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Tras cumplirse los objetivos del Plan Bandera, el Gobierno disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario

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A casi dos años de que fuera creado el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), el Gobierno nacional confirmó su disolución definitiva. La decisión se basó en que se habían cumplido los objetivos planteados inicialmente, entre ellos, la disminución en la cifra de homicidios. Asimismo, remarcaron que ya había otros dispositivos nacionales capaces de cubrir sus tareas.

Por medio de la publicación de la Resolución 4/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, eliminó la política creada durante la gestión de Patricia Bullrich. “Deróguese la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad Nº 360 del 11 de mayo de 2024“, indicó.

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El documento no solo oficializaba la creación del GEANRO, sino que explicaba que su método de funcionamiento. “Tendrá por objeto colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y su Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos”, definieron.

De la misma manera, se había ordenado que el comando fuera compuesto por dos representantes de cada una de las fuerzas de seguridad y federales. Entre ellas, se incluyó a la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Bullrich con los integrantes del GEANRO

Así, el Ministerio de Seguridad Nacional profundizó su estrategia de intervención federal contra la criminalidad organizada durante 2024, lo que le permitió alcanzar resultados históricos en la provincia de Santa Fe y, especialmente, en la ciudad de Rosario.

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Según los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, las cifras mostraron descensos notables en homicidios y heridos por armas de fuego. Mientras que entre enero y diciembre de 2023 se registraron 398 víctimas de homicidio en esa provincia, al año siguiente ese número cayó a 176, lo que implicó una reducción superior al 55%.

En el departamento Rosario, la merma fue todavía más marcada, ya que de 261 homicidios en 2023 se pasó a 90 víctimas en el mismo periodo de 2024, una baja mayor al 65%. Asimismo, las personas heridas con armas de fuego en Rosario registraron otra caída significativa: de 801 en 2023 se llegó a 353 en 2024, es decir, más del 55% menos.

La continuidad en la mejoría de estos indicadores llevó a las autoridades a orientar una redistribución de recursos estatales en la ciudad, con la intención de focalizar los esfuerzos en la optimización y eficiencia de las fuerzas federales en terreno.

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De acuerdo con las explicaciones brindadas por el Ministerio, esta decisión respondió a la consolidación de dispositivos permanentes, como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro (GOC-CENTRO), y al cumplimiento del ciclo inicial del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), creado en el marco del Plan Bandera y considerado “una herramienta eficaz para robustecer las capacidades iniciales de respuesta en la ciudad de Rosario”.

La intervención estatal tuvo su fase de mayor impulso en 2024, año en el que, además de confirmarse una de las tres mayores cifras históricas de procedimientos antidroga y aprehensiones por Ley N° 23.737, se logró que 2024 fuese el segundo año con más incautaciones de cocaína y drogas de síntesis en el país, con un crecimiento del 59% en el caso de la cocaína respecto de 2023. La tendencia de estos avances se sostuvo en 2025.

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Con el cierre de la etapa inicial del Plan Bandera y el surgimiento de dispositivos permanentes, las autoridades interpretaron que la reasignación de funciones y medios no representará una disminución del esfuerzo, sino una distribución más eficiente de los recursos humanos y técnicos.

Además, recordaron que la existencia de la Mesa de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico permite un trabajo en conjunto entre las fuerzas. Esta herramienta las habilita a “compartir la información relacionada con las causas e investigaciones en curso referidas a delitos” vinculados al narcotráfico, con el fin de contribuir a una mayor agilidad y a la toma estratégica de decisiones en la distribución de recursos en el territorio.

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Citan a declarar al contador que avaló el certificado falso que presentaron los presuntos testaferros de Toviggino en la compra de un auto de lujo

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El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa que investiga la compra de una mansión de Pilar que salpica a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), citará como testigo al contador que certificó el documento contable apócrifo presentado para justificar la compra de un Porsche valuado en 494 millones de pesos por parte de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de Real Central SRL.

La convocatoria llega después de que una gerente del Banco Coinag negara la existencia de los fondos que el certificado decía respaldar.

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La citación apunta a esclarecer cómo fue elaborado y validado el certificado contable utilizado al momento de la operación. Según surge del expediente, ese documento afirmaba que los fondos necesarios para la compra del vehículo se encontraban depositados en el Banco Coinag.

La declaración testimonial de la representante de la entidad bancaria desarmó esa versión y abrió una nueva línea de investigación centrada en el rol del profesional que avaló el escrito.

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De acuerdo con lo incorporado a la causa, Real Central SRL —sociedad dueña de la mansión y de la flota de autos de lujo atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino— presentó una certificación realizada por un contador y avalada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Sin embargo, el banco sostuvo ante la Justicia que ese respaldo “es imposible” y rechazó la documentación.

Uno de los autos es un Porsche valuado en 494 millones de pesos. (Foto: TW @ChiquiTapia / Porsche).

“Hubo una certificación elaborada por un contador, certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que en forma apócrifa mencionaba que los fondos estaban en el banco, lo cual es irreal”, señalaron fuentes del caso.

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La gerenta del Coinag explicó que los movimientos bancarios permiten establecer con claridad que el dinero nunca estuvo en la entidad.

En su exposición, detalló registros de cuentas y transferencias y dejó constancia de que los fondos utilizados para comprar los autos no provinieron del banco.

La declaración fue testimonial y no imputó responsabilidad alguna a la entidad, que remarcó que su operatoria se encuentra “estrictamente ajustada a las normativas del Banco Central”.

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Uno de los puntos más contundentes fue la negación expresa del certificado presentado para adquirir el Porsche. La directiva del Coinag negó que la entidad haya emitido ese respaldo contable y aseguró que “nunca existió un documento de esas características”.

En paralelo, el banco informó que Pantano, monotributista, y Conte, jubilada, nunca tuvieron cuentas personales en la entidad.

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En cuanto a Real Central, precisó que solo contó con una cuenta abierta entre 2022 y 2025, sin movimientos relevantes: desde su apertura hasta su cierre recibió apenas 300 mil pesos, destinados al mantenimiento de la cuenta.

La ruta de la mansión de Pilar: Toviggino se la compró a Tevez en 2023 a través de un testaferro. (Foto: captura TN)
La ruta de la mansión de Pilar: Toviggino se la compró a Tevez en 2023 a través de un testaferro. (Foto: captura TN)

La citación del contador busca determinar cómo se confeccionó y certificó el documento, y bajo qué supuestos se afirmó la existencia de fondos en el Coinag.

La medida se suma a una serie de diligencias que el juzgado viene impulsando para reconstruir el circuito financiero vinculado a la compra de bienes de alto valor.

La causa investiga un presunto esquema de lavado de dinero que podría involucrar a la dirigencia de la AFA.

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El foco está puesto tanto en la compra de la mansión ubicada en el country Ayres Plaza, en Pilar, como en la adquisición de al menos 59 autos de lujo hallados durante los allanamientos.

En paralelo, el expediente analiza la operatoria inmobiliaria vinculada al inmueble. La firma Malte SRL, segunda dueña de la casa, recibió una transferencia por 1,8 millones de dólares de Real Central, proveniente del Banco Credicoop, operación que también está bajo análisis judicial.

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El expediente detalla además cambios en la titularidad formal de la vivienda entre integrantes del entorno Pantano, considerados por los investigadores como indicios relevantes.

Durante los allanamientos, la Justicia encontró un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central dedicada a Pablo Toviggino y cédulas azules de varios vehículos a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

También se detectó que los Telepases de esos autos se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano, con consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos durante 2015.

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La agenda judicial continúa esta semana. El viernes declarará el broker que pagaba en efectivo el seguro de los 59 autos de lujo y también están convocados los pilotos del helicóptero vinculado a la investigación.

AFA, Pablo Toviggino, Claudio Tapia

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Polémica por un viaje de diputados de La Libertad Avanza a China

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La diputada libertaria Juliana Santillán realizó un viaje a China durante la primera quincena de enero. Lo hizo junto a un grupo de legisladores del bloque de La Libertad Avanza y de otros bloques socios del oficialismo en la Cámara de Diputados.

El viaje, que no fue anunciado por las autoridades del bloque ni por la propia diputada oriunda de Mar del Plata, se conoció por la publicación en la red social X de un video en donde se la observa a la legisladora en pleno vuelo conversando con el diputado de origen radical que fue líder del grupo denominado radicales con peluca y que hoy milita en el bloque de LLA, Mariano Campero.

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El viaje de varios diputados entre los primeros días de enero hasta el 14 del mismo mes generó polémica por los gastos que representa en medio del debate público sobre el ajuste que lleva adelante la administración de Javier Milei y generó el repudio en redes sociales respecto de quién había costeado el mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó que el viaje se haya realizado con fondos públicos. Santillán hizo lo propio aunque dejó varias dudas porque en un posteo en la red social X dijo que “los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China” y agregó: “No hubo viáticos de la cámara de Diputados”. Sin embargo, en la línea siguiente, la legisladora dijo que “cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos”.

Según explicó Santillán a las horas de haber regresado del viaje, fue “una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China“. Durante el viaje visitaron “varias provincias” y se reunieron con empresas privadas, señalando a COFCO, Guangdong: Distrito internacional Liede, Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth.

La comitiva que viajó a China

Pero la controversia también gira en torno no solo a los costos del viaje sino a la representación. En noviembre pasado ya había viajado una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad, pero en este caso fue una representación multipartidaria. La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del GPA, diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza), y los diputados Damián Arabia (PRO), Martín Ardohain (PRO), Juan Marino (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Julia Strada (Unión por la Patria), Natalia Sarapura (UCR) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

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Sin embargo, a poco más de un mes de diferencia entre ese viaje y este último, la representación de Diputados solo estuvo dada por legisladores del bloque de La Libertad Avanza. La propia Santillán señaló que fue como parte del Grupo Parlamentario de Amistad con China el cual preside. Sin embargo, esa presidencia “cayó” con el cambio de la conformación de la Cámara el pasado 10 de diciembre y, además, solo fueron el GPA está conformado por 44 legisladores con representatividad de todas las fuerzas políticas y al viaje solo fueron libertarios o socios parlamentarios.

Según las imágenes que subió a las redes la libertaria de la visita a la República Popular de China participaron además de Santillán y Campero, el pampeano del PRO Martín Ardohain y su compañero de bloque Emmanuel Bianchetti, los libertario Alvaro Martínez, Guillermo Montenegro y María Cecilia Ibañez. Y hubo una particularidad, en las imágenes se observa la presencia de María Fernanda Araujo; ex diputada de LLA que había asumido en lugar de la vicepresidenta Victoria Villarruel y que no formó parte del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular de China.

Desde la oposición también surgieron las críticas al viaje. “No hubo ningún tipo de aviso del viaje, lo hicieron todo desde las sombras”, dijo una legisladora que forma parte del Grupo Parlamentario. “Lo grave es que había un compromiso de tratar temas importantes con China en los proyectos que están frenados como Atucha, las represas del sur, los trenes; pero ellos se van de viaje a hacer no sé qué”, agregó la legisladora.

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Gustavo Sáenz propuso a dos exfuncionarios para renovar la Corte de Salta y abrió un conflicto con LLA

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, avanzó con un proceso de renovación de la Corte Suprema local y postuló a Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa para ocupar dos lugares vacantes en el Máximo Tribunal. Con pasado en la gestión del mandatario peronista, ambos tendrán un rol clave en caso de que Sáenz busque otra vez la relección, una alternativa que ya empezaron a agitar desde el oficialismo local. En La Libertad Avanza (LLA) rechazan las candidaturas y reclaman por la independencia del Poder Judicial.

Sáenz es uno de los gobernadores que se mueven como aliados de Javier Milei en el Congreso. De hecho, logró colocar a Pamela Calletti como representante de la Auditoría General de la Nación (AGN) tras un acuerdo con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, que desató la furia de Cristian Ritondo (Pro).

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La postulación de ambos abogados se oficializó el lunes pasado a través de los decretos 9/2025 y 10/2025 publicados en el Boletín Oficial provincial. Según consigna en ambos textos, Plaza asumiría en reemplazo del juez Ernesto Samsón -cuyo mandato concluyó el pasado 29 de noviembre- y Diez Villa, de Guillermo Catalano, que dejó el tribunal el 3 de diciembre.

Ahora, con su postulación oficializada y conforme lo establecido en la Ley 8311, el Gobierno deberá publicar los antecedentes de ambos candidatos y tanto la ciudadanía como entidades colegiadas y organizaciones de la sociedad civil podrán remitir observaciones o impugnaciones a su nombramiento en un plazo máximo de 15 días hábiles. Luego, se discutirán las designaciones en el Senado, donde el oficialismo pisa fuerte: 22 de 23 legisladores responden a Sáenz.

Gustavo Sáenz celebra el resultado de la última elección provincial de mayo, en la que logró quedarse con 11 de las 12 bancas en juego en el Senado

La banca restante pertenece al Roque Cornejo, legislador por la capital de La Libertad Avanza. Referentes del partido de Javier Milei rechazan la postulación de Plaza y Diez Villa por su cercanía con el gobernador. “Estamos en contra de que funcionarios que han participado de una manera u otra del Ejecutivo o del gobierno provincial, formen parte de un poder independiente como lo debe ser la Corte sobre todo, cabeza del Poder Judicial”, indicó a la senadora nacional por Salta Emilia Orozco (LLA).

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Sucede que ambos candidatos han integrado la gestión de Sáenz -que ostenta la gobernación desde 2019- en los últimos años. Según consta en el Boletín Oficial de la provincia, el 11 de diciembre de 2023, Plaza fue designado como delegado de la Casa de Salta en la Capital Federal, un cargo por el que percibía -según consigna en el decreto 66/2023- “remuneración de Ministro”. Anteriormente, en agosto de 2022, se había convocado al letrado para que integrase la Comisión para la Modernización del Sistema de Justicia de Salta, una entidad creada para la discusión de modificaciones a los Códigos de Procedimiento de la provincia.

Diez Villa, en tanto, es el actual Defensor General de Salta, cargo para el que fue designado en agosto de 2022, y desde abril de 2023 ejerce también como vicepresidente el Consejo de la Magistratura provincial, el organismo que se encarga de la selección y remoción de magistrados inferiores.

En el partido de Milei también reclaman por la reducción de la Corte, ampliada en dos oportunidades: originalmente contaba con cinco miembros, pero Juan Manuel Urtubey sumó otros dos jueces y Sáenz la terminó de llevar a nueve. “Debe quedar en cinco miembros por una cuestión económica y de funcionamiento más rápido”, sostuvo Orozco.

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Y agregó: “Quedó demostrado que tener nueve jueces en la Corte en nada benefició a los salteños, solo sirvió para resguardarse el gobernador de turno con designaciones afines”.

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Emilia OrozcoCaptura de Video

Los reclamos por la falta de autonomía del Poder Judicial en la provincia cobran especial relevancia ante la posibilidad de que Sáenz decida competir en 2027 por un nuevo mandato al frente de la gobernación. En caso de confirmarse su candidatura, será la Corte local la que deba expedirse sobre su legalidad.

El dirigente peronista llegó por primera vez a la gobernación en 2019 y fue reelecto en 2023 con el 47,51% de los votos. En 2021, durante su primer mandado, impulsó una reforma constitucional que, entre otros cambios, limitó las reelecciones del Ejecutivo provincial.

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El texto aprobado establece que el gobernador y vicegobernador “pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente en los citados cargos por un solo período consecutivo”. Anteriormente -a instancias de una reforma previa impulsada en 2003 durante la administración de Juan Carlos Romero- la Constitución habilitaba un máximo de tres mandatos consecutivos.

Como ya cuenta dos mandatos en su haber, según la última enmienda aprobada, Sáenz no estaría habilitado para volver a competir en los comicios de 2027. Hay, sin embargo, distintas interpretaciones respecto de cuándo comienza a regir el nuevo texto y, por tanto, cuál debe ser considerado como primer mandato del peronista.

El gobernador por la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, podría presentarse para un tercer mandato al frente de la provincia en 2027Captura de Pantalla

Dado que el texto actualizado fue aprobado a mitad de su primera gestión, hay quienes, como el exministro de Justicia, Rodolfo Barra, argumentan que no puede aplicarse una ley retroactivamente y que el mandato actual (2023-2027) debe ser contabilizarse como si fuera el primero. En otros sectores, en cambio, incluyen en el cálculo su primera incursión al frente de la provincia (2019-2013). Es una diferencia de criterio que podría terminar de dirimirse en el Máximo Tribunal.

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Dirigentes del oficialismo promueven la candidatura de Sáenz para 2027. “La postura se mantiene firma y seguimos con la misma mirada y la misma tesitura de que el gobernador tiene que encarar un período más”, dijo Marcelo Moisés, jefe comunal de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, en diálogo con la prensa local. intentó contactar a Sáenz para consultarle sobre la posibilidad de que se presente para un tercer mandato, pero al cierre de esta nota, no había recibido respuesta.


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