POLITICA
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
Tras 16 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una demanda colectiva por el ajuste de las jubilaciones y volvió a exigir al Congreso Nacional que nombre al Defensor del Pueblo, cargo que está vacante desde hace más de 15 años.
El máximo tribunal también exhortó al Congreso a legislar sobre los procesos colectivos para darles un camino legal.
Lo hizo al rechazar la demanda contra el Estado nacional que en 2009 había impulsado Eduardo Mondino, el entonces Defensor del Pueblo, para que a través de un amparo colectivo se hicieran extensivos los alcances del “Caso Badaro”, a todos los haberes de jubilados y pensionados.
El argumento fue que el Defensor del Pueblo no tiene legitimación y cambiaron las circunstancias en estos años.
El camarista Juan Fantini, integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, afirmó ante el fallo: “El fallo era necesario; salió a destiempo, 16 años después; como no se cubre desde hace décadas el cargo de defensor del pueblo y como, en el medio, hubo una reparación histórica, hoy no se puede más que rechazar el planteo”.
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que en el trámite que insumió la demanda no solo se habían establecido pautas en la Corte sobre los procesos colectivos sino que, además, una ley había intentado dar respuesta a los jubilados en sintonía con el fallo Badaro.
Por eso, la Corte Suprema sostuvo que el amparo no era la vía admisible sino que, además, ya no estaba claro cuál era el alcance del grupo afectado.
“Corresponde reiterar la exhortación formulada en Fallos: 339:1077 y Fallos: 339:1562 al Congreso de la Nación para que cumpla con su deber constitucional plasmado en el art. 86 y designe al Defensor del Pueblo de la Nación”, dijo la Corte.
Asimismo, reiteró la Corte lo que ya había dicho hace 15 años en el caso “Halabi” al Congreso de la Nación para que “se sancione una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos”.
Con las mismas exhortaciones, por su parte, el juez Ricardo Lorenzetti opinó que “la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”.
Y agregó que la Defensoría del Pueblo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados afectados.
Según señaló, “la regla es que los titulares de un derecho a la movilidad jubilatoria pueden accionar individualmente ante la omisión del cumplimiento por parte del Estado y “por consiguiente, el Defensor del Pueblo de la Nación no tiene legitimación para sustituirlos en cuestiones patrimoniales, ya que no hay ninguna ley que así lo establezca”.
También afirmó que los afectados era “personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales” y que “pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones aquí denunciadas por el pretensor”.
Adolfo Badaro era un conductor de buques que se jubiló en el año 1983 y fue a los tribunales sosteniendo que con la ley de Solidaridad Previsional de 1995 su jubilación había quedado desactualizada, la crisis del fin de la convertibilidad había afectado su ingreso y los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo – con posterioridad a la crisis de 2002- solo tenían repercusión para los jubilados que cobraban la mínima.
En su demanda, la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Solidaridad Previsional (que contenía las pautas de movilidad) y ordenó el reajuste del haber jubilatorio del actor a partir del 1 de abril de 1995 según el valor Módulo Previsional.
Tanto el jubilado como la ANSES apelaron y en 2006 el caso llegó a la Corte Suprema, que revocó la sentencia y estableció que era un deber del Poder Legislativo reglamentar la garantía de movilidad jubilatoria, fijando un índice de actualización.
El Gobierno de entonces consiguió sancionar la Ley 26.198 que, entre otros puntos, otorgó un aumento del 13%, a ser percibido por todos los jubilados, pero Badaro volvió a ir a la Corte Suprema por entender que esa nueva ley no cumplía con las pautas fijadas por el máximo tribunal en lo relacionado con la comprensión y alcance de la garantía de la movilidad.
La Corte entonces declaró la inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2° de la ley 24.463 y estableció, ella misma, las pautas de movilidad: dispuso que la prestación de Badaro se ajuste, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Para ese momento, en los tribunales previsionales se agolpaban presentaciones de otros jubilados que estaban en la misma situación inicial que Badaro.
Y el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, en nombre del universo de todos los jubilados y pensionados, promovió una acción de amparo con el objeto de que se condenara al Estado Nacional a adoptar las medidas adecuadas para el cese de la omisión en que habría incurrido al no conceder a las jubilaciones y pensiones la movilidad garantizada por la Constitución Nacional.
En aquella presentación, solicitó que se dispusiera un ajuste por movilidad en beneficio de los jubilados y pensionados que se encontraban en la misma situación previsional que la examinadas en el caso Badaro.
Ahora, en un voto conjunto, los jueces Rosatti y Rosenkrantz explicaron que a la hora de decidir había que considerar una serie de circunstancias que habían sucedido a lo largo del “largo trámite” de la causa: el desarrollo de los recaudos del proceso colectivo, la vacancia del cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y la sanción del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260 (“Ley de Reparación Histórica”) “que tienen un impacto directo a la hora de dictar la presente sentencia”, dijeron.
Según se recordó, la Corte Suprema fijó criterios sobre los procesos colectivos como requisitos para su admisibilidad y trámite.
Pero la Defensoría del Pueblo nunca pudo evaluarlos: Mondino se fue de ese cargo en 2009 y desde entonces el Congreso Nacional nunca nombró a un sucesor.
“Esta prolongada vacancia en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación — órgano específicamente legitimado para la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional dificultó sin duda alguna el trámite del expediente, pues el demandante no tuvo oportunidad de acomodar la demanda a los recaudos elementales que surgen de los fallos y acordadas mencionados en el párrafo anterior y que resultan condicionantes para que un proceso colectivo sea admisible y, de este modo, pueda ser tramitado”, dijeron Rosatti y Rosenkrantz.
Es más: señalaron que “si aún por hipótesis se siguiera la posición más favorable para el demandante” para dar por cumplidos los recaudos que hacen a la viabilidad del proceso colectivo y a su legitimación, correspondería, de todos modos, rechazar la vía del amparo” por entender que no era el “carril adecuado” para encausar el planteo.
A este escenario, dijeron Rosatti y Rosenkrantz, había que sumar otros dos frentes: los afectados que promovieron demandas individuales y tuvieron éxito en estos años, y la sanción de la ley que envió al Congreso el Gobierno de Mauricio Macri de reparación histórica, que buscaba sanear la situación abierta con el fallo Badaro, en donde se dispuso que la movilidad del haber previsional para el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 debía calcularse con el índice salarial del INDEC para aquellos que adhirieran al programa establecido por esa ley (que incluía la renuncia a reclamos judiciales).
“De lo expuesto surge que la sanción de la Ley de Reparación Histórica modificó las circunstancias existentes en el momento de la promoción de la presente acción, pues el demandado ha ofrecido a cierto universo de beneficiarios la posibilidad de adherirse a un programa para satisfacer en los términos allí fijados el derecho que se intenta hacer valer a través de esta acción”, señalaron Rosatti y Rosenkrantz.
Hernán Cappiello,Conforme a
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En una sesión que se prevé extensa, el Senado tratará la reforma laboral con un kirchnerismo con estrategia propia
Después de un dictamen de mayoría que apuró en diciembre pasado la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), y que tuvo que recibir un reciente ramillete de modificaciones a favor de gobernadores, CGT y empresarios, un conglomerado conformado por 21 oficialistas y, en principio, entre 16 y 23 opositores “dialoguistas” -según la votación- intentarán aprobar este miércoles y girar a Diputados la ley de reforma laboral, un tema más que sensible y con un par de nocauts en su haber desde el regreso de la democracia.
Se prevé una jornada extensa en la Cámara alta. La sesión extraordinaria tiene las 11 como horario de inicio. Siempre hay media hora para obtener el quorum, de 37 sobre 72 -mitad más uno del pleno- sentados en sus bancas. La cantidad de horas no será estimada hasta que no se sepan bien los oradores que expondrán sobre la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo debido a que, ayer, oficialismo y dialoguistas no lograron consensuar un encuentro con relativa calma ante el kirchnerismo. Ocurrió en Labor Parlamentaria.
El interbloque más crítico en el Senado, que comanda el formoseño José Mayans (Formosa), pensó -como contó Infobae el lunes- no asistir a dicho convite e ir al recinto directo, reglamento en mano -curioso, según antecedentes de gestiones pasadas- para imponer el máximo de tiempos permitidos para oradores clásicos, miembros informantes y presidentes de bancadas para el cierre de la discusión. Al final, la plana mayor cristinista se presentó y, tras algunos enojos, oficialismo y dialoguistas dejaron el camino liberado a sus pretensiones que, por supuesto, incluirán -al menos- un homenaje y varias cuestiones de privilegio. La frase recomendada por expertos del Congreso es que los rivales se lleven los discursos; el Gobierno, la ley.
Ante este panorama, y con entre 15 peronistas anotados y un puñado extra que aún duda disertar en el recinto, más los informantes y legisladores libertarios y potenciales aliados que hagan uso de la palabra, la votación en general se extendería hasta bien entrada la noche, en el peor de los casos. Esto no sería lo más importante: la definición en particular es trascendental y, ahí, todo deberá funcionar como un reloj suizo. Por eso la casi confirmada participación para leer los cambios al texto que tendrá el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Su discreto equipo es de lo más profesional que puede mostrar la Cámara alta hoy en día.
¿Por qué se menciona un mínimo de 16 y un máximo de 23 acompañantes? La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto. En especial, para la votación en particular. A modo previo, se podría deslizar que para la compulsa en general habría 42 adhesiones, como piso más bajo. Distinto caso para la segunda, donde se presume flexibilidad.
Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Natalia Gadano -sugestivos silencios de ambos en los últimos días-, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.
Los que pasaron desapercibidos sobre cómo se moverán, pero se encuentran en una ya agobiante -y multi operada- guerra sobre si se van o no del interbloque kirchnerista, son los cinco senadores de Convicción Federal. Este espacio es manejado por el puntano Fernando Salino. Hasta anoche, entre sus integrantes dieron diversas respuestas ante diferentes bloques que consultaron por el destino de sus votos. En el Presupuesto 2026, hubo acompañamiento selectivo. La realidad allí es que algunos responden a gobernadores y fueron maltratados sin cesar por el cristinismo. Suelen no quejarse ni armar novelas. En cambio, otros aprovecharon para juguetear en ambos bandos y armar rencillas interminables. A esta altura, inviable para todos.
Horas atrás, este medio informó que en Labor Parlamentaria sí se pudo congeniar, de no mediar sorpresas de último minuto -aquí siempre se mira hacia Balcarce 50-, la votación en particular por títulos. Esto implica un proceso más acelerado -aunque seguirá lo engorroso y complejo-, con la posibilidad de abrir pocos capítulos a dialoguistas que no quieran avalar una sección de los mismos. En el borrador final -aún se revisaban palabras, algo insólito por el tenor del asunto-, aparecen más de 200 artículos. Fueron casi dos meses de negociación.
POLITICA
Cuadernos de las Coimas: un exfuncionario cargó contra los “delatores” y se calienta el juicio
La ola de objeciones contra el desarrollo del juicio por los Cuadernos de las Coimas -la megacausa de corrupción que nació con las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación- continuó este martes con los planteos de cuatro empresarios arrepentidos y un exfuncionario del kirchnerismo.
El primero en exponer fue Manuel Ubeira, abogado defensor de Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde la cual se contrataba a empresas vinculadas al presunto esquema de coimas. Thomas fue señalado como un engranaje clave en el mecanismo: desde su función de director, habría oficiado de nexo entre empresarios y funcionarios en uno de los tramos de la maniobra. Por eso, fue acusado por la fiscalía como parte de la asociación ilícita.
En su descargo, Ubeira -que en otras causas es abogado de la expresidenta Cristina Kirchner- apuntó contra la ley de arrepentido, uno de los pilares de este expediente. Con un amplio abanico de alusiones históricas y sociológicas, cuestionó la constitucionalidad de la norma y el presunto uso “extorsivo” que habrían hecho de ella el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.
“Siempre que hubo una persona en objeto de investigación, siempre tuvo la posibilidad de sumarse al poder de turno para incriminar a otros y ver si obtenía alguna ganancia”, arremetió.
Sostuvo que la ley es un subproducto de la Constitución de 1994, -algunos de cuyos aspectos criticó-; que está impulsada por la “economicidad procesal” y que no busca “averiguar la verdad” sino “liquidar causas”.
Dijo también que la Corte Suprema todavía no se había “expedido de forma clara” respecto a la norma (27.304), pese a que en 2023, el máximo tribunal la respaldó al desestimar una presentación de la defensa del exministro Julio De Vido que cuestionaba la ley.
Ubeira optó por realizar su planteo frente a los jueces, de manera presencial, en el Tribunal Oral Federal N°7, ubicado en el Palacio de Tribunales. El abogado hizo un paralelismo del arrepentido con la figura del “buchón”, recitó fragmentos de Borges, pasajes de la Biblia, aludió “a la última cena” de Leonardo da Vinci y se remitió a conceptos sociológicos, entre otras estrategias, para sostener que “la delación hiere los sentimientos más profundos y básicos de lo que nosotros en lo cotidiano manejamos”.
“¿Para qué necesitamos la ley del arrepentido?”, interpeló. “Los compañeros míos del arrabal detestaban al buchón, al vigilante, al botón”, graficó en otro tramo de su presentación.
El planteo tuvo lugar en una instancia previa a las indagatorias del juicio, que está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar en esta etapa.
Casi una treintena de los 86 imputados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, solicitaron al tribunal exponer sus reparos contra el proceso, muchos de los cuales ya fueron atendidos en instancias anteriores y rechazados.
El resto de los imputados
Después que el exfuncionario Thomas, distintos empresarios que declararon como imputados colaboradores presentaron diversos planteos, nulidades o requerimientos adicionales.
Fueron Rodolfo Poblete, gerente de Hidrovía S.A, quien admitió haber pagado 600 mil dólares en 2010 a Roberto Baratta, la mano derecha del exministro Julio de Vido; Alberto Taselli, presidente de Faraday S.A. y hermano de Sergio Taselli, que también forma parte del juicio; Miguel Marcelino Aznar, de la firma Decavial S.A, señalado por organizar la recaudación en torno a los corredores viales y acusado como miembro de la asociación ilícita.
Por su parte, el empresario Armando Loson, de Albanesi S.A., dirigió sus críticas contra los dos cuadernos que lo incriminan en la maniobra.
Apoyado en un peritaje de Gendarmería y en otro procedimiento privado, su abogado, Ricardo Gil Lavedra, dijo que dos de los ocho cuadernos de Centeno habían sido adulterados y que su cliente Loson no debía ser juzgado en el proceso. “Las menciones a Armando Loson en los cuadernos 7 y 8 son producto de enmiendas tachaduras y agregados de terceras personas diferentes a Centeno”, afirmó.
También sostuvo que Loson “fue forzado a arrepentirse” y dijo que cuando estuvo preso “se le hizo saber que obtendría la libertad si se arrepentía”.
Hasta ahora, muchos de los planteos realizados contra el caso en esta etapa apuntaron a intentar deslegitimar el origen de la causa y a cuestionar el uso que el fiscal Stornelli y el juez Bonadio hicieron de la ley del arrepentido, uno de los ejes centrales del caso junto a los cuadernos del chofer Oscar Centeno, dados a conocer por , con anotaciones repletas de detalles sobre el sistema de cobros que hoy está siendo examinado en el juicio.
En la hoja de ruta trazada por el Tribunal está previsto que las indagatorias comiencen en marzo.
juicio por los Cuadernos de las Coimas,Federico González del Solar,Los cuadernos de las coimas,Conforme a,,Por la valija de Antonini Wilson. La Corte dejó firme la condena a Uberti y debería quedar detenido,,Caso Seguros. Procesaron al exintendente de la Quinta de Olivos y a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández,,Hostigamiento digital. Investigan si hubo un ataque coordinado de tuiteros libertarios contra Villarruel,Los cuadernos de las coimas,,Cuadernos de las Coimas. El abogado de Cristina pidió la nulidad del caso: denunció forum shopping y «aprietes» a arrepentidos,,Cuadernos de las Coimas. Se reactiva el juicio y Cristina Kirchner buscará anular el proceso,,Secretarios de los Kirchner: de la nada, a millonarios
POLITICA
La CGT marcha al Congreso en contra de la reforma laboral y el Gobierno asegura que aplicará el protocolo antipiquetes
La Confederación General del Trabajo (CGT) convoca a una movilización masiva frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que comenzará su tratamiento este miércoles en el Senado. La marcha está prevista a partir de las 15, en coincidencia con la discusión parlamentaria de la iniciativa oficial.
La central obrera decidió manifestarse luego de meses de tensiones con el Ejecutivo por el alcance de los cambios propuestos en el mercado laboral. La iniciativa oficial prevé modificaciones en aspectos como el cálculo de indemnizaciones, la regulación de jornadas laborales y la ultraactividad de los convenios, entre otros puntos que los gremios consideran perjudiciales para los derechos de los trabajadores.
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La marcha fue acordada en el seno del Consejo Directivo de la CGT, aunque en las últimas semanas se registraron diferencias internas sobre la estrategia a seguir. Mientras algunos dirigentes buscaban mantener canales de diálogo con el Gobierno y legisladores, otros sectores impulsaron una protesta más contundente, incluso con paralizaciones sectoriales. Finalmente se optó por la movilización sin anunciar un paro general unificado, aunque cada sindicato quedó habilitado a tomar medidas de fuerza propias para apoyar la convocatoria.
La protesta se da en un contexto de fuerte oposición sindical al proyecto del Ejecutivo, que los principales referentes de la CGT han calificado como “un avance que podría debilitar la negociación colectiva y limitar los mecanismos de representación gremial”. Distintas organizaciones sociales y sectores sindicales también han expresado su adhesión o sumado marchas y acciones en diversas provincias para visibilizar su rechazo.
La marcha como antesala de un paro nacional
La movilización está prevista para generar impacto político en el Congreso al mismo tiempo que se debate el proyecto, en un intento de presionar a los legisladores para que introduzcan cambios o lo rechacen. Desde los sindicatos sostienen que la protesta representa la preocupación de miles de trabajadores por las consecuencias que podría tener la reforma sobre la estabilidad laboral y los beneficios conquistados históricamente.
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La marcha fue convocada por la CGT y sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones. La jornada estará marcada por un fuerte despliegue de las fuerzas federales con el objetivo de garantizar la circulación y evitar confrontaciones, aunque se prevé que el vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso sea riguroso. El Gobierno aseguró que aplicará el protocolo antipiquetes.
El acto central servirá para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo. Desde la central obrera ya advirtieron que, de no ser escuchados, el siguiente paso será la convocatoria a un paro nacional.
La CGT denunció que el proyecto posee una “redacción maliciosa” que favorece a las grandes empresas y perjudica a las pymes. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la limitación de la autonomía sindical, la creación de un “fondo de cese laboral” para reemplazar las indemnizaciones tradicionales y la implementación de un banco de horas que, según los gremios, precariza la jornada laboral.
El operativo de seguridad del Gobierno para la movilización
El Gobierno desplegará el operativo antipiquetes, que consistirá en un operativo especial de seguridad en la zona del Congreso durante la movilización convocada para este miércoles, con vallados, cortes y accesos restringidos en distintos puntos del centro porteño. El esquema estará enfocado en ordenar el ingreso de manifestantes, resguardar el edificio parlamentario y garantizar el funcionamiento del recinto mientras se desarrolla el debate en el Senado.
Según lo previsto, los ingresos a la cámara de Diputados estarán habilitados únicamente por Riobamba y Bartolomé Mitre —para acceso y salida peatonal y cocheras— y por Sarandí e Hipólito Yrigoyen, donde funcionará una salida controlada para el personal. Además, habrá cierres totales y parciales en cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos y Alsina.
En paralelo, las distintas columnas sindicales y políticas tendrán puntos de concentración diferenciados para evitar cruces en la Plaza del Congreso. La CGT ingresará por Hipólito Yrigoyen, mientras que otros espacios —como organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y sectores del peronismo— se ubicarán sobre Avenida Rivadavia, Avenida de Mayo y calles aledañas, bajo monitoreo de las fuerzas de seguridad.
CGT, reforma laboral, marcha
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