Daer por la confianza y el trabajo que viene realizando hace años y por su visión del trasvasamiento generacional, consciente de que la organización vence al tiempo”.
Finalmente, el nuevo secretario general reconoció la importancia de la pluralidad y la competencia interna, al saludar a las listas opositoras que participaron en la elección. “Saludo y celebro la participación de los compañeros y compañeras de la Celeste y Blanca, la Bordo, Transparente y Blanca y Negra, que presentaron su lista opositora, ya que la diversidad de propuestas y la elección democrática muestran el dinamismo del STIA -destacó-. Pasado ya el fragor de los comicios debemos trabajar unidos en pos de los derechos e intereses de nuestros representados y de todos los trabajadores del país en este duro momento que nos toca atravesar”.
POLITICA
Debilidades en la Aduana: un informe reservado revela graves fallas en el sistema de cámaras para evitar delitos

Una auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) encendió una alarma sobre el funcionamiento del sistema de cámaras de la Aduana. El informe, que no está disponible de forma pública, evaluó el desempeño de la División Control Operacional del Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA) y concluyó que la vigilancia tiene fuertes debilidades.
En el informe, al que accedió , se destacaron 291 cuestiones problemáticas y se encontraron más de 190 cámaras sin funcionar, que apuntan para cualquier lado, tapadas o con el circuito cortado, entre otras situaciones.
El relevamiento despertó preocupación dentro del Poder Ejecutivo por el lugar en el que deja a la Argentina y la porosidad de sus fronteras.
También evidencia el terreno fértil para discrecionalidades por parte del personal aduanero, despachantes y funcionarios, entre otros. En ese contexto, la Sigen le pidió a ARCA, el organismo recaudador del que depende la Aduana, que intensifique la adopción de medidas “relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.
El trabajo, que revisó los años 2023 y 2024, pero se hizo con inspecciones entre noviembre y diciembre pasados, enumeró una serie de fallas de “impacto alto”. Fuentes al tanto del informe comentaron que se trata de problemas sin relevar hace tiempo.
Entre las fallas, se señaló que existen “deficiencias en el control efectuado por la Aduana a través del circuito cerrado de televisión (CCTV)”, una “inadecuada distribución de cámaras de monitoreo entre las Aduanas” y la “existencia de puntos operativos con incorrecta e imprecisa visualización en cámaras de las Aduanas”.
También se advirtió la falta de un proveedor de mantenimiento para las cámaras y problemas en el tiempo en el que se guardan las imágenes que captan.
Este informe es uno de los primeros realizados por la Sigen sobre la gestión libertaria. El estudio comprende todo el año pasado. De acuerdo con información de múltiples fuentes, 10 días después de comunicadas las falencias encontradas, ARCA solicitó la designación de una nueva persona al frente de la Unidad de Auditoría Interna.
Específicamente, se detectaron:
“De la evaluación realizada, se puede concluir que las tareas llevadas a cabo en la División Control Operacional del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero (C.U.M.A) dependiente de la Dirección General de Aduanas, referidas al objeto de auditoría, se llevan a cabo en un marco que presenta debilidades”, destacaron.
La auditoría fue formalmente comunicada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 14 de febrero de 2025 mediante la nota. El organismo pidió una prórroga el 26 de ese mes para dar respuesta a las deficiencias detectadas, la que le fue concedida, y recién el 14 de marzo su director ejecutivo respondió con observaciones y descargos.
Para la Sigen, las debilidades detectadas requerían que las autoridades “intensifiquen la adopción de medidas necesarias a efectos de optimizar las tareas relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.
El titular de la Aduana es José Andrés Velis. Trabajó durante 44 años en el organismo y conoce como pocos los engranajes internos. Su ascenso implicó el desplazamiento de Eduardo Mallea, quien había asumido tras la salida de Rosana Lodovico, apartada cuando se reveló que había tomado un préstamo de una empresa vinculada al contrabando. Velis, como Andrés Vázquez en lo que solía ser la Dirección General Impositiva, forman parte del armado que quedó bajo control de Santiago Caputo, con influencia y nombres arrimados por Leonardo Scatturice.
Continúa bajo investigación en la Justicia la llegada al país a fines de febrero en un avión privado procedente de Miami que transportaba a Laura Arrieta, empleada de Scatturice. Luego de que trascendiera que las diez valijas que transportaba no fueron revisadas, se vieron cámaras que constataron que hubo un llamado a alguien de la Aduana que aparentemente autorizó el paso, sin el control correspondiente.
“En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que las situaciones verificadas requieren intensificar la adopción de las medidas necesarias por parte de las autoridades responsables en orden a superar las debilidades apuntadas a efectos de optimizar las tareas llevadas a cabo por el organismo, relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera”, dice el informe.
Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
El juez rechazó el pedido para anular la causa de las supuestas coimas en la compra de remedios para discapacitados

El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes el pedido para anular la causa iniciada por la filtración de audios donde el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se refería a un supuesto sistema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos que beneficiaba a Karina Milei.
El pedido de nulidad de la causa había sido presentado por Martín Magram, abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.
La defensa había solicitado la anulación de todo lo actuado, alegando una violación al derecho de defensa y la supuesta ilegalidad de los audios que dieron origen a la denuncia.
El fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, ya había adelantado su opinión para rechazar la nulidad.
Casanello dijo que hay razones de forma y de fondo para rechazar este pedido y consideró un “sofisma” el argumento de la defensa.
Casanello argumentó que es inadmisible un planteo efectuado por la defensa a ciegas, cuando la causa estaba en secreto. «“No puede admitirse en favor de la parte su ignorancia de las circunstancias por las que pretende tachar de nulidad algo que, en verdad, desconoce”, dijo Casanello
Dijo que la defensa echó mano a un “argumento circular construido sobre cursos hipotéticos”. La estrategia consistió en atribuir a las grabaciones el carácter de “prueba única”, algo falso, para luego denunciar su ilegalidad con el objetivo de “hacer caer todo lo actuado”.
Además, el fallo recordó que la jurisprudencia exige un perjuicio concreto para declarar una nulidad. La defensa solo invocó un perjuicio genérico derivado del proceso penal mismo, lo cual no es suficiente.
En cuanto al fondo del asunto, el juez validó la forma en que se inició la investigación: una denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, a partir de información periodística.
Respecto de la presunta violación del derecho a la intimidad, el fallo se apoyó en abundante jurisprudencia que sostiene que la grabación realizada por un particular que participa en la conversación es lícita.
Se citó la postura de la Cámara de Apelaciones: “el riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro”, dijo la Cámara.
De esta manera, al transmitir pensamientos o comunicaciones a otro, se asume el riesgo de que ese otro “retransmita aquello que escuchó”. Esta jurisprudencia es de 1997 y se empezó a construir a partir del uso de la cámara oculta.
El juez también resaltó que las garantías constitucionales que limitan las injerencias arbitrarias están “dirigidas a los funcionarios públicos”, no a los particulares que documentan un posible ilícito. Es decir un policía no puede obligar a alguien a declarar contra si mismo en un registro oculto, pero un periodista o ciudadano puede registrar una conversación sobre esa circunstancia.
“Cuando un ciudadano trae este tipo de diálogos extrajudiciales, es importante saber de inicio que las reglas de garantía -como la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo- no son oponibles a los particulares sino que se tratan de límites constitucionales dirigidos a los funcionarios públicos”, escribió el juez.
Dijo Casanello que el valor probatorio de los audios «debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a los fines de acreditar el hecho que se investiga“.
El juez destacó que estas grabaciones “pueden convertirse en prueba documental, mas no podrían ser consideradas declaraciones testimoniales o confesiones”. “No son actos representativos en sí mismos sino cosas que sirven para representar algo, como una entrevista publicada”, ejemplificó. y señaló que debe considerarse cómo se obtuvo, cómo se incorpora al procedimiento y cómo se lo valora.
En este sentido analizó los tres extremos y concluyó que no existen reglas jurídicas que prohíban a un particular grabar una conversación sin autorización judicial y dijo que la jurisprudencia local e internacional respaldan a idea de la legalidad de la evidencia entregada por un particular a un magistrado.
Finalmente, el magistrado recordó la “gravedad de las maniobras corruptas objeto de investigación” y la obligación internacional del Estado Argentino de investigar estos fenómenos, descritos como “corrosivo” y que “socava la democracia”.
Hernán Cappiello,Conforme a
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