POLITICA
Tragedia de Once: la Corte rechazó un pedido de Julio de Vido para que le bajen la pena y ratificó su condena de 4 años

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último recurso presentado por la defensa de Julio De Vido y ratificó la condena a cuatro años de prisión por la tragedia de Once.
Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte desestimó el recurso de reposición in extremis que habían presentado los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes buscaban revertir el fallo del pasado 11 de noviembre alegando “errores graves” y solicitando la prescripción de la causa.
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Los jueces fueron tajantes y recordaron que las sentencias de la Corte “no son susceptibles de ser revisadas” mediante recursos de reconsideración o nulidad, salvo en casos de errores materiales manifiestos, una excepción que no aplica en este expediente.
“Se desestima el planteo formulado. Notifíquese y estese a lo oportunamente resuelto por el Tribunal”, concluyó el fallo que cierra definitivamente la vía recursiva para el exministro en esta causa.

Una formación de la línea Sarmiento no logró frenar cuando llegaba a la cabecera de Once, descarriló y chocó contra otra que estaba detenida en la estación. Hay cientos de usuarios heridos.
Foto: Leonardo Zavattaro/Télam/cb
Por la tragedia de Once, De Vido fue encontrado culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Justicia determinó que el entonces titular de Planificación Federal no controló el destino de los millonarios subsidios estatales que recibía la concesionaria TBA, fondos que debían usarse para el mantenimiento de los trenes y que, por su desvío, se dieron las condiciones del servicio que provocó el accidente del 22 de febrero de 2012, donde murieron 51 personas.
El proceso judicial de la causa
La causa comenzó en diciembre de 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) -concesionaria de la línea Sarmiento- y a exsecretarios de Transporte como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
La investigación determinó que el accidente fue causado por el deficiente mantenimiento de los trenes, pese a los subsidios estatales recibidos, sumado a una conducción imprudente. En esa instancia, se dispuso profundizar en la responsabilidad del titular de Planificación.
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Tres años después, en 2018, el Tribunal Oral Federal 4 dictó una condena de cinco años y ocho meses para De Vido por fraude al Estado, al concluir que no ejerció el control necesario sobre los fondos públicos destinados a TBA, pero fue absuelto del cargo de estrago culposo, que lo vinculaba directamente al accidente y sus consecuencias.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez destacaron una “cadena de responsabilidades” entre De Vido y otros involucrados más cercanos a la operación diaria del servicio y advirtieron la falta de supervisión ministerial pese a alertas sobre el deterioro del sistema ferroviario.
Posteriormente, Casación avaló la condena, lo que motivó un recurso ante la Corte Suprema. Inicialmente, el máximo tribunal confirmó la absolución por estrago. Luego, en agosto de 2024, validó la culpabilidad por defraudación, pero ordenó revisar la pena.
Esta resolución dividió opiniones: Rosenkrantz, Lorenzetti y el conjuez Mariano Borinsky formaron mayoría, argumentando inconsistencias en la sanción aplicada a De Vido en comparación con otros condenados por ambos delitos. En disidencia votaron Rosatti y la conjueza Marina Cossio.
El expediente regresó a Casación, donde en abril de este año se fijó la pena en cuatro años tras una audiencia. Tanto la fiscalía -que pedía una condena más severa- como la defensa -que buscaba una reducción- apelaron nuevamente, cuestionando la equidad del fallo en relación con figuras como Jaime.
El pasado 11 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención del exministro de Planificación, Julio de Vido, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a cuatro años de prisión.
Julio De Vido, Tragedia de Once, Corte Suprema
POLITICA
Siete diputados libertarios viajaron a China y visitaron el Partido Comunista

En pleno receso legislativo, una comitiva de siete diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) y uno de Pro viajaron a China entre el 8 y el 14 de enero. Según la diputada Juliana Santillán, que encabezó el grupo, los pasajes fueron cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China. El objetivo del viaje, informaron los participantes, fue fortalecer el intercambio comercial con el país asiático.
Santillan tiene a su cargo el Grupo de Amistad Parlamentaria (GAP) con China. Desde su despacho se coordinó la visita y se gestionó el itinerario.
Fueron parte de la comitiva los legisladores libertarios Fernanda Araujo, Mariano Campero, Emmanuel Bianchetti, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y Cecilia Ibáñez. También Martín Ardohain, de Pro.
Según informaron, se reunieron con empresas chinas con el objetivo de profundizar el intercambio comercial. Sobre todo en materia de exportación de productos argentinos como carne, pollo y granos. “Esto es muy importante. Va a incidir en la balanza comercial”, señaló un integrante de la comitiva.
La polémica se dio en torno a cómo se había financiado el viaje. Mientras que se acusó a la Cámara de Diputados de costear los pasajes y la estadía en China de los legisladores, en el despacho de Martín Menem lo negaron con contundencia y aseguraron que fue “una invitación”.
“La gestión fue secreta porque hubo muchas operaciones y para no generar ninguna rispidez entre países”, explicó uno de los diputados viajeros.
Es que Javier Milei sostiene un vínculo muy fluido con los Estados Unidos de Donald Trump, quien lo asistió con fondos cuando el tipo de cambio local amenazaba con dispararse, antes de las elecciones nacionales. Estados Unidos mira con recelo los acercamientos de China a la región.
Noticia en desarrollo
receso legislativo,pic.twitter.com/AKGoDLsiLs,January 15, 2026,Conforme a
POLITICA
El Gobierno estudia un reclamo de los gobernadores para avanzar en las negociaciones por la reforma laboral

Después de un corto período de descanso, la cúpula del Gobierno de Javier Milei retomó por estos días la actividad política con la finalidad principal de poder conseguir los votos para aprobar la reforma laboral.
En ese contexto es que se enmarcan las primeras reuniones entre el ministro del Interior, Diego Santilli, con diferentes gobernadores de la oposición dialoguista, a los fines de recabar las demandas de las provincias y devolver una contrapropuesta que satisfaga a las partes y permita la aprobación en ambas cámaras del Congreso.
El funcionario libertario viajó esta mañana a la provincia de Mendoza a reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Más tarde partirá rumbo a San Juan, donde lo espera el mandatario Marcelo Orrego. Ambos tienen una visión positiva del proyecto de ley que impulsan desde la Casa Rosada, pero tienen consideraciones particulares sobre ciertos artículos y pedidos propios de sus provincias que condicionan sus votos.
En su recepción a Santilli, Cornejo le va a hacer saber a Santilli que tiene diferencias respecto de uno de los puntos impositivos que hacen a la reforma laboral. Este es un reclamo común con más de seis gobernadores que pudo contactar Infobae.
Es que el proyecto que envió el oficialismo al Senado propone modificar la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades. Para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5% respectivamente.

¿En qué impacta esto a las arcas provinciales? En que la baja de la alícuota impacta en una menor recaudación de ese impuesto, el cual es coparticipable. En caso de prosperar, redundaría en una reducción del monto total que luego se reparte entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un cálculo que recibieron diversos mandatarios calcula que el beneficio fiscal se concentra en solo 144 grandes empresas e implica un 0,3% del PIB.
Así como otras provincias, Mendoza le pedirá al Gobierno que costee al menos temporalmente esa rebaja y posponer el costo impositivo para el 2027. “Vamos a ver la posibilidad de que se posponga, que se haga cargo el Gobierno Nacional de la rebaja impositiva solo en el año 2026 y que se pase para el 2027 o 2028″, indicó una fuente provincial al tanto de las conversaciones.
Todo lo que tenga que ver con asuntos con implicancia fiscal hace que merme la influencia que puede tener la Mesa Política, que se reunirá mañana en Casa Rosada para evaluar las opciones a proponerle al Ministerio de Economía y al mismísimo Presidente, que se involucra en todos los asuntos que refieran a la planificación económica.
El cónclave que se dará mañana estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y asistirán la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que hace de enlace político y técnico entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Por las circunstancias y la relevancia del caso, el dato clave es que quien estará mañana será el ministro de Economía, Luis Caputo.
Y es que dos fuentes que integran esa mesa chica confesaron a Infobae que están pensando en proponer algún tipo de compensación o alivio a las provincias para que puedan apoyar el proyecto de reforma laboral. “Se va a trabajar en algo parecido a eso. Mañana vamos a definir”, afirmó uno de ellos.
Un informe reciente de la consultora Politikon Chaco indicó que los recursos nacionales de coparticipación cayeron 0,2% durante el tercer trimestre del 2025, llegando a totalizar unos $36 billones.

Aunque la Casa Rosada estudia ceder en estas negociaciones con una medida de alivio temporal para las provincias, Milei y su equipo más cercano consideran que Nación ya realizó el ajuste necesario para asegurarse el déficit cero, el pilar más importante de todo el programa económico que tiene hoy en día el oficialismo. “Ese objetivo no se va a mover y todo lo que hagamos va a ser respetando el superávit que tenemos hoy en día”, marcó una fuente inobjetable.
Lo que repiten en los despachos oficiales es que ahora es el turno de que las provincias se ajusten. “Ellos repiten que ya no pueden ajustarse más. Es porque todavía no purgaron curros que tienen”, repiten. En el oficialismo buscarán que el torniquete económico siga posándose con otras medidas indirectas sobre las provincias.
Se trata de un juego complicado para ambas partes. A pesar de haber incrementado sustancialmente la cantidad de bancas que tienen en ambas cámaras, La Libertad Avanza sigue dependiendo de los votos que tienen los gobernadores: sean en bloques o monobloques provinciales o con sus bancas que están insertas en espacios más grandes (como es el caso de la UCR, Provincias Unidas o votos puntuales dentro de Unión por la Patria), pero que no se mueven por adhesión partidaria, sino por las negociaciones que el respectivo gobernador tiene con la Nación. Asimismo, la mayoría de las provincias se encuentran en un punto de extrema sensibilidad de caja, por lo que también buscan colaborar con el Gobierno para tener transferencias (directas o indirectas) adicionales.
Por caso, Cornejo pedirá esta mañana por la reanudación de tres rutas nacionales que están inconclusas en la Provincia: los tramos de la Ruta 40 Mendoza/San Juan y Mendoza/Neuquén y los mantenimientos sobre la Ruta Internacional 7 que sirve de corredor hacia Chile. Más tarde, Orrego se enfocará en pedirle al Gobierno que se trate cuanto antes la Ley de Glaciares, la cual tiene una gran implicancia en aquellos territorios donde la minería es una actividad de peso.
POLITICA
La Justicia investiga transacciones con criptomonedas en el caso de Sur Finanzas

El juez federal Luis Armella abrió un nuevo capítulo en la causa que revisa la actividad de la financiera Sur Finanzas, en el que investiga transferencias con criptomonedas por parte de la firma de Ariel Vallejo, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Fuentes judiciales indicaron que las medidas tramitan bajo reserva, pero dijeron que incluyen informes patrimoniales y pedidos a organismos internacionales.
Por estas horas, en la causa se revisa todo el material recabado en los operativos. Esta semana, el juez ordenó analizar el contenido de 14 celulares de los celulares secuestrados, sobre los cuales ya se hizo una extracción forense, incluido el de Vallejo.
De toda la documentación que la Justicia tiene entre sus manos, llamó la atención de los investigadores información relativa a una transferencia en particular, realizada en criptomonedas, mediante la cual se ejecutó la venta de un jugador de fútbol al exterior. La paga de esa operación no entró al país. Así lo informaron a fuentes del caso, que no revelaron de qué jugador se trata.
Ahora, los investigadores buscan establecer si existieron otros contratos celebrados bajo esta modalidad y determinar posibles irregularidades en el manejo del dinero. “Se está intentando chequear si la operatoria se replicó en otros casos”, explicó una fuente del caso.
La causa se inició por operaciones realizadas con la financiera por el club Banfield, pero se fue ensanchando hasta abarcar una veintena de instituciones deportivas ligadas a la financiera y también a la AFA.
En agosto de 2022, Banfield se convirtió en el primer club del fútbol argentino en ejecutar una operación con activos digitales como moneda de pago cuando le vendió al Sao Paulo de Brasil a Giuliano Galoppo, hoy en River. La operación se realizó a través de la plataforma mexicana Bitso y con el activo USD Coin (USDC), que corre aparejado al dólar.
Celulares
Por pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el juez dispuso analizar el contenido de 14 de los celulares secuestrados hasta el momento.
El análisis, en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), es “global”, dijeron las fuentes; es decir, no se llevará a cabo ningún filtrado con palabras clave.
Entre los aparatos se encuentra el del propio Vallejo, que lo entregó voluntariamente, junto con su clave.
En paralelo a este expediente, se tramita el que se abrió con la denuncia del Gobierno por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19.000 millones. Esta otra causa tramita en el juzgado de Federico Villena, por decisión de la Cámara.
la financiera Sur Finanzas,Conforme a
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