Una investigación judicial reveló que el contrabando de drogas ilícitas y otras mercaderías por el aeropuerto internacional de Ezeiza se mantiene tras el cambio de autoridades al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) o de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Pero el seguimiento exhibió una sorpresa: aumentó el monto de las coimas que se pagan en algún eslabón clave de la cadena de mandos y controles, según surge de una investigación contra narcotraficantes y contrabandistas que tramita en la Justicia en lo Penal Económico.

La suba del “costo” del tráfico tiene, incluso, números concretos: garantizar que cientos de kilos marihuana de alta calidad traspase las fronteras argentinas sin ser controlados costaba US$48 por kilo durante 2024. Ahora supera los US$ 70 por kilo… aunque se puede obtener un descuento por cantidad.

Estos y otros datos surgen de los mensajes telefónicos que intercambiaron dos acusados de contrabandear marihuana con couriers entre Estados Unidos y la Argentina, que expertos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lograron recuperar de un iPhone. Aportan precisiones sobre cargas, valores y prácticas, pero también reproches sobre el “costo” argentino, según surge de informes técnicos y constancias judiciales que obtuvo .

El ida y vuelta lo protagonizaron Daniel Ferreiro, quien desde Estados Unidos enviaba mercadería a la que aludía como “filtros de agua”, pero que en realidad era marihuana, y Leandro Santelia, quien recibía la carga en Buenos Aires y gestionaba las entregas a otros partícipes en la operatoria que quedó bajo la lupa del juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, y del fiscal Emilio Guerberoff.

Según surge de la pesquisa, el vínculo entre Ferreiro y Santelia comenzó en 2019, como mínimo, pero los investigadores se enfocaron en los diálogos que mantuvieron durante el último año, y en los que Santelia también mantuvo con alguien que solo se identificó como “Ed” desde un número de Ohio, Estados Unidos. Así, en marzo de 2024, “Ed” le comentó, por ejemplo, que le “gustaría enviar dos cajas inicialmente de mi producto Big Boy”, una especie de cannabis con alta concentración de THC.

-¿Cuál es el valor por kilogramo con mis productos-, fue la pregunta de “Ed”, que le ofreció a Santelia pagarle con una transferencia electrónica por la plataforma Zelle o en “especie en Buenos Aires”, es decir, con droga.

-Buenos días –replicó Santelia-, podés abonar con Zelle o en Baires en dólar billete o pesos argentinos al dólar blue… el kilo te sale US$ 48. Te paso la dirección así me enviás las cajitas.

La mercadería llegó a destino en Buenos Aires, “peaje” de por medio en la Aduana de Ezeiza, pero las comunicaciones con “Ed” sólo se restablecieron a fines de enero de este año.

-Buenas tardes, querido. Me han informado que se restableció el servicio. El nuevo costo es US$ 75 por kilo. Podría salir el martes [de Estados Unidos] y entrega el próximo martes en BA-le escribió Santelia, que lamentó el subidón de valores-. Lamentablemente los números se fueron por las nubes, pero es lo único que hay por el momento. ¡Indicame si te sirve!

La respuesta llegó cinco días después, el 1 de febrero.

-Querido, buenos días. Acabo de ver tu mensaje. Estábamos de viaje. Tendré una reunión el lunes para decidir el nuevo valor y te mantendré informado. ¿Está todo igual que antes? Creo que vamos a seguir. Tenemos mucho volumen por recorrer, muchas gracias-, replicó Ted, que el 5 de ese le confirmó que enviarían dos o tres “cajas”.

Pero, ¿qué ocurrió durante esos meses que llevó el “costo” de 48 a 75 dólares? El presidente Javier Milei sustituyó a la AFIP por ARCA, en la que quedó Juan Pazo al frente, en tanto que José Velis pasó a liderar Aduanas y Andrés Edgardo Vázquez asumió el mando de la DGI.

En la práctica, sin embargo, Pazo –que responde al ministro de Economía, Luis Caputo– manejó menos hilos que Vázquez, quien llegó de la mano del asesor Santiago Caputo y del asesor en las sombras de este, Leonardo Scatturice. ¿Conclusión? Fue Vázquez, no Velis, quien firmó las designaciones de la nueva plana mayor de la DGA. Entre ellos, la del nuevo director de la Aduana de Ezeiza, Gustavo Javier Araujo.

Por un lado, se eliminó la AFIP, surgió la ARCA, y se designaron nuevas autoridades.

Algunos operativos de seguridad que se pusieron en marcha podrían explicar la suba en la “tarifa” de los “peajes” y una eventual guerra de couriers, como esbozó Ferreiro en un mensaje que le envió a Santelia en diciembre. “Siguen haciendo allanamientos -escribió-. Hicieron un quilombo ahí en Córdoba. Agarraron a uno con los expresos. Aparentemente están haciendo mucho quilombo para después empezar de nuevo a laburar tranquilo, pero por ahora no se puede decir nada”.

Ya en enero, Ferreiro manejaba nuevos números, que lo indignaron.

–Che, ¿se sabe algo si se puede mandar esas?-, le preguntó Santelia, quien también afronta otra investigación por presunto lavado de activos en el juzgado en lo Penal Económico de Gustavo Meirovich.

-¿Qué hacés, Leandrito? ¿Cómo te va? No, por ahora, no. Están en 70 mangos el kilo, algunos 67, 66, menos de eso no, dependiendo si son muchos kilos pueden llegarse a bajar a 65. Me parece un choreo, boludo. O sea, yo no estoy cortando guías, pero no estoy mandando por ese número, boludo –se quejó Ferreiro.

Para el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Guerberoff, esos y otros mensajes que envió Ferreiro reflejan que conocía los riesgos que corría al ingresar “la carga” en Ezeiza y que debía pagar “una tarifa en dólares por cada kilogramo no controlado”, cuyo monto “conocía en detalle”, además de obtener descuentos por cantidad, según consignó en un dictamen que presentó en el expediente. Cuanto más grande el envío, más bajo el peaje. Así, pudo reducirlo a US$ 65 por kilo cuando enviaron 39 kilos.

Así continuaron hasta el 30 de abril, cuando algo falló en esa cadena de complicidades. Y un operativo de la División Prevencional de Narcotráfico de la DGA llevó al decomiso de 125 kilos de hachís. De inmediato, Santelia y Ferreiro, buscaron despegarse con mensajes en los que se decían que el emisario de Estados Unidos los había engañado. “Tu cliente mandó 130 kilos y la policía dice que parece hashish; un hijo de puta”, redactó Ferreiro.

Para Gerberoff, sin embargo, apenas fingieron sorpresa. “Ambos conocían acabadamente sobre la ilicitud de la actividad que venían desarrollando (hay una comunicación donde Ferreiro reconoce que se dedicaba al ‘contrabando’), porque se recuperaron mensajes en ¡os que mencionan que ‘la carga de los filtros’ contenían ‘Big Boy’, y porque además, conocían con detalle las tarifas que se debían abonar al servicio aduanero para poder garantizar el ingreso de la carga sin ser sometida a control”, detalló el fiscal. Referían “que abonaban USD 48 por kilogramo durante el 2024 y más de USD 70 durante el 2025, luego del cambio de autoridades de la aduana) y que las mismas podían bajar cuantos más kilos tengan los envíos”. Para el fiscal, apenas “un módico descuento”.

A partir de ese momento, el juez Catania ordenó escuchas telefónicas, pidió la colaboración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y delegó la instrucción en Guerberoff. El fiscal pidió, y el juez dispuso, allanamientos, la detención e indagatoria de Leandro Santelia y su hermano Ángel, la captura internacional de Diego Santelia, e indagar a Ferreiro y otros sospechosos, como Miguel Ángel Klug, Facundo Bouza, Roberto Claudio Bouza, y las empresas Primater SRL y RSI Courier. Por ahora, quiénes cobraron esos sobornos para dejar pasar la droga, no aparecen. La pesquisa continúa. Los “peajes” en la Aduana, también.

El 6 de agosto de 2024, luego de que salieran a la luz una serie de chats privados que exponían presuntos maltratos, Fabiola Yañez decidió denunciar penalmente a Alberto Fernández por hechos de violencia. Apenas dos días después, se conocieron las primeras dos fotos que formaban parte de la prueba presentada por la ex primera dama, en las que se la veía con un moretón en su ojo derecho y otro en uno de sus brazos.

A un año de la difusión de aquellas imágenes, que abrieron en retrospectiva un nuevo escándalo sobre el gobierno de Alberto Fernández, cada uno de los protagonistas, a un continente de distancia, transita un presente distinto, pero ceñido a los múltiples frentes judiciales que los enfrentan.

Tras la ruptura con el exmandatario, y desde diciembre de 2023, la ex primera dama reside en Madrid junto a Francisco, el hijo de ambos, y su madre, Miriam Verdugo.

El tiempo de Yañez en la capital española se reparte entre el cuidado de Francisco -de tres años y medio- y los dos trabajos con los que se sostiene, explican en su entorno.

Por un lado, la ex primera dama participa en la organización de eventos corporativos, principalmente para firmas de abogados, remarcan cerca suyo. Y complementa ese ingreso con la labor que ejerce como periodista en OK Diario, un medio digital cercano a la derecha española fundado por el periodista Eduardo Inda.

Así, trabajando para el suplemento Cool LyfeStyle, donde realiza reportajes y entrevistas sobre moda y gastronomía, Yañez reinició en el viejo continente su carrera en los medios.

Más sombrío es el presente de Fernández, doblemente procesado por la Justicia Federal. Sigue viviendo en el departamento del piso 12 del complejo River View, en Puerto Madero, inmueble que es propiedad de su amigo incondicional, el histórico publicista del peronismo, Alberto “Pepe” Albistur.

Luego de mucho tiempo de reclusión y aislamiento, el ex jefe de Estado comenzó en los últimos meses a levantar el perfil, publicando en su cuenta de X y bridando entrevistas a diferentes medios. Se mostró crítico del Gobierno actual, pero también del déficit fiscal.

En diálogo con Cenital, por caso, le recomendó al gobernador Axel Kicillof “ganar autonomía” respecto de Cristina Kirchner y contó que se encontraba trabajando en un libro sobre los cuatro años de su Gobierno. “Me reivindico como uno de los fundadores del kirchnerismo”, afirmó.

Entre quienes lo tratan con regularidad, se encuentra Anabella Hers, una exdiputada nacional de Cambiemos, de bajo perfil, que trabaja actualmente en la Justicia porteña. Algunos rumores señalan que la amistad que los une derivó recientemente en otro tipo de vínculo, más cercano. “Son amigos hace muchísimos años y en estos momentos más difíciles se tratan con más frecuencia”, graficó un allegado a ella.

Los frentes en la Justicia y la intervención de la Corte

Por las agresiones denunciadas, Fernández cuenta con un procesamiento confirmado por la Cámara y se encamina a ser juzgado en un debate oral, acusado de haber cometido contra Yañez lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo y el contexto de género.

La investigación corrió por cuenta del fiscal Ramiro González, que considera concluida la etapa de pruebas. Cuando requiera la elevación del caso, el juez Julián Ercolini deberá decidir si complementa la instrucción con alguna medida adicional o la cierra y manda el caso a juicio oral.

Yañez, que es querellante en la causa y está representada por el abogado Mauricio D’Alessandro, pidió 12 años de prisión para el expresidente.

Como parte de su estrategia de defensa, el expresidente plantó una serie de denuncias por falso testimonio que alcanzaron a la esteticista de Yañez, Florencia Aguirre, y a su madre, quienes declararon como testigos en la causa y complicaron al expresidente.

El caso nació como un desprendimiento de la Causa Seguros, el otro frente que estalló hace un año y aqueja a Fernández. Su situación se agravó recientemente con el procesamiento que dictó el juez Sebastián Casanello, por negocios incompatibles.

Régimen de visitas

La expareja presidencial se enfrenta a su vez en la justicia civil, donde las mediaciones nunca llegaron nunca a buen puerto. La mayoría de los planteos giran en torno a la manutención de Francisco y, por orden de la Justicia, Fernández debe entregar mensualmente a Yañez el 30% de lo que recibe por su jubilación de privilegio. La causa, que transita sin la estridencia del expediente penal, todavía “está abierta a prueba”, señala un letrado.

En julio, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 20 de la Ciudad dispuso la creación de un régimen de visitas temporal, de tres meses, para que Fernández pueda ver de manera presencial a su hijo Francisco. Se dio en el marco de otro causa donde fue Fernández quien denunció a Yañez por amenazas. Allí, el expresidente presentó grabaciones de los llamados que recibió por parte de la ex primera dama, violando la perimetral que rige en la causa penal. A Yañez se la escucha con dificultades para sostener el habla.

Hace poco, la Corte Suprema debió zanjar una disputa de competencia en otra de las causas que conforman la madeja judicial. Se trata de una contradenuncia que Fernández le hizo a Yañez por violación de secretos, luego de que se conocieran las grabaciones que lo ponían protagonizando una escena de risueño coqueteo con la periodista Tamara Pettinato, tanto en la quinta de Olivos como en la Casa Rosada. Las imágenes habrían sido extraídas de un celular de Fernández.

“La querellada Fabiola Yañez es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido”, dijo Fernández en su denuncia, que inició un recorrido por juzgados hasta que la Corte dictaminó en junio que debía tramitar en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 4.