POLITICA
Transfuguismo y dictadura: las impugnaciones que marcaron la disputa por las bancas en la historia del Congreso
La impugnación al pliego de la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, reabrió un debate histórico que el Congreso revisita cada vez que un nombre llega cuestionado al recinto. El PJ de Río Negro la acusa de tener un “pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador”, lo que −según el planteo− configura “inhabilidades morales, éticas y constitucionales” que impedirían su asunción el 10 de diciembre.
Villaverde fue detenida en 2002 en Estados Unidos por tenencia de drogas, pero ese expediente ya se cerró. Se la acusa, además, de estar vinculada a Claudio Ciccarelli, primo de Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por presuntos nexos con el narcotráfico.
La Comisión de Asuntos Constitucionales analizó este miércoles el escrito y el caso quedará ahora en manos del pleno del Senado, que decidirá el viernes próximo si Villaverde jura o asume su reemplazo.
El episodio vuelve a poner en primer plano un poder poco visible pero central del Parlamento: el que le otorga el artículo 64 de la Constitución Nacional para ser “juez de las elecciones, derechos y títulos” de sus miembros. Esa facultad ha sido ejercida con criterios cambiantes según la época y el clima institucional. En democracia, sus hitos se construyeron alrededor de debates éticos, responsabilidades durante la dictadura y disputas de representación, según información provista a por la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Antonio Bussi. Electo diputado en 1999, llegó impugnado por su actuación como general del Ejército durante la última dictadura en Tucumán. Tras un debate extenso, la Cámara baja rechazó su incorporación en mayo de 2000. Bussi judicializó la decisión, pero tanto la Cámara Nacional Electoral como la Corte Suprema confirmaron el criterio del Congreso.
Cinco años después, otro caso de fuerte impacto público siguió un camino similar. Luis Patti, electo en 2005, enfrentó impugnaciones por su participación en delitos de lesa humanidad como miembro de la policía bonaerense durante la última dictadura militar. Diputados decidió impedirle jurar en la sesión preparatoria.
Patti obtuvo inicialmente un fallo favorable de la Justicia, pero la Corte Suprema ratificó la potestad del Congreso para bloquear su asunción. En 2011 fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación para ejercer cargos públicos, pena que hoy cumple en su domicilio.
Otro caso de gran impacto mediático fue el de Eduardo Borocotó. Elegido por Pro en 2005, anunció antes de jurar que se integraría al oficialismo kirchnerista. El macrismo intentó impugnarlo con el argumento de que la banca pertenecía al partido, pero la Cámara rechazó la objeción y habilitó la jura. Ese episodio fijó un criterio: el mandato es personal, no partidario.
En el Senado, la última gran controversia ocurrió en 2013 con el pliego de Gerardo Montenegro. La UCR objetó que las tres bancas de Santiago del Estero quedaran en manos del Frente para la Victoria, estructura política que orbitaba alrededor del gobernador Gerardo Zamora.
El argumento radical era que esa distribución violaba el espíritu de proporcionalidad que dicta la Constitución Nacional. El oficialismo defendió la validez del título y decidió tomar juramento sin esperar la resolución judicial. La impugnación finalmente quedó rechazada y Montenegro asumió.
Más allá de estos episodios de alto perfil, existen antecedentes menos conocidos. En 2007, Diputados desestimó la impugnación contra Carlos Anauate, electo por Santiago del Estero, al considerar infundados los planteos para correrlo. Asumió como reemplazo tras la intervención federal al juarismo, que había controlado la provincia durante décadas. No pudieron desplazarlo.
En 2003 quedó en la historia uno de los casos más duros fuera de los cuestionamientos de lesa humanidad: el del conservador Raúl “Tato” Romero Feris.
Electo senador nacional por Corrientes (Partido Nuevo), su pliego fue impugnado por el peronismo, que sostuvo que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar la banca debido a causas judiciales pendientes que investigaban fraude y enriquecimiento ilícito. La Cámara Nacional Electoral le prohibió asumir. Fue una de las pocas impugnaciones que prosperaron en el Senado.
El antecedente más antiguo tiene casi cien años, de 1927. Todos ellos delinearon un conjunto de criterios que vuelven a emerger cada vez que un pliego llega cuestionado.
En Diputados, el reglamento solo admite dos causales: la falta de requisitos constitucionales −edad, ciudadanía, residencia− o la existencia de irregularidades electorales. Si el planteo demuestra la violación de alguno de esos requisitos, el diputado electo no jura y el caso pasa a comisión; si requiere investigación, puede jurar mientras tanto. La decisión final exige dos tercios de los votos y, si no se resuelve en tres meses, la impugnación se considera desestimada.
En el Senado, el procedimiento es más flexible. La Cámara no establece un umbral específico para rechazar una incorporación. Sí define que los senadores electos pueden integrar el quorum de la sesión preparatoria en la que se evalúan sus nombres, pero no participar de la votación sobre su propio pliego.
El caso de Villaverde, entonces, será revisado por un Senado ya renovado y con ella sentada en el recinto. LLA debutará con un bloque de 21 integrantes y, junto con sus aliados, podría reunir los votos necesarios para frenar la avanzada opositora. En rigor, detrás del intento de impugnar a la senadora electa por Río Negro, la oposición busca sobre todo condicionar la agenda legislativa en un momento en que el oficialismo ingresa en una etapa de mayor fortaleza política.
Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,El nuevo escenario. Los gobernadores del PJ se desmarcan de Cristina y arman su propia estrategia para enfrentar a Milei,,Luz verde y una condición. Para evitar la fractura del PJ, Cristina bajó un mensaje a los gobernadores que negocian con Milei,,Privatizaciones bajo la lupa. El Congreso demanda mayor transparencia en las tasaciones y exige definir autoridades de control
POLITICA
ADEPA expresó su preocupación por las presuntas operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación ante la maniobra difundida por un consorcio internacional de periodistas sobre una supuesta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero dirigida a desprestigiar al gobierno argentino mediante el uso de contenidos publicados en medios locales.
De acuerdo con el comunicado de ADEPA, si estos hechos se confirmaran, representarían una forma inadmisible de injerencia externa y un intento por manipular el debate público bajo apariencias de información profesional. La organización advirtió que este tipo de campañas ilegítimas no solo desvirtúan el rol del periodismo basado en la búsqueda y verificación de hechos, sino que podrían dañar la confianza pública en los medios.
La advertencia también incluyó un llamado a evitar generalizaciones que cuestionen de manera infundada el ejercicio profesional del periodismo, así como una exhortación a los medios para que refuercen los procesos de verificación y fiscalización del origen de la información publicada. ADEPA insistió en la importancia de mejorar estos controles como recurso fundamental para preservar la calidad periodística y la confianza social.
Finalmente, la asociación periodística pidió que la investigación en curso se profundice y que las autoridades pertinentes adopten medidas para evitar la repetición de este tipo de prácticas.
De qué se trata la supuesta campaña rusa
Según la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Justicia, el financiamiento de operaciones de desinformación atribuidas al régimen ruso habría implicado un desembolso superior a USD 283.000 destinados a más de 250 publicaciones en 23 medios digitales locales. De acuerdo a declaraciones del propio Monastersky, el peligro de este esquema radica en su capacidad para alterar la formación de la voluntad del electorado y comprometer la integridad del sistema democrático argentino, especialmente durante periodos electorales.
La acusación judicial, presentada como “averiguación de ilícito”, solicita determinar si las prácticas descritas constituyen delitos tipificados en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional o si configuran atentados contra el orden constitucional. El letrado explicó que la maniobra investigada involucra aproximadamente a 25 medios de comunicación y un volumen de publicaciones inédito en el país. “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina y me animo a decir en la región”, precisó Monastersky.
La investigación impulsada por Monastersky cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas, hecho que el propio denunciante considera fundamental para la credibilidad del caso. “Le da verosimilitud. No estamos hablando de medios afines al gobierno los que están planteando que habría existido esta situación de una infiltración de información a pedido de Rusia para desestabilizar a Javier Milei. El consorcio es completamente pluriideológico”, subrayó.
En el texto de la denuncia entregado al juzgado consta que la posible inserción de operaciones coordinadas, con financiamiento extranjero, podría afectar de manera directa la transparencia del debate público. El documento recalca la necesidad de que la justicia individualice las conductas y establezca responsabilidades, ya que tanto periodistas como medios podrían haber sido engañados respecto al origen o los fines del material difundido.
Esta preocupación fue acentuada por Monastersky. Distingue entre el rol legítimo del periodismo y la figura del operador disfrazado de periodista: “Hay que ser prudentes. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, y otra cosa son los operadores disfrazados de periodistas”, manifestó en la entrevista con el equipo de Infobae al Regreso.
La investigación requirió al juzgado que remita vista al Ministerio Público Fiscal para que impulse la acción penal, teniendo en cuenta la posible aplicación de la normativa de inteligencia. El abogado puntualizó que la denuncia no califica preliminarmente los hechos para no forzar una figura penal y destacó la urgencia de actuar con celeridad para resguardar pruebas.
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El presidente Javier Milei fijó su postura sobre la eutanasia, a raíz del caso Noelia Castillo, la joven española de 25 años que decidió poner fin a su vida tras una serie de padecimientos físicos y mentales y una larga batalla legal.
Luego de su participación en Madrid Economic Forum y del encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, el mandatario manifestó su rechazo personal a la práctica, al definir la vida como “un regalo” que debe ser honrado diariamente, en declaraciones ofrecidas al diario español El Debate.
“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que además debemos honrarlo. Es un motivo de alegría que cada día nos levantemos y podamos vivir. No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta, por decirlo de alguna manera. Si usted me pregunta a mí, yo estoy en contra de la eutanasia. Digamos, esa es mi posición”, argumentó.
Sin embargo, Milei, si bien aseguró que intentaría disuadir a quien tomara esa determinación, subrayó que no se inmiscuiría en las resoluciones privadas de los individuos.
“Si yo quisiera a alguien que se quiere suicidar o llámalo como quieras, mi recomendación es que no lo haga. Yo no lo haría. Yo le recomendaría que no lo haga. Y si usted lo quiere hacer, yo estaría dispuesto a hablar con usted para tratar de convencerle de que no lo haga. Pero la decisión final es suya. Es decir, yo no me meto en las decisiones de la gente”.
Noticia en desarrollo
Noelia Castillo,Javier Milei,Eutanasia,Conforme a,,$78.000 mensuales. Piqueteros anuncian cortes en la Ciudad y en puntos de todo el país para pedir que no anulen un plan,,Espionaje ruso. El Gobierno prohibió el acceso a periodistas acreditados de los medios que publicaron notas de la campaña contra Milei,,Créditos hipotecarios del Nación. Los diputados libertarios cierran filas y acuerdan no alimentar la polémica en redes,Javier Milei,,Espionaje ruso. El Gobierno prohibió el acceso a periodistas acreditados de los medios que publicaron notas de la campaña contra Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: encuentro bilateral con su par chileno Kast y reunión de Gabinete en Casa Rosada,,Casa Rosada. Milei encabezó la reunión de Gabinete y dio otra señal de apoyo a Adorni
POLITICA
La Casa Rosada les negó el acceso a los periodistas de los medios involucrados en la campaña rusa contra Milei
La Casa Rosada les prohibió este lunes el acceso a varios periodistas de los medios que fueron señalados como parte de una operación de inteligencia rusa para desacreditar al Gobierno. Bajo esa directiva, Martín Menem también denegó el acceso a otros acreditados en la Cámara de Diputados.
Personal de Casa Militar fue colocado en la entrada de Balcarce 50 para preguntar a todos los ingresantes a qué área pertenecían. Ante la respuesta de “prensa”, el personal comunicaba a los distintos acreditados si estaban o no habilitados para pasar.
Así, a un grupo de periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape se les impidió entrar a la Casa de Gobierno. Se trata de los medios acusados de presuntamente publicar notas destinadas a menoscavar al Gobierno y que habrían recibido dinero de la inteligencia rusa para hacerlo.
Noticia que está siendo actualizada
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ADEPA expresó su preocupación por las presuntas operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso
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