POLITICA
Tras condicionar la aplicación de la ley de emergencia pediátrica, el Gobierno aumentó el presupuesto destinado a hospitales

Diez días después de la promulgación de la ley de emergencia pediátrica tras la aprobación en ambas cámaras, sobre la cual se condicionó su aplicación, el Gobierno aumentó el presupuesto destinado a hospitales. De momento, la ejecución de la normativa está suspendida porque el Poder Ejecutivo no dispuso los fondos para aplicarla hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.
A través de la Decisión Administrativa 29/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo incrementó el presupuesto del Ministerio de Salud destinado a los hospitales Garrahan, El Cruce, Dr. Néstor Kirchner, Hospital SAMIC de El Calafate, Cuenca Alta Néstor Kirchner, Dr. René Favaloro y Néstor Kirchner. En total las partidas quedarán en $5.110.000.000.
Además reforzó el presupuesto de los hospitales Bonaparte, Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo y el instituto de rehabilitación psicofísica Juan Otimio Tesone.
“Si bien la ley se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine la fuente de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas correspondientes, el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”, informó el Gobierno en el documento que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
La aprobación de la emergencia pediátrica
Diez días atrás, el Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica –las cuales instan a entregar fondos y contemplan una recomposición salarial–, en el marco del último día de plazo para aplicarlas. Sin embargo, postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. En ambos decretos aclaró que la publicación se da “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629″, la cual establece: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
En la medida, que aun no fue ejecutada, el Gobierno decretó la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios destinados a bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial afectado al cuidado y atención pediátrica. Además se establece la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, asistencial y no asistencial; y se prevé la exención del impuesto a las ganancias para el personal de salud que se desempeñe en efectores públicos y privados cuando realice actividades críticas, horas extras o guardias.
También declaró al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad” y el Ejecutivo se encargará de reasignar partidas presupuestarias y aplicar recursos.
“Se pretende garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el adecuado funcionamiento de los hospitales públicos de atención pediátrica e implementar mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el territorio nacional, con independencia de la cobertura social”, justificó el Gobierno al condicionar la aplicación.
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POLITICA
La ley de Glaciares y penal juvenil: las reformas que impulsa el Gobierno a la par de la discusión laboral

Con el inicio formal de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo empieza a mover fichas para avanzar con dos reformas sensibles: la modificación de la Ley de Glaciares y el régimen penal juvenil. Son proyectos que quedaron relegados por la discusión laboral -la principal batalla legislativa del Gobierno-, pero que integran el temario de extraordinarias y forman parte de la hoja de ruta oficial. Por ahora, los avances son puntuales y el margen de maniobra, acotado.
La reforma ambiental, que redefine las áreas periglaciares y reduce el alcance de las zonas protegidas, ingresó por el Senado y ya cuenta con dictamen de comisión. El texto está en condiciones de discutirse en el recinto, por lo que ahora el foco se traslada a Diputados. Este martes a las 18, el bloque libertario celebrará su primera reunión del año con un invitado clave: técnicos de la Secretaría de Minería, que conduce Luis Lucero, expondrán los detalles del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, en el Senado, los libertarios se reunirán con la mira puesta en la reforma laboral, aunque no descartan incluir la cuestión ambiental en la agenda. Bajo la conducción de la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, se buscará ordenar la discusión y fijar los lineamientos para avanzar con las iniciativas oficiales. “No hablamos del tema porque los votos están”, confió un referente libertario a al ser consultado por los cambios propuestos en materia ambiental.
El contexto, sin embargo, obliga a la cautela. Con los incendios en el sur como principal preocupación de las provincias cordilleranas, el oficialismo evitó exponer el debate. Tras la declaración de la emergencia ígnea, no obstante, la discusión podría reactivarse. En ese marco, juristas y organizaciones civiles enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que cuestionan la constitucionalidad del proyecto y advierten que “pone en jaque el derecho constitucional ambiental”. Aun si prospera en el Congreso, anticipan, la reforma podría terminar judicializada.
La baja de la edad de imputabilidad, en tanto, todavía no tiene fecha cierta de tratamiento. La referencia sigue siendo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2024, que proponía fijar en 13 años la edad mínima para juzgar penalmente a un menor y habilitaba condenas de hasta 20 años de prisión.
Ese texto recorrió durante nueve meses un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones -Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto- y fue objeto de modificaciones sustanciales. En el dictamen que logró avanzar, el piso se elevó a 14 años y el tope de las penas privativas de la libertad se redujo a 15. Esa alternativa fue acompañada por aliados del oficialismo y por legisladores de Unión por la Patria vinculados al Frente Renovador.
La opción de bajar la edad a 13 no reunió respaldo suficiente, ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR, que anticipan que no modificarán su postura en un eventual nuevo debate. El despacho también incorporó criterios más restrictivos para la prisión efectiva, que solo se habilitaría para delitos con escalas penales de diez años o más, y reforzó las sanciones alternativas para el resto de los casos, con excepciones para homicidios y hechos de violencia grave. Además, reafirmó garantías procesales y estableció estándares estrictos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos y el acceso garantizado a educación y salud.
Para que la discusión se reactive, sin embargo, las comisiones deben estar formalmente constituidas. Por ahora, solo Presupuesto -a cargo de Alberto Benegas Lynch– y Legislación Penal -presidida por Laura Rodríguez Machado– cuentan con autoridades. Falta definir Justicia, que el oficialismo evalúa retener bajo la conducción del bonaerense Sebastián Pareja, y Familia, Niñez y Juventudes, que podría quedar en manos de bloques del centro como Provincias Unidas, donde suena el nombre de la radical Mariela Coletta.
Los tiempos apremian. El oficialismo tiene hasta el jueves para definir las autoridades de las comisiones pendientes y destrabar el inicio del debate. No se descarta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, convoque a una reunión de jefes de bloque para ordenar la discusión.
Con el feriado de carnaval en el medio, el margen para emitir dictamen y llevar los proyectos al recinto es mínimo. Si Diputados no acelera en los próximos días, la reforma quedará fuera del calendario de extraordinarias.
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La Justicia realizó un nuevo operativo en el aeropuerto de San Fernando por los vuelos de los helicópteros a la mansión de Pilar

Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en busca de información por los vuelos a la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino.
Concretamente, los agentes se presentaron en el hangar de la empresa Flyzar para obtener documentación clave: órdenes de vuelo y listados de pasajeros, que podrían esclarecer quiénes viajaron a la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa.
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En el lugar, los miembros de la PSA fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, el titular de la empresa, quién entregó la documentación solicitada.
Este operativo es el segundo realizado en el mismo lugar. El pasado 30 de enero, el juez ordenó buscar en las oficinas de Flyzar los registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y la lista de pilotos que operaron hacia la mansión de Pilar.
El foco de la investigación está en esclarecer la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los papeles, compraron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero la tasación oficial es de 17 millones de dólares.
La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían ser prestanombres de Toviggino o de terceros, ya que su perfil patrimonial no se condice con semejante inversión.
La Justicia también busca reconstruir quiénes fueron los pasajeros frecuentes de los helicópteros y qué tipo de carga se transportó a la mansión. El foco está puesto en determinar si hubo vuelos con dirigentes de la AFA y si se movieron bienes o dinero de manera irregular.
La causa, que investiga el patrimonio y los movimientos de la cúpula del fútbol argentino, había iniciado -por impulso de la Coalición Cívica- en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Y ahora, tras una movida polémica, el expediente recaló en Campana.
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Aguinsky ya les había tomado declaración a dos pilotos que hicieron viajes rumbo a la mansión de Pilar. Uno de ellos intentó justificar su presencia en la quinta diciendo que hacía “vuelos de entrenamiento”, pero ambos negaron haber transportado bultos o paquetes. Sin embargo, los investigadores detectaron que entre los dos sumaron más de 60 viajes a la propiedad de Pilar.
El juez también les mostró fotos para ver si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Toviggino como pasajeros. Los pilotos aseguraron que no podían identificarlos, lo que generó escepticismo, sobre todo porque no existen listas de pasajeros ni registros formales de carga que respalden sus dichos.
AFA, San Fernando, Justicia
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Congreso: con la reforma laboral en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias

Este lunes, el Congreso de la Nación da comienzo al período formal de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo y previsto hasta el 27 de febrero, previo al inicio de las reuniones ordinarias. El temario legislativo concentra iniciativas de alto impacto institucional, con la reforma laboral en el centro de la atención.
La agenda legislativa incluye, entre otros, proyectos vinculados a la ley penal juvenil, la protección ambiental de glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Principales proyectos de la agenda
- El eje central del debate será la reforma laboral. Desde el Ejecutivo se proponen modificaciones en materia de despidos, indemnizaciones y contrataciones, por ejemplo. Los legisladores también deberán discutir cambios en el sistema de cargas y aportes.
- Respecto de la reforma del régimen penal juvenil, se busca reemplazar el sistema vigente desde 1980. El proyecto propone, sobre todo, la reducción de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años, a 13 o 14, según las versiones en debate.
- Otro de los proyectos que debatirán diputados y senadores es la modificación de la Ley de Glaciares y del régimen de protección del ambiente periglacial. La propuesta apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una función hídrica comprobada.
- El temario se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación legislativa resulta necesaria para su eventual entrada en vigor.
- Las sesiones extraordinarias podrían incluir la consideración de designaciones diplomáticas y otras iniciativas puntuales, cuya incorporación dependerá de los consensos que se logren durante el desarrollo del período.
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